A pesar de la derrota en las internas del año pasado, cuando fue precandidato a vicegobernador junto a Julián Domínguez, el ex intendente de La Matanza Fernando Espinoza logró mantener la centralidad en el peronismo bonaerense, que conduce y al que logró reunificar pese a las tensiones propias de un período de transición como el que se está viviendo. Por peso demográfico y motivos históricos, el bloque bonaerense será clave en la resolución del Congreso Nacional Justicialista de este miércoles, cuando comience a definirse cuáles serán las próximas autoridades del PJ.

–El martes pasado empezó una nueva etapa en el peronismo de la provincia de bonaerense. En la reunión de Consejo se ratificó la unidad de todos los sectores del peronismo en la provincia y se selló con la ampliación del Consejo del Partido sumando a los nuevos líderes locales que ganaron en la última elección, como es el caso de Leo Nardini, Mariano Cascallares, entre otros compañeros intendentes, al igual que la juventud, la rama femenina y el movimiento obrero. Allí, después de más de tres horas de debate, decidimos ir al Congreso Nacional con la directiva de un fuerte llamado a la unidad del peronismo a nivel nacional y con la moción de acompañar la propuesta de que encabece el partido el compañero José Luis Gioja, un dirigente de experiencia, confianza y coherencia.

–Suele decirse que, si el peronismo de la provincia de Buenos Aires se pone de acuerdo, el resto del país acompaña. Nosotros teníamos la idea de que Daniel Scioli debía ser el candidato a presidir el partido pero él decidió correrse para ayudar a la unidad con todas las demás provincias y nos parece un gesto excelente de su parte.

–Yo creo que la voluntad mayoritaria es sellar la unidad nacional. Desde el 24 de febrero al 8 de mayo, cuando en definitiva vamos a elegir a nuestro nuevo presidente, veremos a qué acuerdo llegamos. Yo no descarto nada.

–Quedamos que nos vamos a encontrar seguramente esta semana para charlar con este sector. Yo creo que a través del diálogo y de los consensos vamos a volver a reunificar el bloque. Más que diferencias acerca de qué Argentina queremos, acá hay diferencias en el tema del funcionamiento del bloque, que hay que solucionar. Esto es como decía el General Perón: o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie.

–Esta nueva etapa que estamos encarando demuestra que el peronismo escuchó la voz de las urnas y que hoy a nosotros la sociedad nos dio el rol de oposición. Es la primera vez que la derecha conservadora llega a la Presidencia de la Nación a través del voto popular y nosotros acatamos esa decisión pero también decimos que no vamos a permitir dar ni un paso atrás en todas las conquistas que llevamos adelante en los últimos diez años. Macri me acuerdo que decía en un spot de campaña, mirando a la cámara, que él como presidente no iba a permitir que los trabajadores paguen Impuesto a las Ganancias. Hace 60 días que es presidente y claramente nos mintió, pero además del Impuesto a las Ganancias, ahora los trabajadores pagan el impuesto a las pérdidas. El peronismo debe ponerse a la cabeza de la contención ante estos avances contra los sectores más vulnerables. Por eso pedimos una reunión con la gobernadora Vidal y con el presidente Macri para plantearles que se están equivocando en el camino que tomaron, poniendo todo el peso sobre las clases medias y los trabajadores. Macri está gobernando para los más ricos en vez de gobernar para los 40 millones de argentinos, como hacia la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

–Nosotros desde el peronismo bonaerense estamos trabajando en la concreción de una mesa multisectorial de diálogo en la que también participen otros sectores, aparte del peronismo, como los sindicatos no peronistas, los sectores de la educación, las pequeñas y medianas industrias, la Iglesia. En esa mesa de diálogo, la idea es generar una unidad de acción y una agenda justamente para hacer lo que haya que hacer para no tener que dar ni un paso atrás con los avances de los últimos diez años. El presidente Macri recibe una Argentina muy distinta a la que recibió Néstor Kirchner. Hoy en día, tenemos una Argentina prácticamente desendeudada, tenemos un futuro impresionante, podemos generar las medidas económicas y políticas necesarias siempre que el presidente Macri entienda que para que a la Argentina le vaya bien les tiene que ir bien a los trabajadores y a la clase media. Algunos quieren que la Argentina tenga un sector que quede adentro del sistema y con el ajuste salvaje otros queden afuera. No es lo que queremos nosotros. No- sotros queremos la unidad nacional, pero con los 40 millones de argentinos adentro.

