Odioso centralismo de Macri Vs equidad distributiva de Cristina - LA CUBA DEL GRAN PAPIYO

El decreto 194 que casi triplicó la coparticipación primaria de impuestos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires favorece al distrito que el ahora presidente Maurizio Macrì gobernó durante ocho años y que sigue al mando de su Alianza Cambiemos. Constituye un avance brutal sobre el federalismo, como denunciaron de inmediato los gobernadores Carlos Verna, de La Pampa, Juan Manzur, de Tucumán, y Juan Urtubey, de Salta, y el diputado José Luis Gioja. El tema se analizó en la reunión que un alto número de gobernadores celebraron ayer en San Juan y en el encuentro de dirigentes del justicialismo bonaerense en Santa Teresita. La justificación oficial sólo agregó escarnio. Horacio Rodríguez Larreta pretendió que era la transferencia constitucional de recursos que acompañaba el traspaso a la Ciudad de una parte de la Policía Federal, cuando la mejora en la coparticipación duplica el costo de esa readecuación. Si se le suma el decreto de necesidad y urgencia 73, que anuló la devolución del 15 por ciento de los impuestos coparticipables a todas las provincias, se aprecia mejor la magnitud (enorme) y el alcance (extenso) de la crisis que se está incubando.

El decreto 194 se presenta como una simple reglamentación del artículo 8 de la ley de coparticipación 23.548 por el cual el Poder Ejecutivo fijaba el monto de la coparticipación de la Capital, que por entonces sólo era un ente administrativo de la Nación. Pero a partir de la reforma constitucional de 1994, cuando la Capital adquirió entidad política y el Congreso la facultad de fijar la coparticipación de la Ciudad Autónoma, es evidente que no se trata de un decreto reglamentario sino de uno delegado, sólo admisible de existir necesidad y urgencia y nunca en materia tributaria. El artículo 75.2 de la Constitución también dice que la coparticipación “será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”, progresividad imposible si se favorece al distrito de mayor ingreso per cápita.

En el encuentro de Santa Teresita, del que participaron intendentes y legisladores de distintas líneas internas de la oposición justicialista, sobrevoló el recuerdo de aquella ley 23.548, que estableció un “Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación y las Provincias, a partir del 1º de enero de 1988”. Raúl Alfonsín la impulsó cuando el gobernador era el inesperado gobernador radical Alejandro Armendáriz, porque derrotado en las elecciones de 1987 y sin los votos de la mayoría peronista en el Senado hubiera debido renunciar aún antes a la presidencia. Desde entonces, la provincia de Buenos Aires recibe un porcentaje menor que el de su población, por el que no han dejado de quejarse los sucesivos gobernadores, con excepción de Eduardo Duhalde, quien como condición para dejar la vicepresidencia y presentarse como candidato a gobernador consiguió que el gobierno de Carlos Menem le compensara esa pérdida con el famoso Fondo del Conurbano. El presidente Fernando de la Rúa congeló esa suma y hoy María Eugenia Vidal sólo puede paliar esas penurias con endeudamiento, que es pan para hoy y calamidades para mañana. Las comparaciones siempre son odiosas, pero a veces ni siquiera resultan útiles. Macrì no está en el ocaso de su mandato, acaba de iniciarlo. Luego de haber conseguido romper el confinamiento de su partido PRO dentro de los límites de la Capital Federal y haber obtenido una victoria que ni él esperaba en la Provincia de Buenos Aires, sabe que el futuro de su gobierno no se juega del lado porteño del linde. También lo sabía Néstor Kirchner cuando persuadió a Daniel Scioli a dejar el Abasto y postularse para gobernar la provincia. El mapa electoral de 2016 muestra una simbólica franja amarilla que cubre el centro del país, desde el puerto hasta la Cordillera, flanqueada por dos bandas azules al norte y al sur, donde predomina el azul justicialista o kirchnerista, con las excepciones radicales de Jujuy y Corrientes. Las veleidades políticas de un juez santafesino y otro cordobés devolvieron a sus respectivas provincias el 15 por ciento de la coparticipación que habían resignado para sustentar el régimen previsional, y la inquina entre la anterior presidente y el actual (con sus decretos contradictorios sobre la extensión de ese beneficio al resto de las provincias) terminó por agitar el avispero federal. Pero el gobierno amarillo de Vidal puede confiar en que el gobierno central no lo dejará desamparado, porque allí se juega su propio futuro. Los que están embromados son los azules, que deberán ganarse a como dé lugar cada peso adicional que reclamen. Se verán episodios asombrosos.

