Uno de los argumentos que más utilizaron Mauricio Macri y sus principales candidatos en las últimas semanas es que las denuncias en su contra tenían un contenido electoral porque en ocho años de gestión en la ciudad de Buenos Aires nunca había recibido cuestionamientos. Sin embargo, en los hechos, el candidato presidencial de Cambiemos y jefe de Gobierno porteño acumula 214 denuncias en su contra desde que asumió, en 2007, la gestión al frente de la Ciudad de Buenos Aires hasta la actualidad.

Entre las acusaciones que pesan sobre el candidato presidencial de Cambiemos hay presentaciones que le adjudican la comisión de “estafa y asociación ilícita. abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos, y amenazas y abandono de personas”, según consigna un informe del portal El Destape.

La semana pasada, Macri resultó denunciado otra vez, en esta ocasión por la legisladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, quien considera que el titular del Ejecutivo porteño incurrió en “omisión maliciosa y falsedad ideológica” al presentar su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (AO). Cerruti sostiene que la documentación oficializada por Macri, en su condición de postulante presidencial, es distinta de la declaración jurada del ejercicio 2014 de su gestión en la Ciudad.

Macri sigue procesado en una causa por escuchas ilegales en la que está involucrado desde mayo de 2010 como integrante de una “una asociación ilícita” abocada a espiar a particulares. Por esta causa se encuentran al borde del juicio oral el ex espía y ex empleado del Ministerio de Educación de la Ciudad Gerardo Ciro James, el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski, el comisario Jorge “Fino” Palacios y su sucesor Osvaldo Chamorro. Palacios, quien fue designado por Macri para poner en funciones la Policía Metropolitana, es juzgado en la actualidad por el encubrimiento del atentado a la AMIA, ocurrido en julio de 1994.

En el informe se reseña que tanto Macri como la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, y el responsable de prensa del Ejecutivo porteño, Miguel de Godoy, se encuentran denunciados por “lavado de activos, peculado y falsificación de documentos” por Carlos Valenzuela, titular del Canal 4 de Posadas. Valenzuela ratificó ante la fiscalía federal 1 de Posadas que su emisora no recibió dinero por parte del Gobierno de la Ciudad, tal como surge de los documentos de la propia administración.

En tanto que en el Juzgado de Instrucción Nº 18, se tramita una causa en la cual se investiga al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, por contrataciones por parte de la cartera que dirige con una consultora.

Otros de los integrantes del gabinete de Macri que están investigados por la Justicia son el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, y el director de la Fundación Ceppa, Matteo Goretti, por lavado de activos. Además en la fiscalía de instrucción 14 de Pablo Recchini se cursa una investigación contra Juan Pablo Piccardo, titular de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), por “administración fraudulenta, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la compra de 86 vagones del Subte de Buenos Aires al Metro de Madrid”.

Otro caso es el del candidato a intendente de Morón por el PRO, director asociado de la consulta Poliarquía y esposo de Vidal, Ramiro Tagliaferro. Esa consultora fue contratada por el Gobierno de la Ciudad, lo que resultaría incompatible por tener en su directorio al marido de la vicejefa porteña. Todos estos casos se suman además a las imputaciones que pesan sobre el periodista Fernando Niembro por contrataciones irregulares que su productora, La Usina, efectuó con la Ciudad por un monto de $ 21 millones. Las repercusiones de este caso y sus derivaciones judiciales, determinaron que el periodista deportivo resignara la candidatura a diputado nacional por el PRO en la provincia de Buenos Aires.

Fallo de la Justicia contra Moyano y Sindicato de Camioneros • Justicia Condena a Moyano y Sindicato de Camioneros a indemnizar a sobreviviente de intentos de asesinato de la Triple A

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n°46, Causa 49153 / 11 a cargo del Juez Eduardo Alejandro Caruso condenó al Sindicato de Camioneros, dirigido por Hugo Moyano y a uno de sus más altos dirigentes a pagar una indemnización de $40.000 más intereses, más honorarios de los abogados de la parte querellante, al investigador de los crímenes de la Triple A y querellante de dicha causa, Carlos Petroni.

Petroni, un sobreviviente de tres ataques armados de la organización terrorista de estado Triple A en 1974, denunció en tribunales federales de Buenos Aires y Mar del Plata que el actual dirigente de la CGT opositora, Hugo Moyano ¨mantenía y mantiene estrechos lazos y relaciones políticas, sindicales y económicas con altos jefes operativos de la Triple A¨ que fueron abogados, candidatos, funcionarios y socios políticos en la represión ilegal de los 70 del dirigente camionero en la ciudad de Mar del Plata. Presentó para ello pruebas instrumentales y testimonios irrebatibles.

EL PAIS › LOS MEDIOS EN QUE PAUTO EL GOBIERNO DE MACRI RECIBIERON EL 8 POR CIENTO DE LO INFORMADO POR LA CIUDAD

El agujero negro de la publicidad porteña

Sólo en 2014, los fondos que no se sabe quién cobró superan los 12 millones de pesos. Ya son al menos 82 los medios de comunicación que detectaron irregularidades en la administración de la pauta publicitaria del Gobierno de la Ciudad.

