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Da: Ruben1919  (Messaggio originale) Inviato: 10/01/2016 19:56

EL PAIS › OPINION

Del contrato al conflicto

Lo que va del paraíso prometido a la realidad del primer mes. Lo que no estaba en el contrato electoral: inflación, redistribución regresiva, chantaje a los trabajadores, represión fomentada desde el poder político. Los exportadores: más bolsillo que corazón. Cada semana un nuevo conflicto de intereses. El kirchnerismo, ante el cambio de roles.

 Por Mario Wainfeld

Las fiestas de fin año transcurrieron sin sobresaltos sociales. Muchos argentinos toman vacaciones. Hasta ahora, y así sea por inercia, siguen habituados a niveles de consumo alto. Las reservas del Banco Central desmienten el relato apocalíptico de Cambiemos. El desendeudamiento público y privado dejan margen para acudir al crédito externo y endeudar el futuro de varias generaciones. Son consecuencias palpables de la gobernabilidad que legó el kirchnerismo.

Potenciado por su triunfo electoral, Macri pretende cambiar drásticamente el paradigma económico social. Algunos pilares de la anterior etapa topan con su proyecto. Para empezar: el bajo nivel de desempleo y los salarios de los trabajadores formales. No son exorbitantes, desde ya: digamos que los sueldos promedio oscilan entre pasables y buenos. Para el proyecto económico macrista ambos indicadores distan de ser un piso: son disfuncionales, excesivos. En jerga de derecha, “competitividad” es sinónimo de sueldos bajos y trabajadores domesticados.

Cheques en blanco o luna de miel son difíciles en una sociedad arisca y demandante. Pero la victoria embellece, el veraneo distiende. Macri pudo arrancar y en un mes consiguió una fenomenal transferencia de ingresos a favor de los sectores dominantes. Ninguna medida favorable a los trabajadores alteró la tendencia de los primeros días; macro devaluación, merma o supresión de retenciones, desregulación petrolera a favor de los privados.

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Despidos e impiedades: La semana que pasó estuvo dominada por la búsqueda de los tres convictos prófugos y por los despidos. La autoridad se construye con fuerza, sin cabildear, ostentando poder y desdén por el otro.

Tomemos un capítulo sintomático y hasta simbólico de los despidos: puede orientar para abarcar el conjunto. La vicepresidenta Gabriela Michetti despidió de un plumazo, sin trámites incómodos, auditorías ni averiguaciones previas, a más de dos mil empleados del Senado. Se trató de explicar que todos fueron designados por el ex vice Amado Boudou, que los nombramientos eran flamantes, que eran ñoquis de su tropa. Nada era del todo exacto pero son menudencias.

En el conjunto de personas que Michetti prescindió había personas discapacitadas y mujeres embarazadas. Las leyes, por motivos equitativos y humanitarios, les conceden a sus empleos una protección especial. Se suscitaron reacciones, protestas, denuncias. Recién entonces Michetti retractó su barbarie. La vicepresidenta es madre y discapacitada: tiene que movilizarse en silla de ruedas. No ignora la existencia y el valor de las normas que violó: las olvidó estratégicamente para demostrar decisión. “No le tembló la mano” por usar jerga de Cambiemos... aun a costa de incurrir en insolidaridad e ilegalidad.

El modus operandi se repite. El gobierno avanza sin reparar en los límites normativos ni de respeto a derechos esenciales. Si topa con respuestas, se echa atrás. .

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La caridad bien entendida: Desde un punto de vista conceptual o ideológico es difícil que el proyecto económico del macrismo cierre sin un fuerte ajuste del sector público. Los despidos están en el menú, digamos de pálpito.

Desde el punto de vista informativo: la ofensiva pertinente ya ha comenzado. Sus argumentos son previsibles, a veces certeros, ora taimados, casi siempre imposibles de corroborar. La costumbre de disparar primero y preguntar después dificulta cualquier evaluación sensata.

Ese coto de caza del presidente Mauricio Macri cuenta con una población numerosa. En menos de un mes de gestión ya se amenaza con miles de despidos a nivel nacional, provincial y municipal.

