El nuevo equipo económico aseguró ayer que la oferta para los fondos buitre será pública. La aclaración del Ministerio de Hacienda y Finanzas llegó tras conocerse que los acreedores carroñeros reclaman un acuerdo de confidencialidad para las negociaciones relanzadas el miércoles pasado en Nueva York. El secretario de Finanzas, Luis Caputo, y los representantes legales de los demandantes acordaron en ese encuentro que las partes presentarán sus propuestas financieras durante la última semana de enero. Lo harán ante el juzgado de Thomas Griesa.

El pedido de reserva para los términos financieros del potencial acuerdo colisiona con la necesidad del Gobierno de validar el convenio en el Congreso. Para implementar un trato en mejores condiciones que las otorgadas al 92,4 por ciento de los acreedores que reestructuraron sus pasivos en default será necesario modificar el cuerpo normativo vigente. Eso recién sucederá a partir de marzo, cuando inicien las sesiones ordinarias.

“En quince días vamos a llevarles nuestra propuesta y esperamos que sea de carácter público. Tenemos ganas de negociar de buena fe, no hay nada que ocultar”, indicaron a este diario desde el Palacio de Hacienda. Más temprano se conoció un artículo de la agencia de noticias estadounidense Bloomberg donde indicaba que “los holdouts no presentaran su propuesta hasta que los funcionarios argentinos firmen un acuerdo standard de confidencialidad que evite la divulgación de los detalles de los planes antes del acuerdo”. La publicidad que reciban las propuestas de ambas partes no evitará que, de todas formas, las condiciones ofrecidas/reclamadas se modifiquen en el transcurso de las discusiones neoyorquinas.

El grupo de litigantes encabezado por Elliott Management que lidera el billonario Paul Singer representa aproximadamente la mitad del 7,6 por ciento de los bonos que no fueron ingresados al canje. En ese universo se contabilizan los demandantes originales y los me too (yo también, en inglés) aunque su reclamo no quedó firme. Según detalló Prat-Gay, los títulos en poder de todos esos “holdouts” representan un valor nominal de 2943 millones de dólares. Bajo los términos de la reestructuración aceptada por la mayoría de los acreedores, los buitres hubieran recibido alrededor de 900 millones de dólares. Una atractiva ganancia cuando se contempla que esos títulos fueron adquiridos a precio de remate, incluso después del default de 2001-2002. En cambio gracias a la fórmula validada por las cortes estadounidenses y los intereses acumulados, el monto de las sentencias asciende hasta 9882 millones de dólares.

El hipotético acuerdo con esos buitres redundaría en el levantamiento al bloqueo legal para el mecanismo de pago de la deuda externa argentina en Estados Unidos pero no representa una solución integral al prolongado conflicto. Existen demandas iniciadas en otros tribunales norteamericanos y europeos que recién serán abordadas cuando se avance con los buitres cobijados por el Distrito Sur de Manhattan.

Entre los responsables de las diferentes áreas económicas del gobierno de Mauricio Macri están convencidos que lograr un entendimiento es condición necesaria para rehabilitar el acceso al mercado de crédito internacional sin riesgos legales y a menor costo. A pesar del optimismo expresado por Prat-Gay las experiencias recientes de Grecia y Brasil dejan al descubierto las variadas exigencias en materia fiscal y monetaria que acompañan a una inserción subordinada a esos flujos de capital. Se trata de una tarea que el equipo económico ya comenzó a atender a través de la promesa de reducción del gasto público. El objetivo no es solamente facilitar el endeudamiento externo del gobierno nacional sino de allanarle el camino a provincias y grandes empresas. Los bajos niveles de deuda heredados del kirchnerismo facilitan ese proceso.

El intercambio de ofertas entre el equipo económico de Mauricio Macri y los fondos buitre más agresivos se postergó hasta comienzos de febrero. El Ministerio de Hacienda y Finanzas había acordado con los litigantes liderados por Elliott Management de Paul Singer, que las propuestas se presentarían la próxima semana, pero los acreedores carroñeros solicitaron una prórroga. El pedido al que accedieron los negociadores argentinos fue transmitido el martes por la noche a través de Daniel Pollack, el abogado mediador impuesto por el juez Thomas Griesa. Así, el encuentro será entre el 1º y 2 de febrero.