Por Werner Pertot

Al menos 82 medios encontraron irregularidades en el manejo de la pauta publicitaria porteña. Además de Radio Ahijuna, de Bernal, al menos otra radio presentó una denuncia penal ante un juzgado federal. Por la denuncia de Ahijuna ya existe una investigación en curso, por la que el juez Marcelo Martínez de Giorgi pidió informes a la gestión PRO. El número de medios surge de un relevamiento que hizo el legislador porteño Fernando Muñoz. Sólo en 2014, el dinero que no se sabe a dónde fue supera los 12 millones de pesos. Las radios recibieron sólo el 8 por ciento de lo informado públicamente por la Ciudad. “Le están haciendo una transferencia millonaria a un sector privado, los bolseros, que maneja los recursos públicos sin control –sostuvo Muñoz–. El círculo cierra ahora que sabemos que los bolseros que distribuyen la pauta aparecen vinculados con los fondos de la campaña de Cambiemos.”

Como informó este diario, todo comenzó cuando Radio Ahijuna, de Bernal, encontró una diferencia entre el dinero que había facturado (35 mil pesos) y lo que publicaba el gobierno porteño en su página web Buenos Aires Data (618 mil pesos). La radio cortó la pauta publicitaria –que recibía a través de una serie de intermediarios, conocidos como “bolseros”– y presentó una denuncia penal contra los secretarios de Comunicación Social, Pablo Gaytán, y de Medios, Miguel de Godoy. En un primer momento, otras seis radios denunciaron diferencias entre el dinero que habían recibido y lo que publicaba el gobierno de Mauricio Macri. En algunos casos, no habían cobrado nada y, sin embargo, figuraban en la página web.

A la semana, ya eran catorce las radios que denunciaban diferencias significativas, que superan con creces lo que podría ser una comisión de los intermediarios. El faltante llegaba casi a nueve millones de pesos. El fiscal Federico Delgado impulsó la acción penal y remarcó que “los fondos fueron falsamente consignados como pauta publicitaria, cuando en realidad fueron llamativa y burdamente desviados”. “Lo esencial será develar el destino de esos fondos millonarios”, sostuvo el fiscal. El juez Marcelo Martínez de Giorgi resolvió pedir los expedientes de la pauta publicitaria al gobierno porteño.

Ante la denuncia, el macrismo ensayó distintas explicaciones. Primero, Macri dijo que se trataba de un “error de carga” en la página web. Cuando esta versión naufragó, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que era un problema de los intermediarios. Este diario confirmó que los socios de una de las consultoras intermediarias están entre los máximos aportante de la campaña de Cambiemos. Se trata de la firma Reale-Dalla Torre Consultores, acusada por dos radios de La Pampa de haberles asignado pauta del gobierno porteño por montos inferiores a los que figuran en la web oficial de la ciudad. Las radios eran FM Del Sol, de Macachín (facturó 33 mil pesos y aparece con 63 mil), y LU 37, de General Pico (figura con 161 mil, cobró 25 mil). De acuerdo con la información que consta en la Cámara Nacional Electoral, los dueños de Reale-Dalla Torre aportaron a la campaña de Cambiemos 95 mil pesos cada uno. También lo hicieron, por otros montos, otros directores de la consultora.

Nadie pudo justificar la relación entre los bolseros y los aportes de Cambiemos. A medida que pasa el tiempo, cada vez aparecen más medios. El alcance de la maniobra crece.

82 medios

El equipo de Muñoz hizo un relevamiento sobre los medios que recibieron pauta del gobierno porteño y encontró que hay irregularidades en cuatro canales de televisión, cinco sitios web, trece diarios y sesenta radios. En 2014, según la página Buenos Aires Data, esos medios recibieron más de 13 millones pesos, cuando la pauta real que llegó a los medios fue de poco más de un millón: menos del 8 por ciento. El otro 92 por ciento representa un faltante de más de 12 millones de pesos que la gestión PRO, hasta el momento, no pudo explicar a dónde fue a parar.

El legislador advirtió que las radios figuran en forma desordenada en los listados de la ciudad, muchas veces escritas de tres o cuatro formas distintas (con mayúscula, con minúscula). “El desorden de información que hay en la página del gobierno dificulta la investigación”, advirtió.

Algunos de los medios que pudo encontrar Muñoz son los siguientes:

- Diarios: Todo Noticias, de Lincoln (en 2014, recibió 25 mil pesos, pero figura con 227.482); El Informe, de Venado Tuerto (cobró 67.200 pesos, aparece con 131.929); El Libertador, de Corrientes (según la gestión PRO, pautaron 111.513, el medio informó a Muñoz que no cobró un peso); El Tiempo, de 9 de Julio (en la web porteña: 87.686, real: 48 mil); La Unión, de Lomas de Zamora (según la gestión PRO, 62.950; indicaron a Muñoz que no vieron un peso), entre otros.

- Canales: además del Canal 4 de Posadas, que ya presentó una denuncia penal, otros medios que informaron diferencias al equipo de Muñoz son el Canal 4 de San Juan (recibió 78.600 pesos, pero figura con 190.182 pesos); Canal 4 de Gualeguaychú (aparece con 110.672 pesos) y Canal 5 de San Juan (165.266 pesos), los últimos dos aseguraron a Muñoz no haber recibido pauta del gobierno porteño.

