Cambiamos: los primeros 30 días del gobierno de Macri, en 30 medidas
Gustavo Cirelli 10 de Enero de 2016 | 12:00
Desde su asunción el 10 de diciembre, el nuevo presidente imprimió un cambio de rumbo a la Argentina en el plano nacional e internacional, en contraste con el kirchnerismo.
Devaluación, inflación, gobernabilidad por decreto (designaciones y modificación de leyes), emergencia, algunos de los conceptos clave. Ganadores y perdedores de la nueva gestión.
Hoy se cumple un mes desde que el titular provisional del Senado y presidente cautelar de la Nación por 12 horas, Federico Pinedo le entregara a Mauricio Macri los atributos presidenciales. Minutos antes, en el mediodía del jueves 10 de diciembre frente a la Asamblea Legislativa, el flamante mandatario pronunciaba un breve discurso, fundacional, con tres ejes: pobreza cero, combatir al narcotráfico y unir a los argentinos. "Convoco a todos a aprender el arte del acuerdo", afirmó. Luego salió al balcón de Perón en la Rosada para agradecer a los presentes en la Plaza de Mayo, y deleitar a sus seguidores con ese bailecito desacoplado que ya es una marca registrada del jefe de Estado. A su lado, la vice Gabriela Michetti se atrevía a desafinar la canción de Gilda. "No me arrepiento de este amor…" La era Cambiemos acababa de estrenarse. Pasaron sólo 30 días. El mandatario –por estos días en reposo al perder el equilibrio hacia la derecha y fisurarse una costilla mientras jugaba el viernes a caer la tarde con su hija Antonia en su quinta privada– imprimió una gestualidad evidente a sus actos públicos con lo que buscó diferenciarse de su antecesora, Cristina Kirchner: recibir a opositores, sacarse foto con gobernadores, delegar la responsabilidad de la gestión y los anuncios en su equipo, y hasta tomarse más de una semana de vacaciones a los pocos días de asumir. Pero la diferenciación con el kirchnerismo no fue sólo gestual o formal: el macrismo, en un mes impuso –en varios frentes a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU)– un nuevo rumbo a la Argentina. Sólo la observación de 30 medidas, decisiones, acciones u omisiones del gobierno que acaba de iniciar su camino permiten comprender prioridades y objetivos, por caso, en la nueva puja redistributiva, y el realineamiento internacional del país. Hay otra palabra clave en el diccionario del poder macrista: emergencia. Un recurso que le permite al gobierno avanzar sin detenerse a dar demasiadas explicaciones. Las medidas: * El 11 de diciembre, Macri estrenó despacho en Balcarce 50. Durante la jornada fue recibiendo a los candidatos de las fuerzas opositoras, con la excepción del trotskista Nicolás del Caño que no aceptó el convite. Lo visitaron Daniel Scioli, Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Adolfo Rodríguez Saá. Al día siguiente invitó a todos los gobernadores a un almuerzo en la Quinta de Olivos. Dos días, dos acciones de gobierno con fotos garantizadas, y elogios múltiples a la nueva institucionalidad imanada desde la Rosada. Sólo que el presidente obvió un detalle no menor: no le adelantó a ninguno, ni a opositores, ni a gobernadores, el DNU que tenía en la manga. * El 14 de diciembre, en el segundo día hábil de su gestión, Macri sorprendió con la designación en comisión por decreto de dos miembros de Corte Suprema, el ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner Horacio Rosatti, y el abogado Carlos Rosenkrantz, cuyo estudio tuvo al Grupo Clarín entre sus clientes. Una jugada audaz que le permitía evitar el trámite parlamentario. Aquellas palabras leídas sobre "el arte del acuerdo" ante la Asamblea Legislativa comenzaban a retumbar en el vacío. Cuando Stolbizer superó el asombro apuntó: "Es el primer y grave traspié" de Macri. Luego el gobierno acordaría con Ricardo Lorenzetti postergar para febrero el debate por las designaciones de Rosatti y Rosenkrantz (ver recuadro). * Por esas horas, además, se hacía público que el Congreso se paralizaría y no habría llamado a sesiones extraordinarias: el Parlamento cerrado por vacaciones. * Ese mismo día, el gobierno cumplía sin demoras una promesa central de la campaña electoral: la eliminación de las