La inflación, el fracaso del Indec, la deuda externa, precios, salarios, paritarias e Impuesto a las Ganancias han ocupado la preocupación de la gente. En el campo de batalla mediática son más las noticias malas para el Gobierno que las buenas a pesar de que el 90 por ciento de la artillería es del oficialismo. Llega en su socorro la caballería judicial y un cambio de estrategia. Ya que las noticias propias son malas, busquemos enchastrar al adversario. Dos conocidos alfiles anti K de los tribunales salieron en socorro del gobierno macrista para distraer el foco de atención y socavar la imagen de la ex presidenta Cristina Kirchner. Es ahora o nunca. Si la imagen de la ex presidenta se mantiene, cada momento que pase será más difícil bajarla.
Con el propósito de enfocar las sospechas sobre el anterior gobierno, el fiscal Ricardo Sáenz dictaminó “sin ninguna duda” que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado. El fiscal no basó su dictamen en ninguna investigación propia. Simplemente se hizo cargo de los argumentos de las querellas, que han sido descartados por la gran mayoría de los peritos. Pero Sáenz es un viejo enemigo de Cristina Kirchner y hubiera sido el Procurador de la Nación del macrismo si lograban expulsar a Alejandra Gils Carbó.
Detrás suyo apareció el polémico juez Claudio Bonadio –un magistrado con record de pedidos de juicio político en la Magistratura– para citar a indagatoria a la ex presidenta por las operaciones con dólar a futuro, una causa puramente mediática. Lo que importa es distraer la atención de los sablazos al bolsillo de la gente, para insistir con una táctica que fue fructífera cuando el macrismo estaba en la oposición. Pero el impacto en la billetera no se disipa con una cortina de humo con protagonistas que han pasado a segundo plano.
El Gobierno necesitaba cambiar el eje y estos funcionarios judiciales fueron funcionales. Había pasado una semana intensa. En dos meses de gestión el macrismo se ganó el primer paro nacional de estatales contra sus políticas, acompañado por una masiva concentración en la Plaza de Mayo. Y al mismo tiempo pudo evitar el paro docente pero contraviniendo su propia estrategia al concederles casi un 40 por ciento de aumento. Ha podido operar sobre el massismo para que lo acompañe en el Congreso, pero el quiebre en el Frente para la Victoria fue mínimo, mucho menos de lo que se esperaban y en términos más expectantes que rupturistas.
Es el momento de mayor fuerza para el gobierno y de más debilidad para el FpV que fue derrotado en las urnas. Sin embargo el rédito ha sido pobre. Es la desgracia de haber ganado por muy poca diferencia. La presión centrífuga en el seno del FPV es menor que la sensación de que las políticas oficiales están desatando una tormenta económica y social impredecible. Si el horizonte fuera de fortalecimiento del gobierno a partir de la gestión y el manejo del aparato estatal, es probable que la ruptura del FPV hubiera sido inevitable y bastante más grande que las diferencias que se discutieron en el congreso del PJ de esta semana. El peronismo tendrá muchos defectos, pero sabe que la gestión puede ampliar el poder político y, por lo tanto, es un buen termómetro de ese fenómeno. Si no hubo división y la gran mayoría se quedaron adentro, es porque afuera huelen a tormenta. El sector más duro quiere una oposición activa pero el ala más moderada quiere evitar que les achaquen responsabilidad sobre cualquier fracaso de las políticas oficiales. Las dos posiciones coexisten junto con las necesidades de intendentes y gobernadores. La fotografía actual del PJ, tras una derrota reciente, es más o menos igual a la previa de ese traspié, lo cual es ganancia para un peronismo que puede ser volátil. La Cámpora cedió terreno en forma voluntaria y gobernadores como José Luis Gioja o jefes territoriales como Jorge Capitanich ocuparon el centro. Hubo reacomodos pero sin sangrías.
El paro de los estatales el miércoles es indicativo de la situación social. Muchas veces no se trata del motivo, si existe o no, sino de la circunstancia: si el contexto o la situación política soportan una medida de fuerza. Y normalmente los dos primeros meses de un gobierno constituyen un tiempo desfavorable. Pero esta vez fue una medida con muy poco rechazo, se produjo dentro de la lógica que se está desarrollando en el país. Ese “no” al rechazo que podría haber generado en otro momento, da una medida de los espacios que va cediendo el Gobierno.
No pudo explicar los despidos masivos alegando ñoquis o militantes. No pudo mostrar un solo caso. El hecho más vergonzoso quizás sea el del ministro encargado de los despidos, el ministro de “Modernización del Estado” Andrés Ibarra, que anuncia que va a revisar contratos y concursos para justificar los despidos. Pero su esposa, la militante del PRO Carla Piccolomini, que ha tenido cargos de bajo rango en la CABA, fue catapultada a una gerencia de Radio y Televisión Argentina (RTA) con un sueldo de 90 mil pesos, sin realizar ningún concurso. Para completar la imagen de arbitrariedad por los miles de despidos que está decidiendo Ibarra, en los círculos internos de la empresa paraestatal se asegura que Ibarra llegó a presionar incluso a Hernán Lombardi para lograr el nombramiento de su esposa.
Para desprestigiar al gobierno anterior y justificar despidos en estas áreas, se han construido mitos sobre Tecnópolis y el Centro Cultural Kirchner como obras faraónicas sin sentido, igual que el Museo del Bicentenario. Se escribieron editoriales en La Nación y se organizaron visitas de periodistas de Clarín para mostrar goteras y cables pelados. Según la administración, en estas obras todo fue despilfarro, corrupción y demagogia. Dijeron horrorizados que los 500 trabajadores del Centro Kirchner habían sido designados dos meses antes del fin del gobierno, o sea cuando empezó a funcionar.
Sin embargo, el presidente de Francia François Hollande pidió visitar el centro Kirchner, la cena en su honor se organizó en el Museo del Bicentenario y uno de los tratados que firmó el presidente francés fue de intercambio entre Tecnópolis y su similar de París. El presidente Mauricio Macri se lució ante su par francés con las obras realizadas por el gobierno kirchnerista y que su gestión denigra.
En un informe del año pasado el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Empleo (Cippec), muchos de cuyos integrantes forman parte ahora del gobierno de Macri, señalaba que el 17 por ciento de la población activa trabaja en el Estado. De esa cantidad la mayoría corresponde a los gobiernos provinciales y municipales y sólo una pequeña fracción a la estructura nacional. Desde Canadá hasta la mayoría de los países desarrollados de la OCDE tienen ese índice por arriba del de Argentina. O sea que esos países tienen, en proporción, más empleados públicos que Argentina.
El empleo público no es un problema como lo presentó demagógicamente el macrismo y su coro de prensa oficialista. La diferencia que está planteando la supuesta “modernización” macrista está en el rol del Estado que proponen. Según ellos están despidiendo ñoquis a los que ya están reemplazando por sus esposas y parientes o militantes del PRO. Pero no han podido presentar un solo caso de ñoquis hasta ahora, aunque sí están metiendo a sus parientes y militantes mientras Macri dice, suelto de cuerpo, que “el Estado no tiene que financiar la militancia”.
Lo que sí están haciendo es desactivar los programas sociales de inclusión, los programas de salud pública y ambiental y los programas de derechos humanos o desmantelando aquellos organismos encargados del control de precios o de la vigilancia de delitos financieros que involucran a bancos y grandes empresas, muchas de las cuales tienen sus representantes en el gobierno.