El pedido se canalizó durante una conversación telefónica entre el secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el letrado mediador de Nueva York. “Me transmitió la solicitud de los bonistas en default de posponer, por problemas de logística, la presentación de la propuesta argentina para la primera semana de febrero”, comentó el funcionario a través de un comunicado donde incluso abandonó la aséptica denominación de “holdouts” para designar a los fondos buitre. “Se había considerado originalmente, pero no confirmado, que las negociaciones procederían durante la semana del 25 de enero, pero debido a dificultades logísticas que fueron encontradas, las negociaciones se retomarán la semana siguiente”, indicó Pollack en un comunicado.

El grupo de litigantes con los que comenzó a negociar el ministro Alfonso Prat-Gay representa aproximadamente la mitad del 7,6 por ciento de los bonos que no fueron ingresados al canje. Los bonos en su poder suman un valor nominal de 2943 millones de dólares. Pero, gracias a la fórmula validada por las cortes estadounidenses y los intereses acumulados, las sentencias en su poder contabilizan 9882 millones de dólares. La intención del equipo económico es negociar una quita sobre las penalidades acumuladas validando una ganancia extraordinaria.

Para implementar un plan de pagos donde se ofrezcan mejores condiciones que las entregadas en los canjes se deberá cambiar la ley Cerrojo y la más reciente Ley de Pago Soberano. Alcanzar un acuerdo con esos acreedores no representa una solución definitiva ya que cuando eso suceda restará una negociación con los demandantes radicados en Europa y el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial, e incluso con los acreedores que todavía no mostraron sus cartas y aguardan agazapados. En total sus tenencias suman, a través de la fórmula Griesa, otros 9000 millones de dólares.

Después de cinco días de negociaciones en Nueva York, el gobierno de Mauricio Macri presentó una propuesta formal para pagarle a los fondos buitre. El Palacio de Hacienda informó que los términos financieros de la oferta ya fueron aceptados por una parte de los litigantes más agresivos como Montreux Partners o Dart Management. Pero la discusión no está cerrada. Los principales de los acreedores carroñeros originarios como Elliott Management de Paul Singer (todavía) no dieron su visto bueno. La adhesión de la totalidad de los litigantes con sentencias favorables en los tribunales del juez Thomas Griesa implicaría entregarles alrededor de 7000 millones de dólares en efectivo, una reducción promedio del 25 por ciento frente al monto reconocido por las órdenes y sentencias del magistrado. La cifra valida una rentabilidad del orden del 1000 por ciento, levemente por debajo de sus pretensiones. Si se confirma el acuerdo judicial, el Ministerio de Hacienda y Finanzas recurrirá al endeudamiento en el mercado financiero internacional para obtener los fondos necesarios. Los dólares que se logren por esa nueva emisión de deuda externa serán entregados a los buitres. La implementación del acuerdo está sujeta al levantamiento del bloqueo del mecanismo de pago de la deuda en el exterior, elemento que debe definir el octogenario juez.

La generosidad de la oferta y el entusiasmo exhibido por Daniel Pollack, el mediador impuesto por la justicia norteamericana que logró un protagonismo inédito al punto que ayer conversó por teléfono con el presidente Macri y el ministro Prat-Gay, contrabalancean la reticencia de algunos acreedores. La segunda condición necesaria para poner en marcha el pago es la modificación en el Congreso del cuerpo normativo que impide otorgar un tratamiento privilegiado.

Si se contabiliza el reciente preacuerdo por 1350 millones de dólares firmado con los acreedores italianos nucleados en el grupo de presión Task Force Argentina, las conversaciones encabezadas por el secretario de Finanzas, Luis Caputo, contemplan a dos tercios del 7,6 por ciento de acreedores que rechazaron el canje. En el nuevo equipo económico entienden que el arreglo es indispensable para lograr la reinserción plena del país en la lógica del sistema financiero internacional y facilitar el retorno al mercado para la Nación, provincias y grandes empresas. El bajo nivel de endeudamiento en dólares heredado del kirchnerismo facilita ese proceso.

