ABC, (Emili J. Blasco). Nuevos detalles refuerzan la sospecha de la probable implicación de la propia presidencia de la república en la operación que pretendía introducir 800 kilos de cocaína en Estados Unidos. Como denuncia el confidente, quien previamente ya había trabajado con la red familiar de Maduro, el ahijado de este y su primo, ambos sobrinos de Cilia Flores, esposa del presidente, sacaban habitualmente la droga desde la Rampa 4, el área del aeropuerto internacional de Maiquetía reservada al jefe del Estado.
Los dos jóvenes volaron a Haití con el cargamento de droga custodiados por dos miembros de la Casa Militar presidencial, en función de guardaespaldas, y pilotados por un militar de alto rango, el teniente coronel Pedro Miguel Rodríguez González. De copiloto viajó el también militar Pablo Urbano Pérez. Para realizar esa misión, el teniente coronel Rodríguez González, mando en activo de la Fuerza Aérea Venezolana, tuvo que haber pedido autorización para ausentarse de su normal ocupación. Por otra parte, sorprende que alguien de ese rango se haga cargo de un vuelo en principio menor y además civil (el jet pertenece a una constructora) si no es porque conoce el valor de la operación.
Extradición inmediata
Los cuatro acompañantes no fueron detenidos. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York tenía preparadas acusaciones formales contra Campo Flores y Flores de Freitas, a los que había investigado con antelación. Las acusaciones, que habían permanecido en secreto, fueron actualizadas con detalles de la nueva operación. Los agentes de la DEA, la oficina antinarcóticos estadounidense, invocaron esas acusaciones para solicitar la extradición de los dos sobrinos de Maduro. EE.UU. y Haití tienen un acuerdo de extradición inmediata, razón secreta por la que el confidente de la DEA que siguió el juego de los jóvenes sugirió hacer la entrega a través de ese país y no por Honduras, como en un principio habían hablado.
Dada la tramitación inmediata de la extradición no hubo tiempo de que la Fiscalía de Nueva York formalizara también cargos contra quienes se habían presentado en Haití en el mismo avión, presuntamente todos conocedores del transporte que llevaban.
Vista aplazada
El hecho de que Campo Flores y Flores de Freitas llegaran a Puerto Príncipe, la capital haitiana, protegidos por la Casa Militar presidencial deshace cualquier intento que pueda haber por parte de Maduro y su esposa de asegurar que apenas tenían relación con esos familiares. A Campo Flores le correspondía tener esa protección especial, pues como alguien tenido como hijo por la pareja presidencial tenía derecho a esa custodia si así lo disponía Maduro.
En un principio los dos detenidos debían haber comparecido este miércoles ante el juez Paul Crotty, del Distrito Sur de Nueva York, pero su equipo de abogados pidió aplazar la vista, ahora fijada para el 2 de diciembre. En caso de que en el juicio se demuestre su culpabilidad –la Fiscalía asegura tener pruebas conclusivas de la conspiración de ambos para introducir droga en Estados Unidos–, la pena máxima que les podría corresponder es la de cadena perpetua. Cualquier reducción de condena podría negociarse a partir de la admisión de culpabilidad, y esta debería ser expresada ya en esa primera vista.
Haber expresado ahora una presunta admisión de culpabilidad habría lastrado seriamente la campaña electoral en curso en Venezuela. De momento, para ganar tiempo, la versión dada por la oficialidad chavista es que los dos jóvenes son inocentes y fueron secuestrados por Estados Unidos, como ha señalado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Precisamente en el momento de su detención, según las fuentes citadas, Campo Flores y Flores de Freitas habían señalado a Cabello y al gobernador de Aragua, Tareck el Aissami, como quienes habían facilitado el cargamento de droga.
Un millón de dólares
Los dos detenidos están siendo defendidos en Estados Unidos por el despacho Patton Boggs, uno de las principales firmas de lobby de Washington y que normalmente no presta asistencia judicial a individuos independientes, sino en razón de las cuentas corporativas que el despacho lleva.
Patton Boggs ha sido uno de los principales auxilios que ya en el pasado ha contado el Gobierno venezolano en Washington; entre sus clientes, además del mismo Ejecutivo, ha estado también Citgo, la subsidiaria de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos. Una defensa a cargo de esta firma de abogados, de la que personalmente se hace cargo John Reilly, parece indicar que la presidencia venezolana, con presupuesto público, asume la responsabilidad de ayudar a los detenidos.
