La inflación es uno de los temas que más parece preocupar a los funcionarios del gobierno nacional, quienes han utilizado diversas técnicas para enfrentarla, desde la ortodoxa reducción de la base monetaria, pasando por la (desoída) exhortación a los empresarios para que bajen los precios, la amenaza de importación de productos cuyos precios han subido significativamente en el mercado local, así como medidas propias de las estrategias de los consumidores, como boicotear la compra de mercancías.
El panorama se complica a partir de los fuertes aumentos de las tarifas de energía eléctrica que se producirán en febrero, cercanos al 500% según informó el ministro de Energía, y que podrían volver a incrementarse en septiembre. 
Esta avanzada de la inflación castiga especialmente a los trabajadores, dado que los precios de los alimentos han aumentado en el bimestre noviembre-diciembre un 14,2% según el índice de San Luis y un 6,9% para el índice de CABA, los referentes sugeridos por el Indec mientras dure la ausencia de su propio indicador. En tanto, las paritarias casi no han comenzado y aún no se conocen las verdaderas implicancias del "consejo" de Mauricio Macri a los gremios: "este es un momento donde hay que poner el hombro".
La carne vacuna es una de las mercancías que más aumentó, y si bien luego se produjo una parcial baja en el precio de la hacienda, esta no fue recogida por los precios al consumo. Sobre la cuestión, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, dijo que "algunos representantes se hacen los distraídos ante la baja del precio y siguen atribuyendo el aumento a los proveedores", así como instó al consumidor a tomar conciencia "y si se tiene que abstener de consumir lo haga" (Télam 27.01.16). Es una medida de dudoso efecto sobre los precios pero que podría repercutir negativamente en el nivel de actividad del sector. Según la agencia oficial, Buryaile sostuvo que lo que funciona son "esquemas de acuerdos de precios con supermercados o incorporar más productos a Precios Cuidados, si hace falta". Proposición llamativa dado que, precisamente, la carne fue uno de los productos excluidos en la nueva versión de ese programa. El ministro también advirtió sobre la posibilidad de importar carne si el precio no baja en las góndolas, una medida que ha demostrado ser ineficiente cada vez que se ha instrumentado.
Sobre este tema, el presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, expresó: "así como cuando sube la hacienda en pie lo reflejan en el mostrador, que cuando baja sean decentes y bajen el precio al comprador" (La Nación 28.01.16). Para Etchevehere, si la hacienda en pie sube, no importa el porqué, es decente que aumenten los precios a los consumidores, aunque estos se perjudiquen. 
El precio de la carne ha sido uno de los temas de la semana, y ha desatado un sinfín de recomendaciones y excusas. Una cuestión que podría haberse resuelto más fácilmente si el Ministerio de Producción no hubiese derogado la obligación a cargo de las empresas productoras de insumos y bienes finales, así como de sus distribuidoras y/o comercializadoras, de informar mensualmente los precios vigentes de todos sus productos. Todavía está vigente la Ley 26.991 de Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, aunque difícilmente este gobierno la aplique. 
El tema de los precios también estuvo presente en la reunión del jefe de Gabinete y los ministros de Hacienda y Finanzas y de Producción con los representantes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Según revela Clarín (28.01.16), cuyo CEO estuvo presente en dicha reunión, los ministros exhortaron a los miembros de AEA a que "colaboren en la lucha contra el alza de los precios". Esta solicitud indica, implícitamente, que los funcionarios están reconociendo un sistema de puja distributiva en la formación de precios y de allí el pedido a los "empresarios más fuertes", como tituló el matutino. Coherentes con su postura, los empresarios le contestaron que los precios suben por la "fenomenal emisión monetaria que llevó a cabo la gestión de Cristina", exculpándose de cualquier responsabilidad en los aumentos de precios y obviando el impacto de la devaluación sobre los mismos.
 
El Davos argentino
Las ideas que predominan en el foro internacional de Davos, donde se dan cita las megacorporaciones, pueden encontrarse en el documento constitutivo de AEA. 
