Advertimos q Macri trabajaría para la burguesía y así lo está haciendo .. - LA CUBA DEL GRAN PAPIYO

Mauricio Macri cumplió con los suyos, no caben dudas de que es un hombre de palabra, les pagó de entrada.

Advertimos que iba a gobernar para las corporaciones y así lo está haciendo. En su primera aparición pública, entre los maizales, anunció la baja y/o el fin de las retenciones, cumpliendo con las patronales agropecuarias. Al día siguiente, frente a la UIA proclamó la devaluación, favoreciendo a todos los grandes exportadores. Después pactó con Ricardo Lorenzetti los nombramientos en la Corte y finalmente le prometió a los grandes medios concentrados, en Adepa, terminar con la ley de medios. Mucho para una semana, ¿no?

Todo en un combo que no para y que requiere, como en la década menemista, de decretos de necesidad y urgencia para evitar al Parlamento. Claro, el riojano contaba con mayoría automática en la Corte lo que le permitió el desguace del Estado, ahora vamos en camino a la Corte.

Pero las circunstancias son otras. Acá no existe un estado ausente, devorado por años de destrucción sistemática y una población atemorizada por la hiperinflación como en el 89. Aquí hay una sociedad movilizada, dispuesta a defender sus derechos y una responsabilidad institucional de los legisladores del FpV de hacer valer las mayorías para evitar los atropellos.

Lo de la Corte es un escándalo que no puede resistir el menor análisis. A todas luces es ilegal y por lo tanto, inconstitucional. Pero ahora van por la ley de medios con una técnica más oscura, no menos frontal, pero dispuestos a atropellar de manera prepotente y autoritaria, para volver a pegarnos a la telaraña del poder judicial, siempre dispuesto a retenerte en sus redes.

La intervención es ilegal, la ley no la prevé al igual que los golpes de estado, sin embargo Macri muestra su desprecio por el estado de derecho avanzando sobre la institucionalidad.

A esta brutalidad institucional, por su violencia y su ilegalidad, se le va a sumar un DNU que modifique la estructura de los dos organismos de control, tanto de los medios de comunicación social como de los servicios telefónicos. Con la excusa de esa reforma se van a cargar los actuales organismos, habilitando (como lo hizo la ley de reforma del Estado del 89) la concentración de los grandes grupos con funcionarios dispuestos a pagar favores.

También por el mismo mecanismo ilegal del DNU, ya que no hay urgencia ni necesidad de obviar al Congreso, salvo las necesidades propias de la voracidad de los grupos, pretenden modificar dos artículos: el 41 y el 45. Se trata ni más ni menos que de poder comprar y vender medios como si se tratara de tornillos, con el agravante que al modificar el 45 pretenderán excluir el cable de toda regulación, aduciendo que no ocupa espectro. Claro, omiten decir que el 85 por ciento del consumo televisivo pasa a través de los cables (incluso la televisión abierta), por lo que dejarían de regular la propiedad más importante de la concentración.

En la década infame de los 90 también los cambios eran por DNU en favor de la desregulación y la concentración, por lo que la metodología no es nueva.

No estamos defendiendo un gobierno (del que además me siento orgulloso) o una gestión. Estamos defendiendo una ley, que llevó 26 años de lucha, que fue precedida por 70 proyectos, que se basa en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que sólo puede ser modificada por otra ley. La propia Corte señaló que los monopolios pueden atentar contra la libre circulación de las ideas, aunque siempre hay algún juez dispuesto a cambiar su opinión.

Creemos en las instituciones democráticas, creemos en el estado de derecho y creemos en la democratización de la palabra. Parece que otros ya no.

* Referente MNA-Forja.

ECONOMIA › LA ELIMINACION DEL PISO Y EL TECHO A LAS TASAS PERJUDICO A LOS AHORRISTAS

Una jugada a medida de los bancos

La suba de tasas que convalidó el Banco Central en las licitaciones de Lebacs no se trasladó en igual medida a los plazos fijos porque la entidad monetaria decidió desmontar las regulaciones destinadas a proteger a los pequeños inversores.