Se podrá aducir: cualquiera se equivoca, si se revisa queda todo como antes. No es así, forzosamente: cualquier abogado laboralista sabe que alguna víctima de tropelías puede olvidar contestar un telegrama en término o defenderse. Un funcionario severo puede bajarles el pulgar. Los más débiles comenzarán a caer, como en la arena económica.

Por si hace falta: un gobierno tiene derecho a revisar designaciones, renovar o discontinuar contratos, identificar ñoquis y prescindirlos. Tiene el monopolio legal del despido o la rescisión legítimos. La palabra “legítimos” es central e insustituible. Hay criterios y reglas indeclinables. Max Weber enseña que con la violencia sucede igual: no tiene muchos adeptos en el funcionariado macrista.

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Sin protocolo: La perversión de las fuerzas de seguridad no es responsabilidad primaria del gobierno que acaba de asumir: acumula décadas. Pero es responsabilidad del macrismo la forma en que las va conduciendo. Ya van dos veces en que los uniformados, por órdenes nacionales o provinciales, enfilan contra trabajadores: los de Cresta Roja primero, los municipales de La Plata luego.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich prometió un protocolo para manejar la protesta social. De momento la distraen otros menesteres; el protocolo se articula de facto y ya está en la calle. La Policía Bonaerense no sabe qué hacer cuando escapan tres criminales. O sabe demasiado. Cuando hay laburantes que reclaman, apela a su vieja ciencia: balas de goma, gases lacrimógenos. El criminólogo autodidacta Luis Abelardo Patti lo expresó hace años: para los Bonaerenses es imposible cumplir su cometido sin incurrir en dos o tres ilegalidades.

A pedido del intendente platense Julio Garro la represión fue brutal. Su “justificación”: había “intencionalidad política”. Nuevos delitos enriquecen el Código Penal macrista: ser militante, hacer política. Muchos manifestantes mostraron heridas con postas de goma en la espalda, anche mujeres (cunde la doctrina Michetti). A buen entendedor, sobran palabras: salvo que se movieran como Julio Bocca, dando volteretas en el aire, les tiraron mientras huían.

La brutalidad de las fuerzas del orden es proverbial, quien las conduce civilmente debe hacerse cargo. Ni un funcionario macrista condenó “excesos”, minga de purgas, sanciones o sumarios. Un fallo siniestro del Tribunal Superior de Justicia porteño (los jueces macristas son como las brujas no existen pero los hay) vulnera derechos civiles consagrados o, mejor, reconocidos hace más de veinte años. El despliegue de móviles policiales amedrentando jóvenes con portación de aspecto en la Ciudad Autónoma es otra señal preocupante.

La violencia, la amenaza y la insolidaridad no son efectos no deseados. Casi al revés: ostentarlas forma parte de las movidas. Esos medios son, también o hasta principalmente, el mensaje.

Escarmentar a quien se opone es necesario para que cada quién sepa adonde le aprieta el zapato, como dijo bellamente el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay.

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Demasiados toros ricos: Jorge Luis Borges apelaba a la etimología para perfilar un apellido de oligarcas o de martilleros. Bullrich, descifraba, quiere decir “toro rico”. De veras lo decía, ironizando por cierto. Confesión involuntaria: el gobierno tiene dos ministros Bullrich a falta de uno. Patricia encarna a su ala dura. El titular de Educación, Esteban, a la dialoguista. A éste le toca uno de los primeros test gremiales, una virtuosa herencia institucional del kirchnerismo, una conquista de los sindicatos del sector, otro grano para la gestión de Cambiemos,

Las paritarias docentes nacional y provinciales son pioneras, casos testigos para las que vendrán después. Comenzaron las conversaciones con las centrales y sindicatos concernidos. Por ahora, el oficialismo no habla de cifras pero transmite recelos. Blando con otros formadores de precios, verbaliza temores: que los nuevos salarios no acicateen la inflación. Consecuencia de las medidas económicas fundacionales, los precios se han disparado. Sobre todo de artículos de primera necesidad, alimentos a la cabeza. Hasta los periodistas económicos de Clarín se percatan. Levantan rezos para que el primer trimestre no llegue a dos dígitos. Plegarias que, todo lo indica, no serán atendidas. La administración macrista arrancará con una inflación machaza. Es un dato certero. Las profecías oficialistas se entusiasman con el hipotético segundo semestre que vendría en baja. La diferencia entre lo real y lo virtual es marcada.