Para los integrantes de AEA, "es fundamental preservar el sistema de libertad de precios, en un marco competitivo, ya que estos establecen los incentivos". Cómo lograr un marco competitivo cuando la presencia de estos grandes grupos económicos genera ratios de concentración extrema en importantes sectores productivos de nuestro país, es algo que no se detienen a explicar. 
Otra definición: "el derecho de propiedad de las empresas sobre su patrimonio y sus ganancias es fundamental para el desarrollo del país". Es decir, las ganancias son intocables.
Por último, denostan la injerencia del Estado en las decisiones de las empresas (políticas regulatorias) argumentando que "el ámbito propio de las empresas privadas debe ser respetado. En una sociedad capitalista moderna es crucial distinguir el rol del Estado del rol de las empresas, manteniendo ambos claramente diferenciados. El Estado (sólo) debe establecer reglas de juego claras y hacer cumplir las leyes". No parece ser el caso de la actual gestión macrista, dado que muchos de los ex CEO de las empresas agrupadas en AEA están en el gobierno. La reciente reunión en la Casa Rosada no puede evitar el parecido (salvo por la magnitud del evento) con la cumbre de Davos, en la cual los distintos gobiernos van a escuchar las propuestas de las megacorporaciones internacionales.

Claman por un shock
A las expresiones de algunos empresarios domésticos que piden una mayor devaluación (no enamorarse de un dólar bajo, según Cristiano Rattazzi) se han sumado otras opiniones de analistas internacionales. En un artículo del portal financiero Bloomberg Business, Charlie Devereux marca que el enfoque económico "precavido" del nuevo gobierno "causa preocupación entre muchos de los mismos analistas e inversores que elogiaron sus anteriores movimientos". Se citan los comentarios de varios gerentes de importantes fondos de inversión, clamando por terapias de shock en "un país en donde las protestas y huelgas son frecuentes". Resulta especialmente llamativa la observación de Mauro Roca, economista senior en Goldman Sachs & Co. en Nueva York, quien además de abogar por el shock comenta que "el interés y apetito por Argentina dependerá de los avances en las reformas, y la credibilidad será crucial" y advierte: "ese apetito no es ilimitado". Si bien en la jerga financiera se menciona habitualmente el "apetito por el riesgo", leer que hay "apetito por Argentina" por parte de los inversores resulta, al menos, perturbador.
Ante este panorama, Daniel Fernández Canedo sostiene en Clarín (28.01.16): "mientras ahora los capitales salen de los países vecinos, están entrando a la Argentina en la convicción de que es un país con baja deuda y que pagará". Una reciente información indica que sólo durante enero el flujo neto de capitales fue negativo por U$S 3600 millones desde los países emergentes. ¿Cuáles serán los atractivos que deberá dar el gobierno a los capitales para que ingresen a nuestro país? Esperemos que no sea el ajuste con terapia de shock –como vienen proponiendo los grandes fondos de inversión extranjeros– y la erosión abrupta del valor del salario real. «

El secretario general de ATE y la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, planteó ayer que "recuperar el poder adquisitivo, reincorporar a los despedidos y terminar con la precariedad laboral es la prioridad de los trabajadores estatales" de cara a la negociaciones paritarias que se desarrollarán la semana que viene con el gobierno provincial.
"Vemos como una necesidad la discusión en forma urgente y prioritaria un aumento salarial retroactivo a enero que permita recuperar el poder adquisitivo", sostuvo De Isasi en declaraciones difundidas a través de un comunicado de prensa.
El dirigente gremial consideró que la canasta familiar de consumo mínimo "estuvo, a octubre de 2015, en torno a los 15.000 pesos y si se los compara con los 7300 pesos que ganaban un porcentaje alto de los trabajadores como los auxiliares de educación y una porción importante de los administrativos, se desprende que a esa fecha se necesitaban más de dos salarios para cubrir la canasta básica".
También pidió "la reincorporación de los cientos de trabajadores despedidos del estado provincial" y aseguró que "para que exista un Estado al servicio de los que menos tienen, deben ampliarse la cantidad de trabajadores y no achicarse".
Por otro lado, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) resolvió ayer el "estado de alerta y movilización", con una jornada de lucha el próximo 17 de febrero en reclamo de un 40 por ciento de aumento salarial.
