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General: Macri quiere endeudar a la Argentina para q paguen las generaciones venideras
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De: Ruben1919 (Mensaje original) |
Enviado: 13/03/2016 23:09 |
EL PAIS › LA GRAVE RESPONSABILIDAD DE ENDEUDAR UNA VEZ MAS A LA ARGENTINA
El tercer ciclo
Es incomprensible que el gobierno y los bloques opoficialistas hayan ignorado la ley que en noviembre declaró de orden público los principios de Naciones Unidas para la reestructuración de deuda soberana. Este podría ser el origen de nuevos reclamos contra la Argentina por parte de quienes negociaron de buena fe peores condiciones de las que ahora se reconocería a los fondos buitre, extendiendo y agravando el problema que se pretende solucionar.
Por Horacio Verbitsky
Con el apoyo de los bloques opoficialistas de Sergio Tomás Massa, Diego Bossio y Margarita Stolbizer, el gobierno nacional confía en obtener la media sanción de la Cámara de Diputados para cumplir con el ultimátum del juez de Wall Street Thomas Griesa. El dictamen de mayoría firmado la semana pasada incluye la derogación de la ley cerrojo (por la cual el Estado no podía mejorar a los fondos buitre la oferta hecha al 93 por ciento de los acreedores que en los canjes de 2005 y 2010 aceptaron reestructurar sus deudas) y la de pago soberano (que en lugar del Bank of New York designó a Nación Fideicomisos como agente fiduciario para esos pagos).
Una parte significativa de los debates en las comisiones del Congreso giró sobre la posibilidad de que pudieran abrirse nuevos juicios por parte de quienes recibieron un trato menos favorable en los canjes voluntarios. El Frente para la Victoria afirmó que ese riesgo era alto e incluso intentó cuantificarlo. El gobierno minimizó esa hipótesis, y explicó que desde el primer día de 2015, cuando venció la cláusula RUFO, no existen restricciones para mejorar la oferta previa. Pero ni siquiera el ministro Alfonso de Prat Gay se animó a garantizar que no hubiera nuevas demandas. Lo llamativo es que el oficialismo haya ignorado una tercera ley, por añadidura más reciente, promulgada hace apenas cuatro meses, que provee de argumentos a los bonistas reestructurados para exigir igual trato que los buitres.
El 10 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por 136 votos a favor contra seis en contra (Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, Canadá e Israel) y 41 abstenciones los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana. Incluyen el derecho discrecional de todo Estado a reestructurar su deuda sin sufrir el obstáculo de medidas abusivas; la buena fe y la transparencia en las negociaciones; la igualdad entre los acreedores; la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución ante los tribunales extranjeros; el respeto a los requisitos de inclusión y el estado de derecho. También debe contemplarse “el crecimiento económico sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales”, y “respetando los derechos humanos”. Los acuerdos de reestructuración “no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros Estados o por una minoría no representativa de acreedores, que deben respetar las decisiones adoptadas por la mayoría de los acreedores”. El 4 de noviembre el Congreso sancionó la ley 27207/15, que el Poder Ejecutivo promulgó el 9 de noviembre. Su único artículo dispositivo declara “de orden público” esos Principios Básicos, que acompaña en anexo, “los que forman parte del ordenamiento jurídico de la República Argentina”. Para el lego, la declaración de orden público puede resultar opaca o incluso incomprensible. Pero en el derecho internacional privado, que dirime los conflictos de jurisdicción internacionales, regula la incompatibilidad de una ley extranjera con los principios y valores fundamentales del ordenamiento interno, como es el caso del arbitrario fallo del juez Griesa. Si en noviembre la ley argentina subordinó el cumplimiento de aquella decisión a los principios de las Naciones Unidas, es de alta probabilidad que quienes participaron de buena fe en negociaciones transparentes y formaron una mayoría del 93 por ciento de los acreedores para un acuerdo que, además del interés de los acreedores, permitió un crecimiento económico sostenido e inclusivo, con respeto por los derechos humanos de la población, se sientan perjudicados por el trato que ahora se intenta ofrecer a una minoría no representativa de apenas el 7 por ciento de los acreedores, y busquen que otro juez declare la igualdad entre todos los acreedores y potencie el problema que el gobierno desea clausurar.
Banqueros y lobbystas
En la larga audiencia conjunta de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda de la Cámara de Diputados, del lunes 7, casi todas las exposiciones favorables al proyecto oficial insistieron en que por caro que fuese cualquier arreglo con los buitres resultaría conveniente en comparación con los beneficios que obtendría el país con un nuevo ciclo de endeudamiento externo. Pero ninguno analizó el anteproyecto de ley sometido a discusión ni los borradores de acuerdo con cada acreedor, traducidos del inglés. Ante las insistentes preguntas del diputado Axel Kicillof varios admitieron no haberlos leído. El economista radical Nicolás Dujovne fue presentado como un experto, sin referencia a su histórica relación con el Banco Galicia, que tuvo doble representación, ya que también expuso su presidente, Sergio Grinenco, en representación de la asociación de los banqueros locales, ADEBA. Como un artículo de fe y sin mostrar los datos de su cálculo, Dujovne dijo que el costo del arreglo con los buitres sería inferior al de las reestructuraciones de la década pasada. Grinenco se presentó en compañía del director ejecutivo de ADEBA, Norberto Peruzzotti. Allí se cruzó con el economista Jorge Gaggero, uno de los críticos más incisivos del proyecto oficial. En un artículo publicado en 2009 en la revista Movimiento, Gaggero recordó que cuando la dictadura militar convocó a distintas fuerzas políticas y económicas a una consulta sobre la continuidad del régimen, Peruzotti presentó en nombre de ADEBA una propuesta de reforma institucional que establecía el “voto calificado”. Durante la presidencia de Raúl Alfonsín integró un denominado Club de la Constitución, cuyo texto inaugural pidió una amnistía para la pacificación nacional.