Los representantes de los docentes piden recuperar el valor del salario, esto es actualizar los sueldos de 2015 tomando en cuenta el largo 30 por ciento que los devaluó. Una reapertura de las tratativas a mediados de año puede llegar a complacer a las dos partes pero la cifra lógica demandada por los gremios atraganta al Bullrich más tratable. Para suavizar, prometió no discontinuar programas valiosos como el FINES dedicado a personas que no pudieron terminar sus estudios en tiempo. Bullrich también aseguró que corregirá el vergonzoso texto de la Ley de Ministerios, aquel que omitía a la Ley de Financiamiento Educativo y citaba como precedente egregio y único a la Ley de Educación Federal. Los gremios cuestionaron la tropelía e iniciaron una denuncia administrativa. El ministro prometió corregir hace semanas... no cumplió hasta ahora. Adujo que hacen falta firmas de los demás ministros y que no hubo mala fe sino “un grave error” de los redactores. Eligió describir a los redactores como ignorantes antes que como malévolos: no le cabía una tercera opción.

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La billetera y el corazón: Prat-Gay anunció un diluvio de dólares cuando se “levantó el cepo”. No ha llovido, aún. En el paquete venían 400 millones de billetes verdes liquidados a diario por las exportadoras agropecuarias. Si se combina ese tramo del discurso con los totales que manejó el ministro se concluye, como lo hizo Clarín al día siguiente, que esperaba 8000 millones de dólares. Hubo feriados en el medio, las cifras de la semana pasada (la primera completita) recién se divulgarán mañana o pasado... todo eso computado, hasta el cierre de esa edición lo embolsado dista muuucho de las predicciones sonrientes. El sucedido ya produjo un cruce entre el ministro Ricardo Buryaile y uno de sus secretarios. Buryaile, un dirigente corporativo de aquellos, defiende a sus representados con ahínco (ver asimismo nota de página 5).

Otro representante patronal, Daniel Funes de Rioja, advirtió en nombre de los formadores de precios de alimentos. Olvídense de retrotraerlos, como pidió Prat-Gay entre cofrades y sin mover nada del aparato estatal. “Precios Cuidados” debió llamarse “Precios pisados” se puso gracioso Funes. Seguramente clamó: “no pisarán” o “no pasarán”.

Antes de fin de año el gobierno temía saqueos o violencia social. Nada ocurrió. La inflación en cambió vive, colea y crece. La idea fuerza es que los trabajadores reduzcan sus demandas. La convocatoria a un organismo tripartito, de cualquier designación y formato, se desdibuja y se difiere. .

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Patrones de conducta, conducta de Ceos: Un gabinete colonizado por Ceos y capitalistas poderosos suscita conflictos de intereses a cada paso. Se dirimen sencillo. La primera medida importante de Buryaile enriqueció a sus representados y a él mismo. El ministro de Cultura Pablo Avelluto abrió sin restricciones la importación de libros. Se pueden discutir los alcances de la medida pero no que una gran favorecida es la gran editorial que dirigió hace pocos años.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, dejó Shell hace un ratito. En la semana que pasó movió ficha... adivinen cómo le vino a Shell.

Se desreguló la actividad petrolera, alteró la correlación de fuerzas entre las grandes empresas multinacionales, YPF y las provincias.

El mendocino Rodolfo Lafalla, conocedor de la actividad y ex funcionario provincial, describe así las consecuencias más chocantes: “El gobierno se propone mantener YPF solo como símbolo pero vaciarlo con la incorporación del management privado. La desregulación de la actividad petrolera no significa desarmar un esquema anti inversiones (inexistente) sino liberalizar el mercado para que los privados puedan hacer sus negocios, esta vez sí de la mano del Estado capturado por las grandes compañías”. La supuesta primacía provincial coloca a las multis en condiciones ventajosas para negociar “de a uno” con interlocutores menos poderosos. Así lo señalaron en este diario los colegas Claudio Scaletta y Raúl Dellatorre.

