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General: CON MACRI PRÓSPERO AÑO NUEVO PARA POCOS
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De: Ruben1919  (Mensaje original) Enviado: 03/01/2016 12:25

Necesidad y emergencia

Próspero año nuevo para pocos. Un futuro difícil para los demás. El presidencialismo a puro decretazo. La fuga grotesca, una de los hermanos Coen. El arte de hablar de Sabbatella y atacar el derecho a la información. Once, lo que develó la tragedia. Ganadores y perdedores. Prat-Gay sin sonreír y amenazando.

 Por Mario Wainfeld

Tres semanas a todo trapo producen cambios tremendos en materia económica, para empezar. La caterva de decretos de necesidad y urgencia (DNU) o decretos playos no contiene una medida perdurable a favor de los trabajadores formales, informales o desocupados. Solo un plus para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo por esta única vez. Y la exención para algunos laburantes del pago del impuesto a las ganancias respecto del medio aguinaldo. Son acciones que ya ensayó el kirchnerismo, por sumas mayores. En la semana que hoy termina se redujo la tasa del impuesto a los autos de alta gama, que también mejora el bolsillo de las clases altas.

No hay iniciativas que aún en el plano imaginario arrimen un bochín para la “Pobreza cero”. Muchos que eran ricos el 10 de diciembre incrementaron su patrimonio merced a decisiones que tendrán vigencia en 2016.

Está suspendida, por ahí abolida, la larga sarasa de Cambiemos sobre un tránsito hacia el parlamentarismo, la importancia de concertar en el Congreso. El híper presidencialismo sigue vigente en la Argentina. Lo que cambió es el signo de las políticas. El presidente Mauricio Macri gobierna por decreto, digita jueces de la Corte, desbarata la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual (LdSCA) prescindiendo de debate público. El Congreso se puentea cotidianamente.

Se está escribiendo el glosario de “palabras clave” del macrismo. “Equipo” es clásica. “Emergencia” es una novedad, se repite a cada rato. Aludir a la emergencia está bien, en su ideario. Habilita a la gobernadora María Eugenia Vidal a comprar material para la seguridad salteando a los organismos de control. O a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a ir pergeñando un protocolo para “ordenar” la protesta social. O al titular del Indec, Jorge Todesca a anunciar que en cuatro meses cruciales con inflación galopante no habrá índice de precios al consumidor. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, activa a su ojímetro y pondera en 3,5 por ciento la inflación de diciembre. Si un ministro, de cualquier gestión, “calcula” esa cifra vaya anotando de cuatro por ciento para arriba. La trepada no es uniforme: para alimentos de la canasta básica es mayor.

Todesca se ingeniaba para difundir un índice mensual desde su consultora, con tres computadoras y cuatro pasantes, supongamos. Con el aparataje del Indec no puede. Raro, como encendido.

Como ocurre desde hace muchos años, el economista Miguel Bein es el más atinado en las cifras, los análisis de coyuntura y las ponderaciones. Se puntean parte de sus proyecciones para este añito, recién nacido. Son editadas, textuales;

- “Dólar de $15,5 al final de 2016, $ 14 en promedio.”

- “Una paritaria en torno del 28 por ciento (el número que esbozó el líder de los camioneros unas semanas atrás).”

- “Una suba en las tarifas de luz y gas del AMBA algo más baja en torno al 250 por ciento.”

- “Una inflación cercana a 36 por ciento a diciembre, 10 puntos porcentuales más alta que el cierre de 2015, pero 4 puntos porcentuales por debajo del promedio del año.”

- “La caída del nivel de actividad podría ubicarse en el 1,8 por ciento con un consumo cayendo algo más (por la caída en el salario real).”

- “Una inversión subiendo al triple, concentrada en sectores que recibieron señales de precio e infraestructura pública financiada con deuda.”

La redistribución regresiva del ingreso ya es un dato. Los más ricos seguirán siéndolo, los más humildes tendrán una inflación “de privilegio” más alta dada su propensión populista a consumir alimentos o viajar en trenes y bondis.

Las batidas masivas para despedir empleados públicos comienzan a ritmo sostenido. El gran argumento es que son “ñoquis” de La Cámpora. O “militantes” a secas. Militantes es mala palabra en el neo diccionario macrista, eventualmente un nuevo delito. El militantómetro no puede ser usado por nadie que no sea funcionario: sus veredictos son secretos e inapelables.

