La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recibió una serie de respaldos como respuesta a la avanzada sobre su cargo que quiere hacer el futuro gobierno de Mauricio Macri. “Apoyamos la permanencia de la procuradora porque no sólo está haciendo un muy buen trabajo sino que además es inconstitucional pretender removerla. Para eso sería necesario un juicio político y no hay ninguna razón para hacerlo”, dijo ayer el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. La Comunidad Homosexual Argentina (CHA) también rechazó “cualquier intento de violentar los poderes e instituciones del Estado”. A través de un comunicado, la entidad consideró que resulta “preocupante”, además, que “esta intromisión ilegítima esté dirigida contra una funcionaria que ha demostrado un destacado desempeño en el fortalecimiento del acceso a la justicia de las mujeres, de la comunidad Lgttbiq, y de los grupos históricamente más vulnerables de nuestra sociedad”.

“Si empezamos así, avasallando la Constitución, vamos mal”, dijo Pérez Esquivel en relación con el anuncio de Macri de buscar la remoción de Gils Carbó por todos los medios, aun cuando se trata de un cargo que no es del Poder Ejecutivo y que tiene una estabilidad similar a la de los jueces de la Corte Suprema. En el macrismo están buscando los mecanismos para removerla y señalaron que podrían hacerlo por un decreto o una ley. Pero la herramienta que debería usarse es el juicio político y para eso debería haber además una causal que lo justifique.

“Tengamos en cuenta que el futuro presidente todavía ni asumió, así que todo el pedido es totalmente irregular y la única motivación que podría tener sería que tiene interés en poner a todos los funcionarios que les responden directamente en lugares de poder, y eso no corresponde”, insistió el titular de la Comisión Provincial por la Memoria. Pérez Esquivel diferenció la situación de Gils Carbó de la de Alejandro Vanoli, titular del Banco Central. “Los gobernantes tienen una misión que cumplir y el pueblo tiene que obligarlos a cumplirla, pero no pueden avasallar todo, y mucho menos, antes de empezar a ejercer ese poder”, señaló Pérez Esquivel.

La CHA pidió a Macri “rever la posición que expone al orden constitucional a un grave peligro mediante el avasallamiento a las instituciones, al sistema de justicia y a la autonomía de los organismos estatales que tienen roles de contrapeso indispensables para la vida democrática”.

Por la mañana, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, subrayó que si el próximo gobierno tiene previsto remover a la procuradora tendrá que hacerle “juicio político” tal como “lo marca la Constitución”. Fernández dijo que si Gils Carbó “no está dispuesta a que se la quiera sacar a empujones de la Procuración, será objeto de la discusión, y si insisten, deberán presentar su acusación a la Cámara de Diputados y lograr que la acuse y después que sea la Cámara de Senadores la que tome la decisión eventualmente de sacarla de su cargo”. Por último, aseguró que para llevar a cabo esa determinación “tienen que tener los números” de los legisladores nacionales que los apoyen.

Ayer, la propia Gils Carbó, en la reunión anual del Ministerio Público, que contó con la presencia de más de 200 funcionarios judiciales de todo el país, consideró que “se quieren llevar puesta la estabilidad de todos los fiscales y defensores oficiales” y ratificó que no pensaba renunciar a su cargo.

Gils Carbó recibió también el apoyo de organismos de derechos humanos de Bahía Blanca, La Pampa y Santa Fe que señalaron que todo intento de “remoción compulsiva” sería inconstitucional y afectaría el avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad. “La procuradora fue elegida para su cargo casi por unanimidad del Senado y de acuerdo con la Constitución Nacional, y sólo es posible su remoción a través de un juicio político perfectamente fundamentado”, señaló una declaración de organismos bahienses como la APDH, H.I.J.O.S. y Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo y el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, entre otras entidades. Para los firmantes del documento, “es relevante que quienes se dicen defensores de las instituciones y la República (en alusión al gobierno electo del PRO) hablen de una remoción compulsiva de la funcionaria, cuando no es injerencia del Poder Ejecutivo dicha acción”. Este intento de desplazamiento “pone en juego a la procuradora de la Nación, conllevando la obstaculización y freno de los juicios por delitos de lesa humanidad y el avance en el enjuiciamiento a los civiles gestores y partícipes de la dictadura genocida”, señalaron una decena de organismos de derechos humanos y sociales.

