El titular de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, impulsará que se reponga la doble indemnización por despido, como existió hasta el año 2007. El dirigente camionero señaló ayer que va a promover leyes “para evitar que se produzcan despidos, como desgraciadamente se está produciendo” y reconoció que en ese sentido, se analiza la reinstalación de la doble indemnización. La CTA Autónoma, que encabeza Pablo Micheli, reclamó que el Congreso promulgue una ley que prohíba el despido de trabajadores por un año.

La iniciativa tendría entrada al Congreso a través de los legisladores de extracción sindical, según expresó el propio Moyano. En ese sentido, el diputado y dirigente sindical (gremio de canillitas) Omar Plaini confirmó que “el tema está en agenda” y que un grupo de legisladores provenientes del sindicalismo se encuentran abocados a la elaboración de “un proyecto para frenar los despidos”.

Moyano explicó, en el mismo sentido, que se trataba de una propuesta abierta, sujeta a los aportes que puedan hacerse para mejorarla. “No sé cómo va a ser más efectiva, es lo que se está estudiando, si poniendo una indemnización doble como pasó en 2002, o buscar la forma de evitar los despidos”, dijo el dirigente sindical en diálogo con Radio Nacional.

Omar Plaini admitió que “es un tema que nos preocupa”, lo cual llevó a que varios diputados y senadores “que pertenecemos a la CGT” se estén juntando para articular la propuesta. Además de Plaini, participarán de esas reuniones los diputados Facundo Moyano, Héctor Daer, Carla Pitiot, Enrique Castro y Jorge Taboada, y los senadores Guillermo Pereyra y Daniel Lovera.

Mientras Moyano se va diferenciando de Macri, Micheli lo hace de Moyano. Respecto de la propuesta de la CGT Azopardo, el titular de la CTA Autónoma advirtió que “la doble indemnización no va a frenar los despidos, lo van a seguir haciendo incluso con eso”. “Estamos reclamando que el Congreso apruebe una ley que prohíba el despido de los trabajadores por un año”, definió su propuesta.

El sistema de doble indemnización se estableció en enero de 2002, en plena crisis, cuando ocurrió el estallido de la convertibilidad tras una sucesión explosiva de refinanciaciones de la deuda. El entonces presidente provisional, Eduardo Duhalde, la propuso en el marco de la Ley de Emergencia Económica, la 25.561, todavía vigente en otros aspectos. En su artículo 16, la norma establecía que “por el plazo de 180 días, quedan suspendidos los despidos sin causa justificada. En caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto, los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad a la legislación laboral vigente”.

El artículo fue modificado por varios decretos. En 2004 se redujo la compensación al 80 por ciento de la indemnización, y en 2005 al 50 por ciento. En septiembre de 2007 cesó su aplicación, cuando el índice de desempleo se ubicó por debajo del 10 por ciento.