retenciones para el trigo, el maíz, la carne y una reducción del 35 al 30% en el caso de la soja. El Decreto 133 que borró las retenciones, según un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) implicó una recuperación de 3685 millones de dólares para el conjunto de los sectores agroindustriales del país; por ende, un costo fiscal brutal. * Aquel lunes, Macri cerró la vigésimo primera Conferencia Industrial que organizó la UIA en Parque Norte con un anuncio que fue recibido con aplausos: el fin de las retenciones a las exportaciones industriales. En síntesis: la eliminación de retenciones para el sector agropecuario y para la industria representa una descomunal transferencia de recursos por parte del Estado, del conjunto de la sociedad a las corporaciones. Según Armando Bocco, ex director del BCRA, equivale a un mes de recaudación. * El 14 de diciembre la agenda de gobierno estuvo recargada: el ministro de energía, Juan José Aranguren, (ex titular de Shell en la Argentina) oficializó la quita de subsidios en el servicio eléctrico y de gas. A partir de febrero los usuarios verán reflejado en sus boletas el impacto en el bolsillo que tendrá la medida. * El martes 15, Aranguren mediante un DNU imponía la "emergencia eléctrica" hasta el 31 de diciembre de 2017, lo que le otorga al ministro amplias facultades para rediseñar un nuevo esquema de oferta y demanda de la electricidad. * El macrismo designó al ex senador radical Mario Cimadevilla para una función sensible: estar al frente de la nueva Secretaría de Investigaciones del atentado contra la AMIA (hasta ese día se llamó Unidad AMIA). El organismo funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y entre sus tareas también tendrá que colaborar con la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman. * "El valor del dólar lo fijará el mercado", una definición del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, que sepultaba las restricciones cambiarias. Fue el 16 de diciembre. "El que quiera comprar dólares lo va a hacer, el que quiera exportar lo va a poder hace sin permiso y el que quiera importar va a poder importar", definió el ministro. Sin pasar por la AFIP, personas físicas y empresas podrán comprar hasta 2 millones de dólares por mes. En concreto, esa tarde de miércoles Prat-Gay estaba anunciado una devaluación que superó el 40 por ciento. Un golpe a los bolsillos, sobre todo, de sectores de menores recursos y de jubilado y pensionados. * El gobierno declaró otra "emergencia" nacional, en este caso, en Seguridad; medida que presentó la ministra Patricia Bullrich y que fue avalada por unanimidad por el Consejo de Seguridad Interior, que integran todas las provincias. * A la semana de estar en funciones, el macrismo mostraba sus cartas con respecto a una de sus preocupaciones: cómo enfrentar una latente conflictividad social. El viernes 18, el jefe de Gabinete Marcos Peña lo explicó en conferencia de prensa: se buscará reglamentar la protesta callejera a través de un protocolo que "de previsibilidad y reglas claras para todos". El gobierno buscará evitar los cortes de calles y piquetes que alteren o impidan "la libre circulación". Clarísimo. * Ante el impacto de la inflación sobre el bolsillo de los asalariados, los gremios reclamaron un bono de fin de año. El Ejecutivo lo rechazó. Lo informó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca: "El bono que estamos dando es que no vamos a subir el Mínimo no Imponible de Ganancias". Prat-Gay había firmado la resolución que eximía del pago de Ganancias al medio aguinaldo con un mínimo imponible de 30 mil pesos bruto. Una medida que ya había tomado el kirchnerismo años antes. Cambiemos, al parecer, olvidaba la promesa proselitista de eliminar el impuesto al salario. * Esa tarde, al regreso de Paraguay, Macri presentó lo que hasta el momento es el único anuncio directo en favor de los sectores más postergados de la sociedad. Se trató de un refuerzo de sólo 400 pesos para los pasivos que cobran jubilaciones y pensiones mínimas y para los beneficiarios de las Asignaciones Universales por Hijos. * Daniel Pollack, el mediador designado por el juez neoyorquino Thomas