Se está iniciando en la Argentina un tiempo político que no tiene antecedentes. Todos tenemos que aprender. La llegada de la derecha política al gobierno por vía democrática reordena las fuerzas, pero también exige un reacomodo de todos los actores a la nueva situación. El resultado electoral que determinó un ganador pero, al mismo tiempo, puso en evidencia un país claramente dividido, exige de todos los protagonistas un esfuerzo adicional para reforzar el sentido y los mecanismos de la democracia. Esto significa profundizar la voluntad de diálogo y negociación, no para resignar principios y posturas, sino para intentar llegar a acuerdos que beneficien a la mayoría de los ciudadanos. Esta debería ser al menos la preocupación principal de toda la dirigencia política, al margen de ambiciones e intereses personales. ¿Será posible?

Más allá de lo antes dicho hay que reparar en la realidad de una fuerza gobernante que debe aprender a “tocar los timbres”, como se dice en la jerga política. Porque si bien Cambiemos es una alianza, los pasos dados por Mauricio Macri dejan en claro que quien va a gobernar es el PRO, apenas con participaciones menores del radicalismo, un partido con mayor tradición en la gestión de gobierno.

El PRO ha gobernado la Capital, pero es obvio que el partido de Mauricio Macri carece de rodaje en la gestión nacional y tampoco tiene cuadros propios para ocupar ni siquiera los cargos de mayor responsabilidad. La Nación tiene otra complejidad y, sobre todo, está falta de la caja abundante que la que sí dispone la Ciudad de Buenos Aires. Con una billetera abultada todo es más fácil y cuando no se la tiene los problemas se multiplican.

Para armar su equipo el nuevo presidente eligió un atajo afín con su sesgo personal y político: seleccionó empresarios y gerentes provenientes del sector privado. La intención, sin duda, es proyectar la idea de que quien ha sido exitoso en la actividad privada puede serlo también como administrador estatal. Razonamiento por lo menos dudoso, aún para el caso de las personas más inteligentes.

Aunque habrá que darle tiempo al nuevo gobierno y esperar las primeras medidas, todos los anticipos y trascendidos apuntan claramente hacia una gestión que va a privilegiar a aquellos que lo respaldaron en su campaña. Entre otros, pero en primera línea, los grandes productores agropecuarios, el poder financiero nacional e internacional y los grupos mediáticos corporativos. Por fuera de este cuadro queda la industria nacional, en particular la pequeña y mediana empresa, también entre otros. A pesar de las reiteradas declamaciones de “estar con vos” dirigida a los trabajadores y a los más pobres, éstos no parecen estar en el centro de las urgencias, aunque sigan siendo parte del discurso. Entre diversos motivos porque cuando se gobierna de lo que se trata es de elegir prioridades y en el caso del PRO las preferencias están muy lejos de los actores populares.

Ya habrá tiempo, llegado del caso, de hacer un balance de lo que se gana y se pierde o, mejor dicho, de quienes ganan y quienes pierden.

También para el Frente para la Victoria (FpV) y para el peronismo que mayoritariamente lo integra, es una situación nueva. No es inédito para el peronismo estar en la oposición. Sí para el kirchnerismo, en particular. Muchas manifestaciones parecen indicar que varios de los dirigentes enrolados en lo que a partir de ahora será la oposición, no han tomado todavía debida nota del resultado electoral y actúan como si nada hubiera pasado. Pretenden seguir marcando las reglas del juego político. Sin duda podrán incidir –y ojalá lo hagan a través de la representación legislativa, las gobernaciones y municipios a su cargo– pero la conducción general del país está ahora en otras manos. Es un dato insoslayable.

Tendrán que acostumbrarse también a hacer política sin la importante rueda de auxilio que significa el manejo del aparato del Estado y sin la administración del tesoro también estatal. Otros son los recursos, pero otros también tendrán que ser los métodos y las formas. No solo por este motivo, sino también porque la autocrítica que se necesita después de una derrota como la sufrida exige reformular estrategias y tácticas. El peronismo, que en su ADN tiene a las bases populares, tendrá que preguntarse seriamente por qué, después de doce años en el gobierno, perdió el apoyo de una parte importante de estos sectores.

