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Por Gastón Fiorda*
 Buenos Aires, 21 mar (PL) El gobierno de Mauricio Macri se encamina a claudicar ante el pedido de los fondos buitre y contraer una deuda superior a los 12 mil millones de dólares.
La Cámara de Diputados aprobó por mayoría de 165 votos a favor y 85 en contra el acuerdo que condiciona al Ejecutivo nacional a emitir bonos a cinco, 10 y 30 años, para acatar la sentencia del juez estadounidense Thomas Griesa, quien condenó al país a pagar en efectivo a Paul Singer y otros bonistas.
En defensa de la iniciativa, que deroga dos legislaciones nacionales como la Ley Cerrojo y la de Pago Soberano, el oficialismo contó con el acompañamiento de varios bloques opositores, entre ellos el Frente Renovador y el Bloque Justicialista.
Incluso votaron a favor del endeudamiento algunos diputados del Frente para la Victoria, contradiciendo la postura general del bloque que se mostró por la negativa al igual que los legisladores del Frente de Izquierda (trotskista).
La iniciativa se discute ahora en la Cámara Alta, donde el oficialismo está lejos de tener mayoría. Sin embargo, el debate en comisión del proyecto muestra que el gobierno de Macri tendría los votos suficientes para sancionar esta ley el 30 de marzo, fecha dispuesta para el tratamiento en el pleno del recinto.
La posibilidad quedó en evidencia ante el pedido de los gobernadores para que se facilitara esta herramienta financiera que podría viabilizar el inicio de varias obras públicas demoradas para sus distritos y la alternativa de salir a tomar créditos a tasas bajas; algo que ni el propio gobierno puede asegurar.
El presidente Mauricio Macri hizo del pago a los fondos buitre su único salvoconducto para sacar al país de la crisis económica que atraviesa. En sólo 100 días de gestión, el Gobierno devaluó un 60 por ciento la moneda nacional, con una inflación estimada del 40 por ciento anual.
En el campo laboral, más de 100 mil trabajadores fueron despedidos, tanto en el sector público como en el privado. Se produjo una pérdida profunda del poder adquisitivo de los salarios, ajuste en las tarifas de los servicios de casi el 500 por ciento y un retraimiento en el mercado interno y el consumo.
Las centrales obreras manifestaron sus preocupaciones y organizan una movilización al Congreso para el mes de abril en reclamo de medidas que apunten a bajar la inflación, protejan el empleo y mejoren los salarios.
Hasta el momento, ninguno de estos temas fue prioritario en la agenda gubernamental de Macri, quien a raíz de sus urgencias dispuso pagarle al capital financiero una deuda usurera que concede a los Buitres márgenes de ganancias superiores al 1500 por ciento.
La única barrera que puede evitar que la historia se repita, con un nuevo saqueo a las clases populares, es el pueblo movilizado que se organiza en los espacios públicos y frente a los aristocráticos edificios estatales.
*El autor es periodista argentino, colaborador de Prensa Latina |
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