Griesa, reapareció en escena para destacar que en los fondos buitre negociarían en forma directa con la Argentina. El secretario de Finanzas argentino, Luis Caputo, viajó a Estados Unidos para acordar "un cronograma de encuentros". Otro cambio. * La Gendarmería reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma a los trabajadores de Cresta Roja que protestaban en la Autopista Ricchieri por el cierre de la empresa y la incertidumbre de su futuro laboral. La justicia decretó la quiebra de Cresta Roja. El gobierno se comprometió a dar una ayuda de 6000 pesos, más bolsones de alimentos en enero a los trabajadores de la firma. * El ministro de Modernización Andrés Ibarra dijo que revisarían 24 mil contratos de trabajadores del Estado. Los gremios comenzaron a denunciar persecución y caza de brujas. * El 23 de diciembre, el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad empieza a cumplir el objetivo que había lanzado días previos cuando afirmó que "la Ley de Medios no va a subsistir". Intervino la AFSCA. También la AFTIC. Martín Sabbatella presentó una habeas corpus en la justicia y permaneció en el edificio esperando una resolución judicial. * Un par de horas antes de la Nochebuena, Sabbatella fue desalojado del edificio de la AFSCA junto a otros directivos. * Por la mañana, ese 24, Mauricio Macri inició sus vacaciones junto a su familia en un country en Villa La Angostura. Descansaría hasta el 4 de enero. * El domingo 27, el presidente tuvo que interrumpir por unas horas su descanso patagónico para visitar las zonas inundadas en Entre Ríos. Había miles de evacuados en la peor inundación en 50 años en la región. Macri prometió "soluciones definitivas" y regresó a Villa La Angostura. Esa madrugada, huyeron por la puerta del penal de máxima seguridad de General Alvear, los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci, condenados por el triple crimen de la efedrina. Comenzaba una grave crisis institucional que golpea al gobierno bonaerense. * Desde usinas oficiales, se instaló una campaña persecutoria contra periodistas de los medios públicos, que no ocultaron nunca su afinidad con el kirchnerismo. Difundieron salarios y contratos de periodistas de la Radio Nacional a través de la prensa macrista. * El bloque del FPV denunció abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público por parte del titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, por la maniobra del macrismo de querer ocupar la vacante del Consejo de la Magistratura. La intención fue nombrar a Pablo Tonelli. * Sólo 24 horas después del Día de los Santos Inocentes, Macri recibió dos noticias que reconfortaron: su estadía a orillas del lago Nahuel Huapi. El juez federal Sebastián Casanello lo desprocesó de la causa de espionaje. Y la Cámara de Casación lo desvinculó del expediente en el que se investigan los abusos contra indigentes y personas en situación de calle por parte de la UCEP. * Por decreto, el gobierno modificó la Ley de Servicios Audiovisuales. El juez platense Luis Arias interpuso una pracautelar para retrotraer la situación. El gobierno no se detuvo. * Jorge Todesca, titular del Indec, decretó la "emergencia estadística", por lo que no se contará durante seis meses con indicadores claves para medir la evolución de los precios. * Prat-Gay consagró otra frase para la historia: "Cada sindicato sabrá hasta donde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos." El repudio de los gremios a la advertencia del ministro fue inmediato. * El lunes 4 de enero fue otra jornada cargada de actividad oficial. Macri volvió al trabajo. Oficializó el decreto con el que sepultó la Ley de Medios. * Michetti echó a 2035 empleados del Senado. Luego debió reincorporar a 100 trabajadores discapacitados. Más de 600 empleados del centro Cultural Kirchner quedan en la calle. Los despidos a empleados públicos se repitieron en distintos municipios. En La Plata, los municipales protestan en la puerta de la municipalidad y fueron reprimidos por la Infantería de la Policía Bonaerense. * Con el petróleo en baja en el mundo, el barril cotiza 33 dólares, en la Argentina las naftas aumentan un 6 por ciento.