Adicionalmente, también del lado ahora opositor, habrá que encontrar los mecanismos para evitar el “pase de facturas”, los enfrentamientos, las divisiones y las fugas, siempre más fáciles de contener desde el poder que desde el llano. Algunos indicios de esas disputas ya quedaron en evidencia en las últimas semanas.

No parece acertada la iniciativa de algunos grupos del FpV que rotulan la nueva etapa como “resistencia”. No hay tal cosa. La derrota sufrida por el peronismo y sus aliados fue el resultado de las urnas en una confrontación democrática con reglas aceptadas por todos. Se resiste a una dictadura, a alguien que llega al poder mediante mecanismos autoritarios. En democracia se discute, se debate, se confronta, se defienden derechos y se lucha para imponerlos o preservarlos.

Al margen de estas consideraciones sería también saludable que el nuevo escenario, con la ayuda de todos los actores, contribuya al debate de las cuestiones de fondo que siempre son las que están ligadas a la calidad de vida y los derechos de las personas. Es ir a los problemas y no apenas discutir sobre la superficie de las cosas, sobre las formas. A esto conduce reiterada e inevitablemente el discurso del PRO por la superficialidad y, en ciertos casos, por la banalidad. Tampoco aportan algunos personajes del FpV más proclives a las chicanas que a las respuestas políticas. La confrontación insustancial puede ser el entretenimiento de ciertos políticos, pero nunca será un aporte verdadero y eficaz al bienestar del pueblo. Hasta ahora ninguna de las partes ha dado signos claros de querer transitar por este sendero.

El presidente electo Mauricio Macri había prometido durante la campaña electoral entregarle nuevamente a Gerónimo “Momo” Venegas el manejo del registro de los peones rurales, tal cual ocurría hasta 2011, cuando el Frente para la Victoria sancionó la Ley del Peón Rural con el objetivo de restituirle derechos a los trabajadores del campo. En este camino, el líder del PRO recibió la ayuda del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien desempolvó un expediente luego de tres años para aceptar un planteo de inconstitucionalidad sobre el registro creado en diciembre de 2011 y colocar nuevamente al Momo en las puertas del Renatre. Desde 2002 hasta 2011, Venegas utilizó ese registro como una fenomenal caja de recursos para poner a disposición de distintas estructuras políticas, incluido su partido Fe, en detrimento de la calidad de vida de los peones rurales. Altos sueldos, viáticos remunerativos y contratos con empresas vinculadas fue el combo ideado por Venegas que en una primera etapa puso al servicio de Eduardo Duhalde y ahora pretende hacerlo con Macri. El próximo titular del Indec, Jorge Todesca, que viene de las filas duhaldistas, ocupó un rol clave en la estructura partidaria del Momo.

“Con el Renatre vamos a saber cuánto produce el país y vamos a terminar con el trabajo en negro, es un orgullo. También nos quitaron el servicio de sepelio, pero la Uatre se vuelve a hacer cargo de esta institución de todos los trabajadores rurales”, sostuvo Venegas la semana pasada, desde la localidad de Rojo en la provincia de Buenos Aires.

Página/12 accedió al último balance del Renatre previo a la salida de Venegas, a la nómina de los sueldos de los principales dirigentes de la entidad, entre los que también se encontraban directivos de la Sociedad Rural, CRA, Coninagro y Federación Agraria y la documentación correspondiente a los contratos con las empresas tercerizadas.

Desde un primer momento, el Momo tercerizó la tarea de fiscalización (Gregard SA), el cobro de deudas y multas (Trivio SA), la capacitación (Uatre) y la gestión de los sistemas informáticos (Train Solutions SA). Es decir, tenía una estructura acotada a lo administrativo. Sin embargo, distribuyó una inmensa cantidad de recursos para sus dirigentes.

En 2011, último año de gestión del Momo, el Renatre recibió ingresos correspondiente a los aportes de los trabajadores (Código 97 según AFIP) por 156,3 millones de pesos, que sumado a otros ingresos totalizaba una caja de 183 millones de pesos. De ese total, 97,9 millones correspondían a un fondo de reserva colocado en un plazo fijo. De los restantes 85,1 millones de pesos que manejaba el sindicalista junto a las patronales agropecuarias, 29 millones de pesos correspondían al rubro sueldos de los principales directivos del Renatre.