Peruzzotti ya era director ejecutivo de ADEBA en 1975, el año del fallido intento de imposición de un programa neoliberal por el fugaz ministro de Economía Celestino Rodríguez, y su vice, Ricardo Zinn, quien fue director del Banco de Italia y el Río de la Plata junto con Franco Macrì, padre del actual presidente. Entonces, Gaggero formaba parte de un grupo de reflexión política y económica que asesoraba al secretario de prensa de la CGT, Adalberto Wimer. Como tal, participó en la redacción de la solicitada en apoyo de la movilización que precipitó el alejamiento de José López Rega, en la que la CGT alabó el plan económico de José Gelbard y la CGE, durante la última presidencia de Perón, lo cual remite a un alineamiento afín al actual. Otro tanto puede decirse del estallido inflacionario que sucedió a la salida de Gelbard, a quien la ortodoxia intentó responsabilizar por la disparada de los precios, pasando por alto la devaluación y los aumentos tarifarios dispuestos por Rodrigo. Los planes de vivienda fueron un componente importante del Pacto Social de aquel gobierno. Quien los manejaba era López Rega, de cuyo Ministerio de Bienestar Social dependían la Secretaría de Vivienda y el Banco Hipotecario, ambos a cargo de su colaborador Juan Carlos Basile. Uno de los principales contratistas fue SIDECO, la empresa de los constructores italianos Franco y Antonio Macrì, en la que trabajó Gaggero.
En octubre de 1975, el secretario general de la CGT, Casildo Herrera, le pidió a Wimer que sus asesores recibieran a una persona que tenía una propuesta muy interesante para hacer. Era el banquero Julio Gómez, quien expuso el plan económico que a partir del muy próximo golpe de 1976 ejecutaría José Alfredo Martínez de Hoz. Ante las objeciones de sus interlocutores, les dio un consejo: “Muchachos, no hay otra cosa. Para evitar males mayores, acepten esto. Es lo único viable, lo único factible. Es bueno que lo hagan suyo”, el mismo argumento que hoy se esgrime para justificar el acuerdo con Griesa. Entre marzo y junio de 1981, Gómez fue presidente del Banco Central con el dictador Roberto Viola.
Más allá de los matices que en distintos momentos expresaron los bancos locales y las filiales de los extranjeros, hoy vuelven a coincidir a favor de lo que Gaggero llamó “el tercer ciclo largo del endeudamiento argentino”. El primero, de nada menos que 124 años, arrancó con el banco de los hermanos Baring en 1823 y terminó en 1947 con la cancelación final de toda la deuda. El segundo ciclo, “comenzó con la dictadura cívico-militar en 1976, que nosotros creíamos cerrado en lo sustancial con las reestructuraciones de Kirchner de 2005 y 2010”, agregó. Ahora “temo que vamos a un tercer ciclo largo de endeudamiento”. En la historia argentina con pocas excepciones “los endeudadores han sido los gobiernos autoritarios, de facto, reaccionarios, y los pagadores los gobiernos democráticos populares”. Para el economista, la racionalidad con que se convocó al Congreso es la de la futura deuda a tomar por la Argentina. Los diputados deberían preguntarse para qué. Un juez de un país extranjero puede decidir sobre esa deuda pero es inadmisible que ponga como condición que el Congreso soberano argentino derogue dos leyes y en un plazo perentorio. En esas condiciones “están burlándose de la soberanía argentina, y en particular de las responsabilidades del Congreso”.
Las curvas paralelas
En la exposición más sustancial escuchada, Gaggero advirtió contra el riesgo de que se repita lo sucedido en el ciclo de 1976 a 2001, cuando las curvas del endeudamiento externo y de fuga y acumulación de dinero negro fuera del país fueron paralelas. La única manera de evitarlo es evaluar los proyectos de inversión, incluirlos en el presupuesto y recién entonces tomar deuda para financiarlos. El gobierno debería presentar las obras importantes con un horizonte trienal, como mínimo. En cambio se están eliminando controles incluso a los capitales de corto plazo e “inventando en el aire programas de inversión, por ejemplo, el programa Belgrano”. Si el Congreso no lo controla, la nueva deuda no va a tener aplicación eficaz, “será de corto plazo financiero, alimentará la bicicleta y, lo que es peor, estimulará la fuga estructural del dinero ilegal que nuestro país sufre. Estimó que el stock de plata negra argentina en el exterior ya supera los 400 mil millones de dólares. En 2012 fue de 30 mil millones de dólares, la mitad como fuga financiera por parte de argentinos, y la mitad mediante otros mecanismos que utilizan las multinacionales: precios de transferencia, préstamos que en realidad son equities, que dan lugar a la remisión de utilidades que no son tales. Objetó que el proyecto no estableciera el monto definitivo de la deuda que vaya a acordarse con el total de los holdouts y que le hubieran enviado un proyecto sin un mensaje de exposición de motivos. Cuando lo reclamó, le permitieron leer de apuro una recopilación minuciosa de antecedentes legales, pero nada sustancial, sobre el pasado, sobre el presente, y menos una perspectiva sobre el futuro. Aclaró que como economista bien formado no se oponía a la deuda, sino a las condiciones en que se la plantea, para que el Congreso otorgue facultades sustanciales cuando no se conoce el monto definitivo y ni siquiera los protagonistas, de modo que algunos que no entren en este acuerdo podrán seguir litigando y “llevándonos en el futuro a encerronas como esta”, pero peor aún: los mismos holdouts con los que ahora se acordaría, pueden tener deudas que no entran en este paquete y no hay ninguna restricción que limite esa posibilidad. Con lo cual lejos de una solución se estaría agravando el problema. La decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que el viernes suspendió la aplicación del fallo de Griesa para que otros acreedores puedan continuar negociando con la Argentina, muestra que esta advertencia tiene sólidos fundamentos.