En medios de la calle K de Washington, donde se ubican muchas de las oficinas de lobby, se estima que Patton Boggs podría cobrar no menos de un millón de dólares por su intervención. De hecho, esa es la cifra que ese despacho obtuvo en 2003 por poco más de un año de labores de relaciones públicas para el chavismo en la capital estadounidense.
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Los dos jóvenes volaron a Haití con el cargamento de droga custodiados por dos miembros de la Casa Militar presidencial, en función de guardaespaldas, y pilotados por un militar de alto rango, el teniente coronel Pedro Miguel Rodríguez González. De copiloto viajó el también militar Pablo Urbano Pérez. Para realizar esa misión, el teniente coronel Rodríguez González, mando en activo de la Fuerza Aérea Venezolana, tuvo que haber pedido autorización para ausentarse de su normal ocupación. Por otra parte, sorprende que alguien de ese rango se haga cargo de un vuelo en principio menor y además civil (el jet pertenece a una constructora) si no es porque conoce el valor de la operación.
Extradición inmediata
Los cuatro acompañantes no fueron detenidos. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York tenía preparadas acusaciones formales contra Campo Flores y Flores de Freitas, a los que había investigado con antelación. Las acusaciones, que habían permanecido en secreto, fueron actualizadas con detalles de la nueva operación. Los agentes de la DEA, la oficina antinarcóticos estadounidense, invocaron esas acusaciones para solicitar la extradición de los dos sobrinos de Maduro. EE.UU. y Haití tienen un acuerdo de extradición inmediata, razón secreta por la que el confidente de la DEA que siguió el juego de los jóvenes sugirió hacer la entrega a través de ese país y no por Honduras, como en un principio habían hablado.
Dada la tramitación inmediata de la extradición no hubo tiempo de que la Fiscalía de Nueva York formalizara también cargos contra quienes se habían presentado en Haití en el mismo avión, presuntamente todos conocedores del transporte que llevaban.
Vista aplazada
El hecho de que Campo Flores y Flores de Freitas llegaran a Puerto Príncipe, la capital haitiana, protegidos por la Casa Militar presidencial deshace cualquier intento que pueda haber por parte de Maduro y su esposa de asegurar que apenas tenían relación con esos familiares. A Campo Flores le correspondía tener esa protección especial, pues como alguien tenido como hijo por la pareja presidencial tenía derecho a esa custodia si así lo disponía Maduro.
En un principio los dos detenidos debían haber comparecido este miércoles ante el juez Paul Crotty, del Distrito Sur de Nueva York, pero su equipo de abogados pidió aplazar la vista, ahora fijada para el 2 de diciembre. En caso de que en el juicio se demuestre su culpabilidad –la Fiscalía asegura tener pruebas conclusivas de la conspiración de ambos para introducir droga en Estados Unidos–, la pena máxima que les podría corresponder es la de cadena perpetua. Cualquier reducción de condena podría negociarse a partir de la admisión de culpabilidad, y esta debería ser expresada ya en esa primera vista.
Haber expresado ahora una presunta admisión de culpabilidad habría lastrado seriamente la campaña electoral en curso en Venezuela. De momento, para ganar tiempo, la versión dada por la oficialidad chavista es que los dos jóvenes son inocentes y fueron secuestrados por Estados Unidos, como ha señalado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Precisamente en el momento de su detención, según las fuentes citadas, Campo Flores y Flores de Freitas habían señalado a Cabello y al gobernador de Aragua, Tareck el Aissami, como quienes habían facilitado el cargamento de droga.
Un millón de dólares
Los dos detenidos están siendo defendidos en Estados Unidos por el despacho Patton Boggs, uno de las principales firmas de lobby de Washington y que normalmente no presta asistencia judicial a individuos independientes, sino en razón de las cuentas corporativas que el despacho lleva.
Patton Boggs ha sido uno de los principales auxilios que ya en el pasado ha contado el Gobierno venezolano en Washington; entre sus clientes, además del mismo Ejecutivo, ha estado también Citgo, la subsidiaria de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos. Una defensa a cargo de esta firma de abogados, de la que personalmente se hace cargo John Reilly, parece indicar que la presidencia venezolana, con presupuesto público, asume la responsabilidad de ayudar a los detenidos.
En medios de la calle K de Washington, donde se ubican muchas de las oficinas de lobby, se estima que Patton Boggs podría cobrar no menos de un millón de dólares por su intervención. De hecho, esa es la cifra que ese despacho obtuvo en 2003 por poco más de un año de labores de relaciones públicas para el chavismo en la capital estadounidense.