La bomba de tiempo que se escondía a escasos metros de la Central de Abastos de Cúcuta (Cenabastos) y que causaba pánico y miedo cuando se transitaba por allí, fue ‘desactivada’ en una operación de alta cirugía por parte de la Policía y la Alcaldía.

Se trata de la destrucción de unos 50 cambuches que se levantaron hace más de dos décadas en 200 metros del andén de la avenida Cenabastos que conecta con el anillo vial oriental, y en los que se ofrecía gasolina en pimpinas al público como si se tratara de víveres.

Fue necesario el apoyo de 50 policías y de una docena de braceros para proceder con el desalojo de los cambuches y con la incautación de al menos 20 pimpinas de gasolina colombiana.

La secretaria de Gobierno del municipio, Adelaida Ontiveros, dijo que el combustible que se expendía en ese sector se comerciaba en precarias condiciones de seguridad. “Era una verdadera bomba de tiempo, un peligro para la ciudadanía que se movilizaba por allí y que acudía también a abastecerse de gasolina”, dijo la funcionaria.

Anuncian demandas

Para los 50 vendedores informales de combustible que hacían presencia en el lugar, la operación se constituyó en una violación de su derecho al trabajo.

“Nos atropellaron y además nos quitaron el combustible que teníamos para la venta”, dijo Abelardo Quintero, pimpinero del lugar.

En esos puestos se vendía a diario unos 4 mil galones de gasolina.

Voceros de ese grupo de pimpineros anunciaron que interpondrán demandas contra la Alcaldía y la Policía, para exigir la reparación de los daños y pérdidas causadas.

“El Gobierno nacional se comprometió a ofrecernos alternativas para seguirnos ganando el sustento diario, pero no las hemos visto”, dijo Quintero.

Ontiveros dijo que a estos trabajadores informales se les había alertado de la operación desde hacía más de un mes: “Los invitamos a desalojar el andén y a desistir de la venta de combustible, pero ninguno acató el llamado que hicimos”.

El dirigente comunal de García Herreros, Jaime Elías Camacho, destacó la operación señalando que con ella se había acabado con el santuario de los pimpineros, por ser allí donde se comerciaba el mayor volumen de gasolina de contrabando”.

Hay más bombas

Después del cierre de la frontera el pasado 19 de agosto, la alcaldía ordenó el despeje de las ventas de gasolina en pimpinas que se encontraran en el espacio público. Desde ese momento a la fecha se llevan destruidos cerca de 200 cambuches en los que los pimpineros expendían combustibles en los anillos viales, sectores del Escobal, Atalaya, avenida Las Américas y la Panamericana.

Ontiveros advirtió una vez más a los pimpineros que el espacio público no era para vender gasolina. En este sentido, la funcionaria anunció el retiro de las ventas que se encuentran dentro del parque de Ceiba, en donde está instalada otra bomba de tiempo que impide a los niños del sector visitar el lugar.

Asimismo, la avenida tercera, en el tramo que va de Cuatro Vientos al hotel Bolívar, la avenida Demetrio Mendoza, la calle 17 entre calles 10 a la 12, la calle 16 entre avenidas 5 a la 6, el Canal Bogotá y la avenida Atalaya.

Hay reventa de gasolina nacional

La secretaria de Gobierno reveló que la gasolina que se le ha incautado a los pimpineros es nacional, es decir, la subsidiada que se expende en las estaciones de servicio.

En este mismo sentido se pronunció días atrás el secretario de Tránsito de Cúcuta, Carlos Villadiego, al invitar a los cucuteños a no tanquear sus vehículos en los puestos informales, porque con ello se estaba patrocinando no solo a los pimpineros, sino la invasión del espacio público.

*La Opinión

Durante un procedimiento de rutina efectivos adscritos a la Primera Compañía de la Guardia Nacional venezolana apostados en San Antonio del Táchira, evitaron que un ciudadano colombiano enviara hacia España 7,180 kilogramos de presunta Cocaína mediante un servicio de encomiendas.