Con 30 medidas en 30 días de gobierno se puede vislumbrar quiénes serán los principales beneficiarios. Los ganadores están a la vista. Los perdedores, también. Recién empieza. «
* El 21 de diciembre, Macri desembarcó en la Cumbre del Mercosur en Asunción con un duro discurso contra el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro: reclamó la "liberación de los presos políticos" en Venezuela. También pidió acuerdos comerciales con la Unión Europea y con la Alianza del Pacífico. La réplica de la canciller chavista Delcy Rodríguez fue inmediata: le cuestionó la intromisión en cuestiones domésticas venezolanas. En su respuesta la diplomática bolivariana se equivocó al afirmar que el macrismo liberaría "a los responsables de las torturas de la dictadura". Ningún otro mandatario del Mercosur respaldó la postura del argentino.
La última foto
"Todo bien. Sólo un poco de reposo", escribió el presidente ayer a las 10:34 en la red social Twitter, acompañando una imagen en la que se lo ve junto a su hija Antonia, ambos sonrientes. La foto es la primera luego del accidente que en la tarde del viernes, mientras jugaba con su hija, le ocasionó una fisura en una costilla por la que deberá guardar reposo. Cuatro horas después, volvía a escribir: "Felicito a todo el equipo y a las fuerzas de seguridad por la captura de los prófugos" del penal de Alvear, lo que resultó ser erróneo (ver aparte).
EL PAIS › “SE ESTA ATACANDO LA LIBERTAD DE EXPRESION” > DOS JUECES FALLARON EN CONTRA DE LAS MODIFICACIONES EN LA AFSCA Y EN LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
Tres decretos que quedaron suspendidos
Los magistrados consideraron que las medidas del Ejecutivo avanzaron sobre las competencias del Poder Legislativo. La jueza Martina Forns le dio tres días al Gobierno para que envíe un informe con sus argumentos. Martín Sabbatella buscará reincorporarse hoy.
Por Ailín Bullentini
Dos jueces federales suspendieron ayer los tres decretos de necesidad y urgencia con los que el Gobierno de Mauricio Macri derogó parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los amparos fueron solicitados por una cooperativa de comunicación comunitaria a una jueza de San Martín y una asociación que defiende a usuarios a un juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e integran sendas demandas de inconstitucionalidad. Según las partes, los fallos implican la restitución de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y del Consejo Federal de Comunicación (Cofeca). Esta mañana, Martín Sabbatella y el resto del directorio de la Afsca removido por uno de los decretos suspendidos, intentarán reincorporarse al organismo. Desde ayer fue reforzado el operativo de seguridad que rodea al edificio desde su intervención.
A través de dos medidas cautelares, los fallos de la jueza federal en lo Civil y Comercial de San Martín número 2, Martina Forns, y del titular del Juzgado Federal Civil y Comercial porteño número 7, Iván Garbarino, definen lo mismo: suspenden los efectos de los DNU número 13, 236 y 267 de 2015 mediante los cuales el Poder Ejecutivo volcó en el flamante Ministerio de Comunicaciones las funciones de la AFSCA, intervino ese organismo y lo disolvió, junto con el Consejo Federal de Comunicación y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) y creó en su lugar el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
Las medidas fueron reclamadas a la jueza por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social y al magistrado por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc) en base a una demanda de igual manera coincidente: ambos actores plantearon la nulidad de esos DNU por considerar que su dictado es inconstitucional, ya que el Poder Ejecutivo no puede modificar una norma como la 26.522 mediante decreto de necesidad y urgencia. “Es la forma que encontramos de defender lo que militamos durante 30 años y de evitar que las corporaciones dicten las normas”, planteó Patricio Enciso, presidente de la cooperativa que desde hace 30 años comunica de manera comunitaria y popular en la zona oeste a través de la radio FM En Tránsito 93.9 –aún sin licencia– y la revista autogestiva Güarning!
