El número de asistentes habla de la preocupación que atraviesa a los integrantes del movimiento de derechos humanos. A las tres de la tarde de ayer comenzó la reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto firmado por todos los bloques que ratifica el juzgamiento a los responsables de los crímenes de lesa humanidad como política de Estado de carácter irrenunciable. A la reunión asistieron integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas e integrantes de la APDH. Hubo representantes del Ejecutivo, de la Procuración y del Poder Judicial. Diputados del FpV, radicales y de la izquierda. Pese al acuerdo otorgado por el PRO, no estuvo la diputada representante del espacio y en su lugar hubo un asesor. El proyecto se firmó. Los presentes celebraron el acuerdo. Estela Carlotto lo valoró como un “signo” pero en línea con el resto de la sala pidió el compromiso de “no violentar a nuestro país haciendo caer normas de defensa de la integridad de cada habitante. Hacer posible la tranquilidad de que venga quien venga, no se va a tocar un centímetro de lo que ya se consiguió”.

La iniciativa de la comisión que preside el diputado Remo Carlo- tto salió a buscar consensos internos y fijar posición de cara al ballottage. Parte del movimiento de derechos humanos sentado en la sala no sólo mostró preocupación por las declaraciones públicas del candidato de Cambiemos, Mauricio Macri, sino por la acción política desplegada por sus funcionarios en la calle y por sus diputados en el parlamento. Esa línea atravesó buena parte de las intervenciones.

Horacio Pietragalla en su doble condición de hijo, integrante de Abuelas y diputado rescató el proyecto parlamentario pero explicó que la firma de un diputado no alcanza, en alusión a que Federico Pinedo, presidente del bloque del PRO, firmó la declaración. “Necesitamos que el actor político que hoy está disputando la presidencia de la Nación tome un compromiso serio con esto dijo. Nuestras Madres y Abuelas hicieron un recorrido muy largo para poder ver a los asesinos de sus hijos en prisión. Hubo un cambio en el juzgamiento a los genocidas, pero creemos que no nos alcanza la firma de un diputado en una declaración, ya que sabemos que las que hablan son las acciones que ese espacio llevó adelante en los últimos años”. Pietragalla enumeró esas políticas. Mencionó la desfinanciación de los ex centros clandestinos de detención bajo la orbita porteña que hizo que tuvieran que pasar a ser gestionados por la Nación y la represión en el Borda y el barrio Papa Francisco. Las posiciones en el Congreso: el PRO no acompañó el proyecto que impide volver a amnistiar a represores ni la Bicameral para investigar a los responsables civiles de las violaciones a los derechos humanos de la última dictadura.

Remo Carlotto abrió el encuentro. El proyecto de declaración busca reafirmar el compromiso del Estado con el proceso de Verdad y de Justicia. Tiene como base un proyecto semejante presentado por el CELS en adhesión al Bicentenario que se aprobó en mayo de 2010. Y luego del acuerdo de ayer en la Comisión, ahora debe ser aprobado por la Cámara baja. La presentación fue impulsada con adhesión del FpV. Y, entre otros, firmaron Myriam Bregman del PTS, Ricardo Alfonsín y Manuel Garrido de la UCR, Pinedo del PRO y el Felipe Solá del Frente Renovador.

En el origen de la iniciativa hubo razones varias. Las usinas contra el proceso de justicia propaladas por la UCA y la Universidad de San Andrés con editoriales del diario La Nación con invitados que incluyeron a integrantes del Congreso y de la Iglesia. Y mas tarde, la convocatoria de la Comisión Interpoderes, donde la Corte Suprema ratificó el compromiso con los juicios entendiéndolos como mandato constitucional y parte de un proceso indetenible. “Creímos necesario que exista un pronunciamiento claro y contundente de la Cámara de Diputados de la Nación en ese sentido –dijo Carlotto–. Por eso buscamos el acompañamiento de la mayoría de los bloques”.