- Radios y más radios: entre las radios nuevas que denuncian irregularidades se cuentan FM La Roca y FM Fantástica de Comodoro Rivadavia (las dos con la misma cifra hasta los centavos: 149.662,27). El director de esta última, Hugo Alberto Campagnoli, indicó: “Nosotros no cobramos nada. No llamó nadie y nadie pautó en nada. Hice la denuncia ante la fiscalía federal de Comodoro Rivadavia”. Otra radio es FM Cadena 103, de Olavarría, que figura con 104.869 pesos en la web porteña y no recibió un centavo. Su dueño, Javier Disalvo, dijo a este diario: “Estoy mandando una carta documento al gobierno porteño y otra a la AFIP. No he facturado ese monto. Me siento estafado. Para mí, es plata para la campaña”. Ahora le ofrecen pagarle 1100 pesos. En tanto, FM Fénix cobró 600 pesos por mes durante un año, pero en la web porteña figura con 253.351 pesos. “Si hubiera recibido toda esa plata, estaría en Miami”, bromeó Santiago Galvano, dueño de la radio. En tanto, FM 99.3 Alternativa, de San Luis, que aparecía con 61.296 pesos, no recibió pauta. Según contaron a este diario, los contactó la agencia Reale-Dalla Torre que les ofreció pauta por 2500 pesos y nunca les pagó. Tampoco recibieron nada ni pasaron spots en FM Welcome, de Temperley, pero aparecen con 258.963 pesos en 2014.

En muchas de las radios se repite precisamente la misma cifra: por ejemplo, Ahijuna figura en 2014 con 258.953,89 pesos. El mismo número exacto aparece en otras nueve radios (ninguna recibió una cifra cercana a ese monto). Otras trece radios “recibieron” exactamente 241.098,96 pesos (ninguna cobró más de 30 mil pesos). “Es increíble que hayan utilizado medios comunitarios para fundar una maniobra de desviación de dinero público”, afirmó Muñoz.

Primero, Macri habló de un “error de carga” en la web oficial. Luego, Rodríguez Larreta dijo que era un problema de los intermediarios.

PAIS › DENUNCIARON QUE LUIS MAJUL RECIBIO 14 MILLONES DE PESOS DEL GOBIERNO PORTEñO

El esquema Niembro para hacer negocios

Según se dio a conocer, Mauricio Macri benefició a la productora La Cornisa con 324 contrataciones. En algunos casos la empresa de Majul fue contratada para hacer tareas que no figuran como parte de sus actividades, como producción de eventos y reparto de volantes.

El periodista Luis Majul recibió de parte del Gobierno de la Ciudad casi 14 millones de pesos en concepto de publicidad y a través de contrataciones directas entre 2008 y 2015, período durante el cual el presidente Mauricio Macri estuvo a cargo del Ejecutivo porteño. Entre 2008 y 2015, La Cornisa Producciones SA, productora de TV de Majul, fue beneficiada con 324 contrataciones en distintos rubros por la administración de Macri, por un monto total de 13.877.524 pesos. De los 324 contratos, 46 fueron efectivizados mediante el decreto 556/10, idéntica metodología a la que la administración PRO usó para transferirle más de 20 millones a La Usina SA, propiedad del ex candidato a diputado nacional Fernando Niembro. Además de compartir profesión y métodos de facturación, Niembro y Majul coincidieron en aceptar fondos de la gestión macrista para realizar tareas para las cuales sus empresas no fueron creadas. En el caso de Majul, Macri le otorgó en tres ocasiones 605 mil pesos a cambio del “servicio de producción para organización de evento”, y en otras nueve oportunidades Majul le facturó entre 8 mil y 99 mil pesos por su “servicio de distribución de folletería para promoción”.

Durante este año, La Cornisa le facturó al gobierno porteño 2.494.677 pesos. Casi la mitad de ese monto salió de las arcas de Ciudad bajo la modalidad de contratación directa “por imprescindible necesidad” establecido en el decreto 556/2010, según denunció ayer la periodista Cynthia García en base a documentación revelada por la Auditoría General de la Ciudad. El mismo mecanismo se usó en el caso Niembro y en la adjudicación de obras de reparación de veredas por la cual el actual ministro de Espacio Público, Eduardo Machiavelli, fue denunciado penalmente. La productora de Majul se benefició de dos licitaciones directas durante 2015, una en marzo y otra en abril, en plena campaña por la sucesión de Macri en la jefatura de gobierno.

El resto de la facturación total de 14 millones se completa con 2.550.232 pesos en 2014, 3.397.027 en 2013, 3.089.910 en 2012, 1.151.187 en 2011, 565.169 en 2010, 414.201 en 2009 y 215.117 en 2008. Esos montos fueron a cambio de diversos servicios que la productora de Majul brindó a lo largo de los dos primeros períodos de gobierno del PRO en la Ciudad de Buenos Aires –en su mayoría en concepto de publicidad– a los ministerios de Modernización, Cultura, Educación, Desarrollo Social y Desarrollo Económico, a la Subsecretaría de Transporte y a la Secretaría de Comunicación Social. También figura en el listado la Jefatura de Gabinete de Ministros, por entonces a cargo del actual jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Hay dos contrataciones, por 150 mil pesos cada una, que no tienen adjudicada ninguna contraprestación ni figuran bajo la órbita de ninguna dependencia del Gobierno.

Otra de las aristas de la denuncia son las nueve facturas que Majul presentó ante la Subsecretaría de Transporte, que manejaba Guillermo Dietrich, devenido en ministro de Transporte de Nación. La Cornisa realizó durante 2013 tareas de reparto de volantes para esa subsecretaría, por montos que varían según cada factura y que completan un total de 932 mil pesos. Según consta en la página web de La Cornisa, ni la organización de eventos ni el reparto de volantes en la vía pública figuran como parte de sus actividades.

“Tiene algo de Mandela”, le dedicó hace poco Majul al Presidente. El elogio fue reproducido por Cynthia García durante la presentación de la denuncia en Radio Nacional, para denotar la contraparte en el intercambio de favores. Más tarde, Majul se descargó a través de su programa de radio y la llamó “Yiya Murano, la envenenadora”, y alegó que la denuncia se trató de una operación de la ex presidenta. En su defensa, Majul se ufanó de no necesitar la plata por ser él mismo “uno de los autores vivos que más libros lleva vendidos”.