Los jueces habilitaron las cautelares mientras resuelven la inconstitucionalidad como cuestión de fondo del asunto. “No se vislumbran defectos en la ley 26522 que requiriesen de una necesaria y urgente reparación que no admitiera la espera de alcanzar los consensos y mayorías necesarias que nuestra Constitución establece para la conversión en ley de las modificatorias pretendidas por el Poder Ejecutivo nacional”, determinó Garbarino. “Resulta evidente, manifiesto y palmario que con el dictado de los decretos cuestionados en las presentes se ha avanzado sobre las competencias del Poder Legislativo”, aseguró Forns, en cuya sentencia –más completa que la de su colega porteño– insta al Estado a explicarle por qué consideró habilitado el camino de los DNU para modificar la LSCA, razones que ella no encontró en los textos publicados en el Boletín Oficial. Lo planteado en los considerandos de los decretos 13, 236 y 267 de 2015 “no puede incluirse de ningún modo entre las circunstancias excepcionales descriptas como imprescindibles para que el Presidente ejerza funciones legislativas vedadas constitucionalente”, remarcó Forns. Le dio al Ejecutivo tres días hábiles para presentar los argumentos e informó su decisión a los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, un detalle que, cuanto menos, fortalece los antecedentes con los que cuenta la Comisión Bicameral de seguimiento de DNU. El Ejecutivo, no obstante, descartó el llamado a sesiones extraordinarias.
Enciso y sus compañeros entienden que la cautelar interina de Forns retrotrae la situación normada por la LSCA al 9 de diciembre pasado –el DNU más antiguo cuyo efecto fue suspendido por la medida es el 13/2015, con fecha del 10 de ese mes–, con lo cual la Afsca vuelve al ruedo de manera autárquica; renace su Consejo Federal y su directorio. Aunque el avasallamiento del Gobierno sobre la LSCA “supera la figura de Sabbatella”, entienden que su retorno a la titularidad del organismo forma parte del resultado de la cautelar aplicada por la jueza. “El problema es con la República, la democracia, la división de poderes. Es que una ley construida con una legitimidad tan grande como la de la 26.522 no puede ser modificada por decretos dictados por las corporaciones. Si quieren modificar la ley que lo discutan en el Congreso”, aclaró Enciso.
Desde su entorno, también entienden que el dirigente de Nuevo Encuentro vuelve a estar al frente de la Afsca. “Si los decretos quedan suspendidos y la ley no está derogada, significa que está vigente”, explicaron. Sabbatella, el resto del directorio y los miembros del Gabinete intentarán retomar sus funciones hoy, pese a que sospechan que el Ejecutivo se negará a acatar los fallos, tal como lo hizo con la resolución del juez de La Plata Luis Arias. El operativo de seguridad que permanece en la puerta del edificio en donde funciona la Afsca desde que fue intervenida fue reforzado. De cumplirse su augurio, acudirán a la Justicia penal.
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Ayer fue reforzado el operativo de seguridad que rodea al edificio de la Afsca desde su intervención.
El ordenamiento de precios que proyecta el Gobierno para cuando termine la ola de remarcaciones por la devaluación y el aumento de tarifas de los servicios públicos –una novedad en este terreno es la suba en torno del 200 por ciento que prepara Aysa para agua y cloacas– se sustenta en la visión de que existe un exceso de demanda. El equipo económico y el Banco Central interpretan que los niveles de consumo alcanzados durante el kirchnerismo son ficticios, generados a partir de políticas fiscales y monetarias expansivas que resultan insostenibles a mediano plazo. Un crecimiento “genuino” de la capacidad de compra de la población, afirman, debe llegar como consecuencia de un salto en los volúmenes de inversión, liderado por el sector privado, que traccione el empleo y aumente la oferta disponible. Ajustar el gasto público, bajar la emisión, atraer capitales financieros, liberar restricciones a la repatriación de divisas de empresas extranjeras y abrir la economía a las importaciones forman parte de un mismo proceso orientado a seducir al capital. Varias de esas medidas, al mismo tiempo, golpearán sobre el poder de compra en el mercado interno. Las señales inequívocas que empezó a dar el macrismo en el terreno laboral se inscriben en la misma lógica. Los despidos de empleados públicos, el decreto –ahora en revisión– que anula las paritarias de los empleados municipales de la provincia de Buenos Aires y la advertencia de Alfonso Prat-Gay de que puede haber puestos de trabajo en riesgo si los sindicatos tiran de la cuerda en las negociaciones salariales forman parte estructural del programa antiinflacionario. Esta orientación de la política económica debe poner en alerta máxima a las centrales obreras si no quieren repetir la experiencia de los 90, cuando el desempleo escaló del 6 al 18 por ciento entre 1991 y 1995.