Humberto Villamizar Sepúlveda, comandante del Destacamento Nº 212, informó que este procedimiento es el tercero en menos de 15 días, en que por vía de una supuesta encomienda se pretenden evadir los mecanismos de seguridad.

Precisó que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, han sido apostados en la empresa de encomiendas MRW, ubicada en la avenida Venezuela entre calle 06 y 07 del Barrio Pueblo Nuevo de San Antonio, estado Táchira, para prevenir que se sigan cometiendo este tipo de irregularidades.

Villamizar detalló que la encomienda que iba a ser enviada por un ciudadano de nacionalidad colombiana, identificado como Alberto León Arango, de 54 años de edad,quien se trasladó desde la ciudad de Medellín con 10 piezas de aluminio de color dorado con figura de sapo, comúnmente utilizada en la República de Colombia para jugar Tejo.

“Mediante una minuciosa revisión  que  realizaran los efectivos de la GNB, detectaron que cada figura contenía un envoltorio de color blanco cubierto de material sintético transparente, la cual emanaba un olor penetrante, y al realizarle la prueba de orientación de campo con el reactivo denominado Scott, arrojó una coloración azul turquesa, siendo positivo para determinar la presunta Cocaína, y al ser pesada arrojó un peso bruto aproximado 7,180 kg. Esta encomienda tenía como destino España”, precisó el funcionario, al tiempo de acotar que el caso fue puesto a la orden de la Fiscalía 21, del Ministerio Público.

Desmantelan banda

Por otra parte, Villamizar agregó que se efectuó el desmantelamiento de la banda denominada Los Plomeros, y la detención preventiva de cuatro ciudadanos venezolanos identificados como Jesús Alberto, de 22 años de edad, Alves Montes José Antonio, de 27 años de edad, Fariña Liendo Richard Antonio, de 23 años de edad,  y Grimaldo López EynerYefrey, de 21 años de edad.

Precisó que estos ciudadanos se trasladaban en un vehículo tipo Camión Estaca, de uso de carga, marca Dodge, modelo D-600, color azul, placas A74CH0D, cuando  pretendieron evadir los medios de inspección de vehículos implementados por la Guardia Nacional  Bolivariana, en el Punto de Control Fijo del Peaje Campaña Admirable, ubicado enPeracal, municipio Bolívar.

“Al ser revisado minuciosamente el vehículo, se pudo determinar que  llevaban oculto a todo lo ancho y largo de la plataforma de carga, cinco toneladas de material Ferroso, en forma de esféricas de diferentes tamaños”, precisó.

Finalmente Villamizar apuntó que los integrantes de la banda Los Plomeros trasladaban el material ferroso desde el estado Barinas, teniendo como destino final, la localidad de La Parada, en Colombia, y que el caso fue puesto a orden de la Fiscalía 33 del MP, por el presunto delito de contrabando de extracción.

La actividad comercial en el corredor fronterizo San Antonio-Ureña ha disminuido al menos en un 70%, debido a la falta de trabajadores colombianos, el paso de materia prima y de compradores.

La estimación corresponde al alcalde del municipio Pedro María Ureña, Alejandro García, quien alertó sobre la grave situación de deterioro económico tras más de 70 días del cierre de frontera, que de manera unilateral mantiene el gobierno venezolano.

Expresó que muchos de los negocios que se encuentran cerrados no abrirán nuevamente sus puertas, debido a que las ventas han disminuido considerablemente.

“Quienes vendían diez, ahora venden tres, quienes producían cien, ahora producen veinte”, destacó al tiempo de agregar que escasamente 30% del aparato industrial de su jurisdicción se encuentra operativo “y las pocas empresas abiertas funcionan a un tercio de su capacidad”.

