Trabajadores del Ministerio de Seguridad denuncian persecución política de la nueva gestión

EL PAIS › EXPERTOS EN DERECHO A LA INFORMACION SOBRE EL BLOQUEO A PAGINA/12

“Un tema de derechos humanos”

Dos importantes especialistas en libertad de expresión resaltan la gravedad del ataque informático sufrido por este diario. Alertan sobre el momento en que se produce y reclaman respuestas sociales y judiciales. Telefónica se sumó a los trabajos de mitigación.

Captura de pantalla de la edición web de este diario.

El bloqueo a la edición digital de Página/12 “es un tema de derechos humanos ya que a través de una interferencia técnica se restringe la libertad de expresión, es como si se interfiriera el acceso al papel en un medio impreso”, señaló Luis Lozano. “Ninguno de estos acontecimientos pueden ser evaluados fuera de contexto. Es llamativo que suceda en la semana del cambio de gobierno”, opinó Santiago Marino. Lozano y Marino son dos destacados especialistas en derecho a la información que alertan sobre las implicancias de los ataques informáticos contra este diario.

“Es necesario que haya una respuesta, tanto social como en el Poder Judicial. Esperamos que el tema tenga, al menos, el mismo tratamiento que el que hubo cuando el Grupo Clarín alertó sobre la interferencia de su satélite”, expresó Lozano, coautor junto a Damián Loreti de El derecho a comunicar. En 2009, Artear denunció interferencias en sus señales, lo que provocó, entre otras cosas, pedidos de informes de legisladores y una investigación judicial. El expediente luego se cerró porque se comprobó que se había tratado de problemas de un amplificador de un satélite de la empresa Televisa. “Las interferencias a Página/12 son un tema de libertad de expresión, sobre todo en este contexto en el que hay cada vez menos voces críticas al gobierno”, completó Lozano.

Marino, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, aseguró que a causa del ataque informático “el medio ve limitado su soporte para difundir su contenido, y los lectores porque se ven imposiblitados a acceder a él, sobre todo en lugares en los que Página/12 no se distribuye, como en el exterior. Por lo tanto afecta el derecho a la información. Es difícil de demostrar si el objetivo es el de cercenar la línea editorial. Pero es llamativo que se produzca en la semana del cambio de gobierno”.

Justamente, el ataque se inició el jueves pasado y se mantiene hasta ahora. Los expertos lo consideran uno de los más grandes de los registrados en la Argentina, tanto por su prolongación en el tiempo como por su potencia, y la Procuración inició una investigación para determinar la procedencia y el mecanismo concreto del ataque.

Las medidas tomadas por este diario y sus proveedores lograron que a pesar de la continuidad del ataque, una parte importante de los lectores pueda tener acceso a su edición digital. A ese esfuerzo, se sumó ayer el de Telefónica de Argentina, la empresa que según los especialistas dispone de las capacidades técnicas para mitigar el daño provocado y avanzar en la identificación de los posibles responsables.

El Centro Pen Argentina se unió al reclamo para exigir a las autoridades competentes el esclarecimiento de los hechos. La organización que nuclea en todo el mundo a escritores en defensa de la libertad de expresión recordó que el sitio web de este diario sufrió un ataque de origen desconocido, que se materializó en una multiplicación exponencial de visitas fantasma que se volvieron permanentes, con un tráfico hasta veinte veces superior al habitual que el servidor no puede soportar. “Urge tomar medidas drásticas al respecto para que un caso semejante no vuelva a ocurrir y que todas las publicaciones argentinas puedan ser leídas en el mundo entero”, afirmó la organización a través de su comisión directiva integrada por Luisa Valenzuela, Jorge Torres Zavaleta, Carlos Gamerro, Gabriel Seisdedos y David Jacobson.

La Comisión de Derechos Humanos de Trenque Lauquen se sumó a los organismos de derechos humanos que durante estos días hicieron llegaron su solidaridad y preocupación al diario. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, reclamó el jueves “una solución inmediata” del ataque. Una exigencia también compartida por Eduardo de la Serna, en representación de los Curas en Opción por los Pobres.

EL PAIS › EXPERTOS EN DERECHO A LA INFORMACION SOBRE EL BLOQUEO A PAGINA/12

“Un tema de derechos humanos”

Dos importantes especialistas en libertad de expresión resaltan la gravedad del ataque informático sufrido por este diario. Alertan sobre el momento en que se produce y reclaman respuestas sociales y judiciales. Telefónica se sumó a los trabajos de mitigación.