La consigna: “modernización del Estado”, que sirve para justificar este verdadero linchamiento público de miles de trabajadores que se quedan en la calle, no es modernización, sino retroceso a un Estado controlado por las grandes empresas, una estructura que se retira del rol de inclusión, de equilibrar desigualdades o de resguardo de los más débiles para convertirse en una herramienta de las grandes corporaciones que están representadas en esta gestión. También se trata de un Estado presente, pero esta vez para consolidar desigualdades. Sería un contrasentido que un Estado que incorporó a sus niveles de dirección a los altos ejecutivos de las corporaciones más poderosas se preocupara por la desigualdad. Si esta afirmación fuera pura construcción teórica o abstracta, cualquiera diría que es esquemática. Pero solamente es una descripción de los hechos. Cuando la realidad se propone ser esquemática supera incluso a los ideologismos esquemáticos.
EL PAIS › DOCUMENTO DEL GRUPO DE CURAS EN OPCION POR LOS POBRES SOBRE EL GOBIERNO
“Hay un autoritarismo grave”
El grupo de sacerdotes católicos califica al Gobierno como “legal, pero de gestos perversos”. Hablaron del vaciamiento de áreas vinculadas a los derechos humanos, represión policial, los despidos, el arreglo con los buitres y la detención de Milagro Sala.
Por Washington Uranga
En una carta dirigida “al Pueblo de Dios y al pueblo en general” que “busca ser un aporte a la lectura de la realidad desde el evangelio y los pobres en estos tiempos de neoliberalismo”, el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres hace un extenso análisis crítico de los primeros días de la gestión del presidente Mauricio Macri en el plano internacional, derechos humanos, lo social, el terreno judicial y la política. Los sacerdotes católicos advierten sobre el “autoritarismo grave”, el retroceso en materia de derechos humanos, denuncian “la gran cantidad de despidos”, la baja efectiva de los salarios, los despidos “indiscriminados” que estiman en 50 mil, “la injusta encarcelación de la presa política Milagro Sala”, las amenazas a la libertad de expresión y el derecho a la información y la “abundancia y abuso de los DNU”. Después de “transcurridos poco más de dos meses de este gobierno legal, pero de gesto perversos” el pedido de los curas es “en nombre de Dios y de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo, ¡modifiquen el modelo!” y “con el Papa Francisco gritamos: ¡este modelo mata!”.
El documento señala expresamente que “nos parece preocupante el vaciamiento de los temas de derechos humanos” y reseñan algunos hechos que así lo ponen de manifiesto, incluyendo “los numerosos y muy graves casos de represión, comenzando por Cresta Roja, en la Autopista Riccheri, los municipales en La Plata y Villa Sauze (La Pampa) y hasta el absurdo ataque a una murga de niños en la villa 1-11-14, del Bajo Flores y los recientes de Coronel Suárez”. El Grupo de Curas, uno de cuyos coordinadores es el sacerdote Eduardo de la Serna, critica también el “lamentable protocolo de seguridad” y “la puesta en duda de la cantidad de desaparecidos por parte de Darío Lopérfido (...) en sintonía con la inicial ‘falta de tiempo’ del presidente de la nación para recibir a las organizaciones de derechos humanos (tiempo que prefirió usar para juntarse con los dueños del poder, los empresarios Magnetto y Rocca, entre otros”. Denuncian como “autoritarismo grave” que se aumenten “las balas de goma (y también de plomo), los camiones hidrantes, los francotiradores y fotógrafos, los retenes policiales, el autoritarismo de las fuerzas de seguridad (pidiendo documentos y haciendo bajar de los buses a personas sin causas evidentes y hasta las consultas en viviendas acerca de quienes habitan)”.
En materia social los curas resaltan “la gravísima cantidad de despidos realizados de manera compulsiva e indiscriminada, sin auditorías públicas ni explicaciones convincentes” denunciando también que “el mismo gobierno que impulsa los despidos designa para un alto cargo estatal a la propia esposa del Ministro de Modernización, Andrés Ibarra, responsable del recorte del Estado, a la hermana de la reina de Holanda o a una parienta de la vicepresidenta, por ejemplo”. Destacan, por el contrario, la “muy importante participación en la marcha convocada por el gremio ATE contra los despidos” y denuncian que tal movilización, pese a su importancia, “sea totalmente silenciada por la prensa hegemónica”.
La metodología del texto apunta a resaltar en cada capítulo aquellos hechos que, a juicio de los curas, son relevantes y merecen ser atendidos. Así, en el subtítulo referido a lo internacional se menciona la presencia de Macri en el foro de Davos “convocado por los poderes fácticos de la economía mundial” y, entre otros acontecimientos, el hecho de que la canciller Susana Malcorra insista en la integración a la “Alianza del trans-Pacífico”. Esa parte del documento finaliza denunciando “el inminente sometimiento de nuestro pueblo a una nueva, abultada e inmoral deuda externa con los proyectos de la derogación de la ‘ley cerrojo’ y la ‘ley de pago soberano’ a pedido del juez municipal de New York Thomas Griesa, con la excusa de ‘insertarnos en el mundo’ “.
En otra parte de la extensa declaración se dice que “la baja de los salarios es notable a partir del aumento de los precios, de la quita de los subsidios a la electricidad y combustible” advirtiendo que todo ello crea una “explosiva mezcla” a partir de trabajadores tratados como “mano de obra barata” y de la “ley de la selva que ya hemos vivido”. Hay un alerta también por el “preocupante silencio de numerosos sindicatos que deberían defender a los trabajadores y en más de una ocasión parecen defender su propia ‘caja’ aprovechando las ‘obras sociales’”.
Respecto de la situación de Milagro Sala, los curas sostienen que “el reciente regalo de un rosario por parte del Papa es un evidente indicio de la preocupación del pontífice que el gobierno se niega a ver en nombre de la supuesta independencia del Poder Judicial” mientras que “los reiterados gestos de acercamiento del presidente Macri y el gobernador Morales en las últimas semanas dicen exactamente lo contrario”.
Hay también apreciaciones críticas sobre el uso “aberrante” de los DNU como “expresión autoritaria”, considerando que la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual constituye un “silenciamiento de las voces necesarias para que ciudadanía conforme su propio criterio independiente y libre.
Denuncian finalmente los sacerdotes católicos “la falsedad del discurso que propone ‘Pobreza cero’, algo que es un buen slogan con buena prensa, pero no existe en ningún país del mundo”. Agregando que “lo que sin duda vemos es que con todas las políticas sociales y económicas que se están aplicando la pobreza crece a un ritmo vertiginoso, muy por el contrario de descender”.
La carta se anuncia como la primera de una serie que los Curas continuarán emitiendo periódicamente para analizar la realidad del país “desde el evangelio y los pobres”.
Image captionGracias a los subsidios, los habitantes de Buenos Aires tuvieron una de las tarifas eléctricas más bajas del mundo.
Lo que venía anunciando desde la campaña presidencial se cumplió: el gobierno de Mauricio Macri, que asumió el poder en diciembre, oficializó este miércoles las nuevas tarifas del servicio eléctrico, que sufrirán un fuerte aumento tras la reducción de los subsidios al consumo.
El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, publicó una resolución que aumenta en unos 200% a 300%, a partir de febrero, los precios mayoristas de la electricidad en la capital y el Gran Buenos Aires.
Si bien aún no se sabe cómo impactará en la cuentas, ya que los aumentos dependerán del consumo, los medios locales advierten que las facturas residenciales sufrirán drásticos incrementos.
El anuncio se convirtió en tema de tendencia (trending topic) en las redes sociales. Bajo el hashtag #Tarifazo miles de argentinos opinaron sobre la medida.
