“Argentina tiene mucho que enseñarle al resto del mundo en materia de resolución de crisis macroeconómicas y reestructuración de deudas soberanas. Es uno de los pocos países exitosos a la hora de reducir la desigualdad y la pobreza después de su crisis”, afirmó el economista estadounidense Joseph Stiglitz en una entrevista exclusiva con Página/12 donde también rechazó el fundamentalismo de libre mercado y las políticas de austeridad fiscal.

El dialogo comenzó con una conversación telefónica y se completó durante un intercambio por correo electrónico. En ambas instancias participó Martín Guzmán, el joven investigador y docente argentino que trabaja con Stiglitz en la Universidad de Columbia. “El esquema actual para resolver las crisis de deuda soberanas no funciona y permite la aparición de fondos buitre que son la escoria de los mercados financieros internacionales”, lanzó el ex economista jefe del Banco Mundial. A mediados de diciembre Stiglitz y Guzmán estarán en Argentina para participar de una serie de talleres y clases magistrales sobre deuda soberana, crisis macroeconómicas y políticas industriales (ver aparte). “Las consecuencias del fundamentalismo de mercado han sido devastadoras”, explicó el investigador al reivindicar el rol del Estado en los procesos de desarrollo económico.

–¿Por qué no existe un mecanismo internacional para resolver las situaciones de crisis de deuda soberana?

Joseph Stiglitz: –El esquema actual para resolver las crisis de deuda soberanas no funciona. Sin normas ni leyes, las soluciones que se promueven no son eficientes ni justas, sino el uso y abuso de poder del más fuerte. El ineficiente e injusto esquema vigente permite la aparición de fondos buitre que son la escoria de los mercados financieros internacionales. Los fondos buitre no suman nada a la sociedad global, solo restan. Los nueves principios aprobados por la Asamblea General de la ONU son un paso importante en un largo proceso de construcción de normas que debería culminar con la creación de un marco legal internacional para resolver las reestructuraciones de deuda soberana. La aprobación de los principios básicos para las reestructuraciones de deuda en la ONU fue una gran victoria. Todos los países emergentes apoyaron. La ausencia de un marco legal para resolver las reestructuraciones de deuda impone enormes riesgos.

–Por ejemplo, que el grupo de fondos buitre liderados por Elliott Management consigan que la Justicia de Estados Unidos bloquee el mecanismo de pago de la deuda argentina reestructurada en el exterior.

J. S.: –Argentina se cruzó con algunos problemas en el sistema legal estadounidense. Eso ni siquiera es economía, fue ausencia de economía. Intentamos persuadir al Tesoro y al FMI de que la posición de Estados Unidos en la disputa legal entre Argentina y los buitres era inadecuada. La ironía es que el Tesoro destaca la necesidad de extender la ley de quiebras para resolver la crisis de deuda de Puerto Rico, pero toma una posición distinta a nivel internacional. La razón de esta aparente esquizofrenia es sencilla: como principal potencia acreedora, quiere evitar cualquier restricción en el uso de sus poderes. No es un tema de Argentina o Grecia, sino que es un problema mucho más amplio, como se ve en el caso de Puerto Rico.

Martín Guzmán: –El fallo del juez Thomas Griesa se basa en una interpretación peculiar de una cláusula contractual tradicional, la llamada pari passu, que se supone que debería asegurar un tratamiento igualitario entre iguales. Para Griesa un tratamiento igualitario significa que los fondos buitre obtengan una rentabilidad superior al 1500 por ciento mientras que los otros acreedores acepten quitas del orden del 70 por ciento. Eso no parece ser muy igualitario. Menos aún cuando tenemos en cuenta que los fondos buitre, a diferencia de los otros acreedores, jamás le prestaron un dólar al país, sino que compraron esos bonos a precio de remate a otros acreedores cuando el país ya había declarado el default. Decir que eso es tratamiento igual es ridículo. La arquitectura financiera internacional está llena de huecos que impiden solucionar las crisis de deuda en tiempo y forma. Este problema hay que resolverlo a nivel global. Tanto es así que la misma comunidad financiera, a través de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, reaccionó rápidamente al fallo aclarando que esa no es la interpretación que se le debería dar a la cláusula en cualquier contrato de endeudamiento en el futuro. Mercados de deuda internacionales sanos beneficiarían a todos los países. Argentina, más allá de haber jugado un rol importante en el proceso de los principios aprobados por la ONU, deberá eventualmente y con paciencia buscar una solución al problema con los fondos buitre que sea conveniente para el país.

–¿Cómo explican que las políticas de ajuste fiscal y las “reformas estructurales del mercado de trabajo” sigan siendo promovidas para resolver las crisis de deuda externa que enfrentan algunos países?