Captura de pantalla de la edición web de este diario.

El bloqueo a la edición digital de Página/12 “es un tema de derechos humanos ya que a través de una interferencia técnica se restringe la libertad de expresión, es como si se interfiriera el acceso al papel en un medio impreso”, señaló Luis Lozano. “Ninguno de estos acontecimientos pueden ser evaluados fuera de contexto. Es llamativo que suceda en la semana del cambio de gobierno”, opinó Santiago Marino. Lozano y Marino son dos destacados especialistas en derecho a la información que alertan sobre las implicancias de los ataques informáticos contra este diario.

“Es necesario que haya una respuesta, tanto social como en el Poder Judicial. Esperamos que el tema tenga, al menos, el mismo tratamiento que el que hubo cuando el Grupo Clarín alertó sobre la interferencia de su satélite”, expresó Lozano, coautor junto a Damián Loreti de El derecho a comunicar. En 2009, Artear denunció interferencias en sus señales, lo que provocó, entre otras cosas, pedidos de informes de legisladores y una investigación judicial. El expediente luego se cerró porque se comprobó que se había tratado de problemas de un amplificador de un satélite de la empresa Televisa. “Las interferencias a Página/12 son un tema de libertad de expresión, sobre todo en este contexto en el que hay cada vez menos voces críticas al gobierno”, completó Lozano.

Marino, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, aseguró que a causa del ataque informático “el medio ve limitado su soporte para difundir su contenido, y los lectores porque se ven imposiblitados a acceder a él, sobre todo en lugares en los que Página/12 no se distribuye, como en el exterior. Por lo tanto afecta el derecho a la información. Es difícil de demostrar si el objetivo es el de cercenar la línea editorial. Pero es llamativo que se produzca en la semana del cambio de gobierno”.

Justamente, el ataque se inició el jueves pasado y se mantiene hasta ahora. Los expertos lo consideran uno de los más grandes de los registrados en la Argentina, tanto por su prolongación en el tiempo como por su potencia, y la Procuración inició una investigación para determinar la procedencia y el mecanismo concreto del ataque.

Las medidas tomadas por este diario y sus proveedores lograron que a pesar de la continuidad del ataque, una parte importante de los lectores pueda tener acceso a su edición digital. A ese esfuerzo, se sumó ayer el de Telefónica de Argentina, la empresa que según los especialistas dispone de las capacidades técnicas para mitigar el daño provocado y avanzar en la identificación de los posibles responsables.

El Centro Pen Argentina se unió al reclamo para exigir a las autoridades competentes el esclarecimiento de los hechos. La organización que nuclea en todo el mundo a escritores en defensa de la libertad de expresión recordó que el sitio web de este diario sufrió un ataque de origen desconocido, que se materializó en una multiplicación exponencial de visitas fantasma que se volvieron permanentes, con un tráfico hasta veinte veces superior al habitual que el servidor no puede soportar. “Urge tomar medidas drásticas al respecto para que un caso semejante no vuelva a ocurrir y que todas las publicaciones argentinas puedan ser leídas en el mundo entero”, afirmó la organización a través de su comisión directiva integrada por Luisa Valenzuela, Jorge Torres Zavaleta, Carlos Gamerro, Gabriel Seisdedos y David Jacobson.

La Comisión de Derechos Humanos de Trenque Lauquen se sumó a los organismos de derechos humanos que durante estos días hicieron llegaron su solidaridad y preocupación al diario. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, reclamó el jueves “una solución inmediata” del ataque. Una exigencia también compartida por Eduardo de la Serna, en representación de los Curas en Opción por los Pobres.

Un decreto para sacar de órbita a la Afsca

 Por Sebastián Premici

Mauricio Macri firmó el jueves sus primeros decretos de necesidad y urgencia (DNU). Uno de ellos modifica la Ley de Ministerios, que establece cómo se estructura el Poder Ejecutivo. En el marco de esa reorganización general, el nuevo Presidente dispuso que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) dejen de pertenecer a la órbita de la Presidencia de la Nación y pasen a subordinarse al Ministerio de Comunicaciones, a cargo del radical Oscar Aguad. Además del cambio de órbita, la redacción del DNU modifica en parte la ley de medios, declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia. El ministro Aguad rechazó hacer declaraciones ya que se encuentra terminando de armar su equipo de trabajo. Desde la Afsca consideraron que la decisión se inscribe en el marco de una estrategia para desplazar a Martín Sabbatella del organismo y beneficiar a las grandes empresas de medios, principalmente el Grupo Clarín. Tanto la Afsca como la Aftic –a cargo de Norberto Berner– preparan una respuesta judicial en caso de que el Gobierno nacional continúe su avance en ese sentido.