Muchos expresaron su preocupación por los aumentos, que vienen poco después de que el país padeció una brusca devaluación –calculada por algunos en hasta el 40%- luego de que el gobierno levantara las restricciones al dólar.
En cambio, otros apoyaron la decisión de Macri de reducir los subsidios a la energía, que representan una parte importante de las finanzas del Estado.
Image copyrightGetty ImagesImage captionEl ministro de Energía anunció que ahora la boleta será mensual en vez de bimestral, para reducir el impacto de los aumentos.
En su resolución, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, Aranguren culpó por los aumentos al kirchnerismo, que gobernó Argentina por doce años, entre 2003 y 2015.
El texto señala que los aumentos son necesarios "ante el desfasaje existente entre los costos reales y los precios vigentes" de la electricidad, y busca "prevenir un impacto negativo en la economía nacional".
Expertos del sector confirmaron a BBC Mundo que los costos tanto de la electricidad como del gas se mantuvieron artificialmente bajos -para los consumidores- durante la última década.
Esto se debió a que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner decidieron mantener los subsidios al consumo que fueron implementados por una ley de emergencia económica en 2002, en medio de la peor crisis en la historia del país.
Estos subsidios a la energía y al transporte representan cerca del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, una cifra que Macri quiere reducir.
Según Daniel Gerold, de la consultora energética G&G Energy Consultants, las tarifas eléctricas se mantuvieron prácticamente congeladas desde 2003.
Image copyrightAPImage captionLo que Macri venía anunciando desde la campaña presidencial se cumplió.
Así, la electricidad en Argentina llegó a costar solo el 10% de lo que valía en países vecinos como Chile o Uruguay.
El experto advirtió a BBC Mundo que "el costo real de la electricidad es casi 1.000% veces mayor al que los consumidores pagan en la actualidad".
Por este motivo, tras el anuncio de los aumentos, muchos salieron a defender la decisión de reducir los subsidios –algo que había sido un compromiso electoral de Macri.
Image captionArgentina duplicó su consumo eléctrico durante la última década, gracias en parte a los bajos precios.
"El Tarifazo ya lo venías pagando por otro lado, o la plata q subsidiaban a las empresas de servicios de dónde te crees q salía?", remarcó #Christian (@christianm100) a través de Twitter.
Otros resaltaron que la medida afecta principalmente a la ciudad de Buenos Aires y al conurbano bonaerense, los principales beneficiados por los subsidios.
"En el resto del país pagaban lo q corresponde. Así q por más que se hagan los indignados esto es sólo igualar con el resto", opinó Jonatan (@j0) sobre quienes salieron a criticar los aumentos.
"El #Tarifazo en Bs.As. me parece justo. No puede ser q acá paguemos $30 (US$2,14) de luz (promedio) y en el interior $400 (US$28,6) (promedio)", coincidió Santi Zanotti (@SantyZanotti).
Impacto
A finales de diciembre, antes de que se oficializara el aumento de precios, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, había relativizado el peso que tendría para el bolsillo de los argentinos el incremento en las tarifas.
"Asustan los porcentajes cuando decís cuánto van a subir", dijo.
"Pero una factura que se pagaba $150 (US$10,7) y pasa a $350 (US$25) son (una diferencia de) 200 pesos, que es también (igual a) dos taxis o dos pizzas", minimizó.
Image copyrightafpImage captionMacri y Prat Gay critican la política de subsidios del kirchnerismo. Según el ministro "la mitad van al 30 por ciento más rico de la población".
"No podemos seguir derrochando lo que no tenemos", agregó.
Sin embargo, muchos recalcaron que los aumentos en la tarifa eléctrica son solo uno de una serie de costos que se incrementaron desde que asumió Macri.
"Luego vienen (los) servicios de prepagas (médicas) y colegios en marzo, abril", advirtió Pablo (@Polalgar).
"Estaría bueno q la variable de ajuste empiece a ser la clase alta y no la clase media/baja", criticó, por su parte, Cristian (@cristiannrnr).
Ante la preocupación por el impacto que puedan tener estas medidas entre las personas de menores ingresos, Aranguren anunció que se implementará una tarifa social gratuita para aquellos usuarios que tengan una demanda mínima.
Según la resolución, las familias que tengan un consumo mensual inferior a los 150 kwh no abonarán por la energía.
También se incentiva el ahorro energético, estableciendo una tarifa diferencial para los usuarios que hayan reducido al menos en un 10% su consumo, respecto al año anterior.
Cortes
Image copyrightAPImage captionEl gobierno de Macri culpa al kirchnerismo por la crisis energética.
En los últimos años, el aumento en la demanda eléctrica, impulsada por los bajos costos, sumada a la falta de inversión en el tendido eléctrico, llevó a un creciente número de apagones.
El problema, que sigue sucediendo, se da especialmente en el verano, cuando las altas temperaturas provocan un uso masivo de aires acondicionados.
Según la empresa Edenor, una de las principales distribuidoras de electricidad, entre 2004 y 2014 se duplicó el número y la extensión de los cortes.
"Tenemos que ir a un sistema de tarifas que sea sostenible en el tiempo y en el que se puedan recuperar los costos de generación, producción, transporte y distribución", señaló Aranguren, quien días después de asumir declaró la "emergencia eléctrica" hasta 2017.
Mientras tanto, muchos tiemblan pensando en la cuenta que recibirán a partir del lunes.
Y otros ya están preocupados por lo que vendrá después: el aumento en las tarifas del gas, y quizás un segundo "tarifazo" eléctrico después de abril, cuando venza el esquema actual de precios.
ECONOMIA › EL GOBIERNO SE COMPROMETE A PAGAR EN EFECTIVO MAS DE 4600 MILLONES DE DOLARES A LOS FONDOS MAS DUROS
Acuerdo con buitres para lanzar el plan deuda
El entendimiento es con los fondos de Paul Singer y otros carroñeros que forzaron al Gobierno a mejorar su oferta hasta reducir la quita a sólo el 25 por ciento de la sentencia de Griesa. Para pagar, hay que derogar dos leyes y emitir deuda por 15 mil millones de dólares.
Por Cristian Carrillo
El gobierno de Mauricio Macri acordó pagarles en efectivo 4653 millones de dólares a los cuatro fondos buitre que encabezan la demanda contra la Argentina por sus tenencias en bonos defolteados desde 2001. Este pago comprendería al 75 por ciento de la deuda en litigio y deberá realizarse antes del 14 de abril próximo. Si se suman otros fondos litigantes que aceptaron la propuesta del gobierno, la resolución alcanzaría al 85 por ciento de la deuda demandada. El dinero provendrá de la colocación de nuevos títulos públicos, por aproximadamente unos 15.000 millones de dólares, para lo cual requerirá que el Congreso apruebe antes de esa fecha la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano. El arreglo con el 93 por ciento de los bonistas que aceptaron las reestructuraciones del kirchnerismo había ascendido a 30.000 millones de dólares. “En tres meses lo pudimos hacer”, sostuvo al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, al anunciar junto al secretario de Finanzas, Luis Caputo, el acuerdo alcanzado sobre el que sólo pudo hacerse una poda del 25 por ciento sobre la sentencia sin discutir capital. Los canjes de 2005 y 2010 se habían realizado con una quita de 67 por ciento. El gobierno espera cerrar lo antes posible este acuerdo para poner en marcha la maquinaria del endeudamiento. “La única forma para llevar adelante el país es con crédito”, afirmó Prat-Gay, quien explicó que si no se consigue ese financiamiento externo bajar el déficit fiscal requeriría de un ajuste menos gradualista.