Pero las razones no terminaron allí. Hay que incluir el ascenso de un candidato a presidente que caracterizó las políticas de Estado como “el curro” de los derechos humanos y el día de las elecciones llamó a dejar el pasado atrás. “También sabemos que en la Argentina estamos en un momento de definiciones sobre el destino del país dijo Carlotto en esa línea y vemos con preocupación algunas señales en materia de continuidad en el juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Esta “política de Estado no debe retroceder ni un paso” y pidió que “aquellos que van a tener la responsabilidad de conducción de la primera magistratura a partir del 10 de diciembre den señales muy claras sobre que piensan hacer en la materia”.

Enseguida habló la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Julio Morresi, de Familiares, recordó el asesinato de su hijo con siete tiros en la cabeza, cuando “uno solo hubiese bastado”. Dijo que aunque llegara a dar con el responsable “jamás pediría que lo asesinen sino que lo juzguen, no buscaría venganza sino justicia”. Esa fue la línea repetida por los organismos: la apuesta a la construcción del camino de justicia.

Intervinieron diputados de la oposición. Habló Bregman, que viene de ser abogada de los juicios de lesa humanidad. En la misma sintonía señaló que los embates a los juicios buscan empantanar la continuidad y no frenar las investigaciones a civiles. Enumeró sintomáticas causas con dificultades: las que involucran al diario Nueva Provincia, Papel Prensa o el ingenio Ledesma. Y a alertó sobre la promoción a las Fuerzas Armadas para ponerlas en la frontera a trabajar sobre narcotráfico, el rol de Estados Unidos y los desastres que esas políticas están produciendo en México. “Acá están puestos los ojos”, enfatizó.

Manuel Garrido describió el proyecto como “un signo de grandeza”. “Creo que el Congreso es el escenario esencial para definir las políticas públicas y es valioso e importante que ratifique estas políticas.” Reconoció la lucha de los organismos de derechos humanos “durante muchísimo tiempo”. Y agregó: “Creo que es un signo de grandeza concordar en esta declaración más allá del lugar político que nos toca ocupar y de la coyuntura o la elección concreta. Creo que el desafío es por la continuidad de estas políticas”.

Hablaron integrantes del Ejecutivo. Desde Cancillería recordaron la posición de “faro” que Argentina tiene en el mundo por el inédito juzgamiento a los miembros de la dictadura bajo leyes ordinarias y no por tribunales especiales. Entre otros habló Jorge Auat, coordinador de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, sobre los efectos de las políticas del olvido. “No se puede pensar la vida después de los crímenes de la dictadura dijo. No es igual, visibilizar el horror para que el horror no vuelva, este es el antídoto.” Las víctimas no quieren compasión, “sino transmitir su mensaje para la construcción de futuro, no de pasado”.

Los debates siguen vigentes

Por Jorge Taiana *

Hoy se cumplen diez años de aquella histórica Cumbre de Mar del Plata en la cual se decidió decirle No al ALCA. Creo que, a la luz de los importantes debates que estamos viviendo sobre el modelo que elegiremos para los próximos años, resulta más que oportuno recordar aquel hito transcendente para nuestro país, la región y el proceso de integración que se puso en marcha.

La Cumbre de Mar del Plata marcó un punto de inflexión importantísimo porque el No al ALCA trascendió el “no” a un acuerdo de apertura indiscriminada de las economías latinoamericanas y caribeñas. En esa Cumbre se rechazó un acuerdo cuyo objetivo era liberalizar los flujos de comercio entre los países del hemisferio sin contemplar ni el grado de desarrollo ni las asimetrías existentes entre los 34 países. El No al ALCA fue el “no” a un proyecto de inserción internacional que implicaba la subordinación a la gran potencia hegemónica en materia económica y militar de la región.

La IV Cumbre de la Américas, más conocida como la Cumbre del No al Alca, se produjo en el marco de un proceso excepcional en la región por el surgimiento de nuevos liderazgos que intentaban superar los déficits de la transición democrática que habíamos vivido en nuestros países, en especial, los problemas heredados del neoliberalismo o de la mal llamada “modernización económica”. Los líderes, como Néstor, Lula o Chávez, comprendieron y compartieron la necesidad de dejar atrás el modelo neoliberal basado en la apertura indiscriminada, la desregulación, la privatización y el endeudamiento y recuperar un rol activo para el Estado. Coincidían, en definitiva, en la importancia de trabajar por una democracia más participativa, más justa y equitativa, poniendo el acento en la recuperación del trabajo, como factor fundamental para el desarrollo y la estabilidad de nuestros países. Para todo ello, veían imprescindible avanzar en la integración regional.

