Sospechoso. El criminal que fue usado para una operación electoral se fuga cuando gana la fuerza política a la que ayudó a ganar. También podría ser: se fuga después de que perdió el candidato que ayudó a derrotar. Muy sospechoso. Porque los tres cómplices de asesinato que estaban detenidos en forma separada salieron caminando juntos, como Pancho por su casa, por la puerta de un penal de máxima seguridad. El asesino Martín Lanatta, condenado por tres crímenes a sangre fría, tenía una vigilancia reforzada que fue levantada el día anterior a su fuga. Mirado con inocencia se podría sospechar un pago de favores por la opereta electoral gracias a la cual ganó María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Si se mira con malicia podría ser mucho peor. Si se mira con inocencia, no quiere decir que Vidal haya sido responsable, pero sí que los criminales se encuentran entre los que querían que ella ganara o que perdiera Aníbal Fernández.

Hay un entramado de favores y responsabilidades que configuran más un escenario de causa y efecto que de casualidad, aunque es difícil discernir en esa turbia madeja hasta dónde llegan las complicidades. Una de las promesas principales de la campaña macrista fue la seguridad y es lo primero en lo que el macrismo ha mostrado más descontrol e impericia. Aparece así una gestión más preocupada por el impacto en la opinión pública que por los hechos. Se declaró la emergencia en seguridad y se anunció un mapa del delito, pero se puso en evidencia el desmanejo de las fuerzas de seguridad. No se trata del poco tiempo que llevan en el gobierno, sino de la forma esencialmente mediática como enfocaron el problema con declaraciones y conferencias de prensa que incluso crearon malestar en las fuerzas de seguridad porque les anticipaban a los prófugos las acciones que iban a tomar. Cuando eran oposición se rasgaban las vestiduras si algún especialista hablaba de “sensación de inseguridad”. Ahora que son gobierno actúan como si lo único que importara fuera esa “sensación”.

Mostraron cola de paja cuando Macri declaró que el gobierno kirchnerista tenía puntos de contacto con el narcotráfico o cuando en las crónicas de la fuga, el nombre que más se repitió en los medios de Clarín y La Nación fue el de Aníbal Fernández. Se detuvo al jefe de la hinchada de Quilmes, Marcelo Mallo, y se descabezó la DDI de esa zona. Quisieron hacer aparecer esas medidas como parte de la investigación y el único sentido que tenían era desviar la atención hacia Aníbal Fernández que reside allí. Lo real es que si las acusaciones de la operación mediática tuvieran algún asidero, Fernández no sólo habría perdido las elecciones, sino que ahora estaría preso o con graves problemas en la Justicia. Las acusaciones fueron eficaces para su derrota electoral, pero eran tan débiles desde el punto de vista probatorio que ni siquiera alcanzaron para que algún juez amigo del macrismo –que son mayoría– pudiera abrirle una causa legal. En todo caso es lógico y evidente que el menos interesado en ayudar a la fuga de los convictos tendría que ser Aníbal Fernández, que fue víctima de la operación en la que participó Lanatta. Sin embargo, su nombre es el más mencionado en las crónicas de los medios que propiciaron esa operación dándole crédito al asesino convicto que orientó el voto de millones de bonaerenses.

Desde la derecha (sean falsos progresistas o abiertamente conservadores) se construyen prejuicios para condenar de antemano a las corrientes populares (o populistas en su jerga). Se les puede atribuir cualquier delito y nunca les parecerá un desatino. Así fue con la operación desembozada contra Aníbal Fernández. Cualquier monstruosidad es atribuible al populismo. Los sobreentendidos y complicidades muy clasistas de los que se nutre el microclima conservador, instalados y amplificados por las corporaciones mediáticas, tienden a crear estos mitos que no tienen correlato en la realidad, pero que en esos ámbitos están profundamente atornillados como indiscutibles. La construcción grotesca de Aníbal Fernández como responsable del triple crimen de General Rodríguez es lo mismo que la construcción grotesca de la figura del fiscal Alberto Nisman como un mártir asesinado por el kirchnerismo. Son desmesuras. De Fernández solamente hay versiones y chismorreos improbables permanentemente alimentados por los grandes medios. Y está demostrado que en más diez años Nisman no aportó ni una sola nueva prueba sobre la causa AMIA. Está comprobado también que le daba un uso personal indebido al altísimo presupuesto que recibía para la investigación, además de sus vinculaciones estrechas con servicios de inteligencia locales y extranjeros.