El gobierno de Mauricio Macri emitió ayer los primeros 12.000 millones de pesos en bonos con vencimiento en 2018 y 2020 y tasas de interés superior al 30 por ciento anual, que forman parte de un programa de endeudamiento para este año que alcanzará los 40.000 millones. Estas colocaciones buscan ser un aporte a la tarea del Banco Central de contraer la base monetaria y secar lo más posible la plaza de pesos, en el marco de la receta ortodoxa contra la inflación y ofrecer un activo cuyo rendimiento le quite presión a la demanda de dólares. La divisa continuó con presión alcista y el Central debió intervenir nuevamente vendiendo dólares para evitar una suba mayor. Resignó 61,7 millones de dólares en reservas y el billete verde se estabilizó en 15,60 pesos. Las reservas retrocedieron en 91 millones hasta 28.766 millones de dólares.

El diagnóstico del equipo económico de Macri es que existe un exceso de pesos en el sistema que presiona sobre los precios y que esa liquidez se traslada a la compra de dólares. En el marco de esta visión monetarista en la que la emisión de pesos es la única causa de la suba en los precios, el Ministerio de Hacienda y el BCRA coordinan una política agresiva de contracción del circulante.

El programa financiero de Hacienda, independientemente de la colocación que pueda hacer en dólares para conseguir fondos frescos, contempla la emisión de dos nuevos instrumentos que se ajustarán por la tasa Badlar –resultante de los depósitos mayoristas– y vencimientos a dos y cuatro años. Se trata de los Bonar 2018 y 2020. El primero rendirá una tasa Badlar más 275 puntos básicos y el segundo Badlar más 325 puntos. Actualmente la tasa Badlar se ubica en los 26,8 por ciento. El monto que se emitirá por cada uno de estos instrumentos será de 20.000 millones a completarse a lo largo de este año, según las condiciones del mercado, explicó el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

La primera colocación fue ayer por 12.000 millones de pesos. Según informó la cartera de Hacienda, la emisión fue de 5982,9 millones de pesos en Bonar 2018 y 6006,8 millones Bonar 2020. Como resultado de la operación la tasa de corte del mercado, derivada del ingreso efectivo de pesos respecto del valor nominal del título, ascendió a Badlar más 326 puntos y Badlar más 377 puntos. Es decir, la tasa fue de 30,06 por ciento para la serie 2018 y de 30,57 por ciento para la 2020, según se refleja en el comunicado oficial de Hacienda.

A la colocación acceden tanto empresas como particulares, con lo que el gobierno de Macri pretende ofrecer una alternativa al dólar. En la misma tarea se encomendó el Central, que en las últimas dos colocaciones de letras impulsó una suba en la tasa de interés rectora del sistema bancario. Primero lo hizo en un cuarto de punto y luego volvió a subirla esta semana entre 0,5 y 1,15 punto. Pese a esta última suba, que tuvo lugar el martes pasado, el Central no logró renovar los vencimientos de esta semana en letras y expandió por primera vez bajo la conducción de Federico Sturzenegger. La expansión fue de 5163 millones de pesos pese a la suba de las tasas.

El Central además comenzó a vender dólares en el mercado también para frenar la escalada en el precio. En una semana ya lleva vendidos 237,2 millones de dólares para abastecer la demanda en un contexto de baja liquidación por parte de los exportadores de granos. En lo que va de febrero las reservas acumulan un caída de 1308 millones de dólares para cerrar en 28.766 millones, o 23.766 millones si se descuenta el préstamo de 5000 millones por parte de bancos extranjeros. Pero la expectativa de suba se mantiene y en el mercado ilegal la divisa avanzó 8 centavos hasta 15,66 pesos, volviendo a cotizar por encima del precio oficial para la venta minorista.