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Necedad, urgencia y sanguchitos
El Gobierno urge las leyes que habilitarían el acuerdo con los fondos buitre. Acechanzas económicas y de posibles juicios. El precedente Griesa, un alerta roja. Escenario en Diputados y Senadores. Las internas peronistas y los mapas que trazan. El conflicto de intereses puede contagiarse del Ejecutivo a la Corte.
Por Mario Wainfeld
“A Bernardo Neustadt le dicen sanguchito de miga: está siempre al lado de la torta.” La frase de Diego Armando Maradona aggiornó su eterna vigencia con los mensajes de WhatsApp sincericidas que intercambiaron los diputados Diego Bossio (peronista en tránsito) y Nicolás Massot (presidente del bloque del PRO). Fueron transcriptos en la nota de tapa de este diario el viernes: www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-294323-2016-03-11.html
El lenguaje entre sarcástico y cínico es habitual entre políticos y periodísticos, entre otras subculturas. No hay por qué tomarlo al pie de la letra pero sería pavote ignorarlo. La ostentación o el descuido para dejarlos ver integran la jerga, bien mirados.
Conviene no exagerar. Cuando Massot escribe “adoramos el endeudamiento” es factible descartar el lapsus freudiano y presuponer error de tipeo o corrección automática predeterminada.
Aun con tanta piedad, reluce una confianza y un nivel de acuerdo que raya en la pertenencia común. Lo peor, de cualquier forma, no es cómo se negocia sino qué se negocia.
El caso de Bossio (un freelance sin territorio ni votantes) puede distinguirse de las tratativas que llevan los gobernadores peronistas a la luz del día, con reuniones y fotos programadas. De nuevo y adecuando: el sistema político económico real existente fomenta o torna indispensables los pactos entre nación y provincias con fondos que van o vienen. Las fuerzas o debilidades relativas se irán midiendo.
La permeabilidad de “los gobernas” a las medidas del presidente Mauricio Macri trasunta sus flaquezas ideológicas o de convicciones. Para redondear el cuadro: es ostensible que Bossio y los gobernadores no han de haber cambiado tanto desde el 10 de diciembre. Su hechura es previa y pinta los límites que tuvo el kirchnerismo para permear las mentalidades de muchos cuadros aliados. Consiguió traccionarlos desde el poder del estado, jamás persuadirlos del todo. Sus virajes obedecen a las circunstancias.
El presumible acompañamiento al acuerdo con los fondos buitres de una fracción alta del peronismo institucional se expresa en bastante más que hablar de plata. Consiste en callar sobre decenas de miles de despidos, del modo ilegal y brutal en que se consuman, de vertientes de violencia como la represión a manifestantes, el encarcelamiento político de Milagro Sala y otros males que no se miden en pesos ni en dólares. Quien calla, otorga... en mala hora.
A la hora señalada (por Griesa): El devenir parlamentario de la derogación de las leyes “Cerrojo” y de “Pago Soberano” viene siendo todo lo que el oficialismo denostó cuando se oponía a los gobiernos kirchneristas. Tratamiento exprés, agravado por el contenido y porque los plazos perentorios obedecen a la voluntad suprema del juez Thomas Griesa quien le puso fecha al dictado de leyes argentinas.
Cero discusiones en “la sociedad” que tiene sus tiempos y sus cadencias que no son los del ukase de Su Señoría. Cooptación de opositores.
La alusión a los sanguchitos agrega un fantasma que sobrevoló a leyes entreguistas célebres como la Reforma Laboral (a) “Ley Banelco” o la entrega de YPF. En esos casos se comprobaron dádivas aunque “la Justicia” no hizo lugar a las denuncias. En los actuales, habrá que investigar no tanto para coronar en Comodoro Py, misión ardua en todas las etapas e imposible en esto momento. Sí para evaluar conductas y trayectorias.
Pero volvamos al fondo que es lo más trascendente. El vocablo es clavado cuando de endeudar a futuras generaciones se trata.
Baring XXI o Megacanje XXI: El macrismo le paga caro a los fondos buitres, reconociendo sotto voce que no se hace solo por respeto a la sentencia de Griesa. Arguyen que esa libra de carne es el password para una nueva versión de endeudamiento externo.
La perspectiva oficial es que, una vez emitidos y colocados los bonos, lloverán dólares, esta vez baratos. Vendrán inversiones que lubricarán el “modelo”. Se fomentará la obra pública. Servirán para aminorar la inflación, generar empleo y, aunque no se verbalice, para compensar el jubileo impositivo que todo régimen neocon y ofertista lleva en su ADN.
El voluntarismo extremo caracteriza al oficialismo, cuesta muuucho compartirlo. Hasta ahora no entraron las divisas que anunció el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay hace casi tres meses. La primera emisión de bonos MM fue un fiasco, los aliados exportadores agropecuarios siguen jugando a que el dólar suba para liquidar divisas.