García también recordó la postura del dueño de La Cornisa cuando las denuncias de corrupción alrededor de Niembro salpicaban a Cambiemos. “Hace ruido que La Usina fuera contratada para hacer encuestas cuando nunca (antes) lo había hecho”, había dicho Majul.

Majul dijo no necesitar la plata porque tiene muchos libros vendidos.

ONOMIA › MACRI DESIGNO COMO FUNCIONARIOS A DECENAS DE EJECUTIVOS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL PAIS

El país atendido por sus propios dueños

En apenas veinte días, desembarcaron en ministerios y secretarías ex gerentes de Shell, Techint, General Motors, HSBC, Telecom, Grupo Clarín, LAN, Banco Galicia, Pan American Energy, JP Morgan, Citibank, Telefónica, Coca-Cola, Deutsche Bank, Farmacity y Axion, entre otras empresas.

Por Fernando Krakowiak

En apenas veinte días, decenas de ejecutivos de las principales empresas del país desembarcaron en los ministerios y secretarías del Estado nacional, pero ya no para llevar adelante sus actividades habituales de lobby sino para hacerse cargo de la gestión pública. El presidente Mauricio Macri designó como integrantes de su gobierno a ex gerentes de Shell, Techint, General Motors, HSBC, Telecom, Grupo Clarín, LAN, Banco Galicia, Pan American Energy, JP Morgan, Citibank, Telefónica, Coca-Cola, Deutsche Bank, Farmacity y Axion, entre otras empresas. Algunos de los flamantes funcionarios trabajaron en esas multinacionales hasta hace pocos días y otros consolidaron su carrera profesional allí y luego pasaron a desempeñarse en otras organizaciones, de donde ahora fueron reclutados por “cazadores de talentos”, como Egon Zehnder y Stigol & Moore. La mayoría no tiene experiencia en la administración pública, pero se sintieron interpelados por un gobierno que se presenta como amigo de los mercados y reivindica la supuesta eficiencia del sector privado como modelo a seguir. Página/12 detalla quienes son los principales ejecutivos que decidieron pasar del otro lado del mostrador. La lista es apenas una muestra de lo que viene porque el libro de pases sigue abierto.

n Jefatura de Gabinete. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, designó como secretario de Coordinación de Políticas Públicas a Gustavo Lopetegui, CEO de la Aerolínea chilena Lan desde 2009 y fundador de la desaparecida cadena de supermercados Eki. También se sumó Mario Quintana como secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete. Este abogado dirigió hasta su asunción el Grupo Pegasus, controlante de Farmacity, Freddo y Tortugas Open Mall, entre otras firmas. Quintana llevó como subsecretaria de Evaluación de Proyectos con Financiamiento Externo a Natalia Zang, ex directora de Finanzas de Farmacity, quien también fue vicepresidenta de Pegasus, CEO de Jazmín Chebar, CEO de Grupo Monarca y directora de la minera Austral Gold. Como subsecretario de Relaciones Institucionales de la secretaría de Asuntos Estratégicos asumió Matías García Oliver, ex director de Asuntos Públicos de Directv. Otro que se ubicó en la jefatura de Gabinete fue Rosendo Grobocopatel, hijo de Gustavo Grobocopatel, presidente de Los Grobo, quien es uno de los flamantes asesores de Marcos Peña.

n Ministerio de Energía y Minería. El ministerio está encabezado por Juan José Aranguren, quien dejó su cargo de presidente de Shell el pasado 30 de junio luego de haberse desempeñado 37 años en la petrolera angloholandesa. Además, a su equipo se sumaron otros ejecutivos que venían desempeñándose en las petroleras a las cuales ahora deberán regular. El secretario de Recursos Hidrocarburíferos es José Luis Sureda, quien desde 1999 se desempeñó como vicepresidente de Ventas de Gas Natural de Pan American Energy (PAE), la firma que controlan los hermanos Carlos y Alejandro Bulgheroni en sociedad con los chinos de Cnooc. Como secretario de Planeamiento Estratégico asumió Daniel Redondo, un ingeniero químico que desarrolló gran parte de su carrera profesional en Exxon Mobil, en las filiales de Argentina y El Salvador, donde llegó a ser CEO y presidente de la subsidiaria Esso Standard, y en cargos regionales con responsabilidad sobre América latina y el Caribe. También se sumó Sebastián Kind como subsecretario de Energías Renovables, un ingeniero mecánico que trabajó como especialista en energía eólica en British Petroleum, fue jefe de Energías Alternativas de PAE y presidente de la firma ítalo-argentina Aires Renewables SA. A su vez, al frente de la Subsecretaría de Refinación y Comercialización está Pablo Popik, un ingeniero químico recibido en el ITBA que trabajó un año en Repsol-YPF entre 1998 y 1999 y luego pasó a Exxon donde desempeñó diversos cargos en Argentina, Sudamérica e incluso Estados Unidos hasta septiembre de 2012. Los últimos tres años estuvo en la petrolera Axion. La petrolera estatal Enarsa, creada por Néstor Kirchner, está conducida ahora por Hugo Balboa, quien hasta el mes pasado era director del proyecto de expansión de Axion y antes ocupó diversos cargos gerenciales en Shell, Pecom Energía y Sociedad Comercial del Plata.