J. S.: –El ajuste en recesión genera catástrofes sociales. La austeridad fiscal en momentos de recesión, cuando el sector privado también está reduciendo el gasto, solo agrava el escenario contractivo. La situación en Grecia ha sido un fracaso por una combinación de ideología e intereses particulares. La buena noticia es que incluso el FMI entiende que hay que hacer una mejor y mayor reestructuración en Grecia. Argentina tiene mucho que enseñarle al resto del mundo en materia de resolución de crisis macroeconómicas y reestructuración de deudas soberanas. La forma en que Argentina resolvió su crisis de 2001-2002 condujo al alto crecimiento que se observó hasta el año 2008. Argentina ha sido uno de los pocos países exitosos a la hora de reducir la desigualdad y la pobreza después de la crisis.

M. G.: –La austeridad fiscal en recesión nunca funciona. Cualquier teoría económica sensata afirma que eso no permite volver a crecer. La evidencia empírica es abrumadora. Si en lugar de resolver los problemas, ajustás las crisis empeoran. En ausencia de financiamiento para restaurar la sustentabilidad el camino a seguir es el que utilizó Argentina después de la crisis de 2001 con la reestructuración de su deuda en default. Eso le permitió volver a hacer políticas macroeconómicas en pos de la recuperación que son políticas expansivas.

–En Argentina existe un permanente debate sobre el rol del Estado en el proceso de desarrollo e industrialización donde un amplio grupo de políticos y economistas mediáticos creen que el “libre mercado” fomenta de la inversión y creación de empleo.

J. S.: –Las consecuencias del fundamentalismo de mercado han sido devastadoras. Creó economías más inestables, sociedades más desiguales y más divididas. El fundamentalismo de mercado está basado en un entendimiento incorrecto de la teoría económica y una inadecuada interpretación de la evidencia histórica. Casi todas las historias exitosas de desarrollo, como por ejemplo en los países de Asia del Este fueron casos en los que el Estado tuvo un rol muy importante. El Estado tuvo un rol fundamental en el desarrollo de Estados Unidos. Las grandes innovaciones tecnológicas surgieron del sector público y el sector privado las ha llevado al mercado. Aún cuando buena parte de la discusión se enfoca en el rol del Estado versus el mercado, esta formulación del problema es errónea.

–¿A qué se refiere?

J. S.: –Los mercados y el Estado pueden ser complementarios, actuando sobre los mismos sectores pero con diferentes roles. Pero esta dicotomía es también un exceso de simplificación en una segunda dimensión. Existe una gran cantidad de arreglos institucionales que importan para el desarrollo y las economías exitosas han demostrado una gran creatividad institucional. Una de las razones por las que el fundamentalismo de mercado es un enfoque erróneo es porque no tiene en cuenta que los mercados no funcionan en un vacío. Por el contrario, las reglas y regulaciones determinan cómo funcionan y cómo se reparten las rentas que su funcionamiento genera.

–¿Podría ofrecer algún ejemplo?

J. S.: –Durante el desarrollo de la crisis que estalló en 2008 en Estados Unidos fue posible ver claramente cómo las reglas y regulaciones permitieron a la industria financiera apropiarse de rentas a expensas de otros sectores de la sociedad, de una forma que fue perjudicial para el funcionamiento de la sociedad. Justamente, hoy en día el tema que está en el centro de la agenda es cómo reescribir las reglas de un modo que promuevan un crecimiento más inclusivo.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, presentó ayer ante el plenario de comisiones de Presupuesto y de Finanzas el proyecto de ley para el pago a los fondos buitre. El funcionario detalló que se requerirá tomar deuda por 11.684 millones de dólares sólo para poder cumplir con el compromiso asumido por el gobierno de Mauricio Macri con los demandantes buitres. “La emisión de 15 mil millones contemplan también otros vencimientos y solventar el ajuste fiscal”, dijo. Tal como adelantó Página/12, se emitirán tres series de bonos a 5, 10 y 30 años bajo ley de Nueva York y con una tasa de interés que se ubicará entre 7,0 y 7,5 por ciento anual. Prat-Gay, acompañado del secretario de Finanzas, Luis Caputo, intentó defender el proyecto que deroga las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y endeuda al país para pagar la totalidad del monto nominal demandado por los buitres, con un pequeño recorte (en torno al 26 por ciento) de los punitorios. El ministro esgrimió que este acuerdo es la única manera de evitar un mayor ajuste en la economía. Y presionó a gobernadores al sostener que solucionado el tema buitres, el financiamiento que se consiga en el exterior no será sólo para la Nación sino para infraestructura en las provincias.

La reunión estaba prevista a las 11.00, pero el equipo económico de Macri arribó a la Sala C del anexo a las 11.45. El ingreso de asesores y prensa estuvo más restringido que en otras oportunidades por las medidas de seguridad. Hasta la llegada de los funcionarios, el clima se iba calentando porque el proyecto de ley seguía sin aparecer. Los diputados sólo habían tenido acceso a un punteo con el articulado de la iniciativa titulada “Normalización de los Servicios de Deuda Pública”. “Quiero dejar presente que se recibió el proyecto en el mismo momento que entró Prat-Gay. No se cumplió con las 24 horas de anticipación y considero que se necesita un nuevo día y hora para discutirlo”, interrumpió del diputado Néstor Pitrola del Frente de Izquierda de los Trabajadores. El ministro pidió disculpas por no haber cumplido con los tiempos previstos y acto seguido comenzó con su exposición.