En un congreso de delegados realizado en la sede de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) nacional, la CICOP planteó el incremento salarial "como piso con mecanismo de actualización", así como coordinar las medidas de lucha con el resto de los gremios estatales.
En un comunicado, el plenario de delegados detalló que *los reclamos son paritarias ya para discutir salarios y condiciones laborales; aumento salarial no inferior al 40 por ciento con cláusula de actualización; defensa de derechos previsionales; no a los despidos en los municipios: todos en planta permanente; derogación del decreto que limita la aplicación de la ley 14.656; negociaciones colectivas con inclusión plena de los profesionales de la CICOP; y partida presupuestaria de emergencia para salud".
En tanto, el secretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, sostuvo que el acuerdo salarial alanzado por la Asociación Bancaria (AB) para la primera parte del año "puede ser tomado como un caso" para trabajar con otros gremios y reiteró que espera que la discusión sobre el incremento salarial esté dentro del 25 o 26%, "que es la pauta de inflación que fijó el ministerio de Economía".
El funcionario nacional detalló que los empleados bancarios acordaron postergar la negociación paritaria para fin de marzo a cambio de una suma fija de 9000 pesos -repartidos en sumas iguales durante enero, febrero y marzo- lo que le da al gobierno un margen para que "la economía se vaya ajustando y la inflación vaya bajando". «

El alza de los precios de casi todos los rubros de la economía empezó a generar modificaciones en los números estimados de inflación para este año. Economistas privados y referentes de partidos políticos opositores observan que tras los aumentos en luz, carne, alimentos, peajes y abonos de medicina prepaga la inflación de 2016 estará más cerca del 40% que del 30% que se había estimado. Mucho más lejos aún de la meta de entre 20 y 25% que esbozó el ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, hace unas semanas.
Por el lado del massismo, los economistas de confianza del ex intendente de Tigre observan una suba que irá entre el 30 y el 38%. Hace unas semanas, mientras Sergio Massa recorría el Foro de Davos junto a Mauricio Macri, Aldo Pignanelli les enviaba a sus clientes un informe de la marcha de la economía. En ese trabajo, al que accedió Tiempo, se muestra una inflación por arriba del 30%, en ese número se incluye el impacto que, según la consultora del ex BCRA, tendrá en el bolsillo el aumento de tarifas de luz que el macrismo anunció para los próximos días. El tarifazo eléctrico, que muestra subas superiores al 500% para usuarios residenciales de las distribuidoras de Capital (Edenor y Edesur) -y cuyos alcances los precisó el viernes el ministro de Energía, Juan José Aranguren-, representará para Pignanelli una caída del consumo en la segunda parte del año. El economista más peronista de Massa agregó que va a perder importancia en el PBI el consumo interno, cayendo 1 o 2 puntos hacia fines de año.
Dentro de ese mismo espacio, la consideración de la empresa que conduce Martín Redrado es bastante más catastrófica que el planteo de Pignanelli: el ex golden boy del massismo pronosticó una inflación del 38%, también con el aumento tarifaria energético en esa ecuación. En la baja en el ritmo de actividad económica coinciden casi todos: un retroceso del 1% en el 2016, en línea con la consideración al respecto del Fondo Monetario Internacional (FMI). Para Pignanelli, el tipo de cambio acompañará a la inflación. De hecho, todos los economistas reflejan en reuniones la voluntad y puesta en práctica de Macri de mini devaluaciones semanales.
Por su parte, el economista de perfil kirchnerista Agustín D’Attellis maneja números más altos, con una inflación en torno a un 40% anual. "El primer trimestre será el más alto por la inercia inflacionaria de fines de 2015, consecuencia de la eliminación de retenciones a las exportaciones y la devaluación del peso. Por otro lado, la suba de tarifas implicará un salto de 9 puntos en el cálculo del IPC anual", ponderó.