- - -

Novela negra: El hecho más resonante de la semana hubiera sido un festín para los hermanos Coen. Roberto Fontanarrosa también podría haberse lucido con una base material tan grotesca. Tres condenados a cadena perpetua fugaron de un penal de alta seguridad valiéndose de un arma de juguete. Contrariaron al perezoso falaz proverbio: no huyeron “por la otra puerta” sino por la principal. Un despliegue policial fastuoso no impidió que uno de los hermanos Lanatta fuera dos veces a la casa de su ex suegra. Por favor, no se ría que es asunto serio.

Al cierre de esta nota, en la tarde del sábado los prófugos continúan sueltos. Es prematuro un balance de las acciones, se hablará apenas de lo sucedido.

Las responsabilidades de Vidal arrancan desde el 10 de diciembre. Si ratificó o dejó perdurar en sus cargos a funcionarios de la administración de Daniel Scioli, sus desempeños cargan sobre ella.

Cristian Ritondo a cargo de la Seguridad es una invención pura de PRO. El Ministerio de Seguridad bonaerense, opina este cronista, es posiblemente el cargo público más difícil e ingrato de la Argentina. Las exigencias son elevadas, cualquier delito atroz pone en vilo a su titular. Todo esto dicho y sin prejuzgar del todo: dista de ser promisorio el CV de Ritondo, un puntero ingenioso para la rosca política. La imagen de Ritondo y Patricia Bullrich mirando un mapa con ceño fruncido y aire de entendidos, como Napoleón antes de una batalla, causa gracia o pena.

Este diario en general y Horacio Verbitsky en primerísimo lugar han cuestionado las violaciones de derechos humanos en democracia. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) tiene publicados volúmenes frondosos con denuncias y análisis. Desde espacios afines al kirchnerismo se cuestionaron prácticas y hechos delictivos, de uno en uno, a medida que sucedieron.

Los gobiernos kirchneristas y el del ex gobernador Felipe Solá concretaron movidas corajudas y difíciles para combatir la delictividad de agencias gubernamentales. Fueron sus mejores opciones y momentos, con claroscuros y retrocesos. Las personalizamos con nombres re-conocidos. En la nación Nilda Garré, Cristina Camaño, los sucesivos secretarios de Derechos Humanos, Marcelo Saín, el diputado nacional por Buenos Aires Leonardo Grosso. En “la Provincia” Juan Pablo Cafiero, Saín, Carlos León Arslanian, la Comisión Provincial de la Memoria. Consiguieron avances memorables, también fueron removidos. Eugenio Raúl Zaffaroni ocupó un puesto crucial en esa puja, como juez de la Corte y como maestro del Derecho.

Como explica el periodista Martín Rodríguez, durante el ciclo kirchnerista se libró una pulseada intra estatal o intra gubernamental. La fuerza inversa la expresaron entre otros Ricardo Casal, Sergio Berni, Alejandro Granados, Las dos listas son incompletas. Un trance crucial fue cuando Berni fue el viceministro (vigorizado) de Nilda Garré.

El gabinete que anunció Scioli se colocaba en una punta de esa cinchada. Nada parecido a la depuración o al garantismo podía esperarse de la troika Casal, Berni, Granados.

Como fuera, el kirchnerismo expresó una tensión constante, una división interna de aguas. El macrismo, tan dado a la policromía, es monocolor en este sentido.

La cruzada contra el narcotráfico arrancó con el pie izquierdo. Mala praxis, exceso de verborragia ante la tele, agresividad verbal para la tribuna.

La imbricación entre “el delito” con las fuerzas de seguridad y de estas con la dirigencia territorial es un desafío para cualquier gobierno.

En la campaña es sencillo prometer combatir al narcotráfico, en el rectángulo de juego cuesta dar con tres lúmpenes.

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Afsca la victoria, siempre: Ni el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad (tosco, brutal, hablando en media lengua) ni el jefe de Gabinete Marcos Peña (amable, sonriente y sanatero) pudieron justificar la emergencia comunicacional para fundar su ofensiva contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA).No la hay, ni por asomo... pero donde manda Clarín, no manda marinero.

