Suelo guardar articulos viejos de ciertos diarios para reflexionar después cuando me parecen interesantes.
Releyendo algunos, encontré este del año 2013 del diario "La Nación", escrito por Tomás Linn, a propósito de la intención del gobierno de entonces de democratizar la justicia.
Si no fuera porque leído con los acontecimientos de hoy, queda totalmente desvirtuado, ya que de acuerdo a este texto, debería este periódico, estar alzando la voz gargante partida.....hubiera sido creible....
Critican a 678 por hacer propaganda política a favor de una ideología?....me pregunto y esto que sigue qué es? ya que este "periódico" parece borrar fácilmente lo que escribe con la mano.
Nada dicen hoy de la independencia del poder judicial avasallada y puesta de rodillas, frente al emperador representante de sus propios intereses...en fin, en todas partes se cuecen habas...
La garantía del ciudadano frente a los abusos del poder
Prometer la "democratización" de la Justicia es , así enunciado, una idea seductora. Pero esa fascinación apenas dura un instante, no sólo porque los detalles de una propuesta de este tipo terminan alarmando, sino porque el concepto en sí es contradictorio y peligroso.
Hace dos siglos y medio, algunos de los más lúcidos pensadores y constitucionalistas de la época llegaron a una clara y simple conclusión, que se convirtió en el pilar de las constituciones democráticas modernas en todo el mundo.
Para asegurarse de que un país de veras sea democrático, resolvieron que uno de los tres poderes debía ser menos democrático que los demás, entendido este término como un gobierno elegido por el pueblo a través de la expresión de la mayoría de sus votantes.
Sabían que de las mayorías se encargaría el Ejecutivo y que ellas estarían bien representadas en el Parlamento. Pero alguien debía hacerse cargo de proteger los derechos y las libertades de las minorías; incluso de ese único y solitario ciudadano que tal vez crea que un pequeño derecho suyo ha sido pisoteado por un decreto presidencial o una ley aprobada en el Parlamento.
Para escucharlo, entenderlo y -si se diera el caso- darle la razón, está el Poder Judicial y existen los jueces. Si quieren hacer bien su trabajo, ellos no pueden responder a lo que determinan las mayorías electorales, siempre circunstanciales, sino que les corresponde afirmar la libertad y defender aquellos derechos que trascienden a los tiempos y están por encima de las mayorías.
Hay tal cosa como los legítimos intereses personales, las libertades que responden a los fueros íntimos de la gente, y ellos están por encima de los antojos de quienes ejercen el gobierno.
Así fue como se creó ese tercer poder, encabezado por la Suprema Corte de Justicia, cuyos miembros son designados por mecanismos que varían según cada país, pero que necesitan la aprobación de los órganos representativos (que por lo general requieren alguna mayoría especial para designarlos) y que deben durar en el cargo más tiempo que los períodos normales de un gobierno.
Asimismo diseñaron mecanismos que también varían según el país, pero que buscan despolitizar lo más posible las designaciones de los diferentes jueces (sería ingenuo suponer que eso se puede lograr de forma total) para que trabajen con la independencia y distancia necesarias para atender los reclamos personales de cada ciudadano por fuera de la coyuntura política y el fragor del momento.
Estos mecanismos, con sus virtudes y defectos, han pretendido ser la garantía última del ciudadano frente a los abusos de poder de los gobernantes de turno y a la tentación constante de someter a los ciudadanos en cuanto personas.
Son la confirmación de la teoría democrática de que, si bien la mayoría vota a un gobierno, ésta nunca puede arrasar ni aplastar ni acallar a la minoría, y de que nadie, por elegido que sea, concentra todo el poder.
Por eso, pretender "democratizar" la Justicia es liquidar la democracia misma de un país. Es un contrasentido.
Recuerdo a la "dantesca" Carrió acompañando este coro de oportunistas de la hora, la misma que hoy avala las injusticias más perversas...en perjuicio de la ciudadanía que hasta ayer intentaba manipular...
Otra más rayana en el espanto , también del año 2013
El dólar blue cierra el año en $10
El dólar oficial cerró en $6,45 con un alza de 31% en el año
LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2013 • 20:06
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El dólar blue podría cerrar el año cerca de los 10 pesos en la última jornada financiera del 2013, ya que mañana habrá asueto bancario. El paralelo baja un centavo respecto del cierre del viernes pasado y cotiza a $10 en el mercado informal de la city porteña. En tanto, la divisa que regula el Banco Central registra una suba de tres centavos y se ubica en $ 6,52 en la punta vendedora.
"El tipo de cambio informal escaló 47% en todo el 2013. El oficial, 30,8%"
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La Argentina pagará hoy 901 millones de dólares por vencimientos de la deuda reestructurada, importación de gas de Bolivia y pagos a organismos multilaterales de crédito, por lo que las reservas del Banco Central (BCRA) quedarán por debajo de los 30.300 millones de dólares.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, informó esta mañana que se pagarán 527 millones de dólares por vencimientos correspondientes a los bonos de descuentos, uno de los títulos con que se reestructuró la deuda defaulteada, alrededor de 300 millones de dólares a Bolivia por la importación de gas de ese país y 74 millones de dólares a organismos internacionales, según consignó la agencia DyN.
Durante su habitual conferencia matutina, Capitanich informó que, con estos pagos, las reservas del BCRA quedarán en "casi 30.300 millones de dólares" y señaló que "el saldo neto del volumen de reservas para este mes va a ser superior a los 30 mil millones de dólares".