Como en la mayoría de los programas de ajuste que se han aplicado en el país, la promesa de los funcionarios del Ministerio de Economía –ahora rebautizado de Hacienda y Finanzas– es que pasado un período de “sinceramiento” de las variables, siempre doloroso, florecerá la economía, aumentará el consumo y se logrará un estado de bienestar general. La experiencia nacional demuestra lo contrario, empezando por cómo se reparten las cargas; es decir, quienes resultan ganadores y perdedores, pasando por el hecho de que siempre se piden más sacrificios para llegar a la supuesta meta y terminando en que generalmente los planes ocasionan enormes crisis que hunden a las mayorías, como ocurrió con los experimentos de José Alfredo Martínez de Hoz y Domingo Cavallo. Prat-Gay empieza a mostrarse heredero de esa tradición, permitiéndose incluso provocaciones como tildar a trabajadores cesanteados de ser grasa sobrante que hay que descartar.
El plan de ajuste del macrismo arrancó con medidas que desataron una escalada inflacionaria y una caída de la capacidad de consumo de los trabajadores. Es la etapa de “sinceramiento” de las variables, donde se van estableciendo las bases para una redistribución regresiva de los ingresos, favorable a los rubros exportadores –esencialmente agropecuarios– y financieros. La devaluación, la quita de retenciones y la desregulación financiera van en esa línea. El próximo paso será la rebaja de subsidios a los servicios públicos y el aumento de tarifas, otra transferencia de recursos desde sectores de ingresos fijos a grandes empresas nacionales y extranjeras. Esa afectación del poder de compra de vastos sectores de la sociedad apunta a “resolver” el problema de exceso de demanda que origina la inflación, según consideran Prat Gay y Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central. De otro modo, hubieran buscado alternativas para bajar la inflación sin provocar primero un fogonazo de aumentos de precios.
Los despidos generalizados en el sector público y la falta de intervención estatal para cuidar puestos de trabajo en el sector privado –incluso promoviendo conflictos como el de Sol–, y los intentos por contener las subas salariales en paritarias son otra pata del plan para bajar la inflación a través de una caída del consumo interno.
El marco general de la estrategia son las metas de inflación que anunció Prat-Gay a mitad de semana. Este esquema parte de la idea de que los aumentos de precios se intensifican por un recalentamiento de la demanda. La principal herramienta para administrar esa variable es la política monetaria, a través de la suba o baja de la tasa de interés. La meta oficial de inflación se constituye en la práctica en el ancla nominal de la economía. El Banco Central debe concentrar sus esfuerzos en contener la inflación dentro del rango fijado previamente. Para este año, por caso, Prat-Gay estableció que la banda debe ir del 20 al 25 por ciento anual. Si los precios muestran una evolución que supere el límite máximo, la autoridad monetaria buscará ponerlos en caja aumentando el costo del dinero, aun si ello entraña costos recesivos. La credibilidad del Central para actuar independientemente de otros objetivos, como el crecimiento económico o asegurar un bajo desempleo, asume una importancia crucial. Por eso en los sistemas de metas de inflación se le suele asignar a la independencia de los bancos centrales un lugar preponderante, desligado de las urgencias del poder político, que podría verse presionado por la sociedad a aceptar desvíos en las pautas inflacionarias para mejorar el nivel de actividad o de ocupación, afectando el funcionamiento rector de la economía que es el control de la inflación. Mientras más duro sea el Central en hacer cumplir las metas, mejores resultados habrá para la economía a mediano plazo, puesto que el proceso de formación de expectativas y toma de decisiones estará guiado por una racionalidad superior. Prat-Gay exhibió su fascinación por este modelo cuando dijo que habrá “mano dura” en su aplicación.
Las metas de inflación empezaron a generalizarse en el mundo a partir de la experiencia de Nueva Zelanda en 1990, en coincidencia con el proceso de desregulación financiera internacional e imposición del pensamiento único neoliberal. En la actualidad lo aplican una gran cantidad de países en todo el mundo, desarrollados y emergentes, lo que dio lugar a un intenso debate entre economistas ortodoxos y heterodoxos sobre su efectividad y consecuencias.