La disolución de la Afsca y la Aftic desbaratan los logros de la LdSCA. Los grandes ganadores en esta movida son, para variar, jugadores poderosos. El Multimedios y Telefónica a la cabeza. Viene a cuento rememorar que en el debate que preludió a la ley fueron opositores políticos y periodistas esclarecidos quienes motivaron al kirchnerismo a excluir a las Telefónicas. Los vencidos de entonces revierten su situación. Sin conocer el texto del decreto respectivo es prematuro anticipar cómo se repartirán el botín los winers. El “modelo” macrista ya discierne vencedores y vencidos. Las internas entre los poderes dominantes forman parte del nuevo cuadro de situación. Los grandes exportadores y la banca concentrada tienen una pugna por la cotización del dólar, bien explicada por el periodista Federico Kucher en Página/12. Clarín y Telefónica fueron fortalecidos, sus intereses son (ejem) convergentes pero no idénticos.

La LdSCA, consagrada por amplia mayoría parlamentaria y discutida en la sociedad civil durante meses, se pone en la picota de un plumazo. Su corazón era combatir la concentración y abrir espacio a nuevas voces. La implementación fue trabajosa, en buena medida por los obstáculos ilegales de Clarín, apoyados por jueces serviles de todas las instancias.

La destitución patotera de Martín Sabbatella se justificó hablando de él, personalizando una cuestión institucional ligada a derechos ciudadanos. Una de las críticas válidas y posibles a la gestión de Sabbatella es que destinó demasiado esfuerzo y libido a la confrontación con Clarín y no potenció en la magnitud necesaria la apertura y la construcción de medios alternativos. Algo se concretó pero pudo haber sido más y mejor.

Era entonces factible y necesario perfeccionar la acción de la Afsca. Consolidar al célebre tercer sector de emisoras comunitarias, universitarias y sin fines de lucro. El embate macrista va en sentido contrario: potenciar a los taitas de la concentración.

A menudo los peronistas se valen del proverbio jauretcheano: “nos combaten por nuestro aciertos y no por nuestras carencias o errores”. No siempre es cierto o cierto del todo. En este caso es clavado.

Sabbatella es fetichizado como encarnación del mal mientras se dañan la libertad de expresión y el derecho a la libre información. Ya se dijo, pudo cometer errores o hasta incurrir en contradicciones. En sustancia, eligió el rumbo correcto. Su conducta de defender la legalidad poniéndole el cuerpo a las denuncias miserables, a la demonización y hasta las amenazas físicas lo enaltece como dirigente. Y, si se admite una mala palabra en el neo diccionario amarillo, como militante.

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Once: la sentencia: Las principales condenas del Tribunal Oral que investigó la tragedia de Once recayeron sobre el motorman, los concesionarios y ex funcionarios kirchneristas. Los fundamentos se conocerán en marzo. Hasta entonces no se podrá calibrar cómo se distribuyeron las culpas y cómo se construyó la responsabilidad penal de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. La culpabilidad penal se mide con parámetros más exigentes que la política, En los tribunales prevalecen la presunción de inocencia y la necesidad de probar los cargos respecto del hecho concreto.

De momento se puede deducir que los jueces entendieron que hubo “falla humana” o culpa del maquinista. Y que esa concausa, imprescindible para la producción del siniestro, no explica totalmente su magnitud ni la gravedad de las pérdidas humanas. De nuevo: cuando se lean los fundamentos se analizará mejor. De momento digamos que el hilo de razonamiento es más que verosímil. Que el hacinamiento, la cantidad desmedida de pasajeros, el pésimo estado del material ferroviario pudieron ser funcionales al desastre.

Puesto en palabras que este cronista usó en su momento: la tragedia “hace sistema” con las consecuencias de una política deplorable.

Schiavi lo sinceró, sin quererlo, cuando dijo que el daño hubiera sido menor con menos pasajeros o si éstos no se apiñaran en los primeros vagones. Ocurre que lo hacían compelidos a llegar en horario a sus laburos, no por gusto o necedad. Cuando Schiavi pronunció tales infaustas palabras Hebe de Bonafini lo calificó como “pelotudo”. El colega Martín Granovsky escribió en este diario sobre su “frivolidad”. Por razones de estilo y corrección política se adhiere a Granovsky sumando que en esas declaraciones campeaba desdén por las víctimas.

El gobierno saliente modificó radicalmente la política de transporte después. Mejor tarde que nunca, tal vez... pero el disparador fue una tragedia cuyas consecuencias fatales hubieran podido atenuarse,

La tragedia ocurrió en 2012, Los resultados electorales posteriores, 2013 y 2015, en el trazado de la línea Sarmiento son ilustrativos, lapidarios en promedio para el FpV. Recorrerlos es un ejercicio interesante para aquellos que creen que el veredicto popular reciente se explica exclusivamente por datos de la campaña, traiciones, mediaciones papales, cortes de boleta u otras maniobras.