En los entes reguladores del sector energético, también desembarcaron gerentes del sector privado. Macri eligió como presidente de Enargas a David José Tezanos, presidente de Metrogas y director de Gas de YPF, un técnico eléctrico, que anteriormente trabajó en Wintershall Energía, Total Austral y TGS. En la presidencia del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) estará Juan Garade, un contador público socio en Management Consultants, quien antes de sumarse a esa consultora trabajó casi once años como director de Planificación, Control y Regulación de Edesur (marzo 2001-mayo 2012) y antes de eso fue gerente de Planificación Económica de Edenor (octubre 1992-marzo 1998). A su vez, como director del ENRE irá Ricardo Sericano, quien trabajó en cargos gerenciales de Edenor desde septiembre de 1992 hasta agosto de 2010 para luego sumarse a la consultora RHS.

n Petrolera YPF. La petrolera YPF renovó su directorio y una de las principales incorporaciones fue la de Miguel Ángel Gutiérrez. Este ejecutivo se desempeñó entre 1980 y 2001 en el banco estadounidense JP Morgan donde llegó a ser director general de Mercados Emergentes Globales. Fue CEO de Telefónica de Argentina entre noviembre de 2001 y junio de 2003, fecha en la que pasó a desempeñarse como Consejero Delegado de Telefónica Internacional. De marzo 2005 a Noviembre 2011 fue Consejero y miembro del Comité de Auditoría de Telefónica Sao Paulo (Telesp). En la actualidad es miembro del Consejo Asesor de Telefónica para Latinoamérica, y Consejero y Presidente del Comité de Auditoría y Control de la española Abertis Infraestructuras, entre otras empresas. También es socio fundador de The Rohatyn Group, un fondo de inversión para mercados emergentes creado en Estados Unidos en 2003. Otro de los directores que se incorporó a YPF es Carlos Felices, quien ya había trabajado en la compañía como CEO financiero entre 1994 y 2002, cuando la empresa estaba controlada por la española Repsol. Entre julio de 2002 y abril de 2008 trabajó en Telecom Argentina donde llegó a ser presidente y CEO. Una vez que abandonó la firma controlada por los italianos fue vice chairman de Centro de Estudios Financieros hasta mayo de 2012, mientras que los últimos años se desempeñó como gerente general de President Energy (ex President Petroleum), una firma británica dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas en Sudamérica.

n Ministerio de Hacienda y Finanzas. Si bien hace más de diez años que se dedica a la política, el nuevo ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, hizo sus primeras armas en el sistema financiero como director del banco estadounidense JP Morgan, donde trabajó con Luis Caputo, a quien ahora designó secretario de Finanzas. Caputo trabajó en JP Morgan entre 1994 y 1997 y luego se incorporó a Deutsche Bank, donde estuvo hasta abril de 2008, llegando a ser presidente del banco en la Argentina. En los últimos años se venía desempeñando como presidente del fondo de inversión Axis. Al frente de la Comisión Nacional de Valores, una entidad autárquica dependiente del Ministerio de Finanzas, Prat Gay designó a Marcos Ayerra, otro hombre del mercado financiero. Si bien en los últimos años trabajó como director de Desa- rrollo Corporativo del grupo Biosidus, una firma argentina que produce biofármacos, el antecedente clave que lo catapultó al organismo regulador del mercado de capitales fue haber sido vicepresidente del Departamento de finanzas corporativas para América Latina de Chase Securities, un banco de inversión controlado por JP Morgan. Ayerra trabajó once años en el Chase, entre 1987 y 1998. Otra de las incorporaciones clave de la CNV es la de Rocío Balestra, una abogada que trabajó 14 años y medio en Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, un estudio que asesora a grandes compañías financieras locales e internacionales. Balestra también se de- sempeñó como abogada internacional del estudio neoyorquino Shearman and Sterling, que ahora podría ser contratado por Argentina para negociar con los buitres.

n Banco Central. Es otro de los organismos que reclutó varios ejecutivos del sector privado. Demian Reidel es uno de los nuevos directores de la entidad. Es un físico recibido en el Instituto Balseiro, con un master en matemática financiera en la Universidad de Chicago y un doctorado en Economía en Harvard. Comenzó su carrera profesional en el sector financiero en septiembre de 1998 en el área de investigación sobre mercados emergentes en JP Morgan. En marzo de 2001 pasó a Goldman Sachs, donde estuvo a cargo del área de estrategia de deuda externa en mercados emergentes. Fue cofundador de QFR, compañía de manejo de activos financieros basada en Nueva York, donde se desempeñó entre abril de 2007 y septiembre de 2012. Otro de los nuevos directores es Horacio Tomás Liendo (nieto), un abogado que inició su carrera en el estudio Marval, O’Farrell & Mairal, dedicado a defender a grandes empresas. Desde julio de 2007 trabajaba como responsable del departamento legal del banco Industrial and Commercial Bank of China. Como gerente general del Central asumió Mario Flores Vidal, quien se desempeñó como director para Sudamérica y como Head de M&A para América Latina en la agencia Thomson Reuters. El último de los refuerzos provenientes del sector privado fue Agustín Collazo, flamante subgerente de operaciones del banco, un licenciado en Economía egresado de la Universidad Torcuato Di Tella, con un MBA en la Universidad de Chicago, que se venía desempeñando como director gerente en la administración de derivados de índices accionarios internacionales de Morgan Stanley, New York.