Un país que abre sus puertas y aduanas al intercambio desigual es mal prospecto para albergar inversiones de mediano y largo plazo. La bicicleta financiera es más veloz que el rayo en la aldea global. “Enterrar” capital en actividades a largo plazo es más trabajoso y, aunque no se diga, arriesgado.
La historia nacional enseña que las experiencias de endeudamiento bajo un paradigma de derecha fueron funestas. El presidente Mauricio Macri pronostica que ésta será la clave del desarrollo.
El porvenir es virtual, abierto. Tangible es el pago sideral a los fondos buitres. ¿O son holdcouts según escribe el relato oficial?
El nombre es arquetipo de la cosa: “Hold outs”, hasta un primitivo cultor del inglés lo advierte, son quienes quedaron afuera de los dos canjes soberanos concluidos en 2005 y 2010.
Los fondos buitres son llamados así en todo el globo con rigor ajeno al oficialismo y a la gran prensa que lo aúpa.
Un poco contra intuitivamente, el primer protagonista de alto nivel que caracterizó y denostó a los buitres fue Domingo Cavallo. Cuando asumió el ministerio de Economía en 2001, durante el gobierno de la Alianza, Super Mingo padeció un ataque fugaz de semi keynesiasmo y afán recaudatorio. Implantó el apodado “impuesto al cheque” mientras criticaba ácidamente al sistema financiero y los “mercados”. Fue un ratito, extraño mientras duró. La verdad a veces brota de la boca de mentirosos seriales tal vez porque nadie lo es todo el tiempo: Cavallo describió con pelos y señales los manejos de los buitres (que pronunciaba casi “huitres”).
Los buitres son los dueños de parte de la deuda no canjeada, que compraron a precio vil en el mercado. Compararlos con los estados acreedores del Club de París es sanata oficialista, ovacionada por la claque. Los estados prestaron plata a la Argentina y acordar con ellos no habilita los regateos accesibles con privados así sean usureros.
Los especialistas más cercanos al paradigma nacional-popular vienen detallando la magnitud de lo concedido, las comparaciones entre lo pagado por el 93 por ciento de la deuda y por los flecos actuales. A ellos se remite este cronista, la asimetría es brutal.
Oposiciones funcionales: El proyecto de Cambiemos fue retocado en la Cámara Baja para complacer-sumar a los filo aliados del Frente Renovador (FR) que lidera el diputado Sergio Massa.
Un aspecto central de los cambios es o puede ser meramente declamatorio. Hablamos del que restringe la afectación de los fondos que se reciban a fines productivos y no a repago de deuda o gastos corrientes. La prédica en ese sentido es correcta, también la formularon el gobierno anterior y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El punto es que la plata es fungible: puede usarse para un objetivo u otro. Las potestades del Ejecutivo para reasignar partidas son amplísimas (herencia del kirchnerismo, que el macrismo reproduce gozoso, con otro signo). Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) pueden funcionar en la contingencia como un salvavidas para manejos propios del gobierno.
La “oposición de su Majestad” es funcional a las manos libres de Macri. Proponiendo cambios vistosos pero ineficaces u otorgando quórum para votar en disidencia parcial como harán los peronistas reconvertidos.
Dos Cámaras, dos escenarios: Los proyectos entran por Diputados, la Cámara en la que el oficialismo la tiene más fácil. Con el aval de los propios, los aliados firmes, los implícitos y los culposos, los proyectos parecen condenados a salir con fritas el martes tras un debate vivaz.
El Frente para la Victoria (FpV) rehusará cooperar con el quórum aunque se sumará al debate. “Ganaremos el debate y perderemos la votación” sería su consigna no verbalizada. Cuenta con un arsenal de argumentos para rebatir las leyes y sus derivaciones. Se bifurcan en lo ruinoso del convenio con los buitres, del endeudamiento externo posterior y de los riesgos de demandas de bonistas que entraron a los canjes soberanos.
El titular del bloque, Héctor Recalde, propondrá la convocatoria a consulta popular vinculante, mecanismo previsto en el artículo 40 de la Constitución. Una herramienta de participación esencial, malamente archivada desde su instauración. La moción es más interesante que viable, dada la correlación de fuerzas.
La polémica será larga. El diputado massista Felipe Solá sazonó la tercera posición renovadora (bien leída, es la primera camuflada) poniendo un punto sobre las íes. Lo retraducimos all uso nostro: nada debe festejarse cuando el país se baja el copete (o los pantalones) ante los buitres. La coalición macrista, todo lo indica, no se privará de vivar (se) en la madrugada del miércoles.
Semana con visitas: El FpV cuenta con mayoría propia en el Senado y el bloque no se ha dividido, formalmente. Sí están escindidas las posiciones que podríamos resumir en tres grupos parejos en número, al día de la fecha.
El primero es el sector integrado por los kirchneristas más fieles lo que abarca a los de La Cámpora sin agotar la lista.
El segundo, más acuerdista, filo amarillo, está encabezado por los que responden a varios gobernadores con el salteño Juan Manuel Urtubey como adalid.
Coexiste un tercero que, se supone, todavía madura su voto.
El presidente del bloque Miguel Pichetto aspira a liderar las dos últimas facciones como ha verbalizado y corporizado en público.
Pichetto guarda estilo, anyway. El bloque ya se reunió con el diputado y ex ministro de Economía Axel Kicillof y con abogados que analizaron los peligros de demandas millonarias.