El pasado 5 de febrero el equipo económico de Macri había presentado una oferta para abonar 6500 millones de dólares sobre un total de 9000 millones, que se componía de capital e intereses, a fondos buitre y otros acreedores en litigio, entre los que se encuentran demandantes con sentencia firme por la cláusula pari passu y los denominados me too (yo también, en inglés). EM Limited y Montreux Partners, dos de los seis principales fondos especulativos, que ganaron juicios con sentencia firme en Nueva York, fueron los primeros en aceptar la oferta, por la cual cobrarán 849,2 millones y 298,66 millones de dólares, respectivamente. Pero los carroñeros más duros, NML Capital y Aurelius, jugaron un rato más con la desesperación del gobierno macrista por emitir deuda, no aceptaron y siguieron negociando.
La noticia de un preacuerdo entre el gobierno y los buitres comenzó a circular temprano desde el despacho de Daniel Pollack, el Special Master (mediador judicial) designado por el juez Thomas Griesa. “Argentina llegó a un principio de acuerdo con el fondo NML Capital de Paul Singer y otros holdouts para pagarles hasta el próximo 14 de abril 4653 millones de dólares en efectivo y saldar el multimillonario juicio en Nueva York por su deuda en default desde 2001”, anunció a través de un comunicado el mediador. Destacó que el acuerdo alcanza al 75 por ciento de la totalidad de las sentencias, incluyendo capital e intereses. “Este acuerdo, si es consumado, junto con acuerdos en principio previos con otros holdouts, resuelve el 85 por ciento de las demandas de aquellos con restricciones pari passu y me too. Continuaré trabajando hasta que todas las demandas sean resueltas”, dijo.
Por la tarde, Prat-Gay y Caputo ofrecieron una conferencia de prensa, en la que también participaron el coordinador del gabinete económico, Mario Quintana, y Santiago Bausili, técnico en deuda y mercado de capitales. “Es un día muy importante. Hemos llegado a un acuerdo con los fondos más duros en esta negociación”, confirmó el ministro. “Estamos buscando que nos crean en el mundo. No hay país en el mundo que crezca sin créditos. Estamos en una economía suficientemente moderna para expandirse y lo que estamos tratando de hacer justamente es recuperar eso: el crédito”, dijo. De esta manera, el funcionario justificó la premura con la que se arribó a un acuerdo más que generoso respecto a la demanda de los acreedores carroñeros.
El Gobierno pagará a los fondos manejados por Elliott Management, Aurelius Capital, Davidson Kempner y Bracebridge Capital, 75 por ciento de sus juicios incluyendo el capital y el interés, además de un pago para arreglar los reclamos fuera del Distrito Sur de Nueva York (Manhattan) y costas legales. “Nos pusimos duros. No quisimos firmar un acuerdo de confidencialidad. Dijimos que la negociación debía ser transparente”, expresó Prat-Gay, quien aclaró que la gestión macrista jugó “con las reglas, pero con la mayor firmeza posible defendiendo los recursos de los argentinos”. Según las cifras que ofreció, la supuesta dureza en la propuesta se reflejó en una quita de entre 25 y 26 por ciento sobre el monto de la sentencia firme en Nueva York, es decir, sobre los 9000 millones de dólares a los que asciende la deuda con los intereses corridos de los últimos quince años. Esa quita no fue sobre el capital sino que se explica por un recorte del 40 por ciento sobre intereses punitorios y costas legales.
La deuda no se pagará con fondos de las alicaídas reservas ni tampoco se entregarán nuevos bonos por el importe. A los buitres se les pagará en efectivo, pero para ello el gobierno pretende emitir dos o tres bonos por un total de 15.000 millones de dólares. Según explicó el ministro, el objetivo de hacerlo así es para que los fondos demandantes no tiren abajo los precios de los títulos; es decir, que no los tomen muy por debajo de su valor técnico. Para poner en marcha esta maquinaria de endeudamiento se enviará esta semana un proyecto de ley que permita ejecutar estos acuerdos con los holdouts.
El Congreso deberá derogar la Ley Cerrojo y de Pago Soberano, que en conjunto impiden una reapertura de las exitosas reestructuraciones de 2005 y 2010, a las que se adhirieron el 93 por ciento de los bonistas. El juez Griesa, con el objetivo de forzar al país a aceptar sus controversiales fallos, había dispuesto en julio de 2014 congelar los fondos depositados por el Estado argentino a los tenedores de deuda reestructurada que cobraban en Nueva York por 539 millones de dólares. Con el acuerdo, Griesa levantaría la medida.
Caputo manifestó su confianza en que se llegará bien a la fecha límite para el pago a los buitres, “el 14 de abril, pero puede haber una extensión”. “Si estamos encaminados no va a ser un problema”, dijo en referencia a la posibilidad de solicitar una prórroga. “Es muy importante la discusión que se dará en el Congreso de la Nación. No queremos que el 14 de abril luzca como un impedimento en la discusión”, agregó PratGay. El funcionario dejó en claro que el objetivo de esta negociación acelerada es poder endeudarse. “Si no tenemos un horizonte para financiarnos, si alguien no nos presta, no hay margen para el gradualismo en bajar el déficit fiscal”, sostuvo. Fiel a su concepción monetarista, el funcionario sostuvo que la emisión de pesos no es una posibilidad, porque genera inflación, y que sin financiamiento el programa fiscal y monetario requerirá de “un gran ajuste, incluso en áreas sensibles”. “Pero esta no es la propuesta de este equipo”, aseguró el integrante de un gobierno que hasta el momento sólo llevó a cabo recetas recesivas y despidos en casi todas las áreas del Estado.
ECONOMIA › LLEGO A 15,86 CON FUERTE CAIDA DE RESERVAS
Dólar a las corridas
El anuncio de los buitres no cambió la tendencia de la plaza cambiaria. En el mes, el Banco Central perdió casi 1700 millones de dólares y el billete verde no paró de subir.
Por Federico Kucher
El dólar alcanzó ayer un record de 15,86 pesos, al aumentar 23 centavos respecto del viernes, en el día en que el Gobierno anunció que se llegó a un principio de acuerdo con los buitres. El Banco Central, que intervino en el mercado cambiario con 200 millones de dólares, no logró contener la escalada del tipo de cambio. Las presiones para acelerar el ritmo de devaluación se potenciaron con la caída de 171 millones de dólares de las reservas internacionales, las cuales cerraron en 23.385 millones (con el pase, 28.385 millones). El stock de divisas de la autoridad monetaria acumuló un retroceso de 1686 millones en febrero.
La menor liquidación de cosecha del campo, que en la última semana anotó una disminución del 13 por ciento interanual, fue un elemento central para explicar las tensiones en materia de oferta de divisas, que no alcanzan para compensar la demanda de dólares de importadores y ahorristas. El incremento de expectativas de devaluación potenció la conducta de los empresarios agropecuarios de retacear la venta de cereales y soja para conseguir rentabilidad cambiaria. El dólar futuro para diciembre, que refleja la perspectiva del mercado acerca de cuánto costará el tipo de cambio al cierre del año, pasó de 17 a 19 pesos en las últimas cuatro semanas.