Poder de veto

La reforma constitucional de 1994 agregó una dificultad insalvable al atribuir poder de veto a todas las provincias en la coparticipación ya que ningún cambio podrá sancionarse “sin la aprobación de la provincia interesada”. Por eso han pasado 28 años y siete presidencias en las que se aplicaron un centenar de parches a esa ley pero no fue posible modificarla. Esto sin duda ha reforzado la discrecionalidad de la Nación. Quien lo explica con conocimiento y precisión es Jorge Gaggero, el experto en temas impositivos para quien “el federalismo fiscal argentino es un nudo gordiano difícil de desatar”. En un trabajo con ese título, Gaggero cita a su colega canadiense Richard Bird para quien “antes que los tecnicismos y los artificios de corto alcance, lo verdaderamente importante es el difícil y lento proceso de construcción institucional que hace posible los cambios y les da estabilidad en el tiempo”. Es decir, todo lo contrario de lo que viene ocurriendo en la Argentina, y no sólo con este gobierno. Gaggero remonta su análisis a los tres siglos iniciales desde los primeros asentamientos españoles, cuando la única jurisdicción existente fue la municipal. A partir de la independencia ganan fuerza las provincias y a partir de 1880, el joven Estado nacional. “Las distintas jurisdicciones municipal, provincial y nacional se ordenan hoy exactamente a la inversa de su secuencia histórica de desarrollo. La institución más débil es la municipal; le sigue la provincial, que ha perdido mucha fuerza relativa y –de acuerdo con los últimos números fiscales y evidencias políticas– sigue retrocediendo; y, por último, la nacional, que se proyecta con gran potencia relativa (y absoluta) a costa de las dos primeras”, dice. A principios del siglo XX, las provincias financiaban con tributos propios el 80 por ciento de su presupuesto. Al mediar el siglo, ya con el régimen de coparticipación bien asentado, esa autonomía se había reducido al 50 por ciento. Era del 35 por ciento cuando Menem y Domingo Cavallo impusieron los Pactos Federales Fiscales, y en la actualidad ronda el 30 por ciento. Este es el trasfondo contra el que debe analizarse la situación actual.

El gobierno cree que puede hacer un reparto discrecional, porque la ley de coparticipación es anterior a la reforma constitucional de 1994, pero este es un argumento leguleyo, que prescinde de la realidad política y constitucional. Una hipótesis que podría sondearse ante este jaque perpetuo es la sanción de una ley común que enmiende la transitoria de 1988 y no reglamentaria del 75. 2 de la Constitución.

Un fondo insolidario

Macrì incurrió en una grosería similar con el decreto 133/15 que eliminó o disminuyó retenciones. Lo justificó en una facultad que el artículo 755 del Código Aduanero delegó en el Poder Ejecutivo y que el anterior gobierno invocó al aumentarlas con la resolución 125 de 2008. La diferencia es que entonces esa delegación estaba vigente, pero hoy no. La cláusula transitoria octava de la Constitución estableció que toda la legislación delegada que no tuviera plazo establecido para su ejercicio caducaría en cinco años, salvo que el Congreso la ratificara con una nueva ley. Luego de una década de prórrogas anuales, la ley 26.519 de 209, impulsada por la oposición de entonces, le puso punto final, con la idea de escasearle recursos al gobierno de Cristina. Por eso la delegación del Código Aduanero caducó en agosto de 2010 y su invocación por Macrì es insostenible, de modo que el decreto 133 es nulo por inconstitucional. La transferencia de miles de millones de dólares a un pequeño grupo de empresas exportadoras, sin siquiera control de que el beneficio llegue a los productores, se agrava por el efecto que tiene sobre el Fondo Federal Solidario, creado en 2009 por el decreto de necesidad y urgencia 206, con el 30 por ciento “de los montos efectivamente recaudados en concepto de derecho de exportación de soja” para financiar la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial. A su vez, un 30 por ciento de la transferencia automática de la Nación a las provincias se destina desde entonces a los municipios. Sólo la convalidación del decreto por la Comisión Bicameral Permanente con competencia para pronunciarse sobre los decretos emitidos por delegación legislativa y su posterior ratificación por el Congreso podrían dar validez a una decisión que hasta hoy es legalmente nula.

Los gobernadores peronistas, reunidos en San Juan, destacaron la “injusticia” de la decisión de Macri de favorecer a los porteños.
Imagen: Gentileza Diario de Cuyo.