La actividad planificada de la Cámara prevé seis días con invitados de fuste. Convocará a los 24 gobernadores cuyo criterio mayoritario ha sido cantado o insinuado a gritos en esta semana tras la reunión con el ministro del Interior Rogelio Frigerio.
También se citarán compañeros sindicalistas que tendrán que mostrar sus cartas e inclinaciones.
Dadas las circunstancias extrañas, el convite más fuerte motorizado por el FpV es para el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín. Se trata del jefe de los abogados del Estado nacional aunque el nombre de fantasía viene a cuento porque hay un tesoro o una fortuna en vilo. Se añora, al cierre de esta nota, un dictamen de Balbín.
El diputado de Cambiemos, Luciano Laspina, se comprometió a llevarlo a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside. Quedó en veremos.
Denso cometido el de Balbín: asegurar que hay certeza sobre un porvenir impredecible. Ponerle el gancho a un dictamen que asegure que no habrá reclamos exitosos es un albur que no le haría pagar costos económicos pero sí pone en jaque su responsabilidad histórica. Veamos.
¿La resurrección de RUFO? Los canjes de deuda contenían la llamada cláusula RUFO, corriente en pactos de ese tipo. Una promesa de no mejorar la oferta a los bonistas acreedores que los aceptaran por un plazo que venció el 31 de diciembre de 2015. Es una regla sensata para tentar a quienes concedieron quitas formidables a trueque de pago seguro, en cuotas.
Si el new deal con los buitres es mucho más dadivoso que los canjes, existe la posibilidad de que los bonistas que confiaron en el Estado argentino se consideren defraudados y abran pleito en tribunales internacionales. El oficialismo y los abogados norteamericanos del estado argentino pontifican que esa hipótesis es imposible, está clausurada sin resquicios por la RUFO.
El problema es que este caso es único en la jurisprudencia universal. Las derivaciones de una contingencia judicial sin precedentes es cualquier cosa menos certera.
La sentencia de Griesa, sin ir más lejos, rompió todas las reglas vigentes hasta ahí. Dicho en criollo, ya hubo un litigio en el que todos los antecedentes fueron arrojados al tiesto por un juez de primera instancia del Primer Mundo.
Así las cosas, la virtualidad de pleitos existe. Profetizar sobre su desemboque es una timba. Cifrémosla en una pregunta no tan delirante: si hay bonistas despechados que litigan por estafa o abuso de derecho de Argentina ¿puede existir en todo el mundo un juez que les haga lugar? ¿Uno en el mundo, por soberbia, ira, senilidad, sub imperialismo o por ser permeable a influencias o sobornos?
¿Quién puede jurar que no, si es creyente? ¿quién apostaría todo su patrimonio a que sea del todo imposible?
A mayor diferencia entre lo que embolsen los buitres y lo que percibieron los bonistas de buena fe, mayor es la potencial razonabilidad de su enojo. Y más grandes los incentivos para tirarse un lance en “la justicia internacional”.
Los razonamientos del gobierno son sesgados, por definición. Tampoco son verdad revelada los de los abogados norteamericanos, por apelar a un tierno eufemismo. Cuanto más facturen, menos creíbles son.
Afanes y perspectivas: El senador bonaerense Juan Manuel Abal Medina le transmitió informalmente a su par chaqueño Angel Rozas (UCR-Cambiemos) que para el FpV es imperioso que Balbín concurra al Senado con su dictamen escrito.
Abal Medina formuló declaraciones periodísticas impropias e imprudentes en esta semana. Hasta aludió a cómo debía obrar el bloque de diputados kirchneristas. Los cuadros de situación de ambas Cámara difieren mucho y nadie tiene competencia para injerir en la otra. Fue por lo menos confuso en explicar cuál sería su postura frente al proyecto, al que se opondrá. En acción probará cómo se alinea y qué posición defiende.
La actividad parlamentaria del Senado pinta prolongarse hasta el 23 de marzo. Si se cumpliera el calendario, el proyecto podría tratarse en el recinto el 30 de ese mes.
El desenlace en el Senado es menos seguro que el de la Cámara Baja. El magma peronista se irá reacomodando, la presión de los gobernadores impactará en la votación.
Con ese mapa, la perspectiva más factible es que la ley se apruebe, raspando.
No está descartado que el FpV consiga introducir modificaciones al texto original agregando salvaguardas y tratando de bajar las cifras a pagar. Recalde y Pichetto que dialogan, más allá de sus posturas divergentes, analizaron ese escenario.
Sí así fuera, el proyecto volvería a la otra Cámara y pondría en un brete a los compañeros peronistas tránsfugas y a los legisladores del FR, que verbalmente quieren diferenciarse del oficialismo. Insistir podría lucir demasiado PRO...
Un rechazo senatorial está entre lo imposible y lo muy difícil.
A endeudar, a endeudar: Los gobernadores buscan el favor del oficialismo pensando en conseguir dinero por dos vías. El financiamiento internacional y las transferencias de la nación a sus provincias.
El endeudamiento externo es un pilar del bastante básico y no muy explicado programa económico oficial. Solo reactivando, bajando la inflación y cortando la hemorragia de despidos puede sensatamente suponer que conservará la legitimidad electoral de origen. Objetivos que van a contrapelo de los resultados de los primeros tres meses de gestión. Macri empeoró la “pesada herencia” aumentando el número de desempleados, bajando el nivel de actividad, ¡agravando la inflación! El valor adquisitivo del salario real se redujo merced a la “exitosa salida del cepo”, que así se apoda a la devaluación. Sería un logro que el macrismo terminara el año con los indicadores socio económicos que le dejó el gobierno anterior.