Claro como el agua

Por Roberto Adaro *

Mediante el Decreto 349/2016, el presidente Mauricio Macri eliminó las retenciones a las exportaciones mineras, que representaban para el Estado algo más de US$ 200 millones. Desde diciembre de 2007 se aplicaba un porcentaje de retención a las ventas externas del sector a través de una disposición de Aduana, que extendía el marco general de retenciones implementadas desde 2002, en virtud de las ganancias extraordinarias que obtenían las mineras por el elevado precio de los metales.

El gobierno nacional justifica la nueva medida a partir de considerar que las retenciones han desincentivado inversiones; pretende una comparación tributaria con Chile, Perú, Colombia y Brasil; se justifica en la pérdida de competitividad de las pymes, y en la potencial pérdida depuestos de trabajo. Afirma también “que la incidencia negativa de los derechos de exportación sobre las operaciones mineras en marcha excede considerablemente los beneficios que se generan para el erario”. Luego alude al federalismo, a la reactivación de la economía y a la prosperidad del país.

Nuestra historia económica ha comprobado que reducir tributos no redunda en mayores inversiones y más puestos de trabajo, sino en mayores ganancias en manos privadas; más aún tratándose de empresas trasnacionales. Si bien las Pymes mineras son mayoría en el sector, su participación es menor en el valor bruto de la producción y menos aún en las exportaciones. Si los derechos de exportación percibidos por el Estado Nacional ocasionaban un “problema federal”, quizás la alternativa era coparticiparlos, tal como en su momento se hizo con el Fondo Federal de la Soja. No se brindan argumentos que puedan contrastar la “incidencia negativa” de las retenciones, versus los perjuicios directos para el Estado de una menor recaudación, en un contexto en el que el propio gobierno justifica despidos y políticas de ajuste en base a un supuesto déficit fiscal exagerado.

Se refuerza la matriz impositiva regresiva –dejando más en manos de quienes ya tienen mucho– y se desfinancia el Estado a cambio de promesas y expectativas de inversión: el gobierno concede estos beneficios sin asegurarse a cambio nada de lo que promete, ya sean inversiones, aumento de producción o más puestos de trabajo.

Al respecto, Barrick Gold en su informe anual de resultados y proyecciones para 2016, menciona una reducción de sus costos por onza de oro de US$ 946 en 2015, a US$ 900/830 para 2016, con precios que superan los US$ 1200 por onza. La empresa destaca que la devaluación del peso influye en la baja de sus costos, y asimismo, espera beneficiarse del levantamiento de las restricciones a la importación. Nada dice de nuevas inversiones.

El marco legal e institucional que sustenta la actividad minera fue “perfeccionado” en los años noventa, de igual modo que durante esa década se perfeccionaron las políticas económicas, sociales y culturales de corte neoliberal, iniciadas por la dictadura. Con la liberación y el fomento por parte del estado, del acceso a los capitales trasnacionales en un sector estratégico como la minería, se complementaba el llamado enfoque monetario de la balanza de pagos (EMBP). Se promueve que los déficits del sector externo podían solucionarse por vía de la cuenta de capitales; o sea endeudándonos cuando importábamos más de lo que exportábamos. Así creció nuestra deuda externa. Cuando esto no fue suficiente, se malvendieron las empresas públicas por vía de las privatizaciones. Como tampoco alcanzó, se ofreció al capital trasnacional lo poco que quedaba: nuestros recursos naturales, y los minerales con ellos.

Uno de los principales impulsores de la reformas en la regulación minera durante el gobierno de Menem y funcionario de aquel fue Daniel Meilán, actual secretario de Minería del gobierno de Macri.

El EMBP desembocó en la crisis del 2001, y sus consecuencias económicas, políticas y sociales. La eliminación de las retenciones a la minería se enmarca en un conjunto de medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri que dificultan la producción industrial nacional, recortan barreras a la importación, desfinancian al Estado, y promueven el endeudamiento como alternativa de financiamiento. Una especie de déjà vu menemista, que esperemos, tenga un devenir distinto de aquel.

* Centro de Estudios en Políticas de Estado y Sociedad Centro de Investigaciones Geográficas - Unicen.

¿Es el árbol o el bosque?