En la misma línea, Enrique Déntice, de la Unsam, explicó a Tiempo que "va a haber una inflación muy alta para el 2016, con un piso de 32% o 33%, si el efecto del desempleo funciona como disciplinador de los salarios". El economista afirmó que, en principio, "la quita de subsidios va a tener un efecto en los precios de 9 puntos. Esto va hacer que en los próximos meses, la inflación muy alta, como viene siendo en el último mes producto de la devaluación y la quita de retenciones. No obstante, ya se llegó a un tope en precios de alimentos, ahora lo más importante va a ser la parte de servicios públicos. Recién en el tercer trimestre va a empezar a aflojar".
En el sector cárnico, las alzas superan el 50% según el área que se mida y los valores de los alimentos en los supermercados se mantienen con alzas de entre el 30 y el 40%. El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortíz, que conduce Andrés Asiaín, sumó en su último informe el impacto de la devaluación: "La política de shock devaluatorio y eliminación de retenciones ya mostró sus primeras consecuencias. La inflación en diciembre (según estadísticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) cerró en 4% mensual (60% anualizada) y 5% para los alimentos (80% anualizada), valores que superan en 2,5 veces la inflación registrada en noviembre y en 3,8 veces la de los alimentos", alertaron.
En otro orden, el gobierno nacional autorizó el viernes a las empresas de medicina prepaga a subir sus precios un 9% a partir de febrero. El alza se suma a otros aumentos del año pasado, que hacen que la medicina privada acumule un 40% de suba anual. Y en estos días se dio conocer u aumento en todos los peajes, con subas del 66 por ciento. 
Para Fausto Spotorno, de la consultora Orlando Ferreres y Asociados, "en el primer semestre la inflación va a estar dada por el salto de precios por los aumentos de tarifas, la devaluación y la quita de retenciones". Y agregó que "el aumento de tarifas eléctricas va a tener un impacto de 2,5 puntos, dado que por cada 200% de aumento, hay un impacto de 1 punto en la canasta total. En cambio, en el caso del gas, sería un poco más. Con el total de todos los servicios públicos, el impacto sería de 7 puntos". En este contexto, Spotorno observa un escenario base con inflación de 33,5%. Cabe destacar que en estos números no están contabilizadas las subas de las boletas de gas natural post quita de subsidios al servicio; ni las prometidas revisiones de los subsidios al transporte público de pasajeros. «

Ya con el tarifazo en la electricidad vuelto una realidad efectiva (ayer comenzaron a regir los nuevos valores, con su publicación en el Boletín Oficial), el gobierno de Mauricio Macri avanza en una suba similar para el gas. Lo anunció el ministro de Energía de Mauricio Macri, Juan José Aranguren: "Estamos haciendo un análisis similar al que hicimos en el caso eléctrico y analizando cuáles son los pasos procesales correspondientes desde el punto de vista legal", sostuvo el funcionario ante radio Mitre.
De todos modos, Aranguren señaló que, si bien el objetivo es elevar la tarifa del servicio con el mismo criterio que se aplicó en la luz, en el caso del valor del gas "el atraso es menor". El ministro detalló que, "en los últimos dos años, la administración anterior había iniciado un sendero en el cual reconocía un precio diferencial para el gas".
Atajándose a críticas como las que ya recibió por el tarifazo eléctrico, Aranguren argumentó que "todas las decisiones que toma el gobierno tienen en cuenta los tres objetivos que ha definido el presidente Mauricio Macri: pobreza cero, combate al narcotráfico y unir a los argentinos". Para explicar la lógica de esta frase, el jefe de la cartera de Energía agregó que "cuidar el bolsillo de los argentinos también significa tener en cuenta el impacto en el presente, y cuáles pueden ser las consecuencias en el futuro". Agregó que "las medidas adoptadas para recomponer el cuadro tarifario eléctrico se hicieron en la búsqueda de ese objetivo" y que, "por lo tanto, sus impactos van a ser reconocidos en la medida que los mismos tengan en cuenta la recomposición de una situación que fue consecuencia de diez años de desinversión".