También podría ser que la fuga fuera un hecho casual, que no tuviera nada que ver con el favor que hizo el asesino prófugo a la campaña de Mauricio Macri. O que ese favor fue eso y no un servicio retribuido con la libertad. Es una fuga con maridajes ilegales y cruces oscuros que el Gobierno y los grandes medios han tratado de disimular. Así es más grave, pero aunque no lo fuera éste es un tema sensible para el voto macrista. Ese voto puede creer en este momento que los miles de empleados públicos despedidos son ñoquis y es probable que también crea que la pluralidad de medios está cubierta por las grandes corporaciones, pero que no le vengan con excusas cuando se trata de la seguridad. Fueron esas mismas corporaciones mediáticas las que contribuyeron a alimentar en forma demagógica la sensibilidad de ese voto con respecto a estos temas que ahora aquejan y desnudan a un gobierno que, desde la oposición, se alimentó de ese discurso y en la gestión deberá sufrirlo por incompetencia y porque es un discurso esencialmente demagógico. Ese voto quiere resultados en ese tema inmediatos, quiere que se acaben los delitos, que no haya más narcotráfico ni asesinatos, que no se escapen los delincuentes, que los gobiernos demuestren talento para combatirlos.

No va a suceder. Lo único que podrán hacer es que con el discurso mediático hegemónico consolidado, ya no se destaquen las noticias policiales y así tratar de disminuir “la sensación de inseguridad”, como intentaron hacerlo en los primeros días de la fuga. La fuga en sí es un hecho penal grave que habrá que investigar para dilucidar complicidades y responsabilidades. La frivolidad con que se manejó la información y las operaciones que realizaron las fuerzas de seguridad para distraer la atención pública hacia figuras del gobierno saliente constituyen una cuestión política. Fue una respuesta que mostró más interés por atenuar el costo político que por atrapar a los delincuentes. Se dijo en dos oportunidades que estaban rodeados e incluso que estaban negociando la rendición. Los medios trabajaron esas informaciones sobre la base de fuentes del oficialismo en off que trataban de ganar tiempo y disminuir el impacto del primer momento, pero esa estrategia elemental funcionó como tiro por la culata.

Es probable que finalmente los fugitivos sean atrapados, como acaba de suceder con el Chapo Guzmán en México, pero el daño está hecho. Es probable que un sector del gobierno pensara que los prófugos serían interceptados pocas horas después de la fuga y ésa fuera la razón de las versiones que se hicieron trascender. Se ha dicho que podrían aparecer muertos en un tiroteo para cerrar cualquier investigación de la fuga. De hecho hubo dos fuertes tiroteos y los prófugos eludieron varias veces, a todo o nada, las trampas policiales. A medida que pasan los días son más los interrogantes sin respuesta que deja el derrotero de esta fuga cinematográfica.

En el tema de la inseguridad y el delito, los gobiernos de derecha están más incapacitados y se quedan sin respuestas porque reducen el conflicto a mano dura o mano blanda. Recurren a la mano dura. Pero lo real es que nunca hubo mano blanda, siempre fue más dura o menos dura. Es un problema mucho más complejo que las consignas reduccionistas porque no hay corto plazo y por lo tanto la problemática verdadera es poco explotable electoralmente. Lo que hace la derecha es construir un discurso demagógico que promete resultados inmediatos que le serán imposible cumplir desde la gestión y se convertirán en su flanco más vulnerable entre sus mismos votantes excitados por promesas que no se pueden cumplir.

Tras la represión a los trabajadores cesanteados en La Plata, diputados bonaerenses del bloque del Frente para la Victoria solicitaron la interpelación del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, para que dé explicaciones por el accionar de las fuerzas de Infantería de la provincia. En un comunicado los legisladores repudiaron “la feroz represión llevada adelante por la Policía Bonaerense contra empleados municipales de La Plata que se manifestaban en defensa de sus fuentes laborales, tras los 4500 despidos firmados por el Ejecutivo municipal”.

En el documento expresaron que “este cuerpo considera inaceptable que desde el Ejecutivo provincial y el municipio de La Plata acudan a la represión como método de resolución de demandas laborales y sociales, prescindiendo del diálogo entre los distintos sectores para resolver el conflicto de los trabajadores despedidos”. Asimismo pidieron a la gobernadora María Eugenia Vidal y al intendente Julio Garro “que reflexionen y que realmente se comprometan al diálogo con los distintos sectores afectados para la resolución del conflicto atendiendo las demandas de los empleados y trabajadores municipales”. Al lugar acudieron el diputado nacional Andrés “Cuervo” Larroque y los legisladores bonaerenses Miguel Funes y Valeria Amendolara, quienes por la tarde se juntaban en plaza San Martín con concejales del Frente para la Victoria para analizar “los pasos a seguir”.

“Repudiamos todo tipo de hecho represivo, la Bonaerense ha provocado para llegar a una instancia de ese tipo”, dijo Funes, del FpV, quien estuvo antes y durante el avance de los uniformados sobre los manifestantes. El diputado explicó que los efectivos policiales esgrimieron “expresiones verbales preocupantes” haciendo referencia a que “ya se acabó la etapa de los derechos humanos”.

Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Guillermo Kane (FIT-PO) presentó un pedido en la Legislatura bonaerense para interpelar a la gobernadora María Eugenia Vidal y sus ministros Cristian Ritondo (Seguridad), Carlos Mahiques (Justicia) y Federico Salvai (Gobierno).