El funcionario sostuvo que "la Argentina hará hoy el pago de 527 millones de dólares para los bonos de descuento en el marco de la reestructuración de la deuda"
MONTEVIDEO.- Hace más de una década, un jerarca del gobierno uruguayo, que ni siquiera era ministro, generó un gran revuelo por cuestionar un fallo de la Suprema Corte de Justicia que afectaba la repartición que él dirigía. "Doy mi opinión como cualquier ciudadano lo haría", se defendió ante el furor desatado. Debió recordársele que si bien la Corte podía ser cuestionada por la gente (aunque no desacatada), a él no se le reconocía la misma libertad. Por provenir de alguien investido de un cargo, su opinión fue vista como una presión indebida de un poder sobre otro.
Poco antes de terminar su mandato, en marzo pasado, el entonces presidente uruguayo José Mujica se despachó contra la Suprema Corte. Lo enojaban algunos reclamos económicos y más que nada cuestionaba algunas sentencias de inconstitucionalidad a varias leyes aprobadas por la bancada oficialista. En esta oportunidad la reacción popular fue más moderada. Diez años después, menos gente consideró que con su opinión el presidente estaba ejerciendo una presión indebida.
Si bien grave, lo de Mujica fue un pecado menor comparado con lo que viene pasando desde hace rato en la Argentina y que se agudizó con el caso Fayt. Pero iba en la misma línea. Aún peor es lo que sucede en Venezuela, con una Corte dócil al poder del mandamás.
Lo que no se entiende, o no se quiere entender, es que todos los integrantes de la Corte, y en especial Ricardo Lorenzetti, que preside la Corte argentina, así como Jorge Chediak, que hace lo mismo en la Corte uruguaya, son pares del presidente de la república. Son sus iguales en la medida en que unos y otros son titulares de su correspondiente poder.
Dadas las características del rol presidencial, encargado de administrar un país, gestionar el Estado, tomar decisiones y vigilar que éstas se cumplan, su perfil ejecutivo es muy fuerte. Pero eso no quiere decir que un presidente, por elegido que sea, reúna la suma de poderes. Tiene potestades diferentes, pero no mayores que las del Congreso o la Corte Suprema.
La esencia de la democracia constitucional moderna es que el poder esté diluido, repartido, vigilado y equilibrado. Un presidente no puede darle órdenes a la Corte Suprema de Justicia, no puede mandonear a sus integrantes como si éstos fueran sus subordinados. La presión puesta por la presidenta argentina y sus allegados se asemeja a un intento de sometimiento, como si realmente creyeran tener esa facultad. No la tienen y no les corresponde tenerla. Se podría pensar que Cristina Fernández, o su colega uruguayo, se saltearon alguna bolilla de la asignatura Educación Cívica en el secundario. Sin embargo, o ellos mismos son abogados o tienen quienes los asesoren.
Estas situaciones van de la mano con otros debates, como el de elegir por voto popular a los jueces de la Corte (la mal llamada "democratización de la Justicia"), para que cada gobierno tenga un Poder Judicial leal y fiel a sus cometidos. Sin embargo, una Corte no debe ser leal a partido alguno (menos aún a un gobierno), sino al ciudadano individualmente considerado, cuando cree que un derecho suyo fue afectado aun si queda en solitaria soledad frente al resto de la sociedad. Quien obtiene la mayoría gobierna. Asimismo, la correlación entre mayorías y minorías queda proporcionalmente reflejada en el Parlamento o el Congreso. Por eso es bueno que este otro poder, cuyos miembros son designados a veces por iniciativa del Ejecutivo (según cada país), pero siempre confirmados por mayorías especiales en el Legislativo, no sea un fiel espejo de la votación popular, sino un celoso custodio de los derechos individuales garantizados por la Constitución.
En la Argentina, en Uruguay, también en Venezuela y en otros países, se han dado largos períodos de gobiernos que cuentan con amplio respaldo en las cámaras. Eso facilita la tarea legislativa y permite una gestión expeditiva por parte del presidente. Pero disminuye la vigilancia que debe ejercer el Parlamento.
Para eso existe ese otro poder. Al contar con mayorías tan amplias y demasiado disciplinadas, los parlamentos se tornan laxos en la discusión de leyes y pasan por alto violaciones claras a la Constitución y a normas que afectan derechos reconocidos. También les es más fácil cometer otros excesos. Corresponde entonces a la Justicia dar equilibrio a las cosas.
En algunos países esa tarea se viene realizando relativamente bien, hasta el punto de irritar a sus presidentes. Por fortuna en Uruguay la cosa quedó en un enojo presidencial por parte de un Mujica que suele ventilar sin pudor sus fastidios como sus alegrías. Pero en la Argentina la actitud es más grave. Al Gobierno le molesta tanta independencia judicial. Para acallar fallos que no le sirven o que teme, lanzó esta ofensiva sorprendente por su intromisión descarada (y hasta cruel) en un terreno que no le corresponde.
En esa ofensiva, pasa la aplanadora y pone en riesgo la estabilidad de las instituciones democráticas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación le tomará juramento a los designados magistrados por decreto por Mauricio Macri,Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Así lo anunció hoy el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti.
"Los conocemos, son de mucho prestigio. Yo tengo una relación de muchos años con Rosenkrantz y con Rosatti igualmente hemos compartido muchos años de trabajo, los dos son bienvenidos", manifestó según informó la agencia DyN.
“Con referencia al procedimiento quiero decir muy claramente que nosotros como Corte no fuimos consultados ni debemos ser consultadosporque es un procedimiento que define el Presidente, no la Corte. No tenemos ninguna opinión que dar al respecto", expresó el funcionario judicial.
"Nosotros somos totalmente ajenos y no podemos opinar, porque además los jueces en este tipo de cuestiones no pueden opinar porque hay cuestiones muy importante para decidir", resumió el presidente del tribunal.
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