Dos ofertas

Para que los acreedores carroñeros cobijados por Griesa con títulos de deuda todavía en default por un valor nominal de aproximadamente 2500 millones de dólares renuncien a sus demandas, el gobierno de Macri ofrece pagarles en efectivo aproximadamente 7000 millones de dólares, cuando su reclamo superaba los 9000 millones. La rentabilidad se abulta ya que sus acreencias fueron adquiridas muy por debajo del precio que figura en los bonos.

- Base: A los fondos denominados me too y el resto de los tenedores de bonos en default, que si bien cuentan con sentencias no fueron beneficiados por las medidas cautelares pari passu, el gobierno les ofrece pagarles 1,5 dólar por cada dólar de valor nominal de sus bonos. La ganancia real es todavía más abultada si se contempla que no le prestaron dinero a la Argentina sino que compraron esos bonos a precio de remate, muchas veces después del default.

- Buitres only: Para el grupo de litigantes que motorizó la demanda original, la propuesta es todavía más generosa. Por los títulos públicos en litigio que obtuvieron sentencias monetarias previas al 1º de febrero, el gobierno ofrece reconocerles el 70 por ciento del monto en juego. El descuento del 30 por ciento implica que en lugar de multiplicar por 3,7 veces el valor nominal de sus acreencias como pretendían originalmente, el beneficio se limite a 2,6 veces. Como en el caso anterior, el exiguo precio que pagaron por esos bonos hace que la ganancia real de los buitres sea muy superior.

Cuando se trate de títulos públicos sin sentencia monetaria a comienzos de enero, se les ofrece el pago del 70 por ciento del valor devengado del reclamo. Para incentivar la participación de los buitres dudosos, el Ministerio de Hacienda y Finanzas propone reducir las “quitas” a 27,5 por ciento en aquellos acuerdos de reestructuración preliminares firmados hasta el 19 de febrero de 2016, inclusive.

Fin del bloqueo + reformas

Para poner en marcha el acuerdo se deben cumplir dos condiciones: i) la finalización del bloqueo al mecanismo de pago de los vencimientos de la deuda argentina en el exterior y ii) la modificación en el Congreso del plexo normativo vigente para permitir un pago en mejores condiciones que las recibidas por la mayoría y habilitar el endeudamiento necesario para concretar la operación.

Desde la lógica del Palacio de Hacienda, el visto bueno de un grupo de los litigantes originales que harían el pedido formal al magistrado, el entusiasmo del mediador Pollack y el sinnúmero de guiños al gobierno de Estados Unidos, deberían facilitar el levantamiento de las órdenes de Griesa que impiden a los acreedores genuinos recibir sus fondos.

La aparente reticencia de otros buitres históricos como Elliott Management o Aurelius se presentan como el obstáculo a sortear. En ese punto, se ingresa en el terreno de las especulaciones. Si algún acreedor rechaza la propuesta pero Griesa levanta el bloqueo, el conflicto legal con los buitres no se resuelve pero se restablecería el flujo de pagos con quienes participaron del canje y se incrementaría el grado de adhesión. En ese escenario hipotético, nada garantiza que otro magistrado no valide un nuevo reclamo de un buitre rebelde.

La ingeniería parlamentaria para lograr los cambios legislativos –ley de pago soberano y ley cerrojo– y permitir la emisión de nueva deuda externa necesaria para concretar el pasamanos de dólares es un proceso en marcha. Las negociaciones con gobernadores y legisladores están en cabeza del ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Ese proceso arrojó esta semana su primer resultado favorable al macrismo con la escisión de un grupo de legisladores del bloque del FpV. La implementación de la propuesta contempla que los tenedores de títulos públicos todavía en default que participen de la misma deberán renunciar a todos sus derechos, sumas adeudadas y acciones judiciales derivados de sus acreencias.

¿Cómo se pagaría?