Políticas erradas

Aseguró que hasta el momento, las políticas de seguridad del gobierno no han traído más que pérdidas a quienes residen en la frontera. “Yo veo como negativo este cierre, estoy hasta ofuscado y decepcionado, todo es negativo, lo único bueno ha sido el avance en materia de seguridad, sin embargo, eso es relativo”, afirmó García.

El alcalde del municipio fronterizo relató que “siguen ocurriendo hechos irregulares sobre la extracción de alimentos pues algunos militares continúan cobrando en pesos para que los ciudadanos puedan pasar alimentos y combustible”.

García agregó que el cierre de frontera ha sido demasiado largo y lo calificó como innecesario, considera que “el objetivo por el cual fue implementado el cierre de fronteras se ha desvirtuado con el paso del tiempo”.

Dos presuntos paramilitares pertenecientes al grupo “Los Rastrojos”, fueron capturados la tarde de este lunes en la zona norte del estado, informó el coronel Ramón Cabeza, comisionado  de seguridad ciudadana del gobierno Bolivariano del Táchira.

Según Cabeza, a los aprehendidos se les encontró en su poder, un arma de fuego, así como municiones, las cuales ocultaban en un bolso que llevaban en la motocicleta en que se movilizaban.

Los sospechosos, quienes al momento de su captura se hallaban indocumentados, se identificaron como  Mario José Roa Arellano, de 23 años de edad y Juan Carlos Arrieta Sampayo, de 27, ambos de nacionalidad venezolana.

Estos sujetos fueron detenidos en la población de Orope, municipio García de Hevia, cuando una comisión de la Policía del Táchira efectuaba patrullaje de reconocimiento por el sector.

La versión ofrecida por las autoridades venezolanas relata que los hombres mostraron nerviosismo al divisar a los uniformados, lo que levantó desconfianza entre los integrantes de la comisión policial, quienes le dieron la voz de alto y procedieron a requisarlos encontrando los elementos ya descritos.

Los presumibles paramilitares fueron detenidos por los agentes policiales, quienes al hacer una requisa más profunda encontraron en un segundo bolso, una lista de personas, supuestas víctimas de extorsión por parte de los antisociales.

“La lista incluye nombres de algunos comerciantes de la zona, inclusive se puede leer el modus operandi de la extorsión, el cobro de vacuna y de la forma de actuar de los irregulares”, señaló el coordinador de seguridad ciudadana del Táchira.

Aseguró Ramón Cabeza que de inmediato se iniciaron las investigaciones pertinentes sobre los 2 detenidos, quienes fueron puestos a la orden de los órganos de inteligencia e investigación, a los fines de recabar mayor información sobre este caso, así como el origen de los dos detenidos.

Balance

Destacó Cabezas, que durante el mes de noviembre han sido detenidas en Táchira 102 personas bajo diversas circunstancias, por encontrarse involucradas en actividades ilícitas.

“Igualmente se han recuperado hasta la fecha un total de 10 vehículos robados y se han desarticulado 5 bandas delictivas, en trabajo coordinado por los cuerpos de seguridad del estado Táchira”, puntualizó el funcionario.

Dos últimos hallazgos de osamentas en la frontera mantienen en alerta a las autoridades de Colombia y Venezuela.

El primero de los hechos se conoció luego de la captura de Oswaldo Cárdenas Patiño (exsoldado de una fuerza especial venezolana), alias ‘Carro Loco’, y del colombiano  G. Ramírez Angarita, alias ‘Beto’ o  ‘Gasparín’; señalados de integrar el grupo delincuencial de Los Urabeños, dedicados a actividades terroristas de paramilitarismo desde el lado venezolano del puente internacional Simón Bolívar hasta Cúcuta.

Además de ser los responsables de atacar a una patrulla militar, lo que condujo al cierre de la frontera desde el pasado19 de agosto.

Según informó el diario La Nación de San Cristóbal, ambos harían parte de una nueva estructura autodenonimada Frente Norte Frontera que habría sido conformada por Wilquin Alexander Roa, alias ‘Cara e’ niña’, exjefe en la frontera del grupo paramilitar Los Urabeños, quien se entregó en Cúcuta.