El ministro también se refirió al costo del gas importado desde Bolivia y negó que el gobierno nacional esté abonando cifras que duplican el valor internacional. "Le estamos pagando en este primer trimestre U$S 3,9 el millón de BTU (denominación para medir el gas) y el gas que se recibe en forma licuada para después regasificarlo nos cuesta U$S 5,7, a los que deben agregarse unos 90 centavos más para regasificarlo. Por lo tanto está en el doble de lo que se le paga a Bolivia", aseguró. «

Ya rige la suba eléctrica

Desde las 0 horas de ayer comenzó a regir la nueva tarifa para el servicio eléctrico, tras la publicación de los valores en el Boletín Oficial. Este cuadro tarifario aplica sobre siete categorías para los usuarios de Edenor y Edesur, con subas que van en línea con lo antes anunciado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren
Si la factura promedio del grueso de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur, con un consumo de 404 kilovatios bimestrales, era de $ 52 bimestrales sin impuestos, desde ayer pasó a costar $ 316, lo que supone un 600% de incremento. En el caso de los consumos en meses por fuera del promedio, el alza sería aún mayor.
En su resolución 1/2016, el ENRE también dispuso un "sistema de bonificación por ahorro en los consumos".

El gobierno nacional parece decidido a que el aumento salarial quede por debajo de la inflación que se disparó a partir de la anunciada devaluación que los funcionarios del presidente Mauricio Macri plantearon antes de asumir. El secretario de Trabajo de la Nación, Ezequiel Sabor, dejó clara esta visión en una serie de declaraciones que realizó ayer en distintos medios. “La expectativa es que los gremios puedan acompañar la proyección inflacionaria que marca el nuevo equipo económico, entre el 20 y el 26 por ciento.” Lo que omitió el funcionario en esas afirmaciones es que no hay estadísticas oficiales sobre el incremento de los precios y que la mayoría de las consultoras privadas la pronostican en torno de los 35 o 40 puntos, bastante por encima de la propuesta oficial para los aumentos salariales.        
A modo de poner un contrapeso, Sabor no rechazó la posibilidad de firmar paritarias semestrales, que tengan un alcance hasta la mitad de año. “Si vamos demostrando cómo cae la inflación a lo largo del año se puede ajustar con otro número”, aclaró.
El secretario además tomó distancia respecto de la discusión salarial que comenzará en marzo y que amenaza con ser candente. “Es un debate entre los trabajadores y empleadores. Nosotros (el gobierno) pretendemos que las negociaciones lleguen a buen puerto y brindamos las herramientas necesarias para eso”. “No se discute sólo un número sino condiciones de trabajo,” agregó Sabor, que a pesar de la cifra que sugirió vaticinó que se van a acordar “unas buenas paritarias para que el trabajador adquiera mayor poder adquisitivo”. El funcionario nacional aseguró que el gobierno está “tratando de combatir la inflación y acomodar la macroeconomía”. En ese marco, como si dependiera sólo de una decisión gubernamental, volvió a reafirmar que “la pauta para este año estará entre los 20 y 26 puntos. Queremos tener una inflación de un dígito”.   
La reacción de algunos sectores gremiales llegó de inmediato. El titular de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense (CICOP), Fernando Corsiglia, le contestó de modo muy claro al funcionario del presidente Mauricio Macri. Poniendo un piso de negociación bastante más alto que el de Sabor, Corsiglia dijo que pedirá “un 40% de aumento” y no descartó aceptar la posibilidad de negociar cada seis meses. "Pedimos ser convocados a la partidaria general del sector, pautada para el tres de febrero. En base a las discusiones que tuvimos y el congreso realizado la semana pasada pediremos el aumento. La inflación y la devaluación provocada ni bien asumió el nuevo gobierno genera un desmedro a nuestra situación-explicó el líder sindical-. Con una pauta media para 2016 de 30 o 35 puntos, más la depreciación del peso, nos da que 40 es un número apropiado".
José "Pepe" Peralta, secretario general de la CTA autónoma de Capital, también cuestionó las definiciones de Sabor. Dijo que son "una provocación, un absurdo". Luego sumó en sus críticas al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. Recordó las declaraciones en las que el ex JP Morgan propuso “intercambiar empleos por salarios”. “También se trata de una provocación. Ya ni siquiera el reclamo es del 30% sino del 40%”, manifestó Peralta, poniendo sus números a tono con los de Corsiglia. Agregó que "mientras no haya números confiables del Indec no podemos sentarnos a negociar" y aclaró que desde la CTA calcularon el aumento en el valor de la canasta básica “en un 33 por ciento”. Sobre la posibilidad de unas paritarias desdobladas, Peralta también se mostró de acuerdo.