El DNU 13/2015 publicado hoy en el Boletín Oficial dispuso la creación de 20 ministerios, más la Jefatura de Gabinete. Si bien habitualmente la ley de ministerios se modifica mediante otra ley aprobada por el Congreso, en este caso, ante la necesidad de poner en funciones a los ministros que juraron el jueves y debido al período de receso legislativo y la inferioridad de condiciones en ambas Cámaras, el líder del PRO optó por la vía del decreto. El Congreso debe ratificarlo posteriormente.

En este contexto, el DNU fundamenta la creación del Ministerio de Comunicaciones en “la creciente complejidad, volumen y diversidad de tareas relativas al desarrollo de las comunicaciones y su regulación”, sumado a la “necesidad de contar con una instancia organizativa que pueda dar respuesta efectiva a los desafíos presentes y futuros”. También asegura que hace falta prever “una mayor coordinación entre las áreas intervinientes” y dispone que dentro del ministerio “funcionarán los organismos descentralizados Afsca y Aftic, ambos actualmente en la órbita de la Presidencia de la Nación”.

En el organismo que preside Sabbatella consideraron que esa decisión forma parte de “la construcción de un Estado mafioso” que denunciaron días atrás. El jueves pasado se presentó en la Afsca, Miguel De Godoy, el hombre anunciado por Macri para reemplazar a Sabbatella. Mantuvieron un encuentro en el que el funcionario nacional le adelantó que no presentaría su renuncia, ya que la ley establece que su cargo vence en 2017 y el objetivo expreso de la norma es evitar que el mandato del titular de la Afsca coincida con el del Presidente. Al día siguiente de aquel encuentro el juez Claudio Bonadio ordenó allanar las oficinas del organismo.

“Esto es parte de una trama que involucra al partido judicial, sectores corporativos mediáticos y ahora un sector de la política que está al frente del Estado”, afirmaron fuentes del kirchnerismo.

Respecto del DNU, consideraron que modifica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya que la Afsca y la Aftic dependían directamente de Presidencia y que de esta manera se los “desjerarquiza” poniéndoles por encima la mediación política del ministro. En el punto 4 del artículo 23, el DNU sostiene que el Ministerio de Comunicación tendrá a su cargo: “Ejercer las funciones de Autoridad de Aplicación de las leyes que regulan el ejercicio de las actividades de su competencia”. Si bien no termina de quedar claro, esa redacción se superpondría precisamente con la Afsca y Aftic, que ya son actualmente las autoridades de aplicación.

Por el momento, en el organismo que preside Sabbatella sostienen que el único efecto práctico que tiene el DNU es el cambio de órbita y que no le quita sus funciones, atribuciones y responsabilidades. En ese contexto, se volvió a convocar a una reunión de directorio para el próximo jueves, donde se otorgarán nuevas licencias de comunicación audiovisual. No descartan, sin embargo, que el macrismo busque en el corto plazo intervenir directa o indirectamente en el organismo.

En ese caso, desde el kirchnerismo adelantaron que ya preparan una defensa jurídica, que podría llegar hasta organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “No se trata de cuidar un cargo. Se trata de cuidar el espíritu de la ley”, sostuvieron y adelantaron que contarán con el patrocinio legal del ex juez español Baltasar Garzón.

EL PAIS › COMO ADELANTO PAGINA/12, EL MINISTRO DE JUSTICIA CONFIRMO QUE DEJARA CAER EL ACUERDO CON IRAN

Sin el Memorándum, Irán no quiere más alertas

Garavano dijo que por orden de Macri no apelará la inconstitucionalidad del Memorándum. Este diario pudo saber que ahora Irán pedirá el fin de las alertas rojas contra los sospechosos esgrimiendo la decisión unilateral que toma Argentina.

 Por Raúl Kollmann

El presidente Mauricio Macri le tomó juramento al ministro de Justicia, Germán Garavano, el jueves en la Casa Rosada.