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Elaborar, reunir, reorganizar: El FpV debe elaborar el revés en las urnas y repasar con autocrítica todo lo que produjo en doce años de gobierno. Fueron fructíferos para los sectores populares aunque tienen zonas oscuras o frágiles. No espigar las diferencias puede demorar la recuperación del terreno cedido.

Sus puntales son las ampliaciones de derechos en general y la construcción de un esquema notable de protección social y de relaciones laborales. Ese es el núcleo sobre el que desata la ofensiva del presidente Mauricio Macri.

Un vendaval de medidas se sucede: los ganadores están de un solo lado de la puja distributiva. La LdSCA contraponía los derechos de los ciudadanos contra la omnipotencia empresaria, el caso piloto encaja en el armado general.

Las previsiones económicas para el 2016 concuerdan, aún las clarinescas, las de la Platea de doctrina, las de las consultoras de los mismísimos funcionarios macristas. Recesión, inflación superior a la del chavismo K, merma del valor adquisitivo del salario. No todos pagarán los platos rotos. Kucher detalló que 25 grandes empresas explican la mitad de las exportaciones del país. Para ellas, los Reyes Magos ya llegaron. La “prosperidad M” ya les cambió la vida. Las penas son de la mayoría, las vaquitas y las sojitas son ajenas. Ni siquiera todo “el campo” recibe el envión: está por verse si los productores agropecuarios se mojan con la llovida. El diario Río Negro advierte que en las economías regionales habrá más ingresos pero que los productores no saben qué les tocará.

El año comienza en ese contexto. Una amenaza brutal del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, inicia su campaña del miedo... desde el poder. Corrobora que se acabó aquello de “conservarás todo lo que tenés, es tu derecho”. Se la analiza en nota aparte.

mwainfeld@pagina12.com.ar


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Respuesta  Mensaje 2 de 3 en el tema 
De: Ruben1919 Enviado: 28/02/2016 21:28

15:31 › CRITICAS AL JUEZ MILITANTE

"Bonadio debería citar a Macri y a Prat Gay"

El titular de la bancada kirchnerista en Diputados, Héctor Recalde, criticó al juez federal por citar a indagatoria a la expresidenta Cristina Kirchner y a exfuncionarios de su gestión por la venta de dólares a futuro del Banco Central y subrayó que "a ese perjuicio" que investiga la Justicia lo provocaron el actual Presidente y su ministro de Finanzas, "que fueron los que devaluaron".

Héctor Recalde coindició, en este sentido, con el exministro de Economía Axel Kicillof, quien explicó a Página/12 los motivos por los cuales el actual Gobierno es responsable de que los dólares vendidos hayan sido a un precio menor que el que luego tuvieron. "La operatoria utilizada -dijo Kicillof-, además de ser legal y común para los principales bancos centrales del mundo, no hubiese generado ningún costo para el Banco Central si Macri no hubiese devaluado el peso apenas asumió. “La colocación estaba acorde con un ajuste del dólar de entre 20 y 30 por ciento como preveía el Presupuesto”.

En este sentido, para Recalde, "el perjuicio en la venta de dólares a futuro del Central lo produjo la devaluación de Macri", con lo cual "es absurdo imputar a CFK". Claudio "Bonadio debería citar a Macri y a Prat Gay, que fueron los que devaluaron”, puntualizó durante una entrevista con Radio Cooperativa.

Además, el jefe de los diputados del Frente para la Victoria consideró que la medida tomada por el juez Bonadío apunta a "provocar que (en el kirchnerismo) nos desbordemos" y no asistan al Congreso el próximo martes, cuando el presidente Mauricio Macri inaugure el período de sesiones ordinarias. "No estamos afiliados al sindicato de giles, no vamos a caer en esa. El martes primero de marzo voy a ir a la Asamblea con el mejor traje y hasta engominado”, aseguró.

En el mismo sentido, agregó: “Nos están agrediendo, hay medios que producen información para cortar con la real información. Hay que hablar de qué está pasando con los precios, con los despidos, con las consecuencias del ajuste. El desempleo subió de 5,9 cuando se fue Cristina, hasta 7 puntos al día de hoy. En la era kirchnerista, los trabajadores recuperaron 20 por ciento del poder adquisitivo salario, y hoy se está gobernando para los más ricos”.