Chimentan que en Casa de Gobierno preocupa que las encuestas y los focus groups revelen que “la gente” piensa crecientemente que “Macri gobierna para los ricos”. La revelación motoriza a asesores de imagen o a comunicadores avezados. Quizás el oficialismo no deba pensar tanto en la percepción como en sus políticas. Mirarse al espejo, póngale.
mwainfeld@pagina12.com.ar
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ECONOMIA › DANIEL ARROYO, REFERENTE DEL FRENTE RENOVADOR, SOBRE LAS POLITICAS SOCIALES ACTUALES Y SUS CONSECUENCIAS
“Mayor pobreza, desempleo y degradación social”
Fue, de 2003 a 2009, hombre clave en las políticas sociales del kirchnerismo. Ahora, como dirigente del massismo, traza un crudo diagnóstico sobre la situación social de las políticas del macrismo. Entrevista exclusiva.
Por Raúl Dellatorre
El gobierno de Mauricio Macri no sólo definió el perfil de su política económica con las medidas que resolvió en estos tres meses de gestión, sino que las consecuencias sociales empiezan a percibirse. Daniel Arroyo, referente del Frente Renovador (liderado por Sergio Massa) en la provincia de Buenos Aires, evaluó en una entrevista con Página/12 estas políticas y las consecuencias que ya pueden verificarse. Habló de salto en el desempleo y la pobreza, de políticas de gobierno que sólo benefician a las franjas de más altos ingresos, pero señaló que no ve riesgos, en lo inmediato, de una explosión social. “Sí hay una implosión, el impacto hacia adentro de los barrios humildes, por el grado de violencia interna, pero si no hay conflicto político no hay explosión social; y hay degradación social pero no impericia política del gobierno: consigue las leyes, avanza con su política.” Ex viceministro de Alicia Kirchner entre 2003 y 2007, explica sus diferencias con el kirchnerismo pero la ausencia de coincidencias con Cambiemos.
–¿Qué evaluación hace de esta primera etapa de la gestión de gobierno de Cambiemos?
–En estos primeros meses, días podríamos decir, es indudable que se incrementó la pobreza. Aumentó el desempleo por los despidos en el sector público y en el privado y, además, por el parate que tuvo la actividad de sectores como la construcción, que afectó a sectores que, sin tener trabajo, vivían de las “changas”. Si a ese panorama le agregamos la reducción que se verifica en el consumo, se conjugan todos los síntomas de una recesión. Las medidas que tomó el gobierno se decidieron mirando la realidad con un solo ojo: dieron respuesta e hicieron lo que les pedía el mercado, pero dejaron de lado los problemas que afecta a la mayoría, como la inflación. Demostraron saber qué hacer con el mercado pero no con el Estado. Estamos ante un proceso de ajuste brutal, pero a veces la discusión interna del gobierno sobre un supuesto gradualismo o políticas de shock nos pueden hacer perder de vista lo principal: las consecuencias que van a tener sobre la pobreza y el desempleo.
–¿En qué medida esa sesgo se relaciona con la presencia masiva de representantes de los grupos económicos concentrados en el gabinete?
–Sólo en parte. Más que la composición de gabinete, lo que define las medidas es la concepción que tienen. Creen en la teoría de derrame, creen estar creando las condiciones para que haya inversiones y que si eso ocurre, va a haber mayor producción, más empleo. La experiencia demuestra que no funciona así la economía. Si es que hay mayor inversión por estas medidas pro mercado, se va a dirigir seguramente a la minería, a la producción primaria, a sectores que no generan empleo. La creación de empleo se da principalmente en actividad manufacturera, y en otras actividades donde se necesita el rol promotor del Estado.
Lo mismo sucede con la inflación. Tienen la concepción de que disminuyendo la emisión monetaria va a bajar, y no es así. Lo que se dio es un aumento y una dispersión de precios tan grande que hoy, un mismo producto, en un radio de tres cuadras se lo puede encontrar a tres precios distintos, con diferencias de 100 por ciento entre el más caro y el más barato. Eso quiere decir que se perdió la referencia de los valores. Y a eso, que baje la emisión monetaria no lo resuelve. El núcleo del problema es la concepción neoliberal de que la economía derrama sobre lo social, que el equilibrio económico resuelve las cuestiones sociales. Y es el Estado el que debería estar presente ahí. Y no lo está.
–¿Considera que el Estado perdió capacidad de intervención frente a las necesidades sociales no resueltas?
–El Estado es muy potente en Argentina. Tiene una gran capacidad para intervenir y resolver necesidades, pero no se lo está usando. El actual es un gobierno que no cree en ese rol del Estado. Este gobierno, antes de asumir, generó la ilusión de que después del levantamiento del cepo iban a entrar veinte mil millones de dólares en inversiones en forma inmediata. Una vez en el gobierno explicaron que no iba a ser ahora, por la inflación y hasta tanto se arreglara la deuda con los holdouts, que entonces iban a llegar en el segundo semestre. Ahora ya están explicando que no va a ser este año, sino en 2017. El problema es que, incluso si alguna vez llegan, no va a ser para generar empleo ni políticas sociales.