La reciente eliminación de las restricciones cambiarias fue acompañada por una fuerte suba de la tasa de interés. El Banco Central convalidó el 15 de diciembre una tasa anual de 38 por ciento para letras a 35 días, lo que representó un aumento de cerca de 9 puntos porcentuales respecto de las colocaciones anteriores. Las Lebacs son una referencia para los depósitos de las entidades financieras. Por lo tanto, se esperaba un incremento similar de los rendimientos de los plazos fijos para tentar a los ahorristas y evitar que se pasen al dólar. Sin embargo, la mejora que ofrecieron la mayoría de los bancos para depósitos a 30 días fue sólo de 3 o 4 puntos porcentuales. Eso fue posible por la decisión oficial de desmontar la regulación que vinculaba la tasa de interés para pequeños ahorristas a la evolución de las Lebacs. De este modo, la suba en el interés de las letras que convalidó la nueva conducción del Central terminó beneficiando fundamentalmente a los bancos.

Luego de que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, anunció el desmantelamiento de los controles cambiarios, el Banco Central aprobó un amplio paquete de medidas que incluyó no sólo el fin del “cepo”, sino también la eliminación del esquema de tasas de interés mínimas y máximas, algo que pasó relativamente desapercibido frente a la devaluación.

El 7 de octubre de 2014, el entonces titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, publicó la comunicación A 5640 para estimular el ahorro en pesos y brindarle mayor protección al pequeño ahorrista. Esa norma estableció que la tasa de interés de los plazos fijos menores a 350 mil pesos debía ser una proporción de las tasas de la Lebac. Para los depósitos de 30 a 44 días se debía garantizar un piso equivalente al 87 por ciento de la tasa de las Lebacs, para los depósitos de 45 a 59 días el porcentaje se elevaba al 89 y para 60 días o más llegaba al 93 por ciento. Con ese esquema de tasas mínimas vigente, luego de haber convalidado una tasa anual de 38 por ciento para las Lebacs los bancos deberían haber ofrecido al menos 33 por ciento de tasa anual para los depósitos a 30 días de pequeños ahorristas, pero eso no ocurrió. La tasa minorista en muchos bancos incluso está por debajo de la que se debería haber fijado

En los días posteriores a la licitación de Lebacs del 15 de diciembre, los bancos demoraron el ajuste de tasas para los pequeños ahorristas y cuando lo hicieron en varias entidades el interés para depósitos a 30 días trepó de 26 a 29 por ciento. Eso significa que algunas entidades financieras captan depósitos a esa tasa por una ventanilla y por la otra le prestan al Estado al 38 por ciento, logrando una ganancia de nueve puntos o más sin asumir ningún riesgo. La tasa de las Lebacs se redujo dos puntos la semana pasada, pero el esquema sigue siendo el mismo. A su vez, si en lugar de comprar Lebacs, los bancos le prestan ese dinero a sus clientes bajo la modalidad de crédito personal la ganancia es todavía mayor ya que en las últimas semanas esa tasa trepó al 50 por ciento.