Los diez gobernadores del Frente para la Victoria advirtieron ayer que “es imperioso” que el problema del reparto de los fondos coparticipables “se resuelva a través de la política” y amenazaron con “utilizar la vía judicial” si la Casa Rosada no da una respuesta a sus planteos. En San Juan, donde estuvieron reunidos durante varias horas, desde el salteño Juan Manuel Urtubey hasta la santacruceña Alicia Kirchner, todos los mandatarios provinciales peronistas suscribieron un documento titulado “Por un verdadero federalismo” en el que apuntan contra el presidente Mauricio Macri por “aumentar por decreto los fondos que recibirá a partir de ahora la jurisdicción más rica del país”, algo que calificaron como “una pésima noticia”. La interna del PJ, que asoma en el horizonte, quedó relegada a un lugar secundario en la orden del día, y comenzará a resolverse el 2 de febrero, cuando sesione el Consejo Nacional Justicialista.

“La distribución de los recursos fiscales es la principal herramienta que tenemos como nación para corregir las desigualdades que se producen entre las distintas regiones, generadas por sus particularidades geográficas, históricas, demográficas y económicas”, asegura el texto que surgió de la reunión convocada por el diputado nacional y ex gobernador sanjuanino, José Luis Gioja. “Ya existía una injusticia porque la distribución que hoy rige data de 1988 y hay muchas situaciones que no se contemplan adecuadamente”, agrega el comunicado antes de advertir que esa “injusticia hoy vigente es profundizada por el decreto” que firmó Macri esta semana, aumentando en un 268 por ciento el flujo de dinero hacia la Ciudad de Buenos Aires con el argumento de que así se financia el traspaso de la Policía Federal.

Esa decisión “es una pésima noticia” para quienes están “convencidos de que el verdadero desarrollo viene de la mano de una mayor justicia distributiva”, agrega el documento, que recuerda que la Constitución establece que el reparto de la coparticipación debe “acordarse con todas las provincias”. En principio, para paliar la situación, reclaman que “en lo inmediato se debe devolver el 15 por ciento que se detrae de la masa de fondos coparticipables” para financiar a la Anses, ya que la Corte Suprema “a fines del 2015 estableció que esa detracción es inconstitucional”. También destacaron la “profunda inequidad que hoy se vive” con San Luis, Santa Fe y Córdoba, beneficiadas por la sentencia del máximo tribunal y recordaron que la situación había sido corregida por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner con un decreto que Macri dejó sin efecto.

En San Juan se vieron por primera vez las caras todos los gobernadores del Frente para la Victoria después del 10 de diciembre: estuvieron presentes Alicia Kirchner (Santa Cruz), Juan Manuel Urtubey (Salta), Gildo Insfrán (Formosa), Juan Manzur (Tucumán), Domingo Peppo (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Casas (La Rioja), Lucía Corpacci (Catamarca), Carlos Verna (La Pampa), además del anfitrión Sergio Uñac. También participaron Gioja; el presidente del PJ, Eduardo Fellner; y el jefe del bloque de senadores del PJ en el Congreso, Miguel Pichetto. El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, todavía afuera del espacio aunque con la puerta entreabierta, estuvo invitado pero declinó el convite en esta ocasión. El ex candidato presidencial Daniel Scioli también prefirió no aceptar la invitación aunque envió en su lugar a su hermano José Scioli.

La inminente interna del justicialismo tuvo su lugar también en el encuentro, aunque se privilegió la unidad a la hora de dar un mensaje firme al gobierno nacional antes que las diferencias entre los asistentes que, desde ya, son muchas. En ese sentido, Gioja advirtió que “desde el punto de vista partidario lo más importante del encuentro ha sido lo reivindicativo y responder ante una clara injusticia” que cometió el gobierno nacional. “Hay un clamor de todos los que hemos estado de empezar a transitar un camino que tenga que ver con la normalización e institucionalización partidaria”, agregó el sanjuanino, que abogó por un peronismo que “contenga a la mayoría porque sabe que unidad no es uniformidad sino marchar juntos”.

En tanto, Pichetto señaló que es importante “realizar una gran convocatoria” para elegir autoridades partidarias, aunque dejó afuera de ese espacio a Sergio Massa, a quien esta semana el presidente Macri nominó para conducir el PJ. “Estamos trabajando dentro del peronismo, del Frente para la Victoria y ellos vienen de una propuesta que es el Frente Renovador”, advirtió. Por su parte, Urtubey también habló de “la necesidad de avanzar en el camino que haga a la institucionalidad del partido” y recordó que Massa, con quien compartió una cena hace dos semanas, “no está militando hoy en el Partido Justicialista” aunque “nadie tiene la llave de la puerta de entrada al peronismo”.