Si tomamos los últimos datos estadísticos disponibles, que son del año pasado, Argentina estaba con un 28 por ciento de pobreza, un 34 por ciento de informalidad laboral y un millón y medio de jóvenes que no trabajan ni estudian. Esto indicadores, en los últimos meses, seguramente se agravaron. Pero a este sector no le llega ninguna de las políticas que implementó el gobierno de Mauricio Macri. Yo diría que hoy hay 4 Argentina en situaciones socioeconómicas diferentes. Una, la de los más pobres, que viven de los planes sociales, principalmente. La segunda, que llamaría la de los vulnerables, trabajadores informales que viven de un empleo no registrado, de changas o de alguna de las formas de cuentapropismo, generalmente mal remunerados. La tercera, que es el sector formal: empleados, profesionales, comerciantes, pequeños empresarios, y en cuarto lugar la clase alta. Todas las políticas que definió este gobierno son para favorecer a las dos de arriba. Incluso el aumento de las asignaciones familiares, que sólo alcanza a los trabajadores registrados. Igualmente los cambios, aunque mal hechos, en el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. Las dos Argentina de más abajo no están contempladas. Incluso cuando anuncia medidas para los de más abajo, como la eliminación del IVA a los alimentos, se toma su tiempo para ponerlas en práctica.
–Esta falta de respuesta a los sectores más necesitados va a generar tensiones sociales. ¿Existe riesgo de que la situación derive en una explosión social?
–Yo no veo en este momento condiciones para una explosión social. Sí veo que se está produciendo una implosión social, quiero decir que hay tensiones que se vuelcan en las relaciones internas, en los barrios, malestar en la vida cotidiana. Esto se ve, por ejemplo, en un partido de fútbol entre vecinos de una barriada humilde que, por ahí, ahora es más frecuente que termine a las piñas cuando hace un tiempo no sucedía. U otras reacciones violentas en gente que habitualmente no se comportaba así. Es una forma de degradación social que se empieza a advertir en esos vínculos directos, pero para que se transforme en explosión social tiene que haber conflicto político. Mientras esto sucede por abajo, el gobierno consigue sacar las leyes, resuelve por decreto, sigue avanzando con sus políticas. Degrada socialmente a la población más vulnerable, pero no muestra impericia política. Cuando aparezca el conflicto político, podríamos pasar a otra etapa.
–Uno de esos temas que el gobierno parece estar logrando sacar adelante pese a estar en minoría en el Congreso es el acuerdo con los fondos buitres. ¿Cuál es su opinión sobre este tema?
–En principio, la valoración sobre estos sujetos financieros: son buitres de verdad, por como especulan, maniobran y consiguen que un juez les reconozca semejantes beneficios. Pero no había otra salida al tema que buscar un acuerdo de pago, ya con una sentencia en contra y agotadas las instancias de apelación. Ahora, suponer que ese acuerdo significa el inicio de un ciclo de mejora es falsear la realidad, porque no lo es. El peligro real es que sea el inicio de un ciclo de endeudamiento del país, como ocurrió en otras etapas y eso hay que evitarlo. Nadie debería tentarse con estas políticas, el potencial conflicto que se genera es altamente significativo.
–¿La falta de inversiones es, como dice el gobierno, un problema de confianza?
–Me parece que tiene más que ver con la ausencia de un plan estratégico. Por eso es necesario el rol orientador del Estado, incentivando la inversión en determinadas cadenas productivas que tengan que ver con el modelo de desarrollo económico y social del país. Pero mientras la mirada siga siendo más neoliberal que desarrollista, la inversión más atractiva seguirá siendo la especulativa.
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11:12 › EL BLOQUE ENCABEZADO POR VICTORIA DONDA MARCO LA POSTURA ANTE SUS ALIADOS DEL GEN Y EL FRENTE RENOVADOR
Libres del Sur anunció que votará en contra del acuerdo buitre
"Aceptar las condiciones de esos acreedores externos para evitar un feroz ajuste es un falso dilema", sostuvieron los diputados Victoria Donda, Federico Masso, y Graciela Cousinet mediante un comunicado en el que adelantaron su posición contra el acuerdo sellado en Nueva York.
"Mauricio Macri ha decidido que la prioridad urgente de su agenda de gobierno pasa por cerrar un acuerdo con los fondos buitre, que se negaron a participar de los anteriores canjes de deuda y litigaron contra el país en foros internacionales logrando fallos favorables en Nueva York y Europa que ofenden la soberanía de nuestro país", agregaron los legisladores.
La bancada de Libres del Sur —que acompañó la candidatura de Margarita Stolbizer como presidenta y se sumó a la alianza entre la dirigente y el Frente Renovador— salió a marcar su posición tras la posición tomada el fin de semana por el ministro de Finanzas, Alfonso Prat Gay, y el presidente Mauricio Macri, quienes condicionaron el futuro económico al acuerdo con los buitres.
"No tenemos dudas que el resultado será, como lo fue en los anteriores casos, hipotecar el futuro de millones de compatriotas que deberán pagar los costos de una pesada e ilegítima deuda, que recaerá sobre sus espaldas", resaltaron los legisladores nacionales.
Además, consideraron que "el contexto económico con el que se encuentra este gobierno es difícil debido a que las administraciones anteriores profundizaron una matriz productiva basada en la exportación de materias primas y la importación de bienes industriales, lo que luego produjo el regreso al histórico estrangulamiento del sector externo".
"Sin embargo, en lugar de proponerse transformar dicha matriz, el gobierno de Macri elige -como los militares, Menem y De la Rúa- otra vez el camino del reendeudamiento externo, la pérdida de soberanía monetaria y la aceptación de las condiciones que imponen los usureros", sentenciaron.
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ECONOMIA › EN EL GOBIERNO ANTICIPAN MAS AJUSTES DE TARIFAS ANTES DEL INVIERNO
Un menú con aumentos que meten frío
Se anunciará un aumento en las tarifas de gas y una licitación para ampliar la generación eléctrica. Queda abierta la posibilidad de un nuevo ajuste en la tarifa de luz. Plan nuclear y represas continúan.