Añade Lafalla “la mega devaluación significó transferencia de recursos que, en este caso, van a ir desde el consumidor o usuario hacia las compañías petroleras, quienes importarán materia prima e insumos a un dólar más caro, a costa del ciudadano común”.

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Contrato, conflicto y reversa: El contrato electoral de Cambiemos comprendía devaluación y retenciones. Quizás sin la magnitud y simultaneidad implementadas. La promesa era aminorar la inflación, no escalarla. La opción entre aceptar bajas del salario o quedarse en la calle estaba fuera del menú. La violencia contra los manifestantes, la discriminación contra los discapacitados constelaban a años luz del discurso edulcorado de campaña.

“Este gobierno tiene reversa”, comentó en un reportaje a Página/12 Ricardo Pignanelli, secretario general del Smata. A veces es así, no siempre. Puso marcha atrás cuando Charly García terminó de dejar en descubierto al fascista Carlos Manfroni. También cuando los correligionarios radicales pusieron el grito en cielo por la designación papelonera de Juan Cruz Avila. Los dos potenciales okupas de la Corte Suprema están en un limbo, no se conoce aún hasta donde llegó la reversa macrista.

Es ensayo y error. Se prepea, se procura avasallar derechos. Si queda muy ostensible o hay mucha resistencia, se desanda el camino.

Equiparar esos gestos autoritarios con una dictadura, discurso demasiado extendido en las filas kirchneristas, es excesivo. La sociedad civil, los sindicatos, los propios damnificados tienen voz y capacidad de reacción e instancias democráticas para defenderse.

Equiparar esa praxis con la de una “derecha moderna” como hacen muchos formadores de opinión, es exceso de transigencia amén de una mala lectura. Un ethos autoritario, reaccionario a menudo, signa al oficialismo.

Volvamos al inicio. Macri busca su propio sistema de gobernabilidad, imposible si no sustenta en el tiempo legitimidad de ejercicio. La coyuntura desafía a dirigentes políticos, sociales y sindicales. Muchos de ellos fueron oficialistas durante los últimos doce años, otros opositores enérgicos. Estos notarán menos cambios. En las cúpulas gremiales hay quienes fueron oficialistas desde hace 25 años, habrá que ver si saben adecuarse a un mundo nuevo. También cómo enfilan los compañeros de seccionales, los delegados de base, los propios trabajadores. La historia continuará y, aunque no parezca, recién empieza,

mwainfeld@pagina12.com.ar

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Da: Ruben1919 Inviato: 17/01/2016 01:09

ECONOMIA › PANORAMA ECONOMICO

Exceso de demanda

 Por David Cufré

El ordenamiento de precios que proyecta el Gobierno para cuando termine la ola de remarcaciones por la devaluación y el aumento de tarifas de los servicios públicos –una novedad en este terreno es la suba en torno del 200 por ciento que prepara Aysa para agua y cloacas– se sustenta en la visión de que existe un exceso de demanda. El equipo económico y el Banco Central interpretan que los niveles de consumo alcanzados durante el kirchnerismo son ficticios, generados a partir de políticas fiscales y monetarias expansivas que resultan insostenibles a mediano plazo. Un crecimiento “genuino” de la capacidad de compra de la población, afirman, debe llegar como consecuencia de un salto en los volúmenes de inversión, liderado por el sector privado, que traccione el empleo y aumente la oferta disponible. Ajustar el gasto público, bajar la emisión, atraer capitales financieros, liberar restricciones a la repatriación de divisas de empresas extranjeras y abrir la economía a las importaciones forman parte de un mismo proceso orientado a seducir al capital. Varias de esas medidas, al mismo tiempo, golpearán sobre el poder de compra en el mercado interno. Las señales inequívocas que empezó a dar el macrismo en el terreno laboral se inscriben en la misma lógica. Los despidos de empleados públicos, el decreto –ahora en revisión– que anula las paritarias de los empleados municipales de la provincia de Buenos Aires y la advertencia de Alfonso Prat-Gay de que puede haber puestos de trabajo en riesgo si los sindicatos tiran de la cuerda en las negociaciones salariales forman parte estructural del programa antiinflacionario. Esta orientación de la política económica debe poner en alerta máxima a las centrales obreras si no quieren repetir la experiencia de los 90, cuando el desempleo escaló del 6 al 18 por ciento entre 1991 y 1995.