La confesión de los dos primeros, además del hallazgo de una caleta con armamento, permitió la ubicación de las fosas en el sector La Mulata, y que fueran ubicados los restos óseos de tres personas, cuyas muertes serían de más de un año.

Entre estos cadáveres estaba el cucuteño Iván René Medina Parra, de 24 años, con su domicilio en la invasión La Morada, vía La Mulata, Ureña, y quien desapareció hace varios meses. Por las prendas halladas junto a los restos, y un ojo de vidrio, los familiares lo reconocieron en la morgue de San Cristóbal.

Al respecto, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López,  indicó que tras la entrega de ‘Cara e’ Niña’, al mando de esta organización quedó  un sujeto apodado ‘El Gringo’ que está siendo activamente buscado por los órganos de inteligencia venezolanos y se conoce que este individuo es el encargado de dotar a dicha organización delictiva de armas, explosivos y amasar las grandes sumas de dinero provenientes de los actos criminales cometidos por la organización.

Dicha estructura criminal estaría integrada por al menos 130 hombres, que utilizaban como centro de operaciones y entrenamiento, en territorio venezolano, una finca denominada Los Gansitos, situada en las montañas del sector La Mulata, Ureña.

^{Una de las fosas fue hallada en el sector La Mulata.}

Buscados

Entre otros presuntos subversivos que el ministro González vinculó con esta agrupación, se encuentran: alias ‘Brayan’, comandante rural; ‘El Gago’ o ‘Mosquera’, sicario en Cúcuta, quien está bajo presentación ante los tribunales venezolanos, y  ‘Jhonny Bravo’, cobrador de las negociaciones por drogas.

También, alias ‘Toti’, comandante financiero  que perteneció a las Autodefensas Unidas de Colombia; ‘Machete’, cobrador de vacunas y que también perteneció a las AUC; ‘El Veneco’, sicario; ‘El Ruso’, sicario y cobrador de extorsiones y primo de ‘Cepillo’, actualmente líder de Los Urabeños en la zona norte del Táchira. 

Y por último, alias ‘El Tigre’, sicario y exmilitar colombiano; ‘La Gata’, patrullera; ‘El Menor’ o ‘Pocho’, sicario y patrullero; ‘La Barbie’, sicario y cobrador de vacunas en las trochas, y ‘Pavito’, también cobrador.

Otra fosa

Días después, otras dos fosas fueron encontradas en predios de una finca de Guarumito, parroquia Ribas Berti del municipio Ayacucho. Se cree que las víctimas fueron descuartizadas antes de ser sepultadas.

Lo que sí se aseguró es que se trata de hombres, uno posiblemente asesinado hace unos cinco meses y el otro más recientemente, pues aún cuenta con tejidos.

El gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora,  informó que los organismos de seguridad continúan  investigando, porque “nosotros  ya lo dijimos hace un mes, estamos buscando, se cree que son 60 personas  enterradas en fosas comunes en  los últimos siete años en la zona fronteriza”.

A las cinco osamentas recientemente halladas, se suman las 13 encontradas en mayo pasado, y otra que fue localizada en Llano Jorge,  municipio Bolívar.

Las autoridades también han buscado en las Minas de Lobatera y en el sector La Popa.  “Están buscando el número de fosas comunes que hasta ahora ha dejado la criminalidad de los paramilitares colombianos de Los Urabeños,  Los Rastrojos, Los Doctores de Pamplona  y otra banda de paramilitares que apareció”, indicó el primer mandatario regional.

Entrega de ‘Cara e’ Niña’ o ‘La Niña’

^{Wilquin Alexander Roa, alias ‘Cara e’ niña’.}

“La presión del presidente venezolano Nicolás  Maduro no tuvo nada que ver con mi decisión de entregarme a las autoridades colombianas”. 

Así lo manifestó Wilkin Alexander Roa y quien agregó que desde hace dos meses venía preparando su entrega a la justicia.