n Banco Nación. El nuevo presidente de la entidad, Carlos Melconian, decidió convocar a varios profesionales del sector financiero. Uno de los ejecutivos más conocidos que se sumó al directorio es Luis Ribaya, quien venía desempeñándose como director del Banco Galicia y presidente del Mercado Abierto Electrónico. En las empresas vinculadas al grupo también sobresalen los hombres de la city. Al frente de Nación Servicios quedó Alejandro Nigro, un ejecutivo que comenzó su carrera en el Citibank, luego fue gerente general del HSBC y después se dedicó al asesoramiento de banca de inversión. Como director en la misma firma se incorporó Alejandro Cavallero, quien fue vicepresidente de Citibank entre 1987 y 2000 y gerente de canales alternativos del HSBC entre 2000 y 2002. En los últimos seis años trabajó como CEO de la firma Guía Local LLC. El presidente de Nación Seguros es Juan Horacio Sarquis, un economista recibido en la UCA que hizo toda su carrera en el Banco Galicia, donde desde 2009 se venía desempeñando como gerente de Banca Minorista. El Banco Nación también incorporó a Jorge Lawson, quien, si bien se venía desempeñando como ministro de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico de Córdoba, es un reconocido lobbysta del Grupo Arcor.

n Ministerio de Transporte. El ministro Guillermo Dietrich, hijo del dueño de una importante concesionaria de autos del mismo nombre, también incorporó a varios ejecutivos del sector privado. En Aerolíneas Argentinas asumirá Isela Constantini, ex CEO de General Motors. A su vez, el PRO contrató a Egon Zehnder, la multinacional “cazadora de talentos” dirigida en el país por Marcelo “Grillo” Grimoldi, para seleccionar otros cuadros gerenciales de la firma. En Intercargo, la empresa estatal que presta servicios en tierra a las aerolíneas, pusieron a Mario Agustín Dell’Acqua, ex director de Proyectos de Techint. A su vez, Marcelo Orfila, gerente general de Grupo Monarca entre 2011 y 2014, director de Aeropuertos Argentina 2000 entre 2000 y 2007 y gerente general de Alpargatas entre 1994 y 1997, asumió al frente de Operadora Ferroviaria, la sociedad estatal que gestiona los trenes urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires, los servicios regionales y de larga distancia. Orfila puso como vicepresidente a Diego Kyburg, quien durante los últimos dos años fue gerente de operaciones de Biomac y antes de desempeñó en Logyt Sudamericana, L’Oreal, Home Depot, Alpargatas y Casa Tía. A cargo de la sociedad Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) quedó Guillermo Fiad, un ingeniero de Fundación G-25, con pasado en Duke Energy, Shell, Metrogas y BankBoston.

n Otros organismos. La canciller Susana Malcorra viene de trabajar como jefa de Gabinete de la Organización para las Naciones Unidas, pero tiene una larga trayectoria en el sector corporativo como gerente de IBM y Telecom. El caso de Francisco Cabrera es similar, no es una flamante incorporación del sector privado porque se venía desempeñando como ministro de Desa- rrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, pero el nuevo ministro de Producción transitó la mayor parte de su vida profesional en el Grupo HSBC. Además, trabajó en Hewlett-Packard, en Máxima AFJP y en el diario La Nación. Como secretario de Coordinación del Ministerio de Desarrollo Social, virtual viceministro del área que conduce Carolina Stanley, asumió Gabriel Castelli, un economista ex director de Loma Negra, HSBC y Farmacity, que también fue director nacional de Caritas. La secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo quedó a cargo de Miguel Angel Punte, ex jefe de Recursos Humanos de Techint. En el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses que administra los recursos previsionales, Macri puso a Luis María Blaquier, un economista egresado de la UCA que trabajó 13 años como director Ejecutivo de Goldman Sachs. También fue director de Transportadora Gas del Sur, Arcor, Ledesma, empresa propiedad de su tío Carlos Blaquier, y Grupo Clarín, donde se venía desempeñando cuando lo convocaron. Al frente de la Dirección Nacional de Relaciones Institucionales del flamante Ministerio de Modernización quedó Guillermo Baistrocchi, ex vicepresidente de Relaciones Institucionales de PAE, quien también trabajó en AES, Correo Argentino y Socma.

En el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales designaron a Alejandro Cacetta, quien entre 2001 y 2006 fue gerente de negocios y finanzas de la división cine y publicidad de la productora Pol-ka y desde 2009 ocupa el mismo cargo en Patagonik Film Group, cuyos accionistas son Disney, Artear (Grupo Clarín) y Cinecolor. Como Director Nacional de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Vivienda y Hábitat asumirá Guillermo Casanova, ex director de Asuntos Corporativos y Legales de Coca-Cola-Femsa. También postularon a María Eugenia Talerico como vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF). Talerico fue integrante el estudio Fernández Alonso y Becar Varela & Richards entre 2006 y 2012. Desde entonces trabaja como profesional independiente en temas de lavado y fue la encargada de defender al banco HSBC justamente ante la UIF, organismo que combate el lavado de activos.

El listado de ejecutivos se replica aguas abajo porque la mayoría comenzó a traer gente de su confianza, también proveniente del sector privado. Además, todavía resta completar puestos clave en varios organismos como, por ejemplo, el flamante Ente Nacional de Comunicaciones anunciado el miércoles. El desembarco de gerentes en semejante magnitud es un fenómeno novedoso, al menos desde la vuelta de la democracia, y de impacto incierto en términos de gestión. Habrá que dejar pasar un tiempo para ver qué resulta de este nuevo Estado atendido, ya sin intermediarios, por las principales empresas del país.

fkrakowiak@pagina12.com.ar

De: alí-babá

Enviado: 05/01/2016 07:03

Procesan a Mauricio Macri por contrabando

Lo acusan de exportar autopartes a Uruguay y cobrar reembolsos para importarlas como autos armados

VIERNES 23 DE FEBRERO DE 2001

El presidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, fue procesado por el juez en lo penal económico Carlos Liporace por contrabando, al responsabilizarlo de cobrar reintegros por exportaciones e importaciones de autopartes de la empresa Sevel al Uruguay.