Argentina, como país anfitrión de la Cumbre, propuso que el lema de la misma fuera “Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática”, argumentando que los países latinoamericanos percibían la necesidad de un cambio de paradigma económico y social. En la mejor tradición peronista, queríamos poner al trabajo en el centro del escenario político y social, lugar del que había “desaparecido” durante los 90, años de desempleo y precarización laboral.

También sostuvimos que el gran desafío que debíamos afrontar en la región era quebrar la tendencia que venía sometiendo a nuestras democracias: el crecimiento de la brecha entre ricos y pobres. Las recurrentes crisis institucionales en la región, como las de nuestro país, Ecuador o Bolivia, nos daban elementos de sobra para pensar que trabajo, pobreza y gobernabilidad democrática eran tres conceptos que estaban estrechamente vinculados.

Resulta paradójico que hasta ese momento, primeros años del nuevo siglo, la única propuesta de integración para el continente fuera la liderada por Estados Unidos. El proyecto del ALCA no se limitaba a un acuerdo de libre comercio, sino que implicaba una propuesta de inserción internacional basada en un mundo posguerra fría, con su pretensión de convertir el territorio que va desde Alaska hasta Tierra del Fuego en un solo mercado. Esta propuesta hubiera significado la vuelta a un modelo económico que en la Argentina se derrumbó en el año 2001, dado que una apertura indiscriminada e ingenua del comercio como la que se aplicó en la década del 90, necesariamente supone la destrucción de miles de empresas y de puestos de trabajo, un alto endeudamiento y la imposibilidad de aplicar políticas activas que nos permitan alcanzar un desarrollo sustentable como país. La propuesta de Estados Unidos buscaba un modelo de inserción política, económica, social y cultural en el mundo, donde los países de la región jugaran un rol subordinado y funcional a los intereses de la gran potencia.

Si miramos aquel proceso con diez años de perspectiva, queda claro que el ALCA hubiera frustrado la creación de la Unasur y de la Celac como proyectos de unificación de representación política y como vocación de integración latinoamericana. Asimismo, el Mercosur hubiera visto aún más dificultosa su ampliación y consolidación.

El rechazo a la propuesta del ALCA fue una decisión correcta a favor de la integración y el desarrollo entre iguales, que vislumbró los cambios que se desarrollaban en el escenario internacional, donde un mundo dominado por una sola potencia económica comenzaba a dejar paso a una multipolaridad creciente en lo económico y en lo político.

Para concluir, el No ALCA fue una decisión estratégica a favor de un proyecto de integración regional entre países en desarrollo que buscaban fortalecer la propia autonomía y la defensa de la soberanía nacional, así como apostar al fortalecimiento de los vínculos y la cooperación Sur-Sur.

Esos debates entre modelos de integración que se dieron hace más de diez años, hoy vuelven con fuerza y se reformulan con nuevos conceptos. El rol del Estado, el modelo de inserción internacional para nuestro país, el grado de autonomía que conservamos para diseñar las políticas más convenientes para nuestras sociedades y la mejora de las condiciones de vida de nuestros pueblos es parte de lo que estamos debatiendo por estos días nuevamente.

Porque hay “cambios” que se proclaman y no son otra cosa que aquellos modelos de exclusión y subordinación a intereses ajenos a nuestros pueblos. Las negociaciones que encabezamos en los meses previos a la Cumbre de Mar del Plata y en aquellas largas deliberaciones que lideraron Néstor, Lula y Chávez conservan su vigencia a la luz de lo que estamos debatiendo de cara al próximo ballottage del 22 de noviembre.

* Ex canciller y parlamentario electo del Mercosur.

Una década después

Por Agustín Lewit *

Decir que un ciclo histórico comienza en una fecha precisa supone, como mínimo, incurrir en un reduccionismo. No obstante, hay momentos en la historia que, por la intensidad y la forma en que se despliegan los hechos, se convierten en bisagras. Algo de ello sucedió con la IV Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata, hace ya una década. Veamos.