El pago de los 8100 millones de dólares (buitres neoyorquinos más lobbistas italianos) será en efectivo. Para obtener esos recursos Prat-Gay recurrirá al endeudamiento externo con el sistema financiero internacional. El mecanismo implica emitir nuevos títulos públicos por un monto nominal mayor que quedarán en manos de las entidades financieras compradoras, mientras que los dólares recibidos serán entregados a los acreedores litigantes. Ningún acuerdo garantiza que los inversores que accedieron al canje en 2005 y 2010 no reclamen el mismo tratamiento y encuentren, como hicieron los buitres, un juez dispuesto a acompañarlos.

Un grupo de holdouts se presentó ayer ante el juez Thomas Griesa en Nueva York para pedirle que mantenga la medida cautelar que inhibe a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 cobrar lo que deposita la Argentina ante cada vencimiento. Se trata de un grupo de ocho acreedores con acciones de clase que requieren ser alcanzados en la propuesta de acuerdo a los buitres presentada el último viernes por el secretario de Finanzas, Luis Caputo. En su nota, los bonistas piden al magistrado que “no levante las medidas cautelares hasta tanto la Argentina alcance términos de pago aceptable por todos los acreedores”.

La presentación de esos holdouts, quienes no forman parte de los grupos de buitres que consiguieron sentencias favorables en el juzgado de Griesa, muestra una de las dificultades del proceso de negociación que encaró el gobierno de Cambiemos con los inversores carroñeros. Esas conversaciones involucran a la mitad del 7,3 por ciento de los acreedores con títulos públicos en default, por lo que pueden aparecer otros bonistas que intenten poner obstáculos, ahora o más adelante. Una condición básica para terminar con el problema es que la negociación involucre a la totalidad de los acreedores que quedaron fuera de los canjes. El Gobierno también podría intentar que Griesa disponga que ésta es la última opción para acordar con la Argentina, pero siempre quedará abierta la posibilidad de que otro magistrado, en Estados Unidos u otro país, acepte nuevos reclamos de holdouts.

El Gobierno intenta resolver esta encrucijada en el planteo que hizo el viernes ante el mediador Daniel Pollack. La propuesta diferenció entre tres tipos de bonistas: holdouts con sentencia en la justicia norteamericana, acreedores que no alcanzaron a tener fallo y a los que tienen títulos de una jurisdicción distinta a Nueva York. Para este último caso, acreedores con títulos bajo ley inglesa, alemana y otras, la oferta prevé un pago equivalente al 150 por ciento del capital total, similar a lo que se preacordó con el grupo de bonistas italianos la semana pasada. Aun así, un grupo de ocho bonistas rechazó esa opción e insistió ante Griesa en que mantenga las medidas que traban el cobro de los vecimientos al resto de los bonistas.

La propuesta de pago a los fondos buitre del gobierno nacional fue cuestionada por el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde. Consideró que representa un “peligro” para el país y que la bancada que encabeza seguirá sosteniendo “los mismos principios de siempre, que son los que nos llevaron a votar la Ley Cerrojo y de Estado Soberano”. En cambio, desde el Frente Renovador, el economista Guillermo Nielsen estimó que la oferta es “muy razonable” y advirtió que “los fondos buitre no van a salir corriendo a firmarla”, sino que intentarán “forzar la mano”. Las palabras del ex secretario de Finanzas parecen ir en línea con la posición que asumirá la fuerza que comanda Sergio Massa en el Congreso, para acompañar los cambios a las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y permitir el cierre de la negociación con los buitres.

Los fondos buitre que impulsaron la causa madre en las cortes de Nueva York presionan para obtener una oferta más generosa. Solo cuando el país mejore la propuesta acompañarían el pedido del gobierno de Mauricio Macri para levantar el bloqueo al mecanismo de pago de la deuda argentina en el exterior. Aunque celebraron el cambio de autoridades en Argentina consideran que el país realizó “una oferta discriminatoria del tipo tómalo o déjalo”. La posibilidad de triplicar el valor nominal de los títulos en su poder y lograr una rentabilidad extraordinaria, incluso con la quita del 30 por ciento propuesta, no cubre sus expectativas. Se victimizaron al advertir que otros demandantes que aceptaron los términos reciben el ciento por ciento de su sentencia judicial, mientras que recibieron un “ultimatum” para aceptar un recorte sobre sus pretensiones. Hoy es el turno de la respuesta escrita de los abogados argentinos.