Roa confesó que desde hace tres años era el comandante del Bloque Frontera de una banda criminal dedicada al contrabando en el municipio Pedro María Ureña (estado Táchira- Venezuela).

Sin debilitar su voz, afirmó que tenía a su mando al menos 10 hombres.

“Quiero decir que mi entrega es libre y que me someto a la justicia colombiana, porque creo en las instituciones de este país”, enfatizó.

‘La Niña’ o ‘Cara e’ Niña’ aseguró que las ganas de compartir con sus hijos y su familia, lo convencieron de entregarse a la Fiscalía, luego de dos meses de conversaciones con su abogado.

Miembros de la Unidad Contra el Crimen Organizado lo dejaron a disposición de la Fiscalía 70 Especializada, que le expidió una orden de captura por concierto para delinquir agravado.

Dijo que desde hace algún tiempo estaba viviendo cerca de la zona fronteriza pero desde el lado colombiano, por eso no le afectó el cierre de la misma, ordenado por el presidente Maduro.

Los miembros de la organización que lideraba, también huyeron de Ureña, finalizó. 

En su programa Contacto con Maduro, el presidente Nicolás Maduro Moros, anunció que la Fiscalía venezolana solicitará la extradición de ‘Cara e’ niña’, responsable de desapariciones, descuartizamientos y asesinatos de niños y niñas en la población de Ureña, en el estado Táchira.

*Redacción La Opinión

“Con sus calles desoladas, sus comercios cerrados y el parque industrial casi totalmente paralizado, la frontera de San Antonio y Ureña parece un pueblo fantasma, como los que se ven en las historias del oeste americano”.

Quien así se expresa es Isabel Castillo, presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio, al referirse a la situación fronteriza luego de cumplirse tres meses del cierre total de los pasos binacionales y de la aplicación de un Estado de Excepción, en 10 municipios de la entidad tachirense, la mayoría de los cuales integran la franja binacional.

Sostiene que pese a los anuncios gubernamentales, los habitantes de estas poblaciones padecen ahora más que nunca de escasez, desempleo e inseguridad.

“Lo que hace 10 años y más estuvo catalogado como el corredor fronterizo más dinámico de América Latina, se ha convertido  en la menos activa de todo el continente”, dijo al tiempo de acotar que “las medidas aplicadas de manera inconsulta y unilateral por el gobierno de Venezuela, han traído la destrucción de todo el aparato productivo de esta zona de frontera”.

Total incertidumbre

De acuerdo con las cifras que presenta Castillo, el 70% de los establecimientos comerciales han cerrado sus santamaría y la casi totalidad de ellos se ha visto en la obligación de despedir a sus empleados producto de la total caída en las ventas.

“Hay una total incertidumbre, pues no sabemos si el próximo año esos comercios podrán abrir nuevamente, debido a que no cuentan con inventario para ofrecer al público, pues han agotado lo poco que les quedaba de años pasados”.

En cuanto al sector industrial, Castillo refiere que “un 80% de la industria radicada en San Antonio y Ureña ha paralizado su maquinaria, y el 20% que aún está medianamente operativa, está haciendo milagros para conseguir los insumos que necesitan para trabajar, pues incluso el traslado de mercancías desde otros estados de Venezuela hacia la frontera se ha complicado debido a los fuertes controles y restricciones, que se incrementaron luego del Decreto de Excepción”.

Toque de queda

Castillo asegura que en la frontera hay un “toque de queda” pero no decretado por el gobierno, ni contemplado como parte del Estado de Excepción vigente o la aplicación de los operativos de OLP; sino, por el contrario, implementado a fuerza de arrebatones y disparos por parte de la delincuencia.

“El gobierno dice que los índices de inseguridad se han reducido casi al 100% en los municipios de frontera, pero la verdad es que el papel aguanta todo, y quienes vivimos en la frontera sabemos que aquí hay un toque de queda ‘no decretado’ después de las 7:00 de la noche”.