El propio Venegas llegó a cobrar aquel 2011 un haber bruto total de 458.915 pesos, sumado a otros 339.435 pesos como viáticos remunerativos. En total, fueron 798.350 pesos obtenidos del Renatre que puso al servicio de su proyecto político. Ese año, Venegas también cobró 346.669 pesos como titular de la Uatre y otros 340.645 pesos como responsable de la obra social del gremio (Osprera). Una vez fuera de la estructura del Renatre lanzó el partido Fe, con la incorporación de dirigentes del duhaldismo residual, entre ellos Todesca.

Esos 29 millones de pesos de sueldos se repartían entre los cuatro directores por la Uatre, más otros cuatro por cada una de las patronales agropecuarias, más los responsables de cada seccional, quienes tributaban a cada una de las organizaciones que formaban parte del registro, ya sea el gremio o las entidades de la Mesa de Enlace.

La inmensa masa de recursos puesta en los bolsillos de los dirigentes debía complementarse con el ocultamiento del trabajo no registrado y las condiciones de vida infrahumanas de muchos peones rurales. Para ello, el Momo tercerizó en Gregard SA la fiscalización en los campos. Sólo en 2010 y 2011, el Renatre le pagó a esta sociedad un total de 10 millones de pesos. Esta compañía tenía el mismo domicilio fiscal que el gremio de los peones rurales (Reconquista 630). Su presidenta, Elba Araceli de Robles, participaba de otras empresas vinculadas al sector farmacéutico y a la obra social de Uatre (Osprera). Además era el nexo empresario entre Venegas y Eduardo Duhalde.

El ex presidente y su mujer, Hilda Beatriz González, fueron desde 2004 hasta 2007 los responsables de Finca Las Casuarinas, cuya actividad principal era la construcción y reparación de edificios no residenciales. En 2007 cedieron sus lugares a Leonardo Lavanda y Elba Araceli de Robles (Boletín Oficial 01/06/2007).

Cuando la Sigen realizó una auditoría sobre lo actuado por Venegas, no encontró ningún documento que se refiriera a una contraprestación por parte de Gregard, ni mecanismo de auditoría interna que diera cuenta de la labor realizada.

Del total de peones que figuraban en el Renatre hacia fines de 2011, sólo el 42 por ciento tenía aportes registrados por la AFIP. Actualmente, la ecuación es del 84 por ciento. Si bien este dato habla de la inacción del Momo, hay otro que permite cerrar el cuadro de la connivencia con las empresas agropecuarias. Al 31 de diciembre de 2011, el Renatre tenía una deuda por contribuciones sin “certificado de deuda” emitido por un total de 49,0 millones de pesos. De ese total, la Sigen descubrió que el organismo no había hecho ningún tipo de gestión para cobrar un total de 38,7 millones de pesos adeudados por las empresas, mientras que las deudas por fiscalización ascendían a 14 millones de pesos.

El Momo había tercerizado la tarea del cobro de deudas a la empresa Trivio SA, cuyo primer presidente fue Matías Ciccimarra, socio de Robles en las empresas Covington SA y Vieja Granja SA. En 2010, el Renatre le pagó 2.213.386 pesos y en 2011 fueron 2,8 millones de pesos por el trabajo de (no) cobro de deudas.

Estos números dan cuenta que la caja que manejaba el Momo desde el Renatre le permitía canalizar recursos para su estructura política, al mismo tiempo en que tejía relaciones con las entidades gremiales del sector, en particular la Sociedad Rural, y aquellos empresarios a los que nunca les cobraron sus deudas por contribuciones patronales ni multas por el trabajo en negro detectado. La promesa de Macri de devolverle al Momo el Renatre, sumada a la ayuda de Lorenzetti luego de su último fallo, significa consagrar nuevamente a la vulnerabilidad a cientos de miles de peones rurales.

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El presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, dará hoy a conocer su decisión de dejar la conducción del organismo. Tras las presiones recibidas en las últimas semanas por parte del gobierno electo para que renuncie, el funcionario comunicará –aún no estaba definida la manera– su alejamiento de la institución, que pasará a estar a cargo de Federico Sturzenegger. El funcionario había adelantado que se iba a tomar esta semana para madurar la decisión, pero insistió en cada una de las oportunidades en que fue consultado sobre su eventual alejamiento, en la necesidad de defender los cambios en el marco normativo del Central, que permitieron una política más activa de la autoridad monetaria en mantener el empleo y la actividad económica. Desde el macrismo se busca deshacer esas modificaciones y centrarse en la visión previa a la reforma de la Carta Orgánica de cuidar el valor de la moneda sin intervenir en otras áreas económicas.