Lo primero a decir es que aquella Cumbre debe ser vista como un acontecimiento en el significado más profundo del término; esto es, como un hecho –la suma de muchos, en realidad– que propició un corte, una torsión en el ciclo histórico de la región. En efecto, aquellos días de noviembre en la atlántica ciudad balnearia, lo que sólo pudo ser dimensionado con el transcurrir de los años, fueron testigos de un poder instituyente que expuso con toda claridad la dimensión fundacional de lo político. Allí, efectivamente, comenzó algo nuevo.

Y esa novedad supuso, antes que nada, dejar algo atrás. ¿Qué, concretamente? Un proyecto de alcance continental impulsado por EE.UU. –el ALCA– que buscaba convertir a América en una enorme zona de libre comercio subordinando el resto de las economías a sus intereses, y que, de concretarse, hubiese significado para el continente entero la coronación absoluta, bajo el liderazgo hegemónico norteamericano, de las pesadas décadas neoliberales y un reaseguro de la continuidad de ese costoso rumbo por varias décadas más.

Quienes se encargaron de frenar ese proyecto imperial, fueron un puñado de presidentes de los países del Mercosur –Néstor Kirchner, Lula da Silva, Tabaré Vázquez y Nicanor Duarte Frutos–, la mayoría de ellos críticos respecto al derrotero neoliberal y arribados al poder con llamativa sincronía, que decidieron acoplarse a la temprana resistencia del líder bolivariano Hugo Chávez, quien había mostrado ya un solitario desacuerdo al ALCA en la Cumbre de Quebec en 2001.

Toda esa inédita y potente convergencia de voluntades políticas, que terminó torciendo el deseo del gigante del Norte, se constituyó –para decirlo finalmente– en el puntapié inicial de la reconfiguración regional que vino tiempo después, la cual se cristalizó en el surgimiento de nuevas instancias de integración –el ALBA, la Unasur y la Celac–, surgidas de forma soberana y respondiendo a los intereses reales de los países latinoamericanos, y la reformulación de otras tantas, tales como la ampliación del Mercosur con la incorporación de Venezuela y Bolivia. Es decir: aún sin ser consciente del todo, aquel encuentro movido por la resistencia sembró las condiciones de posibilidad de aquello que llamamos un nuevo tiempo regional, que incluye, entre otras cosas, la emergencia de espacios sin precedentes de vinculación entre los países de la región.

Para ser justos, también hay que señalar que aquel punto de inflexión que constituyó el freno al ALCA –que, por lo demás, era en un sentido amplio un freno al neoliberalismo– venía expresándose con fuerza y de diferentes modos en distintos escenarios nacionales: el Caracazo en Venezuela, en 1989, el surgimiento del zapatismo en México, en 1994, las convulsionadas jornadas argentinas del 19 y 20 de diciembre de 2001 y la guerra del agua en Bolivia, sólo por nombrar los acontecimientos más conocidos, deben leerse, en tal sentido, como antecedentes de aquella gesta histórica transcurrida en Mar del Plata.

Ahora bien, así como sostenemos que la región se ha transformado profundamente en estos últimos diez años, evidenciando avances sociales, económicos, culturales e integracionistas de fuerte alcance, y que muchos de esos avances –sino todos– deben su origen a aquella osadía del 2005 capitaneada por Chávez, los peligros para la misma en absoluto se han acabado. No sólo porque EE.UU. no ha desistido de sus objetivos de imponer el libre comercio en la región –basta analizar la extensa lista de TLC’s que ha firmado con países como Colombia, Perú y Centroamérica y su impulso a la Alianza del Pacífico– sino porque los propios sectores conservadores de cada uno de los países inscriptos dentro del eje posneoliberal no cejan en sus deseos de retomar el poder sea por las vías que sea.

Tras varios años de acumulación y beneficios claros para las mayorías populares, con un contexto internacional, además, que aportaba condiciones importantes para esa recuperación y que ahora ya no tanto, el escenario se presenta hoy cuanto menos complicado. Sin caer en tremendismos, empezamos a abandonar la década ganada para adentrarnos sin respiro a una década que –anticipándonos– podríamos llamar en disputa. En ese porvenir, recordar aquellos días de noviembre de 2005 resulta fundamental para continuar, como dijo Chávez ante un estadio mundialista colmado, “no sólo con la tarea de seguir enterrando al neoliberalismo, sino empezar a parir una nueva historia”.