Los despidos  
El secretario de Trabajo no evitó meterse con otro tema que se vuelve cada vez más sensible y complejo, los despidos masivos que está realizando en el Estado el gobierno nacional. A tono con la campaña generalizada del oficialismo, que intenta justificar la necesidad de producir un achicamiento del Estado, Sabor remarcó que “no todos los despedidos en organismos públicos son ñoquis”. En ese sentido remarcó que otro elemento tomado en cuenta para producir las cesantías son que hay un supuesto “Estado sobredimensionado y con irregularidades en las contrataciones”. “No se puede tener un sector público enorme que nos traiga déficit,”, remarcó, y afirmó que el gobierno no mantendrá los supuestos “empleos ficticios”. “Es un acomodamiento de la situación para que haya la cantidad justa de trabajadores. No importa la ideología de las personas, sino su utilidad”, aseveró, tratando de desmarcarse de las múltiples denuncias que acusan a distintos funcionarios del oficialismo de echar a quienes identifican como militantes de La Cámpora y otras agrupaciones del Frente para la Victoria. “Queremos formar un equipo con los mejores, no estamos discriminando”, repitió.
Al mismo tiempo, intentó mostrar cierta sensibilidad social. Estimó que “es muy feo decirle que no trabaja más a una persona pero hay que hacerlo de frente porque no queremos más empleos ficticios. Si hay una pérdida de empleo en el sector público, veremos la posibilidad de reinsertarlo en sector privado”, prometió. «

El desempleo

La velocidad y masividad de los despidos en el Estado, que se producen todos los días, han complicado la consolidación de alguna cifra. Según la CTA, hasta el momento, las cesantías rondan las 30 mil en total.  
Los gremios no descartan pedir que este año se realice una paritaria en el primer trimestre y que haya otra seis meses después, basada en la evolución que tenga la inflación.

Tras un contrapunto entre el gobierno nacional y los referentes sindicales, el presidente Mauricio Macri anunció ayer que "esta semana o la que viene" convocará a las centrales obreras para debatir sobre las negociaciones paritarias. Para el presidente, el objetivo de la invitación es encontrar un equilibrio, según dijo, entre los reclamos de los sindicalistas y los planteos de las empresas, las que ayer salieron a defender la posición oficial de buscar acuerdos paritarios de entre el 20 y el 25% para este año.
Macri apuntó que con la convocatoria también buscará "bajar la inflación". En declaraciones formuladas en Casa de Gobierno, el jefe de Estado consideró "indispensable encontrar un equilibrio para bajar la inflación" en un rango de entre el 20 y el 25 por ciento.
La posición de Macri llegó al final de un día de cruces entre el gobierno y los sindicalistas y que incluyó una aparición del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, marcando un techo a la paritaria en el 25%, y una posterior corrección del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien "aclaró" que esa cifra es para el gobierno un techo en la inflación esperada para este año y de ninguna manera un techo a las aspiraciones de mejora salarial de los trabajadores. "El gobierno no le va a poner un techo a las paritarias", dijo Peña.
Macri justificó su invitación a los sindicatos al decir que "nosotros aspiramos a una inflación en el año entre 20 y 25 por ciento, pero en las paritarias vamos a sentarnos a discutir para encontrar un equilibrio, teniendo en cuenta el esfuerzo que tenemos que ser todos parte para bajar la inflación."
Consultado respecto de cómo serán las paritarias, Macri señaló que el objetivo es "cuidar el salario real" y agregó: "La mejor manera, si queremos cuidar el salario real, es bajar la inflación". El presidente confirmó que "esta semana o la que viene" el gobierno convocará a las centrales sindicales para debatir los aumentos salariales.