La suba del dólar ascendió al 62,5 por ciento en algo menos de tres meses de gestión de Mauricio Macri. En diciembre, el aumento del tipo de cambio fue del 37,4 por ciento (pasó de 9,76 a 13,41 pesos), al tiempo que en enero sumó 5,4 por ciento (cerrando el mes en 14,14 pesos) y en febrero 12,2 por ciento (15,86). La corrección cambiaria, pese a las afirmaciones de la campaña acerca de que no tendría efecto en la capacidad de compra de la población, implicó una distorsión notable en materia inflacionaria y, en particular, sobre el precio de alimentos que componen la canasta básica de segmentos vulnerables de la población. La aceleración de la devaluación en las últimas semanas agrega perturbaciones, puesto que incentiva a los formadores de precios a realizar nuevas rondas de remarcación sobre los productos de primera necesidad.
Las presiones sobre el tipo de cambio de febrero, con un ritmo de devaluación que más que duplicó al de enero, se vincularon a la dificultad del Banco Central para sostener el nivel de las reservas internacionales, que cayeron en 16 de 19 días hábiles del mes. El stock de divisas de la entidad que conduce Federico Sturzenegger cerró febrero en los 23.385 millones de dólares, cuando a final del mes anterior era de 25.071 millones y al cierre de diciembre pasado registraba 25.562 millones. El nivel de dólares del Central es el más bajo desde principio de mayo de 2006. Estas cifras de reservas no tienen en cuenta el crédito de corto plazo y alta tasa de interés por 5000 millones de dólares negociado con bancos extranjeros, que elevaría el stock a 28.385 millones. Los informes de la propia autoridad monetaria computan aparte este préstamo respecto de los activos (oro y divisas) que tradicionalmente componen las reservas.
La menor liquidación de la exportación de cereales y oleaginosas en febrero fue clave para explicar las tensiones para sostener el nivel de dólares del Central. Semana a semana, el complejo agropecuario fue disminuyendo la liquidación, según los informes de Ciara-CEC, la cámara que agrupa a las firmas agroexportadoras. Entre el 01 y 05 de febrero ingresaron 110 millones en promedio por día, en tanto que del 10 al 12 de febrero la cifra bajó a 94 millones diarios (la semana tuvo dos feriados), del 15 al 19 a 81 millones y del 22 al 26, último dato disponible, a 70 millones. La desaceleración de las exportaciones fue a contramano del incremento en el ritmo de devaluación del tipo de cambio y las mayores expectativas de devaluación para los próximos meses. Los datos del Rofex, donde se pactan los contratos de dólar futuro, es uno de los indicadores que permite evaluar cuál es la expectativa del mercado acerca de cómo se moverá el tipo de cambio. La última semana de enero, los inversores podían asegurarse en el Rofex la compra de un dólar en diciembre por 17 pesos, mientras que en la última semana de febrero el precio del dólar para diciembre se elevó hasta casi 19 pesos.
Buenos Aires, 1 mar (PL) Mientras el presidente Mauricio Macri culpaba hoy en el Congreso al anterior gobierno de los problemas actuales, el dólar superó el récord de 16 por uno ante el depreciado peso argentino por su ajuste económico y devaluación.
Pese a reiteradas intervenciones del Banco Central (BCRA) para controlar la cotización de esa divisa, la moneda norteamericana parece incontenible, y nadie puede frenarla. Al cierre de ayer el cambió era de 15,86 pesos por uno, pero hoy trepó otros 19 centavos y al mediodía de este martes estaba a 16,05 pesos.
Eso hace que las arcas nacionales sigan perdiendo reservas porque el BCRA saca dólares al mercado en un esfuerzo por contener la subida del dólar.
En un comentario, el portal El Destape recuerda que el valor del dólar escaló 23 centavos en el extremo vendedor el lunes hasta el nuevo récord de 15,86 pesos, a pesar de la fuerte intervención del BCRA, que se desprendió de 169 millones de dólares.
Tras las elecciones presidenciales del 22 de noviembre el cambio entonces estaba a 9,6 por uno, pero tras asumir la Presidencia Macri eliminó los controles conocidos como cepo al dólar y decretó la devaluación de la moneda nacional.
El Banco Central cerró febrero con una caída de mil 518 millones de dólares en las reservas internacionales, por las ventas que debió hacer para frenar la subida de la divisa estadounidense y la disminución del efectivo mínimo, señala El Destape.
Comenta asimismo que la elevada demanda de las empresas que siguen girando dividendos al exterior, después de cuatro años de prohibición, ejerce una fuerte presión sobre el mercado de cambios, que ya anotó una devaluación del 61,17 por ciento desde los 9,84 del 10 de diciembre.
Por su parte, Infonews recuerda los dichos del actual ministro de Finanzas, Alfonso Prat-Gay, quien durante la campaña electoral para criticar a la anterior gestión insistía en que "el dólar a 16 pesos es carísimo, es un precio de pánico".
Así clamaba en octubre previo a las elecciones Prat-Gay, por entonces uno de los dos voceros económicos de la Alianza Cambiemos, en referencia a la cotización en el mercado negro que llegó a escalar hasta ese índice promovido por jugadas políticas de la entonces oposición.
El ahora ministro aseguraba por esos días de batalla electoral que en un eventual gobierno de Macri, al levantar el cepo, no permitiría que se disparara a tales niveles al tiempo que desechaba las advertencias del oficialismo que alertaban sobre las consecuencias de un descontrol monetario.
Eso último era, según el economista, una operación kirchnerista para espantar a la sociedad con una megadevaluación que el macrismo, en ese momento, negaba.
El dólar cerró el lunes a 15,89 para la venta en el cierre, valor similar al que tenía en el mercado negro cuando Prat-Gay realizó esas declaraciones.
Este mediodía se vende al "precio de pánico" de 16 pesos, con la salvedad de que se trata del mercado oficial y no del ilegal. Así, la devaluación desde que se levantó el cepo hace apenas 70 días supera el 60 por ciento, acota Infonews.
Bolivia presentará propuesta para vender electricidad a Argentina
La Paz, 2 mar (PL) El ministro boliviano de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez, viaja hoy a Argentina para presentar una propuesta de comercialización de energía eléctrica, de acuerdo con fuentes oficiales.
Durante la reunión con el responsable de la cartera de Energía y Minería de ese país, Juan José Aranguren, Sánchez analizará los posibles volúmenes de exportación, plazos y probables precios de venta sobre la base de los costos de generación, transmisión y recuperación inversionista.
Asimismo, se prevé discutir las tasas de descuentos y otros elementos que conformarán el precio de venta de la energía, precisó aquí un comunicado de la Empresa Nacional de Electricidad (Ende).
El 10 de febrero, ambos ministros junto al presidente de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), Hugo Balboa, se reunieron en la ciudad boliviana de Santa Cruz e iniciaron negociaciones para la comercialización energética.
Estamos valorando la posibilidad de integrarnos energéticamente, de construir una línea que una Bolivia y Argentina, así como plantas termoeléctricas e hidroeléctricas, manifestó Sánchez en una rueda de prensa ofrecida en esa ocasión.
El 24 de febrero, el presidente de Ende, Eduardo Paz, explicó que Bolivia está en capacidad de exportar hasta 400 megavatios por hora (Mw/h) de energía eléctrica, de los cuales 160 Mw/h pueden ser entregados de inmediato al mercado argentino.
Añadió que el flujo energético se generaría en la Termoeléctrica del Sur, ubicada en la localidad fronteriza de Yacuiba, departamento de Tarija.
En la actualidad, la demanda interna boliviana de energía eléctrica es de mil 360 Mw/h, mientras que la oferta asciende a mil 940 Mw/h, lo que deja un excedente de casi 600 Mw/h, según datos de Ende.
El ministro de Planificación y Desarrollo, René Orellana, aseguró días atrás que, pese a la caída de los precios del petróleo, el gobierno continuará el plan inversionista para convertir a Bolivia en el corazón energético de Sudamérica.