Es un cambio de época. Una vuelta a la concepción del mandato único del Central de mantener el valor de la moneda, teniendo como ancla el nivel de precios, una visión que va en sintonía con la concepción de Inflation Targeting (Metas de Inflación) que promueve el futuro ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Los referentes del equipo económico del espacio Cambiemos habían anticipado su decisión de volver a un Banco Central independiente, para lo que se les hacía imprescindible la salida del actual conducción, pese que su presidente cuenta con mandato del Congreso hasta 2019.

El mecanismo de desgaste, aceitado desde la Justicia, se intensificó luego de las elecciones generales. La denuncia sobre la intervención del Central en el mercado de futuros, un mecanismo utilizado para estabilizar la presión devaluacionista alentada por el macrismo a partir de su propuesta de unificar los tipos de cambio y liberar las restricciones a la compra de moneda extranjera, fue el primer paso. Le siguieron los allanamientos en el marco de esa denuncia, que impulsaron los legisladores que integran Cambiemos, dispuesta de manera irregular por el juez federal Claudio Bonadio. En el entorno de Vanoli ya anticipaban la jugada. Estaban buscando un motivo para forzar la salida del funcionario que anticipó que no convalidaría una devaluación abrupta que genere inflación y pérdida de poder adquisitivo.

Los insistentes pedidos mediáticos para que Vanoli abandone el cargo y los deje trabajar tranquilos, como había dicho el presidente electro Mauricio Macri, tomaron otro tinte cuando el funcionario y su familia comenzaron a recibir amenazas telefónicas. Esto habría inclinado la balanza a favor de dejar el cargo. La semana pasada, en un acto en el organismo, había señalado que se tomaría unos días para decidir. “En unos días comunicaré a ustedes una decisión personal que estoy madurando. Será en los últimos días de esta semana”, afirmó en un salón colmado de banqueros, empresarios y periodistas que esperaban alguna definición más concreta por parte del funcionario. Tal como anticipó este diario, finalmente la decisión será irse del organismo. Se mantiene la reserva sobre el resto del directorio que tiene mandato vigente, con excepción de Miguel Pesce, cuyo cargo ya se encuentra vencido. El presidente del Central sostuvo que será colaborativo en la transición con el nuevo gobierno pero los exhortó a respetar la Carta Orgánica.

La reforma de la Carta Orgánica aprobada por el Congreso amplió las funciones y objetivos del Central, incluyendo además del control de la inflación, el desarrollo económico con equidad y la estabilidad financiera. Estas modificaciones acercaron al organismo hacia la economía real, a partir de una mayor regulación del sistema financiero evitando abusos contra los usuarios y reorientando el crédito productivo al largo plazo. Las medidas que se establecieron sobre la base de las funciones ampliadas del Central permitieron financiar a pequeñas y medianas empresas, bajar los costos ocultos en el mantenimiento de cuentas bancarias y tarjetas de crédito, limitar los márgenes de ganancias de los bancos entre sus tasas activas (de créditos) y pasivas (de depósitos), la creación de un departamento de defensa al usuario y la federalización del acceso a los servicios financieros en jurisdicciones con bajo nivel de actividad, entre otras.

Fueron medidas muy resistidas por los bancos, pese a que sus márgenes de utilidad fueron siempre en aumento, y ahora encabezan el pedido de una vuelta atrás en lo hecho por el kirchnerismo. La principal preocupación del nuevo equipo económico, que Sturzenegger deberá timonear desde el Central, es anclar la emisión a la inflación y recomponer reservas para cumplir con la promesa de eliminar las restricciones al acceso a la compra de dólares. Sobre este último punto, la apuesta del macrismo es recibir en el primer trimestre del año cerca de 15.000 millones de dólares principalmente de bancos extranjeros, exportadores de granos que mantienen retenida la liquidación de sus ventas y emisión de deuda en los mercados internacionales. Por su parte, la política del Central se alineará con las anunciadas metas de inflación que impulsa Prat-Gay, para lo cual –más tarde o más temprano– se avanzará en deshacer los cambios en la Carta Orgánica.