Imagen: Jorge Larrosa.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, confirmó ayer que por orden del presidente Mauricio Macri desistirá de apelar la declaración de inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento por el caso AMIA. La movida, que hará caer el Memorándum, fue adelantada por Página/12 en su edición del martes pasado. El último paso que debe analizarse es si la agrupación de familiares 18-J tiene la chance de seguir sosteniendo la validez del acuerdo. Página/12 está en condiciones de adelantar que Irán utilizaría la decisión de Macri para pedir el levantamiento de las capturas con alertas rojas. Teherán va a utilizar como excusa que se trata de una decisión unilateral del gobierno de la Argentina, rompiendo un acuerdo firmado con el auspicio de Interpol. La decisión sobre mantener o no las alertas deberá ser tomada el año que viene en la asamblea de Interpol, al cumplirse diez años de las órdenes de captura.

El problema más serio en esa asamblea es que Irán hoy juega otro papel en la escena internacional, ya que firmó un convenio de limitación nuclear con Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, el Reino Unido y Francia. Se reinstalaron varias embajadas en Teherán, hay un proceso de revisión de sanciones e Irán está sentado en la mesa de negociaciones por la crisis desatada por los fundamentalistas de ISIS en Siria e Irak. La AMIA, la DAIA y Sergio Massa expresaron su apoyo a la decisión del gobierno de Macri, aunque la AMIA rechazó la posibilidad de acuerdos comerciales con Irán, algo que mencionó la canciller Susana Malcorra (ver recuadro).

Presentación

El ministro Garavano adelantó que muy posiblemente este lunes presente un escrito explicando la nueva posición del Estado, que es querellante en la causa, para retirar la apelación por el Memorándum en la Cámara de Casación. La secuencia es la siguiente:

- El canciller Héctor Timerman y su par iraní Alí Akbar Salehi firmaron en enero de 2013 un acuerdo por el cual el juez del caso AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, el fiscal Alberto Nisman y los representantes de los familiares de las víctimas del atentado se trasladarían a Teherán y allí se tomaría declaración indagatoria a los sospechosos iraníes. El acuerdo saldaba una doble imposibilidad: es Argentina no se puede juzgar en ausencia e Irán no permite la extradición de sus ciudadanos.

- La AMIA y la DAIA, luego respaldados por Nisman, se opusieron al Memorándum señalando que preveía la creación de una Comisión de la Verdad, que supervisaba el proceso, aunque sus decisiones no eran vinculantes. AMIA y DAIA, denunciantes, consideraron que ese organismo era ilegal.

- La presentación de AMIA y DAIA fue rechazada por Canicoba señalando que se trataba de un planteo abstracto ya que hasta ese momento ni Irán había ratificado el Memorándum ni se había conformado la Comisión de la Verdad. Para Canicoba, hasta ese momento, el Memorándum era un tratado de relaciones exteriores, no judiciable.

- La AMIA y la DAIA apelaron lo resuelto por Canicoba y la Cámara Federal declaró inconstitucional el Memorándum. Consideró que el Ejecutivo se estaba metiendo en terreno del Poder Judicial.

- Este fallo fue a su vez apelado por el gobierno de CFK, a través del Ministerio de Justicia. Esa instancia es la actual, con graves enfrentamientos por la formación de la Sala de Casación.

- Si el Ministerio de Justicia retira la apelación el lunes como dijo Garavano, quedaría firme el fallo de la Cámara de Casación, aunque falta ver qué ocurre con los familiares de la agrupación 18-J.

Familiares

En su momento, una buena parte de los familiares e incluso la AMIA y la DAIA apoyaron el Memorándum, pero luego las instituciones judías pasaron a cuestionarlo, argumentando que no hay nada que negociar con Irán, un Estado al que consideraban –y aún consideran– sponsor del terrorismo.

Entre los familiares, 18-J continuó con su respaldo y la misma actitud tomó la agrupación más independiente, Memoria Activa. Lo consideraban una oportunidad para romper con la parálisis de la causa. Transcurrido un año, también Memoria Activa pidió el retiro del Memorándum porque Irán no mostró ninguna iniciativa para concretar el paso siguiente previsto en el acuerdo: el intercambio de cartas reversales entre los dos países.

El gobierno de Cristina Kirchner mantuvo el Memorándum sosteniendo que los acuerdos de esta naturaleza tardan tiempo en cristalizarse. El ejemplo más claro fue el convenio por el atentado contra un avión de PanAm que cayó en la localidad escocesa de Lockerbie. El ataque fue en 1988 y recién se pudo concretar el acuerdo entre Libia y Estados Unidos en 1999, tras negociaciones que encabezó Nelson Mandela. CFK y Timerman siempre consideraron que debía buscarse, con paciencia, una vía para que, de una vez por todas, la fiscalía presente las pruebas y se dirimiera su validez. La única vez que ocurrió, en Londres, tras la detención del ex embajador iraní en la Argentina, Hadi Soleimanpour, el magistrado británico consideró que las evidencias eran insuficientes.