Refiere Castillo que los hurtos y atracos son comunes casi a cualquier hora, pero se incrementan de manera sustancial al caer la noche, en parte por el poco movimiento que hay en las calles.

“La gente teme transitar por esas calles desoladas en las que no se ve ni un alma, pero en las que a la vuelta de cualquier esquina pueden apuntarte con un arma para quitarte lo poco que posees”, dijo al tiempo de agregar que “de nada ha valido esa presencia militar masiva, pues los uniformados se dedican a revisar documentos a la gente de bien, mientras en los barrios y en las trochas se oyen las ráfagas de disparos, roban a la gente en las calles y ellos ni se dan por enterados”.

Aunado a ello asegura que la corrupción ha aumentado en la zona, y ahora se ha conformado una nueva mafia que permite el paso de mercancías por las trochas en horas nocturnas. “Esto ha sido reconocido por el alto mando militar del estado y por el propio gobernador, pero nada se ha hecho para solucionarlo y por el contrario, el cobro de vacuna para pasar por las trochas cada vez es mayor”, afirmó.

Solución a la vista

Castillo dice hablar en nombre de la mayoría de los afiliados a la Cámara de Industria y Comercio de San Antonio del Táchira al asegurar que la solución a los problemas que hoy enfrenta el corredor fronterizo del lado Venezolano, es la reapertura de los puentes y la normalización de las relaciones comerciales.

Asegura que ello permitirá la reactivación del sector aduanero, de los transportadores de carga pesada y el acceso a materias primas y mercancías para el sector industrial y comercial.

Dijo sin embargo, que la reapertura del tránsito binacional constituiría solo el primer paso para la reconstrucción de un sistema económico que actualmente se encuentra devastado y que necesita de la inyección de recursos y el apoyo oficial para volver a generar empleos y prosperidad en la zona

El pasado 19 de agosto el presidente de Venezuela Nicolás Maduro decretó el cierre de frontera con Colombia, luego de un ataque contra tres jóvenes de las Fuerzas Armadas del vecino país.

Tras el cierre, que en principio era de 72 horas, se decretaron varias medidas de contingencia por parte del gobierno colombiano al verse obligado a recibir a cerca 22 mil colombianos que residían en Venezuela.

Dentro de las medidas, se registraron la expedición de 10 decretos para los 40 municipios que están en la frontera, se llegaron a hospedar 2.409 personas en albergues y hoteles, y se habilitaron corredores humanitarios para el paso de niños y niñas a los colegios, trabajadores, turistas y personas que requieren un servicio especial de salud.

Cada ministro desde su cartera anunció medidas con el fin de ayudar a quienes llegaban, y hasta el Congreso de la República bajo la representación de comisiones se hicieron presentes en las zonas más perjudicadas.

Mientras tanto, el gobierno, desde la voz de la canciller María Ángela Holguín y del presidente de la República Juan Manuel Santos, le ha dicho a los colombianos que hay que ver esta problemática como una oportunidad para “independizarse” de Venezuela.

A hoy, tres meses después de la sorpresiva decisión de vecino país, que algunos califican como una estrategia para evitar las elecciones que se deben efectuar en Venezuela en el próximo mes de diciembre, sigue vigente el pedido de quienes viven en la frontera para que solucionen la crisis.

Lo más preocupante, por el momento parece ser las oportunidades laborales, pues conductores, tramitadores, oficinistas, empleados, obreros de transporte de carbón, mercancía seca, agencias de aduana y almacenadoras siguen pidiendo atención por parte del gobierno nacional. Esto, porque cerca 2.500 personas se están quedando sin trabajo por la falta de operaciones, importaciones, exportación, y tránsito aduanero.

A ese llamado se han sumado los nuevos ediles de las zonas fronterizas, pues afirman que con el cierre, estos lugares sin desarrollo de industrias y sin empleo, están sufriendo grandes dificultades que requieren de soluciones estructurales.