Para los créditos existía un techo a la tasa, pero la nueva conducción del Banco Central, encabezada por Federico Sturzenegger, también lo eliminó. El 10 de junio del año pasado, el entonces presidente del Central, Juan Carlos Fábrega, dispuso una serie de resoluciones para abaratar el costo de los créditos. La Comunicación A 5590 estableció que la tasa de los créditos prendarios y personales tendría un techo de entre 1,25 y 2 veces el rendimiento que pagan las Lebac a 90 días, tope que variaba según el tipo de banco y el tipo de préstamo. Para los 31 bancos más grandes del sistema –los que poseen más del 1 por ciento del total de los depósitos– el techo de tasas era de 1,25 con relación al rendimiento de las Lebacs por sus préstamos prendarios y 1,45 para sus préstamos personales, mientras que para el resto de las entidades –que enfrentan mayores riesgos crediticios y costos de fondeo más altos– esa proporción se elevaba a 1,40 para prestamos prendarios y 1,8 para los personales. A su vez, para que los bancos no intenten compensar la disminución de la ganancia que les causaba el techo de tasas con aumentos a cargos y comisiones, el Central complementó el tope con la Comunicación A 5591, que obligó a las entidades a solicitar por nota la autorización del ente regulador para aumentar esos costos. Ahora, en cambio, el Banco Central estableció que las tasas de interés se deben concertar “libremente” entre las entidades financieras y sus clientes, situación que en los hechos derivó en una mayor ganancia para los bancos al elevar la brecha entre el interés que pagan por los depósitos y el que cobran por los préstamos.

El BCRA estableció que las tasas se deben concertar “libremente” entre los bancos y sus clientes.

ONOMIA › MACRI DESIGNO COMO FUNCIONARIOS A DECENAS DE EJECUTIVOS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL PAIS

El país atendido por sus propios dueños

En apenas veinte días, desembarcaron en ministerios y secretarías ex gerentes de Shell, Techint, General Motors, HSBC, Telecom, Grupo Clarín, LAN, Banco Galicia, Pan American Energy, JP Morgan, Citibank, Telefónica, Coca-Cola, Deutsche Bank, Farmacity y Axion, entre otras empresas.

Por Fernando Krakowiak

En apenas veinte días, decenas de ejecutivos de las principales empresas del país desembarcaron en los ministerios y secretarías del Estado nacional, pero ya no para llevar adelante sus actividades habituales de lobby sino para hacerse cargo de la gestión pública. El presidente Mauricio Macri designó como integrantes de su gobierno a ex gerentes de Shell, Techint, General Motors, HSBC, Telecom, Grupo Clarín, LAN, Banco Galicia, Pan American Energy, JP Morgan, Citibank, Telefónica, Coca-Cola, Deutsche Bank, Farmacity y Axion, entre otras empresas. Algunos de los flamantes funcionarios trabajaron en esas multinacionales hasta hace pocos días y otros consolidaron su carrera profesional allí y luego pasaron a desempeñarse en otras organizaciones, de donde ahora fueron reclutados por “cazadores de talentos”, como Egon Zehnder y Stigol & Moore. La mayoría no tiene experiencia en la administración pública, pero se sintieron interpelados por un gobierno que se presenta como amigo de los mercados y reivindica la supuesta eficiencia del sector privado como modelo a seguir. Página/12 detalla quienes son los principales ejecutivos que decidieron pasar del otro lado del mostrador. La lista es apenas una muestra de lo que viene porque el libro de pases sigue abierto.

n Jefatura de Gabinete. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, designó como secretario de Coordinación de Políticas Públicas a Gustavo Lopetegui, CEO de la Aerolínea chilena Lan desde 2009 y fundador de la desaparecida cadena de supermercados Eki. También se sumó Mario Quintana como secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete. Este abogado dirigió hasta su asunción el Grupo Pegasus, controlante de Farmacity, Freddo y Tortugas Open Mall, entre otras firmas. Quintana llevó como subsecretaria de Evaluación de Proyectos con Financiamiento Externo a Natalia Zang, ex directora de Finanzas de Farmacity, quien también fue vicepresidenta de Pegasus, CEO de Jazmín Chebar, CEO de Grupo Monarca y directora de la minera Austral Gold. Como subsecretario de Relaciones Institucionales de la secretaría de Asuntos Estratégicos asumió Matías García Oliver, ex director de Asuntos Públicos de Directv. Otro que se ubicó en la jefatura de Gabinete fue Rosendo Grobocopatel, hijo de Gustavo Grobocopatel, presidente de Los Grobo, quien es uno de los flamantes asesores de Marcos Peña.