Como en la mayoría de los programas de ajuste que se han aplicado en el país, la promesa de los funcionarios del Ministerio de Economía –ahora rebautizado de Hacienda y Finanzas– es que pasado un período de “sinceramiento” de las variables, siempre doloroso, florecerá la economía, aumentará el consumo y se logrará un estado de bienestar general. La experiencia nacional demuestra lo contrario, empezando por cómo se reparten las cargas; es decir, quienes resultan ganadores y perdedores, pasando por el hecho de que siempre se piden más sacrificios para llegar a la supuesta meta y terminando en que generalmente los planes ocasionan enormes crisis que hunden a las mayorías, como ocurrió con los experimentos de José Alfredo Martínez de Hoz y Domingo Cavallo. Prat-Gay empieza a mostrarse heredero de esa tradición, permitiéndose incluso provocaciones como tildar a trabajadores cesanteados de ser grasa sobrante que hay que descartar.

El plan de ajuste del macrismo arrancó con medidas que desataron una escalada inflacionaria y una caída de la capacidad de consumo de los trabajadores. Es la etapa de “sinceramiento” de las variables, donde se van estableciendo las bases para una redistribución regresiva de los ingresos, favorable a los rubros exportadores –esencialmente agropecuarios– y financieros. La devaluación, la quita de retenciones y la desregulación financiera van en esa línea. El próximo paso será la rebaja de subsidios a los servicios públicos y el aumento de tarifas, otra transferencia de recursos desde sectores de ingresos fijos a grandes empresas nacionales y extranjeras. Esa afectación del poder de compra de vastos sectores de la sociedad apunta a “resolver” el problema de exceso de demanda que origina la inflación, según consideran Prat Gay y Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central. De otro modo, hubieran buscado alternativas para bajar la inflación sin provocar primero un fogonazo de aumentos de precios.

Los despidos generalizados en el sector público y la falta de intervención estatal para cuidar puestos de trabajo en el sector privado –incluso promoviendo conflictos como el de Sol–, y los intentos por contener las subas salariales en paritarias son otra pata del plan para bajar la inflación a través de una caída del consumo interno.

El marco general de la estrategia son las metas de inflación que anunció Prat-Gay a mitad de semana. Este esquema parte de la idea de que los aumentos de precios se intensifican por un recalentamiento de la demanda. La principal herramienta para administrar esa variable es la política monetaria, a través de la suba o baja de la tasa de interés. La meta oficial de inflación se constituye en la práctica en el ancla nominal de la economía. El Banco Central debe concentrar sus esfuerzos en contener la inflación dentro del rango fijado previamente. Para este año, por caso, Prat-Gay estableció que la banda debe ir del 20 al 25 por ciento anual. Si los precios muestran una evolución que supere el límite máximo, la autoridad monetaria buscará ponerlos en caja aumentando el costo del dinero, aun si ello entraña costos recesivos. La credibilidad del Central para actuar independientemente de otros objetivos, como el crecimiento económico o asegurar un bajo desempleo, asume una importancia crucial. Por eso en los sistemas de metas de inflación se le suele asignar a la independencia de los bancos centrales un lugar preponderante, desligado de las urgencias del poder político, que podría verse presionado por la sociedad a aceptar desvíos en las pautas inflacionarias para mejorar el nivel de actividad o de ocupación, afectando el funcionamiento rector de la economía que es el control de la inflación. Mientras más duro sea el Central en hacer cumplir las metas, mejores resultados habrá para la economía a mediano plazo, puesto que el proceso de formación de expectativas y toma de decisiones estará guiado por una racionalidad superior. Prat-Gay exhibió su fascinación por este modelo cuando dijo que habrá “mano dura” en su aplicación.

Las metas de inflación empezaron a generalizarse en el mundo a partir de la experiencia de Nueva Zelanda en 1990, en coincidencia con el proceso de desregulación financiera internacional e imposición del pensamiento único neoliberal. En la actualidad lo aplican una gran cantidad de países en todo el mundo, desarrollados y emergentes, lo que dio lugar a un intenso debate entre economistas ortodoxos y heterodoxos sobre su efectividad y consecuencias.