Respuesta  Mensaje 3 de 3 en el tema 
De: Ruben1919 Enviado: 07/03/2016 13:04

ECONOMIA › DEBATE

La eliminación de retenciones mineras

El Gobierno justificó la medida a partir de considerar que las retenciones desincentivaban las inversiones. Dos investigadores cuestionan esa concepción y plantean otras consecuencias.

Claro como el agua

Por Roberto Adaro *

Mediante el Decreto 349/2016, el presidente Mauricio Macri eliminó las retenciones a las exportaciones mineras, que representaban para el Estado algo más de US$ 200 millones. Desde diciembre de 2007 se aplicaba un porcentaje de retención a las ventas externas del sector a través de una disposición de Aduana, que extendía el marco general de retenciones implementadas desde 2002, en virtud de las ganancias extraordinarias que obtenían las mineras por el elevado precio de los metales.

El gobierno nacional justifica la nueva medida a partir de considerar que las retenciones han desincentivado inversiones; pretende una comparación tributaria con Chile, Perú, Colombia y Brasil; se justifica en la pérdida de competitividad de las pymes, y en la potencial pérdida depuestos de trabajo. Afirma también “que la incidencia negativa de los derechos de exportación sobre las operaciones mineras en marcha excede considerablemente los beneficios que se generan para el erario”. Luego alude al federalismo, a la reactivación de la economía y a la prosperidad del país.

Nuestra historia económica ha comprobado que reducir tributos no redunda en mayores inversiones y más puestos de trabajo, sino en mayores ganancias en manos privadas; más aún tratándose de empresas trasnacionales. Si bien las Pymes mineras son mayoría en el sector, su participación es menor en el valor bruto de la producción y menos aún en las exportaciones. Si los derechos de exportación percibidos por el Estado Nacional ocasionaban un “problema federal”, quizás la alternativa era coparticiparlos, tal como en su momento se hizo con el Fondo Federal de la Soja. No se brindan argumentos que puedan contrastar la “incidencia negativa” de las retenciones, versus los perjuicios directos para el Estado de una menor recaudación, en un contexto en el que el propio gobierno justifica despidos y políticas de ajuste en base a un supuesto déficit fiscal exagerado.

Se refuerza la matriz impositiva regresiva –dejando más en manos de quienes ya tienen mucho– y se desfinancia el Estado a cambio de promesas y expectativas de inversión: el gobierno concede estos beneficios sin asegurarse a cambio nada de lo que promete, ya sean inversiones, aumento de producción o más puestos de trabajo.

Al respecto, Barrick Gold en su informe anual de resultados y proyecciones para 2016, menciona una reducción de sus costos por onza de oro de US$ 946 en 2015, a US$ 900/830 para 2016, con precios que superan los US$ 1200 por onza. La empresa destaca que la devaluación del peso influye en la baja de sus costos, y asimismo, espera beneficiarse del levantamiento de las restricciones a la importación. Nada dice de nuevas inversiones.

El marco legal e institucional que sustenta la actividad minera fue “perfeccionado” en los años noventa, de igual modo que durante esa década se perfeccionaron las políticas económicas, sociales y culturales de corte neoliberal, iniciadas por la dictadura. Con la liberación y el fomento por parte del estado, del acceso a los capitales trasnacionales en un sector estratégico como la minería, se complementaba el llamado enfoque monetario de la balanza de pagos (EMBP). Se promueve que los déficits del sector externo podían solucionarse por vía de la cuenta de capitales; o sea endeudándonos cuando importábamos más de lo que exportábamos. Así creció nuestra deuda externa. Cuando esto no fue suficiente, se malvendieron las empresas públicas por vía de las privatizaciones. Como tampoco alcanzó, se ofreció al capital trasnacional lo poco que quedaba: nuestros recursos naturales, y los minerales con ellos.

Uno de los principales impulsores de la reformas en la regulación minera durante el gobierno de Menem y funcionario de aquel fue Daniel Meilán, actual secretario de Minería del gobierno de Macri.

El EMBP desembocó en la crisis del 2001, y sus consecuencias económicas, políticas y sociales. La eliminación de las retenciones a la minería se enmarca en un conjunto de medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri que dificultan la producción industrial nacional, recortan barreras a la importación, desfinancian al Estado, y promueven el endeudamiento como alternativa de financiamiento. Una especie de déjà vu menemista, que esperemos, tenga un devenir distinto de aquel.