n Ministerio de Energía y Minería. El ministerio está encabezado por Juan José Aranguren, quien dejó su cargo de presidente de Shell el pasado 30 de junio luego de haberse desempeñado 37 años en la petrolera angloholandesa. Además, a su equipo se sumaron otros ejecutivos que venían desempeñándose en las petroleras a las cuales ahora deberán regular. El secretario de Recursos Hidrocarburíferos es José Luis Sureda, quien desde 1999 se desempeñó como vicepresidente de Ventas de Gas Natural de Pan American Energy (PAE), la firma que controlan los hermanos Carlos y Alejandro Bulgheroni en sociedad con los chinos de Cnooc. Como secretario de Planeamiento Estratégico asumió Daniel Redondo, un ingeniero químico que desarrolló gran parte de su carrera profesional en Exxon Mobil, en las filiales de Argentina y El Salvador, donde llegó a ser CEO y presidente de la subsidiaria Esso Standard, y en cargos regionales con responsabilidad sobre América latina y el Caribe. También se sumó Sebastián Kind como subsecretario de Energías Renovables, un ingeniero mecánico que trabajó como especialista en energía eólica en British Petroleum, fue jefe de Energías Alternativas de PAE y presidente de la firma ítalo-argentina Aires Renewables SA. A su vez, al frente de la Subsecretaría de Refinación y Comercialización está Pablo Popik, un ingeniero químico recibido en el ITBA que trabajó un año en Repsol-YPF entre 1998 y 1999 y luego pasó a Exxon donde desempeñó diversos cargos en Argentina, Sudamérica e incluso Estados Unidos hasta septiembre de 2012. Los últimos tres años estuvo en la petrolera Axion. La petrolera estatal Enarsa, creada por Néstor Kirchner, está conducida ahora por Hugo Balboa, quien hasta el mes pasado era director del proyecto de expansión de Axion y antes ocupó diversos cargos gerenciales en Shell, Pecom Energía y Sociedad Comercial del Plata.

En los entes reguladores del sector energético, también desembarcaron gerentes del sector privado. Macri eligió como presidente de Enargas a David José Tezanos, presidente de Metrogas y director de Gas de YPF, un técnico eléctrico, que anteriormente trabajó en Wintershall Energía, Total Austral y TGS. En la presidencia del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) estará Juan Garade, un contador público socio en Management Consultants, quien antes de sumarse a esa consultora trabajó casi once años como director de Planificación, Control y Regulación de Edesur (marzo 2001-mayo 2012) y antes de eso fue gerente de Planificación Económica de Edenor (octubre 1992-marzo 1998). A su vez, como director del ENRE irá Ricardo Sericano, quien trabajó en cargos gerenciales de Edenor desde septiembre de 1992 hasta agosto de 2010 para luego sumarse a la consultora RHS.

n Petrolera YPF. La petrolera YPF renovó su directorio y una de las principales incorporaciones fue la de Miguel Ángel Gutiérrez. Este ejecutivo se desempeñó entre 1980 y 2001 en el banco estadounidense JP Morgan donde llegó a ser director general de Mercados Emergentes Globales. Fue CEO de Telefónica de Argentina entre noviembre de 2001 y junio de 2003, fecha en la que pasó a desempeñarse como Consejero Delegado de Telefónica Internacional. De marzo 2005 a Noviembre 2011 fue Consejero y miembro del Comité de Auditoría de Telefónica Sao Paulo (Telesp). En la actualidad es miembro del Consejo Asesor de Telefónica para Latinoamérica, y Consejero y Presidente del Comité de Auditoría y Control de la española Abertis Infraestructuras, entre otras empresas. También es socio fundador de The Rohatyn Group, un fondo de inversión para mercados emergentes creado en Estados Unidos en 2003. Otro de los directores que se incorporó a YPF es Carlos Felices, quien ya había trabajado en la compañía como CEO financiero entre 1994 y 2002, cuando la empresa estaba controlada por la española Repsol. Entre julio de 2002 y abril de 2008 trabajó en Telecom Argentina donde llegó a ser presidente y CEO. Una vez que abandonó la firma controlada por los italianos fue vice chairman de Centro de Estudios Financieros hasta mayo de 2012, mientras que los últimos años se desempeñó como gerente general de President Energy (ex President Petroleum), una firma británica dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas en Sudamérica.