Durante los últimos días también se ha denunciado la posibilidad de que se cierren los corredores humanitarios para el paso de los estudiantes, e incluso se ha denunciado chantajes por parte de la guardia venezolana para el paso de las personas.

Ante esto el gobernador del Estado de Táchira José Gregorio Vielma Mora ha pedido a la comunidad que denuncie cualquier tipo de chantaje, y sobre el posible cierre ha asegurado que el corredor estará vigente, al menos, hasta que termine el año escolar.

El gobernador del Táchira también ha afirmado que se está coordinando los aspectos logísticos para el paso de 123 camiones que se encuentran del lado venezolano y 243 del lado colombiano.

*Bogotá | Colprensa

Buscar una solución real y sostenida a los problemas que se desencadenaron del cierre de la frontera plantearon al nuevo alcalde César Rojas, los ediles electos.

Los dirigentes coincidieron en que esta es la principal prioridad y en la que Rojas debe trabajar desde el primer día de su mandato.

Kelly Stefany Durán, edil del corregimiento de San Faustino, sostuvo que una frontera cerrada y una ciudad sin industrias y sin empleo es una bomba de tiempo que en cualquier momento explota, “por eso hay que buscar las alternativas que permitan las oportunidades laborales que demanda la población, ese es mi mensaje para la nueva administración municipal”.

Paralelo a este planteamiento algunos ediles manifestaron que en segundo lugar hay que trabajar en equipo para contrarrestar la inseguridad que tiene acorraladas a las comunas ubicadas en el centro y las ciudadelas de Juan Atalaya y La Libertad.

“Delitos como el microtráfico, el hurto de motos y de celulares tienen que tener una fórmula para frenarlos en la comuna Siete”, dijo el edil Adrián Cenón Murillo.

Los electos ediles Luis Carlos Galvis y Alfonso Parra coincidieron en que una tercera prioridad debe ser la salud y la educación. “No hay una sola EPS que no esté cuestionada por el pésimo servicio de salud”, aseguraron los líderes.

Señalaron que una muestra de la desidia con que se ha manejado este problema en la ciudad es la gran cantidad de IPS cerradas porque las EPS no les pagan los servicios que les prestan.

Asimismo, se deben mejorar las condiciones de las plantas físicas de al menos 50 escuelas que hoy presentan deterioro en sus aulas y baterías sanitarias.

Andrea Camila García, edil de la comuna Ocho, llamó la atención del nuevo alcalde en el sentido de que se intervenga el desbordado aumento del impuesto predial. “Debe analizarse de la mano del Concejo la posibilidad de que se rebajen las tasas del predial, porque la situación que vive Cúcuta en los actuales momentos, sin empleo y sin industrias y, además, con una frontera cerrada, tiene al borde de la locura a cientos de familias pobres”, dijo la dirigente comunal.

Los ediles también recordaron al nuevo alcalde dar la participación y el reconocimiento que obliga la ley en materia de salud y la póliza de vida. El nuevo mapa de las Juntas Administradoras Locales quedó dominado por el partido de la U, con 24 ediles, seguido del Partido Conservador, con 23, el Liberal con 13.

La Registraduría Municipal del Estado Civil invitó a los electos ediles a reclamar sus respectivas credenciales, que los faculta para tal dignidad por el periodo 2016-2019.

(Si no hay participación en las decisiones que se tomen desde la alcaldía, la ciudad seguirá retrocediendo en su desarrollo: Ediles.)

¿Qué es una JAL?

La Junta Administradora Local (JAL) es un organismo conformado por varias personas de diferentes barrios de la misma comuna. Es una corporación administrativa de carácter público, de elección popular.

¿Para qué sirve?

Para distribuir y apropiar las partidas globales que se asignen en el presupuesto anual del Municipio a las comunas, teniendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de su población. También para vigilar y controlar la prestación de los servicios en su localidad y las inversiones que en ella se realicen con recursos públicos.

*La Opinión