En este sentido, puntualizó que la construcción de hidroeléctricas y el impulso a fuentes de energía renovables permitirá superar los 10 mil millones de megawatts para 2025, gran parte de los cuales podrán ser exportados.
19:24 › AMENAZAN CON CORTES, "EMULANDO EL RECLAMO SOJERO"
Los tamberos critican la "inacción" del Gobierno
Productores lecheros de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe se declararon en "asamblea permanente" y amenazaron con medidas de fuerza en "rutas, plazas, industrias, ministerios y sedes de los gobiernos" ante la "inexplicable inacción de las autoridades" para con ese sector, y criticaron la "brutal incidencia negativa de las últimas medidas económicas".
A través de un comunicado firmado por la Cámaras de productores lecheros de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, además de la Asociación Civil de Productores Lecheros, Ordeñadores y Tractoristas de la Cuenca Lechera Central (APLA), cuestionaron las políticas impulsadas por el gobierno de Cambiemos.
"Ante este dramático escenario, la inexplicable inacción de las autoridades y elaboradores, nos lleva a declararnos en estado de asamblea permanente y hacer conocer a todos que "no hay más tiempo", advirtieron.
"No hay más tiempo", alentaron los productores, al tiempo que reclamaron por "promesas que no cumplen los industriales ni los funcionarios", y advirtieron: "si no hay respuestas urgentes y se sigue permitiendo la destrucción lisa y llana del sector de la producción, saldremos a defendernos y a defender nuestra actividad donde sea necesario".
En este sentido, aseguraron que "emulando el reclamo de los sojeros de hace unos años" podrían impulsar medidas de fuerza "en las rutas, las plazas, las industrias, los ministerios, las sedes de los Gobiernos"
Los retrocesos políticos, económicos y sociales que vive nuestro país, y que en sólo tres meses se perfilan devastadores, son gravísimos, constantes y sobre todo peligrosísimos para la paz y la democracia. Que son los valores más importantes de esta República y que estuvieron bien garantizados desde la crisis de 2001-2003 hasta ahora.
Y es que ya empieza a haber víctimas de la represión policial abierta y sobre todo encubierta. No andan en Falcon o equivalentes, todavía, pero este fin de semana ya hubo un brutal y oscuro ataque de enmascarados en una villa porteña, y balaceras en locales kirchneristas de Mar del Plata y de Villa Crespo, éste con heridos graves; y en Santiago del Estero se reprimió bestialmente una movilización de miles de docentes. Todo eso, mientras el Sr. Urtubey dice que “a la Argentina le hará bien” el acuerdo con los fondos buitres, e inesperadamente el senador Abal Medina “aconseja” dar quorum en Diputados. Y como a la vez en Brasil se humilla al ex presidente Lula, que hizo un poco menos injusto a ese inmenso país, aquí ya es evidente que el Sr. Bonadio intentará lo mismo con Cristina Kirchner el próximo 14 de abril, para festín de buitres y violentos, “casualmente” el mismo día en que vence el arbitrario “plazo” impuesto por su colega el Sr. Griesa.
Es obvio que todo está coordinado y que estamos en peligro. Por lo que hace este gobierno y por lo que hacen algunos que hasta ayer nomás eran lameculos de CFK. Y también por el sórdido silencio macrista ante esto.
Se dirá que la política es así, pero estas cosas no son asuntos de política, sino de moral. Que es la condena que corresponde e incluso la más alta, como cabría a esos legisladores hoy oficialistas que durante años se juramentaron para no votarle absolutamente nada al anterior gobierno y practicaron todo tipo de trabas antidemocráticas, pero ahora no se les mueve un pelo y buscan corromper –porque el intercambio de dádivas a cambio de votos también es corrupción– a dirigentes opositores.
Infame modo de la política degradada, hay que decirlo, que consienten también en firme silencio los hasta hace poquito vociferantes intelectuales orgánicos del macrismo.
En una misma semana, la decisión de entregar a los fondos buitres miles de millones de dólares que no tenemos y que nos endeudarán por dos o tres generaciones, y a la vez nombrar a dos cortesanos macristas en la Corte Suprema de Justicia, sería algo así como un cáncer empezando a hacer metástasis en la todavía joven democracia argentina. No es exageración decir que se trata de un enorme retroceso de 33 años, contados desde aquel esperanzador 1983.
En estas tres décadas nuestro país vivió un paulatino, lento y contradictorio ascenso desde los cadalsos de la dictadura hasta la democratización de una sociedad que oscila siempre entre la maravilla y la estupidez, la credulidad y la rebeldía, la mansedumbre y el resentimiento, la soberbia y la furia, pero nunca logra centrarse en la armonía de la paz, el trabajo, la buena educación y los valores éticos como emblemas del orgullo de ser una nación.
Diego Maradona, con su simpleza elemental, acaba de sintetizar el presente en esta frase: “Por todo lo que pasa hoy en la Argentina no hay que echarle la culpa a uno; tenemos que echarnos la culpa a nosotros”. Pensamiento binario y simple, desde ya, que argumentativamente puede responderse con sólo enumerar la extraordinaria complejidad de la vida colectiva, que en una democracia incumbe a millones de personas de todas las ideas, pensamientos, creencias, razas, ignorancias y también necedades fenomenales. Así son las sociedades: complejas y múltiples. Así es eso que siempre se llamó “el pueblo” y ahora quienes gobiernan llaman “la gente”.
El FpV, el PJ, el kirchnerismo o como se quiera llamar a lo que fue gobierno entre 2003 y 2015, tiene ahora una responsabilidad enorme. Quizás como nunca. Está en manos de sus diputados y senadores poner freno a los nuevos Terminators que –estos sí– vienen por todo. Economistas ultraconservadores y burguesías racistas, empresarios voraces y sindicalistas traidores de clase, muchos de ellos son corruptos doble faz: o sea que corrompen, los unos, mientras los más coimean, como hicieron toda la vida, padres e hijos desde las juntas militares hasta acá. Son asiduos asistentes a los más intratables programas de la telebasura, complacientes servidores de los mentimedios e incluso columnistas de libretos preformateados en los que todos dicen lo mismo.
En patota autoritaria pero de cinco tenedores, buitres, cortesanos y Terminators dejan sin trabajo a miles de argentinos, cierran fábricas y abren importaciones y reciben seguras coimas, mientras atacan como buitritos locales el patrimonio colectivo, o sea, como ya se anuncia, Aerolíneas Argentinas, YPF, Conectar Igualdad y tanto más. Y todos alentados por medios mentirosos que se ocupan de mantener anestesiados a millones de ciudadanos. Ya lo estableció Chomsky hace años, como acá lo sabemos por lo menos desde Scalabrini Ortiz, Jauretche, Puiggrós, Galasso y muchos otros pensadores.
Desdichadamente para la democracia, los radicales se suicidaron y hoy juegan un patético rol de comparsas que ofende las memorias de Yrigoyen, Illia, Alfonsín y Luis “El Bicho” León. Y lamentablemente los socialistas también, ahora erráticos y perdidos en retóricas y oportunismos que insultan la memoria de Juan B. Justo, Alfredo Palacios y tantos dignos legisladores e intelectuales que también han de revolverse en sus tumbas.
Son entonces los diputados y senadores que hasta hace poquito eran K hasta la médula los que deberían salvar a esta Nación, y de una sola manera: votando NO frente a las dos perspectivas horrorosas que serían el triunfo de los buitres y una nueva corte de los milagros como en los 90.