Su padre, Francisco Macri ya se encuentra procesado en esta causa y tiene un embargo de 4.900.000 pesos. El mismo embargo dispuso el juez para su hijo Mauricio.

Jorge Aguado, responsable de Relaciones Institucionales del grupo Socma, señaló que el procesamiento es "sólo un trámite procesal", como consecuencia de lo que había resuelto la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, en octubre pasado.

Macri, que anteanoche, cuando ya sabía del fallo dijo que pensaba alejarse de Boca y dedicarse a la política, podría llegar a perder la presidencia del club, pues el estatuto prevé que debe dejarla si resulta condenado.

El juez Liporace citó a Macri para ampliar su indagatoria para el miércoles 28 del actual.

La Justicia investiga exportaciones realizadas en 1993 por Sevel de Argentina a Sevel Uruguay, lo que le permitía cobrar reintegros por exportaciones. Pero, a su vez, esas piezas, eran ensambladas allí y luego importadas a la Argentina en forma de automóviles terminados.

De este modo, según el tribunal, Sevel cobraba reembolsos por exportaciones y realizaba las importaciones con un arancel diferencial del 2 por ciento. Además, según el fallo, se beneficiaba con el sistema de importación compensada a partir de los automotores exportados.

La investigación se centró en exportaciones realizadas en 1993 y, tras comparar números de chasis y de motor de 1300 vehículos, se determinó que las mismas partes que salían de la Argentina a su vez eran reingresadas en el país, luego de ser compradas y vendidas por Sevel Uruguay y Drago SA, supuestamente controlada por Sevel, según fuentes judiciales.

Un cálculo aproximado realizado por los investigadores concluyó que el monto de lo percibido como reintegro asciende a unos 7.000.000 de pesos.

La investigación que comandó la fiscal María Gabriela Ruiz Morales permitió establecer que mediante esta operatoria, sólo en 1993 se habrían evadido unos 14 millones de pesos. Pero los investigadores creen que esta práctica se mantuvo hasta 1995.

El suspendido juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia había procesado a Francisco Macri y declaro la falta de mérito de Mauricio, pero en octubre último, la Cámara en lo Penal Económico confirmó el procesamiento del padre y revocó el de su hijo.

Ahora Liporace, a instancias de los integrantes de la Sala B de la Cámara, lo procesó por el delito de contrabando agravado que prevé una pena de entre 2 y 10 años de prisión.

La Aduana era querellante en este expediente hasta el fallo del tribunal de alzada.

Descargo de Socma

Tras la ampliación de indagatoria, y estudiar si accede a realizar algunas pruebas pedidas por Macri, Liporace decidirá si eleva a juicio la causa, con lo que el proceso podría tener lugar recién después de mediados de 2001.

Macri, a través del vicepresidente de Socma, Jorge Aguado destacó tras el fallo que Macri ya había sido sobreseído por la Cámara en loPenal Económico en cuatro hechos que se le imputan en la misma causa.

La empresa insistió en que todas las operaciones fueron realizadas con conocimiento de la Aduana y autorizadas por ella, previa consulta.

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Sospechoso. El criminal que fue usado para una operación electoral se fuga cuando gana la fuerza política a la que ayudó a ganar. También podría ser: se fuga después de que perdió el candidato que ayudó a derrotar. Muy sospechoso. Porque los tres cómplices de asesinato que estaban detenidos en forma separada salieron caminando juntos, como Pancho por su casa, por la puerta de un penal de máxima seguridad. El asesino Martín Lanatta, condenado por tres crímenes a sangre fría, tenía una vigilancia reforzada que fue levantada el día anterior a su fuga. Mirado con inocencia se podría sospechar un pago de favores por la opereta electoral gracias a la cual ganó María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Si se mira con malicia podría ser mucho peor. Si se mira con inocencia, no quiere decir que Vidal haya sido responsable, pero sí que los criminales se encuentran entre los que querían que ella ganara o que perdiera Aníbal Fernández.

Hay un entramado de favores y responsabilidades que configuran más un escenario de causa y efecto que de casualidad, aunque es difícil discernir en esa turbia madeja hasta dónde llegan las complicidades. Una de las promesas principales de la campaña macrista fue la seguridad y es lo primero en lo que el macrismo ha mostrado más descontrol e impericia. Aparece así una gestión más preocupada por el impacto en la opinión pública que por los hechos. Se declaró la emergencia en seguridad y se anunció un mapa del delito, pero se puso en evidencia el desmanejo de las fuerzas de seguridad. No se trata del poco tiempo que llevan en el gobierno, sino de la forma esencialmente mediática como enfocaron el problema con declaraciones y conferencias de prensa que incluso crearon malestar en las fuerzas de seguridad porque les anticipaban a los prófugos las acciones que iban a tomar. Cuando eran oposición se rasgaban las vestiduras si algún especialista hablaba de “sensación de inseguridad”. Ahora que son gobierno actúan como si lo único que importara fuera esa “sensación”.

