El gobierno nacional enfrentará a partir del lunes, cuando se reinicie la actividad tras la feria de enero, un escenario complejo con varios frentes abiertos en materia judicial por decisiones adoptadas por decreto por el presidente Mauricio Macri. El nombramiento de jueces para la Corte Suprema "en comisión", la disolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), el no acatamiento a las disposiciones judiciales en esos expedientes, el intento de nombrar a un representante del PRO en el Consejo de la Magistratura en una vacante del kirchnerismo, el traspaso de las escuchas telefónicas y la postergación del Código Procesal Penal son sólo algunas de las medidas del Poder Ejecutivo que fueron judicializadas bajo el argumento de que podrían ser inconstitucionales.
Sólo hasta el 30 de diciembre, previo a que se iniciara la feria, Macri había dictado 261 decretos, la mayoría organizativos pero tres –de "necesidad y urgencia"- que tuvieron alto impacto. Pero al cuarto día de gobierno y mediante un decreto simple designó a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como candidatos a ocupar vacantes en la Corte. Esa decisión tuvo el mayor impacto institucional por lo inédito de la vía elegida -que eludía el trámite parlamentario de selección y que les permitiría asumir de inmediato-, que obligó a la Corte a diferir su jura hasta tanto se cumplimentaran los términos del Decreto 222/03 que exigía un proceso que tendrá su correlato en el Senado, con la necesidad del voto afirmativo de las dos terceras partes de su cuerpo. Sin embargo, la vigencia del decreto 83/2015 fue objetada por inconstitucional.

El decreto más polémico.
Ese expediente fue reabierto por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo de feria, que consideró que no había habido un acto administrativo que anulara la posibilidad de que se le tomara juramento pese a no haberse cumplido el trámite en el Congreso. Reenvió las actuaciones a la jueza Claudia Rodríguez Vidal que emplazó al gobierno a presentar un informe sobre los argumentos que motivaron esos nombramientos apelando al inciso 19 del artículo 19 de la Constitución. El vencimiento del plazo previsto para su presentación venció el miércoles pasado. El último día de la feria, la jueza avaló el decreto de designación "en comisión" y rechazó el amparo por su inconstitucionalidad. Argumentó que no se encontraba "en discusión" la facultad presidencial de proponer candidatos. De esta forma evitó referirse a la forma en la que fueron nombrados y ciñó su análisis a que se estaba cumplimentando el trámite formal para su designación. La apelación y su consecuente definición quedará para febrero. 
La Cámara Federal de Mar del Plata había considerado abstracto el mismo planteo porque la Corte había comunicado que no les tomaría juramento a los candidatos y dio un difuso derrotero para sus candidaturas, a la vez que confirmó la puesta en marcha del Decreto 222. Para ese tribunal con eso alcanzaba para que no exista un "caso" para tratar. En el fuero contencioso no compartieron el argumento, más allá de que, en paralelo –desde lo político- se elevaron los pliegos desde el Ministerio de Justicia al Poder Ejecutivo para que sean girados al Senado tras recibir adhesiones e impugnaciones a las candidaturas.

Disolución de la AFSCA.
La intervención de la AFSCA y su posterior disolución junto con la anulación de aspectos sensibles de la Ley de Medios también motivó un frente judicial con idas y vueltas. El gobierno cosechó fallos desfavorables en algunas instancias pero mostró que no estaba dispuesto a darles entidad, por lo que también se desprendieron denuncias por incumplimientos de las sentencias contra los funcionarios públicos. Autoridades desplazadas de la AFSCA se presentaron ante la justicia de la provincia de Buenos Aires y el juez Luis Arias dictó una precautelar que obligaba a no innovar con respecto a cambios en las facultades de AFSCA. El gobierno desoyó la medida y publicó el decreto con los cambios sólo que con la fecha de un día antes de que se dictara la medida. Fue denunciado por posible falsificación de documento público ante la sospecha de que ese decreto pudo ser antedatado para eludir la manda judicial. Esa causa sigue su curso. El juez federal de La Plata, Alberto Recondo defendió el decreto de Macri, anuló la precautelar y rechazó directamente el amparo en un fallo express. Esa decisión fue finalmente revertida por la Cámara Federal de La Plata que ordenó una cautelar para evitar que se avance sobre AFSCA y que el decreto dictado por Macri tenga validez. 
Esa decisión llegó luego de que en el fuero Civil y Comercial Federal –de larga batalla contra el kirchnerismo por la Ley de Medios- dictara durante la feria una cautelar en el mismo sentido, dispuesta por el juez Iván Garbarino. Ese fallo fue recibido de mala gana por el Ejecutivo: Garbarino es un juez subrogante nombrado por la anulada Ley de Subrogancias, cuyo mandato tiene plazo de vencimiento luego de lo dispuesto por la Corte. Sin embargo, el oficialismo cargó la responsabilidad contra Ricardo Recondo, el titular de la Asociación de Magistrados, quién controla ese fuero. Con la apelación interpuesta ante la sala de feria Civil y Comercial, se aguardaba una decisión antes de la finalización de la feria. Pero finalmente primó el criterio de no tratar el caso durante el receso. Lo más probable es que un fallo que revierta lo ordenado por Garbarino sea dictado después de que se reinicie la actividad, lo que ira en sintonía con la posición del oficialismo con el objetivo de enmendar ese primer traspié.