Otras resistencias por ahora son difusas, no se visualizan bien. Salvo algunos medios e intelectuales contestatarios, y unos pocos políticos/as con sentido patriótico y los debidos atributos en las entrepiernas, los demás son ovejas de rebaño: urtubeyes, massas, bossios y pichetos, opositores de plástico garantes de la destrucción ya iniciada.
En tanto, en algún lugar del Sur, nuestro Chauncey Gardiner quizá llegue a jugar al golf con el Sr. Obama.
ECONOMIA › DESPIDOS Y SUSPENSIONES MASIVOS EN PLANTAS DEL NORTE BONAERENSE Y EL CORDON INDUSTRIAL DE ROSARIO
Achique de personal por falta de demanda
“Por ahora se ven los costos y no los beneficios de las medidas económicas”, resumió el gobernador de Santa Fe la situación que empieza a irradiarse en el escenario industrial: el recorte de personal como respuesta a la caída de demanda.
Por Javier Lewkowicz
El cordón industrial de la zona de Rosario y el norte de la provincia de Buenos Aires registra un deterioro de las condiciones laborales, con despidos, retiros voluntarios y suspensiones, lo que puso en estado de alerta a los gremios. Una de las situaciones más delicadas es la de la empresa química Ar Zinc, cuya planta de la localidad de Fray Luis Beltrán amenaza con cerrar dejando en la calle a 420 trabajadores. Las grandes siderúrgicas, Siderca y Acindar, despidieron a trabajadores de firmas contratistas controladas y aplicaron suspensiones, al tiempo que las metalúrgicas Vassalli y Bambi también echaron a contratados y prevén discontinuar la actividad. Además, se esperan despidos y suspensiones en las próximas semanas en las automotrices, especialmente en la planta de General Pacheco de Volkswagen (ver aparte), que afectará directamente a sus trabajadores y también a las firmas autopartistas. El deterioro de la rentabilidad de las firmas en los últimos años, el desplome del mercado brasileño, el tarifazo eléctrico y la apertura de importaciones, en un contexto de caída del consumo y en términos políticos más favorable para que el empresario haga su propio ajuste, son algunas de las causas que explican esta situación. Desde la UOM advierten que próximamente podrían organizar una movilización en defensa de la industria nacional.
“Por ahora sólo se ven los costos y no los beneficios de las medidas económicas tomadas por el gobierno de Macri. Hay muchas empresas que se están achicando en la provincia”, dijo el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz. En los últimos días hubo varias medidas de protesta, una de las más fuertes fue el paro de la CGT San Lorenzo, que cortó la ruta 11 en protesta por el cierre de Ar Zinc. La empresa tiene el monopolio del mercado local de zinc electrolítico, que también exporta, y produce además ácido sulfúrico. El argumento empresarial es que cuentan con un plantel obrero de mucha antigüedad y también tuvieron problemas con un horno que no fue reparado en mucho tiempo. Luego de que muchos empleados aceptaron la indemnización y los retiros voluntarios, fue cerrada la fábrica y 420 trabajadores quedaron en la calle. Ante esta situación, la intendenta de Fray Luis Beltrán, Liliana Canut, advirtió que no sólo el desempleo afectará la economía del municipio sino también la pérdida de 480 mil pesos mensuales de recaudación por Derecho de Registro e Inspección, que equivale a un cuarto de la masa salarial municipal. La propuesta del Gobierno es reconvertir la planta con un crédito para reparar o comprar un horno, ya sea en manos de sus actuales dueños o contratando al actual personal por medio de los Repro del Ministerio de Trabajo.
Avivadas
Ar Zinc es propiedad desde 2005 del gigante minero Glencore. La materia prima para la fabricación del zinc y del ácido sulfúrico es adquirida a Minera Aguilar, también del grupo Glencore. Con la eliminación de las retenciones mineras que aplicó el gobierno de Mauricio Macri, para la empresa es más atractivo exportar el metal en crudo que procesarlo en Rosario. “Tienen el terreno allanado. Pueden volver a poner la planta en funcionamiento con personal de menor antigüedad y beneficios sociales, o sea, con mano de obra más barata. El estado les da plata para hacer horno nuevo, tienen los Repro, sin retenciones y megadevaluación”, resumió a este diario Daniel Santillán, secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Fray Luis Beltrán.
“Estamos preocupados. En su discurso inaugural de las sesiones parlamentarias, Macri no hizo una sola referencia a la política industrial. Y esto no pasa en cualquier contexto. Estamos en condiciones de asegurar que en los últimos meses y especialmente desde la asunción de Macri se perdieron entre 20 y 30 mil puestos de trabajo en el sector metalúrgico entre despidos y retiros voluntarios impulsados por las empresas. Esto resiente el mercado interno y expande el efecto negativo a toda la economía porque esos trabajadores dejan de consumir”, dijo a Página/12 Abel Furlán, titular de la UOM Campana y diputado nacional (FpV).
Acindar es otra empresa donde la situación laboral es delicada. Aplicó una suspensión total de la planta por diez días y discontinuó trabajos al interior de la planta, lo que podría repercutir en más de 200 despidos de empleados de empresas contratistas. Una de los temas que aparecen en la agenda de la empresa oligopólica de acero es la disputa política con el Gobierno para participar de la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que el macrismo quiere resolver con importaciones de Brasil. Se espera que Acindar reduzca su plantilla en la fábrica de Navarro.
En Siderca, del Grupo Techint, se da una situación similar. La empresa despidió a unos 303 trabajadores de firmas contratistas (220 de la empresa Comau y 83 de Loginter) aunque por ahora rige la conciliación obligatoria en el caso de Loginter. Los trabajadores de la empresa cortaron días atrás el Puente Zárate-Brazo Largo. Siderca emplea a más de 5 mil personas entre planta permanente y tercerizados. La empresa redujo la producción a causa de la crisis global de la industria petrolera, pero además hay fuentes que aseguran que pretende dar una señal al Gobierno porque perdería el negocio de miles de toneladas de tubos sin costura para la construcción del gasoducto de Córdoba, cuyo Gobierno, con el visto bueno de Nación, pretende importar de China.
En el sector alimenticio, a pesar de la fuerte devaluación del peso y la eliminación de retenciones, también hubo despidos. La empresa Ricedal Alimentos, de la localidad de Chabás, despidió a 28 trabajadores. La conciliación obligatoria salió el martes pero la empresa no está permitiendo el ingreso de los trabajadores. “Es la tercera vez que provocan despidos masivos. En 2013 y 2014 hubo reincorporaciones. No sabemos qué van a hacer ahora”, dijo a este diario Leonel Zuliani, delegado de los trabajadores en la empresa.
Importaciones
Las importaciones empiezan a ocupar un papel importante en los problemas de empleo en la industria nacional. Junto a la caída del consumo interno, conforma un combo complicado para empresas de línea blanca como Bambi, en donde no renovaron contratos de temporada a 55 trabajadores, mientras que en Electrolux la empresa llegó por ahora a un acuerdo con el gremio para reubicar trabajadores de una línea de montaje que cerró, junto a unos cuantos retiros voluntarios. En la localidad de Firmat, la empresa Meyde, dedicada a la fabricación de accesorios para cosechadoras, anunció su cierre que afecta a 20 trabajadores, mientras que también cerró el frigorífico Frideco y la curtiembre Sadesa. Y desde hace meses la empresa Vasalli está en una situación incierta. Los problemas financieros en muchos casos datan de hace bastante, pero el contexto económico y político aceleró los planes de ajuste de parte del empresariado.