En el amplio campo de los detractores, la primera de las críticas es que los esquemas de metas de inflación subordinan el crecimiento económico, la ocupación y la distribución del ingreso a un objetivo de estabilidad de precios que en el mejor de los casos daría un horizonte de previsibilidad a sectores concentrados de la economía –en primer lugar, financieros– para hacer fabulosos negocios. Es decir, el esquema estaría en función de los intereses de actores económicos poderosos y en desmedro de las necesidades de otros sectores empresarios y trabajadores en general, confiando en el eventual derrame posterior. En segundo lugar, se advierte que la interpretación monocausal de la inflación como un exceso de demanda es inconsistente, dado que deja de lado otros factores que en países como la Argentina son centrales, como la puja distributiva, la incidencia sobre costos de estructuras de proveedores de insumos difundidos con comportamientos monopólicos o cartelizados y el impacto de los precios internacionales de los alimentos y la energía en el mercado interno. También se alerta sobre la amplificación del riesgo de sufrir severas crisis por contagio de shocks externos, ya que junto a las metas de inflación los programas económicos apuestan a la apertura comercial y la desregulación financiera.

No es extraño que (ex) representantes del poder financiero como Prat-Gay sean promotores de este sistema. Bajar la inflación con altas tasas de interés, despidos, control sobre las paritarias y libertad importadora es un plan que los argentinos ya conocen. Son políticas que han conspirado contra las necesidades populares, pero cada vez es más claro que el macrismo no vino a gobernar para ellas.


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Da: Ruben1919 Inviato: 24/01/2016 00:11

53 › "POR UN VERDADERO FEDERALISMO"

Cumbre de gobernadores, con reclamo por la coparticipación

Los once mandatarios provinciales del peronismo que se reunieron en la capital sanjuanina emitieron un comunicado en el que advirtieron al gobierno nacional que recurrirán a la justicia para lograr la restitución del decreto de Cristina Kirchner que devolvía el 15 por ciento de fondos a las provincias, luego del fallo en ese sentido de la Corte Suprema. Criticaron el aumento de recursos coparticipables decretado para la CABA.

El texto consensuado entre los mandatarios justicialistas señala, entre otros puntos, que "hoy se vive una situación de profunda inequidad" en lo que refiere a la distribución de los recursos. Criticaron la decisión del presidente Mauricio Macri de anular una decreto del gobierno de Cristina Kirchner para devolver el 15 de coparticipación a todas las provincias, con base en un fallo favorable de la Corte Suprema a los reclamos que durante la gestión kirchnerista solo habían presentado San Luis, Santa Fe y Córdoba.

"Es imperioso que esta problemática se resuelva a través de la política, de lo contrario todas las provincias se verán obligadas a utilizar la vía judicial y la Corte ya fijó un antecedente muy claro del que no podrá alejarse", afirmaron los gobernadores del PJ en el comunicado.

Participaron del encuentro que se desarrolló en el Centro Cívico de San Juan el gobernador de esa provincia Sergio Uñac; el diputado nacional y ex gobernador José Luis Gioja; Juan Manuel Urtubey (Salta), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Casas (La Rioja). También estuvieron Juan Manzur (Tucumán), Lucía Corpacci (Catamarca), Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero), Carlos Verna (La Pampa) y Domingo Peppo (Chaco).

En el documento denominado "Por un Verdadero Federalismo", los dirigentes calificaron como "una pésima noticia para los que estamos convencidos que el verdadero desarrollo viene de la mano de una mayor justicia distributiva" la resolución del gobierno nacional que aumentó en un 160 por ciento los ingresos por coparticipación para la ciudad de Buenos Aires.

En este sentido, consideraron necesario "devolver el 15 por ciento que se detrae de la masa de fondos coparticipables desde el año 1992 ya que la Corte Suprema de Justicia a fines del 2015 estableció que esa detracción es inconstitucional". Además, indicaron que se debe "encarar una discusión política" para "establecer un nuevo régimen federal de coparticipación de impuestos, la cual debe darse en su ámbito natural que es el Congreso Nacional", y que el Estado "cumpla con las obligaciones de financiar y saldar las obras públicas nacionales".



 
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