El tucumano Manzur, que gobierna la provincia en manos del peronismo, dijo, a su vez: “No creo que sea viable lo de Massa, salió por otro partido”; mientras que el entrerriano Bordet coincidió en que el diputado nacional “claramente viene de otro espacio político” y “en las últimas elecciones no ha apoyado” a los candidatos del peronismo. La única voz discordante en ese sentido fue la del pampeano Verna, quien opinó: “Massa y De la Sota tienen las puertas abiertas, son peronistas y pueden participar, se puede proponer cualquiera y el que decide es el pueblo peronista”.

“Hoy vemos que se vulneran los derechos individuales y colectivos”, advirtió el PJ bonaerense.
Imagen: DyN.

“Un incremento en la coparticipación significaría un acto de Justicia: que nos sea devuelto a los bonaerenses lo que nos corresponde por derecho para poder crecer en salud, educación, seguridad y servicios que mejoren la calidad de vida de la familia”, aseguraron más de cien dirigentes de todas las vertientes del peronismo bonaerense en el documento que confeccionaron ayer en Santa Teresita, tras mantener una reunión en la que buscaron un consenso de unidad frente a las medidas tomadas por el PRO en sus primeros cuarenta días de gobierno nacional y provincial. El titular del partido, Fernando Espinoza, anticipó que pedirá, en nombre de todo el justicialismo de la provincia, audiencias con el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal para plantear la posición del espacio ante el rumbo de la gestión.

“Solicitamos que el aumento en la coparticipación que el presidente Macri le ha otorgado a la Ciudad de Buenos Aires sea un antecedente para reparar la injusta situación de la provincia de Buenos Aires”, dice el texto escrito en el club de golf de la ciudad balnearia. “Nos encontramos con unidad y responsabilidad histórica bajo la misma bandera y revalorizando los mismos principios: la construcción de una patria socialmente libre, económicamente justa y políticamente soberana”, agrega.

“Muchas veces hemos planteado dos modelos de país y hoy vemos que se vulneran los derechos individuales y colectivos. La sociedad nos dio la responsabilidad de ocupar el rol de oposición a través del apoyo del 49 por ciento y representar el valor democrático de defender todo lo conseguido desde el lugar que nos toca en la representación institucional y política”, indicaron los dirigentes en el comunicado.

De la reunión en Santa Teresita participaron 55 intendentes y más de cincuenta legisladores nacionales y provinciales. El anfitrión fue el jefe comunal del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús, y también estuvieron sus pares Mariano Cascallares (Almirante Brown), Verónica Magario (La Matanza), Fernando Grey (Esteban Echeverría). Alberto Decalzo (Ituzaingó), Gustavo Arrieta (Cañuelas) y Gustavo Menéndez (Merlo), entre otros.

También fueron de la partida el senador Juan Manuel Abal Medina; la ex ministra de Industria de la Nación Débora Giori; los legisladores provinciales Walter Abarca, Daniel Barrera y Darío Díaz Pérez y el ex presidente de la cámara de Diputados nacional Julián Domínguez. El ex gobernador bonaerense y ex candidato presidencial Daniel Scioli no estuvo pero sí tres de sus dirigentes de mayor confianza: Alberto Pérez, Alejandro “Topo” Rodríguez y Alberto De Fazio.

“Macri está generando medidas que benefician a los sectores más ricos de la Argentina y están empezando a perjudicar a los sectores medios y de los trabajadores”, advirtió Espinoza en la apertura del encuentro.

Por su parte, Domínguez fue el encargado de cruzar a Sergio Massa, quien fuera postulado por Macri para encabezar el peronismo. “Es absurdo que se pretenda decidir el futuro del peronismo en Davos, en Washington o en el FMl. Es absurdo que quienes nos han hecho perder en la segunda vuelta y se la hicieron ganar a Macri pretendan conducir al peronismo”, expresó.