“Están viniendo de a montones cosas de afuera, planchas, licuadoras, batidoras, campanas de freno para autos, camiones, elásticos para amortiguadores, disco de freno, electrodomésticos chicos. Se paró el consumo y aumentó la energía. Esperemos que el Gobierno dé un giro porque muchas empresas, no sólo metalúrgicas y no sólo de Rosario, van a tener problemas”, explicó a este diario Antonio Donello, secretario general de la UOM-Rosario. Además del impacto sobre las pymes, también Techint mira de cerca el tema de las importaciones, porque su principal competidor en el mundo es China, que produce un 40 por ciento más barato.
Tarifazo
El tarifazo en la electricidad golpea a los trabajadores no sólo de manera directa por el aumento en las facturas sino a través de dos vías indirectas. La primera es la inflación, porque los servicios públicos más caros se transfieren a los precios finales. La segunda es el deterioro de las condiciones de trabajo en las empresas que no pueden soportar los aumentos de costos. Un ejemplo de esta situación sucede en el sector de fundiciones del cordón industrial rosarino. Las empresas venían mal pero agravaron su situación en los últimos cuatro meses. Por ahora no hay despidos, pero sí varios intentos de aplicar suspensiones por parte de las empresas Arrom y Fundiciones Martínez, una firma de 100 trabajadores en Granadero Baigorria desde donde se quejaron que la factura de luz les subió de 150 a 600 mil pesos. Las grandes empresas también se quejan por la quita de subsidios. Acindar, por ejemplo, consume una cantidad de energía eléctrica similar a la ciudad de Rosario y en el caso del gas, iguala el consumo de la ciudad de Paraná.
ECONOMIA › EN EL GOBIERNO ANTICIPAN MAS AJUSTES DE TARIFAS ANTES DEL INVIERNO
Un menú con aumentos que meten frío
Se anunciará un aumento en las tarifas de gas y una licitación para ampliar la generación eléctrica. Queda abierta la posibilidad de un nuevo ajuste en la tarifa de luz. Plan nuclear y represas continúan.
Por Fernando Krakowiak
Desde la cartera que conduce Juan José Aranguren confirmaron ayer a Página/12 que en breve anunciarán un aumento en las tarifas de gas y el llamado a licitación para sumar 1000 megas al sistema eléctrico, bajo la modalidad conocida hasta ahora como energía distribuida. También dejaron abierta la posibilidad de que haya un nuevo ajuste en la tarifa de luz antes de fin de año y ratificaron que seguirán adelante con el plan nuclear, pero que la construcción de la cuarta central atómica recién comenzará el año próximo. Otra de las novedades es que, luego de algunas dudas iniciales en torno al proyecto, la intención del gobierno es avanzar con la construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, aunque dijeron que están negociando cambios con las empresas y la provincia de Santa Cruz.
La agenda del Ministerio de Energía contempla autorizar un aumento en la tarifa del gas antes del invierno, pero todavía no dicen cuándo será. “La suba de la tarifa del gas es necesaria para que lleguen inversiones que permitan ampliar la oferta. Hoy importamos el 25 por ciento del gas que se necesita para generar electricidad”, remarcó una fuente oficial. Otro anuncio inminente es la licitación para sumar 1000 megas de potencia al sistema eléctrico. El objetivo oficial es incorporar en el corto plazo módulos medianos de generación eléctrica, de un mínimo de al menos 40 megas. El método de generación de energía distribuida es mucho más costoso que las centrales de ciclo combinado (que funcionan con gas o combustibles líquidos), pero ese tipo de obras, que igual se seguirán haciendo, demandan años de construcción y lo que se busca ahora es sumar electricidad en breve para reducir el nivel de cortes de luz durante el próximo verano.
En el Ministerio de Energía confirmaron además que están trabajando en la revisión trimestral estacional del precio de la electricidad en el mercado mayorista que se va a fijar para el período mayo-julio. “El costo de generación va a ser distinto del establecido en enero para febrero, marzo y abril porque, por un lado, el precio en el mercado internacional bajó, pero, por otro lado, la demanda de combustibles líquidos en el invierno es mayor”, se limitaron a decir en el gobierno, aunque se da por descontado que el valor de referencia, fijado actualmente en 770 pesos por Mwh, aumentará. Si esa suba no se compensa con un mayor subsidio, el ajuste podría derivar en un nuevo aumento para el usuario. Además, en agosto o más tardar septiembre se llevará adelante una Revisión Tarifaria Integral (RTI) del sector eléctrico que podría derivar en otro golpe al bolsillo. Hasta ahora lo que hizo el gobierno fue reducir parcialmente los subsidios y compensar eso con una fuerte suba de las tarifas eléctricas. En el Ministerio aseguran que ese tarifazo compensa los aportes que antes realizaba el Tesoro a través del Focede, pero agregan que será recién con la RTI que se definirá cuál debería ser el precio exacto que debería pagar el usuario para que las empresas puedan llevar adelante las inversiones que permitan mejorar el servicio. En Energía también informaron a este diario que hasta ahora son 2,8 millones de usuarios de luz en todo el país los beneficiarios de la tarifa social.
A su vez, en el gobierno confirmaron a Página/12 que el plan nuclear no se detendrá, pero la construcción de la cuarta central atómica recién comenzará el año próximo. “Lo más probable es que sea un reactor de tecnología Candú”, aseguraron. En Energía también aprovecharon para relativizar las declaraciones del subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, quien el jueves pasado aseguró ante trabajadores de la CNEA que se estaba evaluando desmantelar Atucha I, tal como reveló Página/12 el lunes. “Atucha I tiene que seguir funcionando. La necesitamos para que siga aportando energía”, dijeron cerca del ministro Juan José Aranguren, dejando en claro que al funcionario no le entusiasma para nada la idea de desmantelar ese reactor inaugurado en 1974 para destinarlo a fines de investigación.
Otro de los proyectos que aparentemente seguirá adelante es el de las represas Cepernic y Kirchner. El plan para aprovechar el potencial hidroeléctrico del río Santa Cruz fue elaborado en la década del 70 por la ex empresa estatal Agua y Energía, pero en ese momento la Patagonia estaba al margen del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y la iniciativa no prosperó. Recién se reactivó a mediados de la década pasada, cuando el gobierno de Néstor Kirchner avanzó con las obras para integrar el sistema eléctrico de las provincias del sur al resto del país. Luego de dos licitaciones fallidas, en 2012 se realizó una nueva convocatoria y el 21 de agosto de 2013 se le adjudicó la obra a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por la china Gezhouba, Electroingeniería e Hidrocuyo. A partir de entonces se comenzaron a negociar las condiciones del financiamiento con China y la puesta en marcha del proyecto se demoró. Apenas asumió, el presidente Mauricio Macri dejó trascender que evaluaba la paralización de la obra, pero ayer en Energía aseguraron a este diario que el objetivo es seguir adelante, aunque con cambios. “El río Santa Cruz es un recurso genuino que puede aportar el 4 por ciento de la energía que se consume en el país. Estamos analizando los contratos que se firmaron tanto con el gobierno provincial como con la UTE para adecuar esos contratos al marco regulatorio y avanzar además con un análisis del impacto ambiental”, remarcó una fuente oficial.
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Por Luis Bruschtein
First 
Buenos Aires, 1 mar (PL) Mientras el presidente Mauricio Macri culpaba hoy en el Congreso al anterior gobierno de los problemas actuales, el dólar superó el récord de 16 por uno ante el depreciado peso argentino por su ajuste económico y devaluación.