Asistido por filminas, el ministro comenzó haciendo hincapié en la potencialidad que implica este arreglo, que calificó como pequeño en términos de costos, para conseguir financiamiento para la economía. Según sostuvo, la deuda original demandada por los fondos buitre era de 6100 millones de dólares, que se amplió a unos 18.800 millones debido a los costos de litigiosidad (básicamente intereses acumulados y punitorios). Al fondo NML Capital, propiedad de Paul Singer, el juicio le redituó una ganancia anual de 156 millones anuales. “Lo que hicimos es negociar con las reglas de juego y normas del Juzgado de Nueva York y plantear la situación a la que habíamos llegado, pero en un plano de igualdad”, dijo. Reconoció que se planteó que se respetaría el capital original. Siguiendo con los slogans macristas, sostuvo que la posición del juez Griesa se pudo revertir porque se hizo con transparencia y con la verdad.

Las condiciones de la oferta, tal como adelantó este diario, contemplan una oferta base para todos los tenedores de bonos defaulteados por el ciento por ciento del monto nominal más un 50 por ciento. Para los que tienen fallo firme a su favor en los tribunales de Griesa se reconocerá el 70 por ciento del monto de la sentencia. “Más de la mitad del problema se resolvería con una quita de 26 por ciento”, sostuvo. Justificó el pago en efectivo a los buitres en que de ese modo se evitará una discusión posterior respecto al valor de los bonos por el pago a los buitres. “Hay que hacerlos porque si no, no volvemos a crecer”, dijo al finalizar su exposición antes de las preguntas.

El debate

El primero en tomar la palabra fue el jefe del bloque del Frente Para La Victoria, Héctor Recalde, quien sostuvo que el acuerdo es un avasallamiento sobre el Congreso, debido al tratamiento super express que pretende el oficialismo, y criticó que se vuelva a confiar en bancos que hoy están imputados de lavado. Según afirmó el secretario Caputo, los bancos que participarán de la operatoria cobrarán entre 0,15 y 0,20 por ciento de la colocación, lo que equivale a unos 20 millones de dólares sobre el monto de la primera emisión. Prat-Gay argumentó que “no se trata de un apriete ni una extorsión”, sino de una fecha que permita avanzar en otros temas pendientes con la misma velocidad”. En ese intercambio, el ex ministro de Economía y actual diputado por el FpV, Axel Kicillof, pidió la palabra para contestar las acusaciones por parte del actual ministro respecto a una supuesta desidia del Gobierno anterior. El presidente de la Comisión de Presupuesto, el macrista Luciano Laspina, no lo dejó hablar.

Tras esperar su turno, Kicillof respondió a los planteos de Prat-Gay. “Si alguien no tiene responsabilidad del endeudamiento son precisamente Néstor Kirchner ni Cristina Fernández, sino funcionarios actuales, como el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger”, apuntó. Rechazó la idea que se intenta implantar desde el discurso de Cambiemos, respecto a que no se buscó encontrar una solución. “No dilatamos nada. Ellos (por los buitres) nunca entraron a un canje porque su negocio es litigar. No son bonistas. Compraron los bonos después de que se declarara el default. Esta historia la están borrando Macri y ustedes”, afirmó Kicillof, y allí vino la segunda interrupción de Laspina para que se apurara con la pregunta. El ex ministro continuó. “La deuda nunca fue un puente para el crecimiento. Se sostiene que con este arreglo se evita el ajuste o la emisión monetaria pero eso no es cierto, porque los dólares que ingresen deberán pasarse a pesos. Hubiese sido más interesante que buscara el apoyo ya logrado en Naciones Unidas y que se haga sin bancos intermediarios”, increpó. Prat-Gay respondió con chicanas. “Vos te fuiste en un avión y en 48 horas trajiste un acuerdo con el Club de París, al que se le pagó el cien por ciento”, afirmó el ministro de Hacienda, desconociendo la diferencia entre un arreglo con un acreedor que sí aportó al país el monto nominal demandado y un grupo de fondos especulativos que compraron deuda a 25 centavos por dólar.

El diputado Carlos Heller, del Partido Solidario, aliado al FpV, expuso el interrogante respecto a lo que suceda con el 93 por ciento de los bonistas que entraron al canje y aceptaron una quita del 67 por ciento. Remarcó que, por más que haya caído la cláusula RUFO, que impedía hacer una mejor oferta a los holdouts, ante la derogación de las leyes que pide el Gobierno, esos bonistas podrían sentirse defraudados y buscar un juez de la línea Griesa que les asegure una demanda contra el país, lo que haría caer toda la reestructuración de la deuda. “Creo que tenemos un costado notablemente vulnerable en esa cuestión, que nos deja a merced de la interpretación de cualquier juez que podría hacer lugar a demandas”, agregó Heller. El equipo económico sostuvo que sus abogados le aseguran que no hay ningún riesgo de que eso ocurra, aunque sin dar precisiones.