La modificación de la medida cautelar es una condición necesaria para poner en marcha el acuerdo que ya fue aceptado por una porción limitada de los acreedores carroñeros que tienen el 7,6 por ciento de los bonos todavía en default como Dart y Montraux. Esos demandantes a los que ayer se sumaron los “me too” (yo también, en inglés) acompañaron la solicitud argentina. Pero, sin el respaldo de los litigantes más agresivos y promotores originales de la orden es improbable que el tribunal del Distrito Sur de Manhattan modifique el status quo.

“No es sorprendente que en 18 días las partes no se hayan puesto de acuerdo en una transacción multimillonaria. Las negociaciones recién comenzaron”, sostiene Elliott Management, el fondo buitre de Paul Singer, que se expresó su malestar por el poco tiempo que le habrían dedicado los funcionarios argentinos. Por eso, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, volvió a recibirlos ayer en las oficinas de Manhattan de Daniel Pollack, el mediador impuesto por el juez.

Los buitres presionan aprovechando la urgencia para alcanzar un acuerdo exhibido por el Gobierno. En el equipo de Prat-Gay consideran que el fin de la disputa en Nueva York es indispensable para lograr la reinserción plena en del país en la lógica del financiera internacional. Los bajos niveles de endeudamiento externo heredados le otorgan margen de maniobra para buscar financiamiento internacional.

“Estamos dispuestos a cooperar con Argentina para lograr la disolución de la medida cautelar si pudiéramos alcanzar un acuerdo de pago justo y equitativo junto con otros aspectos que aseguren la debida consideración sobre el monto total adeudado al fondo y que provean las garantías apropiadas para asegurar que el pago se realice como sea acordado”, lanzó ayer Jay Newman, vicepresidente del fondo.

Aunque los funcionarios consultados por este diario aseguran que las condiciones presentadas no cambiarán, ningún documento oficial del Ministerio de Hacienda y Finanzas precisa que los términos de la oferta no pueden ser mejorados en un futuro cercano. Los buitres originarios afirmaron en su documento de 36 páginas que el país tiene reservas suficientes para presentar mejores condiciones y/o aceptar alguna de las tres contrapropuestas (no divulgadas) que habrían realizado en lo que va del mes.

De todos modos, el equipo del ministro Alfonso Prat-Gay considera posible convencer al juez para levantar el bloqueo y empezar a pagar una vez que se modifiquen las leyes que impiden darles el tratamiento privilegiado a esos acreedores. Para eso, sus escritos destacan la voluntad negociadora del país que presentó una nueva oferta y los respaldos formales de los fondos que firmaron principios de acuerdo. También incluyó en los escritos judiciales enviados al tribunal detalles sobre las conversaciones que tuvo con el Secretario del Tesoro estadounidense, Jack Lew, así como los entusiastas comunicados de Pollack que habló con Macri por teléfono dos semanas atrás.

Optimistas en el equipo económico continúan avanzando con distintos bancos extranjeros -en muchos casos sus ex empleadores- en el diseño de los títulos públicos y prospectos de emisión para llevar a cabo la colocación de deuda externa en Nueva York y Londres por más de 9000 millones de dólares que será utilizada para pagarle a los buitres a lo largo de los próximos meses.

Hasta ahora la propuesta del Ministerio de Hacienda y Finanzas recibió el visto bueno de nueve grupos de fondos buitres que tienen en su poder un tercio del valor nominal de los títulos públicos todavía en default. Los acreedores carroñeros que acepten la propuesta antes de fin de mes serán los primeros en recibir el pago en efectivo. El desembolso llegará apenas se logre la derogación del marco normativo que impide ofrecerles un tratamiento privilegiado. Si todos los demandantes aceptan los términos del gobierno de Mauricio Macri sería necesario emitir nueva deuda externa por 15 mil millones de dólares, una cifra equivalente a la mitad de las reservas internacionales. Más allá de la resistencia de los fondos más agresivos como Elliott Management o Aurelius, el ministro Alfonso PratGay indicó ayer que buscarán conseguir esos recursos a través de una única operación de endeudamiento bajo legislación extranjera en el mercado internacional. Esa colocación se verá facilitada por el bajo nivel de deuda heredado del kirchnerismo. Durante una conversación con medios gráficos antes de partir a China para una reunión del G-20, el funcionario confirmó que las negociaciones con quienes rechacen la propuesta inicial seguirán abiertas sin fecha de vencimiento. El titular del Palacio de Hacienda no descartó la posibilidad de mejorar las condiciones de pago para esos demandantes siempre y cuando ese camino no sea vetado en la discusión parlamentaria.