No los une el amor, está claro. Pero el gobierno de Mauricio Macri le provee al peronismo/Frente para la Victoria el espanto suficiente como para garantizar, por ahora, la unidad de ese espacio y su centralidad como polo opositor. Mientras los operadores políticos del PRO (con el propio Presidente a la cabeza) intentan meter una cuña entre el kirchnerismo y el peronismo territorial, las políticas internas que lleva adelante la Casa Rosada funcionan exactamente en el sentido contrario, cohesionando la inestable alianza entre gobernadores, intendentes, los bloques legislativos más numerosos de cada Cámara en el Congreso, organizaciones sociales y políticas, algunos sindicatos, una ex jefa de Estado con importante respaldo popular, un dirigente recientemente votado por casi el 50 por ciento de la población y un puñado de aspirantes a gobernar el país dentro de cuatro años.

Ayer, los dos grandes polos de poder territorial del peronismo se reunieron para manifestar su oposición al aumento unilateral de la porción de la Ciudad de Buenos Aires en la torta de recursos coparticipables. En San Juan y en Santa Teresita las placas tectónicas de la política vibraron en la frecuencia de la interna peronista, que tiene un horizonte muy tangible ya que a comienzos de mayo vencen los actuales mandatos de las autoridades partidarias y el fantasma de una intervención judicial, a pedido del peronismo oficialista para beneplácito del gobierno, sobrevuela la caravana justicialista que empieza a atravesar un largo desierto de cuatro años en el llano. Pero esa interna hoy está asordinada por el descontento con el oficialismo y no asoma a la superficie, reservada para las manifestaciones unánimes de oposición a Macri.

Hasta Juan Manuel Urtubey, el más moderado de los peronistas, ayer se sumó a la voz de sus colegas gobernadores pidiendo “ser tenido en cuenta en la reasignación de recursos y terminar con los discursos”. El salteño, dicho sea de paso, ya lanzó su corriente interna y es hasta ahora el único contendiente firme en la carrera hacia la presidencia del PJ, aunque sus reuniones públicas con Sergio Massa y las reservadas con los armadores del PRO Emilio Monzó y Rogelio Frigerio despertaron recelo en filas justicialistas. El intendente de Resistencia y ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, todavía no lo anunció oficialmente pero actúa como candidato. Massa fue nominado por Macri en Davos y en menos de 24 horas se echó para atrás. Cristina Kirchner, como siempre, se niega a entrar en la disputa partidaria. Scioli espera.

Todo parece indicar que habría, por primera vez en la historia, internas en las que el voto directo de los afiliados elija la conducción partidaria. “Es la única forma en la que el ganador queda dotado de la autoridad que va a necesitar para conducir al peronismo en este período”, argumenta un viejo armador pejotista. “Es una situación particular, dispersa, inestable. Una elección vía un congreso partidario, a puertas cerradas, sólo puede terminar mal”, interpreta un diputado con mucha rosca peronista en el cuentakilómetros. En ese escenario, la masiva campaña de afiliación que está organizando el kirchnerismo puede volcar el resultado. Es posible que los padrones sean objeto de debate y lleguen a la Justicia, donde todo quedaría en manos de la jueza con competencia en la materia, María Servini de Cubría.

El cómo organizar en pocos meses una elección nacional con millones de electores, y de dónde saldría el financiamiento de semejante esfuerzo aún está por verse. Algunos dirigentes, incluso, dudan de la conveniencia de entrar en un proceso de esa naturaleza durante los primeros meses del gobierno de Macri. “El peronismo debería enfocarse en cumplir su rol como oposición y garante de los derechos de la sociedad ante el avance de la derecha, no desgastarse en internas”, asegura un intendente del conurbano que no ve con buenos ojos una elección de este tipo. Desde la CGT oficial, un dirigente de peso coincide: “No es momento de sacarnos los ojos entre nosotros. Eso es lo que quiere Macri”.

Un puñado de dirigentes kirchneristas que prefiere evitar las elecciones ya sondea las posibilidades de encontrar una lista de unidad, con la bendición de CFK y el acuerdo de gobernadores, intendentes, diputados, senadores, sindicatos y organizaciones. El único candidato que podría (con énfasis en el condicional) concitar ese nivel de consenso, estiman, es Scioli. El resto de los aspirantes a conducir debería acompañar desde un asiento en la mesa chica u optar por el sendero massista, cuyas veredas, aún, no han dado flores. El 2 de febrero se reunirá el Consejo Nacional Justicialista, donde tienen una silla todas las figuras de primer nivel, excepto la ex presidenta, que contará con suficientes emisarios. Quizás allí comiencen a delinearse los contornos de la interna.

El que parte y reparte

Poder de veto

Un fondo insolidario

Con el reclamo de un verdadero federalismo

Por una mayor coparticipación

Todos unidos contra Macri