Mostraron cola de paja cuando Macri declaró que el gobierno kirchnerista tenía puntos de contacto con el narcotráfico o cuando en las crónicas de la fuga, el nombre que más se repitió en los medios de Clarín y La Nación fue el de Aníbal Fernández. Se detuvo al jefe de la hinchada de Quilmes, Marcelo Mallo, y se descabezó la DDI de esa zona. Quisieron hacer aparecer esas medidas como parte de la investigación y el único sentido que tenían era desviar la atención hacia Aníbal Fernández que reside allí. Lo real es que si las acusaciones de la operación mediática tuvieran algún asidero, Fernández no sólo habría perdido las elecciones, sino que ahora estaría preso o con graves problemas en la Justicia. Las acusaciones fueron eficaces para su derrota electoral, pero eran tan débiles desde el punto de vista probatorio que ni siquiera alcanzaron para que algún juez amigo del macrismo –que son mayoría– pudiera abrirle una causa legal. En todo caso es lógico y evidente que el menos interesado en ayudar a la fuga de los convictos tendría que ser Aníbal Fernández, que fue víctima de la operación en la que participó Lanatta. Sin embargo, su nombre es el más mencionado en las crónicas de los medios que propiciaron esa operación dándole crédito al asesino convicto que orientó el voto de millones de bonaerenses.

Desde la derecha (sean falsos progresistas o abiertamente conservadores) se construyen prejuicios para condenar de antemano a las corrientes populares (o populistas en su jerga). Se les puede atribuir cualquier delito y nunca les parecerá un desatino. Así fue con la operación desembozada contra Aníbal Fernández. Cualquier monstruosidad es atribuible al populismo. Los sobreentendidos y complicidades muy clasistas de los que se nutre el microclima conservador, instalados y amplificados por las corporaciones mediáticas, tienden a crear estos mitos que no tienen correlato en la realidad, pero que en esos ámbitos están profundamente atornillados como indiscutibles. La construcción grotesca de Aníbal Fernández como responsable del triple crimen de General Rodríguez es lo mismo que la construcción grotesca de la figura del fiscal Alberto Nisman como un mártir asesinado por el kirchnerismo. Son desmesuras. De Fernández solamente hay versiones y chismorreos improbables permanentemente alimentados por los grandes medios. Y está demostrado que en más diez años Nisman no aportó ni una sola nueva prueba sobre la causa AMIA. Está comprobado también que le daba un uso personal indebido al altísimo presupuesto que recibía para la investigación, además de sus vinculaciones estrechas con servicios de inteligencia locales y extranjeros.

También podría ser que la fuga fuera un hecho casual, que no tuviera nada que ver con el favor que hizo el asesino prófugo a la campaña de Mauricio Macri. O que ese favor fue eso y no un servicio retribuido con la libertad. Es una fuga con maridajes ilegales y cruces oscuros que el Gobierno y los grandes medios han tratado de disimular. Así es más grave, pero aunque no lo fuera éste es un tema sensible para el voto macrista. Ese voto puede creer en este momento que los miles de empleados públicos despedidos son ñoquis y es probable que también crea que la pluralidad de medios está cubierta por las grandes corporaciones, pero que no le vengan con excusas cuando se trata de la seguridad. Fueron esas mismas corporaciones mediáticas las que contribuyeron a alimentar en forma demagógica la sensibilidad de ese voto con respecto a estos temas que ahora aquejan y desnudan a un gobierno que, desde la oposición, se alimentó de ese discurso y en la gestión deberá sufrirlo por incompetencia y porque es un discurso esencialmente demagógico. Ese voto quiere resultados en ese tema inmediatos, quiere que se acaben los delitos, que no haya más narcotráfico ni asesinatos, que no se escapen los delincuentes, que los gobiernos demuestren talento para combatirlos.

No va a suceder. Lo único que podrán hacer es que con el discurso mediático hegemónico consolidado, ya no se destaquen las noticias policiales y así tratar de disminuir “la sensación de inseguridad”, como intentaron hacerlo en los primeros días de la fuga. La fuga en sí es un hecho penal grave que habrá que investigar para dilucidar complicidades y responsabilidades. La frivolidad con que se manejó la información y las operaciones que realizaron las fuerzas de seguridad para distraer la atención pública hacia figuras del gobierno saliente constituyen una cuestión política. Fue una respuesta que mostró más interés por atenuar el costo político que por atrapar a los delincuentes. Se dijo en dos oportunidades que estaban rodeados e incluso que estaban negociando la rendición. Los medios trabajaron esas informaciones sobre la base de fuentes del oficialismo en off que trataban de ganar tiempo y disminuir el impacto del primer momento, pero esa estrategia elemental funcionó como tiro por la culata.

Es probable que finalmente los fugitivos sean atrapados, como acaba de suceder con el Chapo Guzmán en México, pero el daño está hecho. Es probable que un sector del gobierno pensara que los prófugos serían interceptados pocas horas después de la fuga y ésa fuera la razón de las versiones que se hicieron trascender. Se ha dicho que podrían aparecer muertos en un tiroteo para cerrar cualquier investigación de la fuga. De hecho hubo dos fuertes tiroteos y los prófugos eludieron varias veces, a todo o nada, las trampas policiales. A medida que pasan los días son más los interrogantes sin respuesta que deja el derrotero de esta fuga cinematográfica.

En el tema de la inseguridad y el delito, los gobiernos de derecha están más incapacitados y se quedan sin respuestas porque reducen el conflicto a mano dura o mano blanda. Recurren a la mano dura. Pero lo real es que nunca hubo mano blanda, siempre fue más dura o menos dura. Es un problema mucho más complejo que las consignas reduccionistas porque no hay corto plazo y por lo tanto la problemática verdadera es poco explotable electoralmente. Lo que hace la derecha es construir un discurso demagógico que promete resultados inmediatos que le serán imposible cumplir desde la gestión y se convertirán en su flanco más vulnerable entre sus mismos votantes excitados por promesas que no se pueden cumplir.