* Centro de Estudios en Políticas de Estado y Sociedad Centro de Investigaciones Geográficas - Unicen.


¿Es el árbol o el bosque?

Por Laura Alvarez Huwiler *

Con la cordillera nevada detrás y frente a varios gobernadores de provincias “mineras”, entre los cuales se encontraban tanto kirchneristas como de Cambiemos, hace tres semanas el actual presidente Macri anunció una medida bastante inesperada: la eliminación de las retenciones a este sector.

¿Qué hay detrás de una medida que, lejos de cambiar, continúa y amplía los beneficios de las corporaciones mineras? Dos cuestiones nos sirven para comprender la medida adoptada por Macri. Los tres tributos a la minería importantes para el Estado nacional y los provinciales son el impuesto a las ganancias, derechos de exportación (retenciones) y las regalías. Los primeros dos los recauda el Estado Nacional, pero el segundo no es coparticipable. El tercero, las provincias.

Según se argumenta en el decreto macrista, la eliminación de las retenciones se debería a que el mencionado esquema tributario “ha posicionado a la República Argentina en una situación de pérdida de competitividad frente a las restantes naciones con actividad minera, encontrándose en desventaja respecto de países como la República del Perú, la República de Chile”. Sin embargo, según un informe de 2011, la propia Olami, representante de los intereses empresarios mineros, afirma que “en el caso de que las retenciones fueran del 5 por ciento implica una carga tributaria similar a las que tienen Chile y Perú”. Por lo tanto, con el fin de las retenciones, la tributación argentina estaría por debajo de la vigente en los países mencionados por Macri.

Hace dos décadas que en nuestro país rige un nuevo Código de Minería, reformado gracias a un conjunto de leyes sancionadas en su mayor parte durante el menemismo que abundan en beneficios para las corporaciones mineras “incluidas entre aquellos que ‘se las llevaron con pala’, según la misma Cristina Kirchner”. Salvo en lo que respecta al porcentaje de las retenciones, el kirchnerismo no modificó estas leyes. Y tampoco Macri, quien más bien pone el moño al regalo de los 90.

El aumento de las retenciones decidido por Cristina Fernández en 2007 “con sus antecedentes en los gobiernos de Duhalde y Kirchner” respondió más a una necesidad de percibir mayores ingresos fiscales que a una política dirigida contra el sector minero. No obstante, las empresas llevaron el caso a la Corte Suprema de la Nación, quien dejó sin efecto aquella disposición para varias empresas.

Pero dicho aumento no sólo fue cuestionado por las empresas, sino también por las provincias que “no recibirían ningún beneficio”. El argumento de algunos funcionarios provinciales se basó, principalmente, en que las retenciones no son coparticipables. En este sentido, la medida que acaba con el impuesto sobre las exportaciones mineras puede verse no sólo como un guiño a las empresas sino también a los gobernadores, en medio de la búsqueda de apoyo político del actual presidente.

Se premia así a un sector que no tiene mayor prurito en arrasar con nuestros bienes naturales. Recordemos que, recientemente Barrick Gold fue denunciada por haber derramado cianuro en los afluentes del río Jáchal, en plena cordillera sanjuanina. Un estudio técnico sobre el agua del río detectó contaminación con metales en dosis de hasta 1400 por ciento por encima de los valores tolerables y este hecho fue reconocido incluso por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.

Pero mientras se sigue debatiendo en torno a las retenciones, cientos de asambleas de vecinos autoconvocados que vienen rechazando desde hace 15 años la instalación de los pulpos mineros (bajo consignas como el del “agua vale más que el oro” o “el agua de Mendoza no se negocia”) se reunirán a fines de marzo en el pueblo de Jáchal en el 26 encuentro de la UAC. Y, a diferencia de quienes se limitan a discutir la distribución de la renta, ante el avance de las multinacionales, sus megaproyectos mineros y los graves problemas que ocasionan, las asambleas se convocan no sólo para rechazar las medidas adoptadas por Macri sino, y sobre todo, para defender la autodeterminación de los pueblos y el fin de esa barbarie a la que algunos llaman desarrollo.

¿No es hora de que, además del árbol, se discuta el bosque?

* Magister en Sociología Económica, doctora en Ciencias Sociales, becaria posdoctoral del Conicet, investigadora del Centro Iesac-UNQ y del CCC.

  



 
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