Por Fernando Krakowiak
Desde la cartera que conduce Juan José Aranguren confirmaron ayer a Página/12 que en breve anunciarán un aumento en las tarifas de gas y el llamado a licitación para sumar 1000 megas al sistema eléctrico, bajo la modalidad conocida hasta ahora como energía distribuida. También dejaron abierta la posibilidad de que haya un nuevo ajuste en la tarifa de luz antes de fin de año y ratificaron que seguirán adelante con el plan nuclear, pero que la construcción de la cuarta central atómica recién comenzará el año próximo. Otra de las novedades es que, luego de algunas dudas iniciales en torno al proyecto, la intención del gobierno es avanzar con la construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, aunque dijeron que están negociando cambios con las empresas y la provincia de Santa Cruz.
La agenda del Ministerio de Energía contempla autorizar un aumento en la tarifa del gas antes del invierno, pero todavía no dicen cuándo será. “La suba de la tarifa del gas es necesaria para que lleguen inversiones que permitan ampliar la oferta. Hoy importamos el 25 por ciento del gas que se necesita para generar electricidad”, remarcó una fuente oficial. Otro anuncio inminente es la licitación para sumar 1000 megas de potencia al sistema eléctrico. El objetivo oficial es incorporar en el corto plazo módulos medianos de generación eléctrica, de un mínimo de al menos 40 megas. El método de generación de energía distribuida es mucho más costoso que las centrales de ciclo combinado (que funcionan con gas o combustibles líquidos), pero ese tipo de obras, que igual se seguirán haciendo, demandan años de construcción y lo que se busca ahora es sumar electricidad en breve para reducir el nivel de cortes de luz durante el próximo verano.
En el Ministerio de Energía confirmaron además que están trabajando en la revisión trimestral estacional del precio de la electricidad en el mercado mayorista que se va a fijar para el período mayo-julio. “El costo de generación va a ser distinto del establecido en enero para febrero, marzo y abril porque, por un lado, el precio en el mercado internacional bajó, pero, por otro lado, la demanda de combustibles líquidos en el invierno es mayor”, se limitaron a decir en el gobierno, aunque se da por descontado que el valor de referencia, fijado actualmente en 770 pesos por Mwh, aumentará. Si esa suba no se compensa con un mayor subsidio, el ajuste podría derivar en un nuevo aumento para el usuario. Además, en agosto o más tardar septiembre se llevará adelante una Revisión Tarifaria Integral (RTI) del sector eléctrico que podría derivar en otro golpe al bolsillo. Hasta ahora lo que hizo el gobierno fue reducir parcialmente los subsidios y compensar eso con una fuerte suba de las tarifas eléctricas. En el Ministerio aseguran que ese tarifazo compensa los aportes que antes realizaba el Tesoro a través del Focede, pero agregan que será recién con la RTI que se definirá cuál debería ser el precio exacto que debería pagar el usuario para que las empresas puedan llevar adelante las inversiones que permitan mejorar el servicio. En Energía también informaron a este diario que hasta ahora son 2,8 millones de usuarios de luz en todo el país los beneficiarios de la tarifa social.
A su vez, en el gobierno confirmaron a Página/12 que el plan nuclear no se detendrá, pero la construcción de la cuarta central atómica recién comenzará el año próximo. “Lo más probable es que sea un reactor de tecnología Candú”, aseguraron. En Energía también aprovecharon para relativizar las declaraciones del subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, quien el jueves pasado aseguró ante trabajadores de la CNEA que se estaba evaluando desmantelar Atucha I, tal como reveló Página/12 el lunes. “Atucha I tiene que seguir funcionando. La necesitamos para que siga aportando energía”, dijeron cerca del ministro Juan José Aranguren, dejando en claro que al funcionario no le entusiasma para nada la idea de desmantelar ese reactor inaugurado en 1974 para destinarlo a fines de investigación.
Otro de los proyectos que aparentemente seguirá adelante es el de las represas Cepernic y Kirchner. El plan para aprovechar el potencial hidroeléctrico del río Santa Cruz fue elaborado en la década del 70 por la ex empresa estatal Agua y Energía, pero en ese momento la Patagonia estaba al margen del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y la iniciativa no prosperó. Recién se reactivó a mediados de la década pasada, cuando el gobierno de Néstor Kirchner avanzó con las obras para integrar el sistema eléctrico de las provincias del sur al resto del país. Luego de dos licitaciones fallidas, en 2012 se realizó una nueva convocatoria y el 21 de agosto de 2013 se le adjudicó la obra a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por la china Gezhouba, Electroingeniería e Hidrocuyo. A partir de entonces se comenzaron a negociar las condiciones del financiamiento con China y la puesta en marcha del proyecto se demoró. Apenas asumió, el presidente Mauricio Macri dejó trascender que evaluaba la paralización de la obra, pero ayer en Energía aseguraron a este diario que el objetivo es seguir adelante, aunque con cambios. “El río Santa Cruz es un recurso genuino que puede aportar el 4 por ciento de la energía que se consume en el país. Estamos analizando los contratos que se firmaron tanto con el gobierno provincial como con la UTE para adecuar esos contratos al marco regulatorio y avanzar además con un análisis del impacto ambiental”, remarcó una fuente oficial.
fkrakowiak@pagina12.com.ar
Las tarifas de gas serán las próximas en ajustarse. No se descarta otro aumento para la electricidad.
Imagen: Micaela Gualtieri
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