En el amplio campo de los detractores, la primera de las críticas es que los esquemas de metas de inflación subordinan el crecimiento económico, la ocupación y la distribución del ingreso a un objetivo de estabilidad de precios que en el mejor de los casos daría un horizonte de previsibilidad a sectores concentrados de la economía –en primer lugar, financieros– para hacer fabulosos negocios. Es decir, el esquema estaría en función de los intereses de actores económicos poderosos y en desmedro de las necesidades de otros sectores empresarios y trabajadores en general, confiando en el eventual derrame posterior. En segundo lugar, se advierte que la interpretación monocausal de la inflación como un exceso de demanda es inconsistente, dado que deja de lado otros factores que en países como la Argentina son centrales, como la puja distributiva, la incidencia sobre costos de estructuras de proveedores de insumos difundidos con comportamientos monopólicos o cartelizados y el impacto de los precios internacionales de los alimentos y la energía en el mercado interno. También se alerta sobre la amplificación del riesgo de sufrir severas crisis por contagio de shocks externos, ya que junto a las metas de inflación los programas económicos apuestan a la apertura comercial y la desregulación financiera.
No es extraño que (ex) representantes del poder financiero como Prat-Gay sean promotores de este sistema. Bajar la inflación con altas tasas de interés, despidos, control sobre las paritarias y libertad importadora es un plan que los argentinos ya conocen. Son políticas que han conspirado contra las necesidades populares, pero cada vez es más claro que el macrismo no vino a gobernar para ellas.
Cumbre de gobernadores, con reclamo por la coparticipación
Los once mandatarios provinciales del peronismo que se reunieron en la capital sanjuanina emitieron un comunicado en el que advirtieron al gobierno nacional que recurrirán a la justicia para lograr la restitución del decreto de Cristina Kirchner que devolvía el 15 por ciento de fondos a las provincias, luego del fallo en ese sentido de la Corte Suprema. Criticaron el aumento de recursos coparticipables decretado para la CABA.
El texto consensuado entre los mandatarios justicialistas señala, entre otros puntos, que "hoy se vive una situación de profunda inequidad" en lo que refiere a la distribución de los recursos. Criticaron la decisión del presidente Mauricio Macri de anular una decreto del gobierno de Cristina Kirchner para devolver el 15 de coparticipación a todas las provincias, con base en un fallo favorable de la Corte Suprema a los reclamos que durante la gestión kirchnerista solo habían presentado San Luis, Santa Fe y Córdoba.
"Es imperioso que esta problemática se resuelva a través de la política, de lo contrario todas las provincias se verán obligadas a utilizar la vía judicial y la Corte ya fijó un antecedente muy claro del que no podrá alejarse", afirmaron los gobernadores del PJ en el comunicado.
Participaron del encuentro que se desarrolló en el Centro Cívico de San Juan el gobernador de esa provincia Sergio Uñac; el diputado nacional y ex gobernador José Luis Gioja; Juan Manuel Urtubey (Salta), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Casas (La Rioja). También estuvieron Juan Manzur (Tucumán), Lucía Corpacci (Catamarca), Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero), Carlos Verna (La Pampa) y Domingo Peppo (Chaco).
En el documento denominado "Por un Verdadero Federalismo", los dirigentes calificaron como "una pésima noticia para los que estamos convencidos que el verdadero desarrollo viene de la mano de una mayor justicia distributiva" la resolución del gobierno nacional que aumentó en un 160 por ciento los ingresos por coparticipación para la ciudad de Buenos Aires.
En este sentido, consideraron necesario "devolver el 15 por ciento que se detrae de la masa de fondos coparticipables desde el año 1992 ya que la Corte Suprema de Justicia a fines del 2015 estableció que esa detracción es inconstitucional". Además, indicaron que se debe "encarar una discusión política" para "establecer un nuevo régimen federal de coparticipación de impuestos, la cual debe darse en su ámbito natural que es el Congreso Nacional", y que el Estado "cumpla con las obligaciones de financiar y saldar las obras públicas nacionales".