El lunes, cuando el Ejecutivo presente el escrito, la agrupación 18-J también hará una presentación sosteniendo la apelación de defensa del Memorándum y que está en su derecho, ya que en su momento adhirieron a los escritos presentados por el gobierno de CFK. Habrá que ver qué resuelve la Cámara: si admite que 18-J siga en soledad o si considera que caído el principal apelante, la inconstitucionalidad queda firme.

Reacción

El Memorándum de Entendimiento fue un acuerdo en el que hubo participación de Interpol. Las gestiones siempre tuvieron el visto bueno de la organización internacional de policías porque tanto Argentina como Irán son miembros. Una vez firmado el texto, hubo un apoyo explícito y una felicitación de Interpol a ambos países. Este diario está en condiciones de adelantar que Irán utilizaría la movida del Poder Ejecutivo para pedir el levantamiento de las capturas con alertas rojas que pesan sobre cinco iraníes. El argumento es que el Memorándum es un tratado firmado por ambos países, con el auspicio de Interpol, y que la ruptura es unilateral.

En verdad, Irán nunca mostró voluntad de avanzar con el Memorándum. Por los trascendidos publicados en la prensa de Teherán, ni el gobierno del duro Mahmoud Ahmadinejad ni el más moderado de Hassan Rouhani tenían los votos para pasar el acuerdo por el Parlamento ni tampoco hubo un visto bueno del poder religioso, encabezado por el ayatolá Alí Jamenei. Estas dificultades muestran que el Memorándum no era tan ventajoso para los sospechosos, como alegaba la oposición, pero también que no se trató de un acuerdo en verdadero desarrollo. Aun así, Irán va a usar como excusa que el retiro de la apelación es un paso unilateral y, por lo tanto, una ruptura de lo firmado.

Alertas

Las capturas con alertas rojas les dan prioridad a las detenciones de los sospechosos. Luego de tortuosas negociaciones, la asamblea de Interpol las aceptó para el caso AMIA en 2006. En el último semestre de este año ya comenzaron las presiones para levantarlas y tanto la Unidad Fiscal AMIA como el juez Rodolfo Canicoba Corral tuvieron que ratificar las órdenes de captura ante Interpol, exponiendo sus argumentos.

Las alertas rojas vencen a los diez años y por lo tanto deberán ser votadas otra vez por la asamblea de Interpol el año próximo. En 2006, el principal lobbista para establecerlas fue Estados Unidos, y en aquella época tanto el gobierno de CFK como el fiscal Alberto Nisman, con la ayuda norteamericana, consiguieron que la asamblea de Interpol en Marruecos aprobara las alertas rojas por 78 votos a favor. Países como Brasil se abstuvieron y otros –más de 50– se ausentaron.

Irán ahora argumentará que Argentina rompió el acuerdo y habrá que ver qué se vota el año próximo, con Estados Unidos y los países desarrollados en un papel distinto al de hace diez años. Hoy, Washington tiene acuerdos firmados con Teherán.

Final

Por lo pronto, ayer la AMIA y la DAIA manifestaron su satisfacción por la movida del gobierno de Macri. “No nos alegra, pero sí nos reconforta –señaló Tomas Saieg, vicepresidente a cargo de la presidencia de AMIA–. Hemos luchado para que se entendiera que el Memorándum era inconstitucional y esto llega a su fin. No podemos estar alegres, porque todavía las 85 víctimas y la comunidad judía están esperando que los responsables intelectuales y materiales comparezcan ante la Justicia por el peor atentado que sufriera la Argentina.” “Esta es una noticia excelente para la DAIA, para la comunidad judía y para toda la comunidad argentina”, celebró el presidente saliente de la DAIA, Julio Schlosser. En la Casa Rosada, tras el encuentro con Macri, también Sergio Massa mencionó que el tema fue tratado: “Hemos charlado con el Presidente para que se avance rápido en la derogación del Memorándum”.

Si finalmente la inconstitucionalidad del acuerdo queda firme, la causa AMIA seguramente se mantendrá en el lugar que estuvo en estos 21 años y en el que también estuvo en los casi tres años transcurridos desde la firma del texto. La Argentina reclamando porque Irán no colabora con la Justicia e Irán sosteniendo que la causa judicial fue un armado de los servicios de inteligencia norteamericanos, israelíes y argentinos.