* Cocoordinador del libro Del no al Alca a Unasur.

Mauricio Macri visitó ayer el acampe que la comunidad qom La Primavera y otros pueblos originarios mantienen desde febrero en una de las plazoletas de 9 de Julio y Avenida de Mayo, y se sacó una foto de campaña con el cacique Félix Díaz a sólo 20 días del ballottage. Fue la primera vez que Macri y funcionarios del PRO se acercaron al acampe que los qom sostienen hace 8 meses (en su segunda etapa, que comenzó este año) en reclamo a la apertura de un diálogo para transmitirle sus reclamos al gobierno nacional. “Me he comprometido, en caso de ser electo presidente, a recibirlos en Casa Rosada”, prometió el jefe de Gobierno porteño tras la reunión que mantuvo con Díaz. El referente de La Primavera valoró el gesto, pero aclaró que no quiere “intermediarios” ni nadie que los “apadrine”, y afirmó que espera recibir también al candidato del oficialismo, Daniel Scioli.

Fruto de la visita, Macri se llevó una foto de campaña con dirigentes de ese pueblo originario en medio de acusaciones cruzadas con el oficialismo sobre las consecuencias que tendrían las políticas socioeconómicas de un gobierno de Cambiemos sobre los sectores populares. Tras dejar por escrito la promesa de recibir a representantes de La Primavera en caso de ser presidente, Macri dijo que “hay que entender su reclamo de dignidad y oportunidades”.

Luego de visitar el acampe, Macri viajó a Formosa, donde lo esperaba el senador de la UCR Luis Naidenoff, en lo que fue el comienzo de su primera gira por el interior de cara a la segunda vuelta. Allí evitó hacer alusión alguna al conflicto que la comunidad mantiene con el gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán. Incluso, dijo ser “respetuoso del voto de los formoseños” que reeligieron a Insfrán el 25 de octubre, y agregó: “Si Dios quiere, el 10 de diciembre nos encontraremos juntos desde el gobierno nacional con el gobernador”.

“Valoramos el gesto del señor Macri”, dijo Félix Díaz sobre la visita al acampe, aunque descartó rápidamente que la foto haya sido una señal de apoyo a la candidatura del ingeniero. “No tenemos una postura partidaria. Estamos tratando de acercar una propuesta a los futuros gobernantes para que se den cuenta que existimos”, aclaró. Y afirmó que espera que Scioli “haga lo mismo”, lo que –explicó– significaría “una esperanza de que cualquiera que gobierne pueda tener presente los derechos de los pueblos indígenas”.

El líder de La Primavera insistió con sus reclamos sobre la política del gobierno nacional hacia el sector que representa, y que ya llevan cinco años. Para Díaz, hay “falta de voluntad política” para resolver, entre otras cosas, los conflictos por la propiedad de la tierra en la provincia de Formosa. “Estamos descontentos con esta política actual de discriminación de los pueblos indígenas”, sostuvo, y recordó que “hace 9 meses” esperan ser recibidos en Casa de Gobierno.

El primer acampe qom en la 9 de Julio comenzó en diciembre de 2010, en respuesta a la represión que sufrió la comunidad por parte de la policía formoseña el 23 de noviembre de ese año. Aquel día, La Primavera mantenía bloqueada la ruta nacional 8 en reclamo de tierras, y en el desalojo violento resultó asesinado uno de los miembros de la comunidad, Roberto López. Tras casi cinco años, su muerte sigue impune, y los qom señalan a Insfrán como responsable. Recientemente, la comunidad decidió presentarse como querellante en la causa que investiga el asesinato, patrocinados por el CELS.

Tras un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligaba al Estado a “garantizar la vida” de los integrantes de La Primavera, el gobierno accedió a recibirlos en mayo de 2011 y el acampe fue levantado. Pero volvió en febrero de este año, con reclamos renovados. Entre otras cosas, Díaz destacó ayer que los qom no tiene “agua ni acceso a la salud”.