acceso limitado a centros turísticos de cayería norte

Por Daniel Benítez

El libre acceso a las playas e instalaciones turísticas de la Cayería Norte de Cuba está bajo la lupa de la población en un país donde los cambios económicos están cada día más potenciando preguntas difíciles -y en voz alta- sobre derechos ciudadanos.

Las playas ubicadas en los cayos del norte de la provincia de Ciego Ávila, en la zona de Morón, se han convertido en un sitio de restringido acceso para los cubanos residentes en la Isla, quienes necesitan una autorización de funcionarios políticos o gubernamentales para llegar a ellas o “comprar” su acceso  por tres pesos convertibles (CUC).

La medida no es aplicable a extranjeros y otros cubanos residentes en el exterior, quienes pueden pasar libremente tan solo con mostrar su documentación en un punto de control y ventas de la empresa Cubana de Turismo (CUBATUR) en el municipio de Morón.

Allí, en la propia puerta de entrada a los Cayos, se vende un voucher que permite al cliente un consumo mínimo de dos CUC y el tercero funciona como la llave para continuar un feliz viaje. O al menos así parecer ser, porque quienes no compran este vale o no vienen del exterior, ven como ahí terminan sus deseos de un día en la playa.

Carta de autorización

La otra alternativa es una carta de autorización las cuales pueden ser firmadas tan solo por ocho personas: el Primer Secretario del Partido en la Provincia,  el Presidente o Vicepresidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, el Jefe del Ministerio del Interior en la provincia o el designado en los Cayos, o el Primer Secretario del Partido en Morón junto al Presidente o Vicepresidente del Gobierno de esa localidad.

Un verdadero entramado burocrático que ha llamado la atención del semanario Invasor, que un extenso reportaje ha citado las penurias de quienes intentan un día de playa.

En uno de los casos reflejados una mujer intentó -en enero y luego en mayo- solicitar el permiso para cruzar con su carta y así evitar el pago de los 3 CUC. Su pedido fue denegado por una recepcionista del Gobierno Provincial aludiendo a que esas cartas solo se otorgan en verano.

Aunque al parecer quien no pertenece a algún organismo la tiene un poco más difícil porque en ese documento se coloca el nombre del solicitante, la fecha del viaje, la matricula del vehículo, la cantidad de personas y organismo para el cual trabaja.

En declaraciones al periódico provincial, la vicepresidente del Gobierno Provincial, Nohemí Iglesias, alega que se limita el acceso a la cayería por el nivel de construcciones además de no estar concebida la entrada masiva fuera de los meses de julio y agosto. Lo llamativo es que solo se limita o se pone precio a la entrada de los nacionales, no a quienes llegan del exterior.

Por “indicaciones del país”

Iglesias dice que esas son “indicaciones del país”, pero la oficina adscrita al Consejo de Estado, que rige los cayos, desde Villa Clara hasta Camagüey, niega cualquier orientación y asegura que las normas para acceder a los cayos son definidas por sus respectivos gobiernos.

Aunque constitucionalmente todos los cubanos tienen derecho sin restricciones a las playas,que son de carácter público, la entrada a esta cayeria está regulada por la Resolución 113 de marzo de 2014, la cual permite el cobro de los 3.00 CUC o 75 pesos cubanos al cambio actual.

La Delegada del Turismo en esa provincia, Iyolexis Correa, dice que la compra es opcional. “No hay nada escrito que diga que para entrar a las playas hay que comprarle un voucher al MINTUR”, asegura la fuincionaria.

Pero el semanario señala que diariamente entre 10 a 20 personas son impedidas de continuar el viaje si no portan el permiso y no quieren pagar lo que supuestamente es “opcional”.

Aunque se encuentra en proceso de estudio un manuscrito titulado “El reglamento de las medidas para garantizar el control del acceso a la Cayería Norte”, de momento se continúan violando los derechos de quienes se ve obligados a pedir una autorización o sufragar por el ingreso.

La fiscal jefa del Departamento de protección de los Derechos Ciudadanos de la Fiscalía Provincial, Neisa García, en un programa de televisión local reconoció que nadie había acudido hasta sus oficinas a formular una queja por dicha violación.