La batalla por la vacante.
El nombramiento de Pablo Tonelli a partir de una jugada parlamentaria intentada por el bloque del PRO también tuvo su capítulo judicial, que impidió –media hora antes de que sucediera- que el diputado macrista jurara en el Consejo de la Magistratura, ocupando el lugar de la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. Ese lugar estaba reservado para Marcos Cleri pero Nicolás Massot (jefe de bloque PRO) y Emilio Monzó (presidente de la Cámara) pergeñaron la idea de aunar voluntades entre los espacios anti K y lograr una mayoría circunstancial para consolidar una primera mayoría que les permitiera superar numéricamente a diputados de bloques dispersos bajo la candidatura de Tonelli. El kirchnerismo salió con los tapones de punta a denunciarlo y logró que media hora antes de asumir, dos jueces otorgaran una medida cautelar para detener su jura ante la posibilidad de que la maniobra del PRO violara la ley del Consejo y por ende su equilibrio constitucional. Penalmente denunciaron a Monzó por incumplimiento de los deberes de funcionario. 
Dos días antes de que terminara la feria, la Cámara Federal de Bahía Blanca declaró que la cautelar que había dictado la jueza federal subrogante de La Pampa, Iara Silvestre, había "caducado", por lo que liberó uno de los obstáculos al atraer la competencia de esa causa. Pero debió girar ese expediente a Capital Federal en un extraño derrotero que se inició en La Pampa –por una presentación de una dirigente K-, pasó a Bahía Blanca y culminará en el fuero contencioso porteño. De todas formas, hay tres expedientes que siguen abiertos por este tema y esperan que el propio Consejo dirima el conflicto a través de la realización de un juicio interno. En ningún caso se definió todavía a quién corresponde la vacante que podría darle al gobierno un dominio circunstancial por la nueva composición de fuerzas dentro del órgano que selecciona y promueve la remoción de los jueces.

Escuchas y causas penales.
El traspaso de las escuchas telefónicas de la órbita de la Procuración a la Corte Suprema, diferida por esta última al 15 de febrero, puso en entredicho el decreto de necesidad y urgencia con el que se dispuso a fines del año pasado. Por eso diputados kirchneristas de Santa Fe hicieron una presentación en los tribunales locales para lograr un amparo ante la posible inconstitucionalidad de la decisión del gobierno. No lograron pasar el filtro para que se abriera la feria para tratarlo. Esa decisión, junto con un posible avasallamiento a las atribuciones del Ministerio Público Fiscal, a raíz de la postergación indefinida por decreto del Código Procesal Penal, tendrá que ser dirimida a partir de ahora. 
El propio Macri seguirá de cerca algunas de las causas judiciales que más lo atormentaron y que después de asumir la presidencia giraron a su favor. La Sala I tendrá que analizar las apelaciones de las querellas a su sobreseimiento por las escuchas ilegales, en la que el juez Sebastián Casanello decidió declararlo inocente luego de haber estado procesado cinco años. Por otro lado, una indigente recurrirá de forma extraordinaria a la Cámara de Casación ante un fallo similar que lo declaró inocente en la causa por los abusos cometidos contra indigentes por la ex Unidad de Control de Espacios Públicos. Varios miembros de su entorno como el abogado y parlamentario del Mercosur, Fabián Rodríguez Simón fueron procesados en ese expediente. Queda pendiente que la denominada Casación ordinaria resuelva su situación y la de gran parte de su plana ministerial en la jefatura de Gobierno en lo que respecta a la represión en el Hospital Borda, de la que fue sucesivamente desvinculado. Cuando se esperaba una decisión de ese tribunal, uno de los jueces que integraban la sala, Carlos Mahíques, fue nombrado ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por la flamante gobernadora María Eugenia Vidal. Otro magistrado deberá ocupar su lugar, pero desde el gobierno se muestran esperanzados en que ese escollo judicial también será superado. «

 

«Seguiremos gobernando mediante decretos»
Rogelio Frigerio, ministro del Interior, semanas atrás