Acerca del porcentaje de incremento que el gobierno consideraría acorde para ese "equilibrio", el jefe de Estado se limitó a decir: "Lo debatiremos", y agregó: "El compromiso que entre todos tenemos que asumir es lograr que la inflación baje entre el 20 y el 25 por ciento", recalcó. Consideró, además, que las políticas implementadas en los casi dos meses de su gestión en la Casa Rosada hacen que el gobierno vaya "en el camino correcto". En ese sentido, agregó: "Estoy convencido de que estamos en el camino correcto".
La resolución del presidente Macri no está exenta de riesgos, se consideró en ámbitos políticos. En primer lugar, porque será el primer contacto formal del gobierno con los gremios. Hasta el momento, Macri no había prestado atención al reclamo de los sindicalistas, que pedían "un gesto" del presidente, un pedido que provino en particular de la central que conduce el camionero Hugo Moyano, líder de una fracción de la CGT.
El segundo aspecto es que la reunión aparece inmediatamente antes de la generalización de las negociaciones paritarias, las que parecen recalentarse cuando todavía están en la previa.
No está asegurado el éxito en la convocatoria, dijeron en fuentes gremiales, para las cuales ya "no hay margen" para dilaciones en la determinación "de una paritaria sin techo".
El hecho de que el ministro Triaca hubiese puesto como prenda de negociación un cambio en el impuesto a las Ganancias, que se discutiría desde marzo en el Congreso, no alcanzó a morigerar el mal humor entre los sindicalistas. Hasta Elisa Carrió, una política que sabe caminar entre las polémicas, entrevió el entuerto y pidió que antes de cualquier techo paritario se solucione el problema de Ganancias.
Desde el lado empresario salieron ayer rápidamente a respaldar la propuesta del gobierno de una paritaria que no supere el 25% de incremento anual. El vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, señaló que en la próxima paritaria "de ninguna manera se podrá a llegar al 30% de aumento" y planteó que cuando lleguen las negociaciones "se debe tener en cuenta que hay problemas de productividad y de ausentismo serios" que afectan la productividad. Se trata de un argumento que ya elevó el mismo empresario en anteriores ediciones del debate paritario. Funes de Rioja dijo que si las subas de precios impactan en los salarios, "hay que recomponerlo, pero eso será en la medida de las posibilidades de cada sector", con lo cual relativizó esa misma recomposición.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, negó que la inflación se haya acelerado a partir del inicio de la gestión de Mauricio Macri, aunque se quejó de los altos precios de la carne y los fármacos. "Estuve el sábado en el supermercado constatando algunos de estos precios, los funcionarios también vamos al supermercado. Hemos visto el precio del asado a 140 pesos. Nos parece excesivo ese precio", se lamentó el titular del Palacio de Hacienda, si bien omitió que la devaluación, la quita de retenciones y la eliminación de restricciones a las exportaciones explican una parte importante del alza.
"Después del primer salto, incluso previo a que nosotros asumiéramos en el gobierno, la cosa se ha normalizado, más a allá de algunas cuestiones puntuales que estamos siguiendo con mucho detenimiento como la cadena de la carne y de algunos medicamentos", señaló Prat Gay, y apuntó contra la especulación de los productores.
Para el ministro, el gobierno anterior fue responsable por omisión del incremento de los precios, debido a que "liberó" zonas para que los empresarios ajusten. La solución sería "la conformación de la Comisión de Defensa de la Competencia".
El diputado y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, criticó el discurso de "la herencia". En una publicación de Facebook, consideró que "ahora que tienen la responsabilidad de gobernar, simplemente están implementando las medidas neoliberales en las que creen ciegamente", y señaló un incremento del 27,8% en el kilo de asado, del 34,5% en el litro de leche y 31,9% en el arroz, entre otros.
Mientras tanto, en el marco de las críticas por abusos en los precios, el Ministerio de Producción, a cargo de Francisco Cabrera, y la Secretaría de Comercio llegaron a un acuerdo de precios con una baja del 5% con la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME). La lista incluyó antiinflamatorios, digestivos, antibióticos, productos oftálmicos, hormonas, insulinas, antipsicóticos y antidepresivos, entre otros. "Las reducciones fueron definidas por cada empresa. Las rebajas se darán en una banda que va desde el 2 por ciento hasta el 20 por ciento en algunos casos", explicó la Cámara empresaria. «