“Este es el último obstáculo que tenemos para acceder al mercado financiero internacional y lograr fondos para el desarrollo”, consideró ayer PratGay acompañado por el secretario de Finanzas, Luis Caputo. Desde la perspectiva del equipo económico la prioridad no está en alcanzar una solución que contemple al 7,6 por ciento de los acreedores que rechazaron el canje. Aunque pretenden convencer al mayor número posible de “holdouts”, el objetivo urgente es lograr la reinserción plena del país en la lógica del sistema financiero internacional y facilitar el retorno al mercado en mejores condiciones para la Nación, provincias y grandes empresas. En el actual escenario recesivo inducido por el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo y donde ni la devaluación ni el promocionado shock de expectativas generaron el ingreso de dólares anunciado, el endeudamiento es presentado desde el gobierno como la alternativa ineludible para impulsar el crecimiento.

“Este en un tren que no se para. Estamos negociando con todos los acreedores. Encontramos una salida y ojalá que se suban todos, el que no quizás lo haga más adelante. Queremos que entren todos pero para nosotros es un éxito haber cambiado la manera que nos ve el juzgado”, señaló el ministro PratGay. El viernes pasado el juez Thomas Griesa accedió a levantar el bloqueo al mecanismo de pago de la deuda en el exterior cuando Argentina “elimine los obstáculos legales” para implementar la oferta y efectivamente realice una pago al bloque de acreedores que hayan aceptado la propuesta oficial antes de fin de mes.

Ese desembolso, confirmaron los funcionarios, se financiará con una emisión de deuda externa. La colocación, posiblemente canalizada a través de la plaza inglesa o neoyorquina, no se limitará a financiar el pago del primer grupo sino que apuntará a la cifra global: son alrededor de 15.000 millones. Equivalen a la mitad de las reservas internacionales del Banco Central y alcanza a tres cuartas partes del monto global reclamado por esos litigantes en tribunales alrededor del mundo.

Por eso, para “recuperar el acceso al crédito internacional” Prat-Gay y Caputo consideran que las únicas condiciones son la derogación de la ley Cerrojo y la ley de Pago Soberano y la autorización para emitir nueva deuda. “Cuando eso suceda vamos al mercado internacional con la seguridad de que si le pagamos a quienes aceptaron la propuesta antes del 29 de febrero se levanta la medida cautelar del juez Griesa. Después podemos seguir negociando con los fondos que no hayan aceptado”, explicó el ministro.

El encuentro de PratGay y Caputo con los medios tuvo lugar en el salón Belgrano del quinto piso del Palacio de Hacienda, a metros de donde horas antes había tenido lugar una asamblea por 13 trabajadores despedidos de la Secretaría de Política Económica (ver aparte). Durante esa extensa conversación, el funcionario criticó la aproximación al litigio del gobierno saliente. Celebró, en cambio, la celeridad con la que su estrategia y la oferta realizada permitieron modificar la intransigencia del juez.

Dependiendo del camino judicial elegido la propuesta del nuevo gobierno les reconoce a los buitres entre 1,5 y 3 dólares por cada dólar aunque esa rentabilidad es mayor si se contempla el precio de remate al que adquirieron sus acreencias después del default. Bajo esas condiciones los demandantes recibirán entre 70 y 100 por ciento de sus reclamos judiciales. El kirchnerismo ofrecía pagarles 30 centavos por cada dólar de valor nominal de sus bonos, la misma fórmula que aceptó el 92,4 por ciento de los acreedores. “El Congreso es quien nos autorizará”, concluyó el funcionario al ser consultado sobre la posibilidad de mejorarles la propuesta a los buitres originarios como Elliott, Aurelius y Blue Angel.