Por Laura Alvarez Huwiler *

Con la cordillera nevada detrás y frente a varios gobernadores de provincias “mineras”, entre los cuales se encontraban tanto kirchneristas como de Cambiemos, hace tres semanas el actual presidente Macri anunció una medida bastante inesperada: la eliminación de las retenciones a este sector.

¿Qué hay detrás de una medida que, lejos de cambiar, continúa y amplía los beneficios de las corporaciones mineras? Dos cuestiones nos sirven para comprender la medida adoptada por Macri. Los tres tributos a la minería importantes para el Estado nacional y los provinciales son el impuesto a las ganancias, derechos de exportación (retenciones) y las regalías. Los primeros dos los recauda el Estado Nacional, pero el segundo no es coparticipable. El tercero, las provincias.

Según se argumenta en el decreto macrista, la eliminación de las retenciones se debería a que el mencionado esquema tributario “ha posicionado a la República Argentina en una situación de pérdida de competitividad frente a las restantes naciones con actividad minera, encontrándose en desventaja respecto de países como la República del Perú, la República de Chile”. Sin embargo, según un informe de 2011, la propia Olami, representante de los intereses empresarios mineros, afirma que “en el caso de que las retenciones fueran del 5 por ciento implica una carga tributaria similar a las que tienen Chile y Perú”. Por lo tanto, con el fin de las retenciones, la tributación argentina estaría por debajo de la vigente en los países mencionados por Macri.

Hace dos décadas que en nuestro país rige un nuevo Código de Minería, reformado gracias a un conjunto de leyes sancionadas en su mayor parte durante el menemismo que abundan en beneficios para las corporaciones mineras “incluidas entre aquellos que ‘se las llevaron con pala’, según la misma Cristina Kirchner”. Salvo en lo que respecta al porcentaje de las retenciones, el kirchnerismo no modificó estas leyes. Y tampoco Macri, quien más bien pone el moño al regalo de los 90.

El aumento de las retenciones decidido por Cristina Fernández en 2007 “con sus antecedentes en los gobiernos de Duhalde y Kirchner” respondió más a una necesidad de percibir mayores ingresos fiscales que a una política dirigida contra el sector minero. No obstante, las empresas llevaron el caso a la Corte Suprema de la Nación, quien dejó sin efecto aquella disposición para varias empresas.

Pero dicho aumento no sólo fue cuestionado por las empresas, sino también por las provincias que “no recibirían ningún beneficio”. El argumento de algunos funcionarios provinciales se basó, principalmente, en que las retenciones no son coparticipables. En este sentido, la medida que acaba con el impuesto sobre las exportaciones mineras puede verse no sólo como un guiño a las empresas sino también a los gobernadores, en medio de la búsqueda de apoyo político del actual presidente.

Se premia así a un sector que no tiene mayor prurito en arrasar con nuestros bienes naturales. Recordemos que, recientemente Barrick Gold fue denunciada por haber derramado cianuro en los afluentes del río Jáchal, en plena cordillera sanjuanina. Un estudio técnico sobre el agua del río detectó contaminación con metales en dosis de hasta 1400 por ciento por encima de los valores tolerables y este hecho fue reconocido incluso por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.

Pero mientras se sigue debatiendo en torno a las retenciones, cientos de asambleas de vecinos autoconvocados que vienen rechazando desde hace 15 años la instalación de los pulpos mineros (bajo consignas como el del “agua vale más que el oro” o “el agua de Mendoza no se negocia”) se reunirán a fines de marzo en el pueblo de Jáchal en el 26 encuentro de la UAC. Y, a diferencia de quienes se limitan a discutir la distribución de la renta, ante el avance de las multinacionales, sus megaproyectos mineros y los graves problemas que ocasionan, las asambleas se convocan no sólo para rechazar las medidas adoptadas por Macri sino, y sobre todo, para defender la autodeterminación de los pueblos y el fin de esa barbarie a la que algunos llaman desarrollo.

¿No es hora de que, además del árbol, se discuta el bosque?

* Magister en Sociología Económica, doctora en Ciencias Sociales, becaria posdoctoral del Conicet, investigadora del Centro Iesac-UNQ y del CCC.