n Ministerio de Hacienda y Finanzas. Si bien hace más de diez años que se dedica a la política, el nuevo ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, hizo sus primeras armas en el sistema financiero como director del banco estadounidense JP Morgan, donde trabajó con Luis Caputo, a quien ahora designó secretario de Finanzas. Caputo trabajó en JP Morgan entre 1994 y 1997 y luego se incorporó a Deutsche Bank, donde estuvo hasta abril de 2008, llegando a ser presidente del banco en la Argentina. En los últimos años se venía desempeñando como presidente del fondo de inversión Axis. Al frente de la Comisión Nacional de Valores, una entidad autárquica dependiente del Ministerio de Finanzas, Prat Gay designó a Marcos Ayerra, otro hombre del mercado financiero. Si bien en los últimos años trabajó como director de Desa- rrollo Corporativo del grupo Biosidus, una firma argentina que produce biofármacos, el antecedente clave que lo catapultó al organismo regulador del mercado de capitales fue haber sido vicepresidente del Departamento de finanzas corporativas para América Latina de Chase Securities, un banco de inversión controlado por JP Morgan. Ayerra trabajó once años en el Chase, entre 1987 y 1998. Otra de las incorporaciones clave de la CNV es la de Rocío Balestra, una abogada que trabajó 14 años y medio en Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, un estudio que asesora a grandes compañías financieras locales e internacionales. Balestra también se de- sempeñó como abogada internacional del estudio neoyorquino Shearman and Sterling, que ahora podría ser contratado por Argentina para negociar con los buitres.

n Banco Central. Es otro de los organismos que reclutó varios ejecutivos del sector privado. Demian Reidel es uno de los nuevos directores de la entidad. Es un físico recibido en el Instituto Balseiro, con un master en matemática financiera en la Universidad de Chicago y un doctorado en Economía en Harvard. Comenzó su carrera profesional en el sector financiero en septiembre de 1998 en el área de investigación sobre mercados emergentes en JP Morgan. En marzo de 2001 pasó a Goldman Sachs, donde estuvo a cargo del área de estrategia de deuda externa en mercados emergentes. Fue cofundador de QFR, compañía de manejo de activos financieros basada en Nueva York, donde se desempeñó entre abril de 2007 y septiembre de 2012. Otro de los nuevos directores es Horacio Tomás Liendo (nieto), un abogado que inició su carrera en el estudio Marval, O’Farrell & Mairal, dedicado a defender a grandes empresas. Desde julio de 2007 trabajaba como responsable del departamento legal del banco Industrial and Commercial Bank of China. Como gerente general del Central asumió Mario Flores Vidal, quien se desempeñó como director para Sudamérica y como Head de M&A para América Latina en la agencia Thomson Reuters. El último de los refuerzos provenientes del sector privado fue Agustín Collazo, flamante subgerente de operaciones del banco, un licenciado en Economía egresado de la Universidad Torcuato Di Tella, con un MBA en la Universidad de Chicago, que se venía desempeñando como director gerente en la administración de derivados de índices accionarios internacionales de Morgan Stanley, New York.

n Banco Nación. El nuevo presidente de la entidad, Carlos Melconian, decidió convocar a varios profesionales del sector financiero. Uno de los ejecutivos más conocidos que se sumó al directorio es Luis Ribaya, quien venía desempeñándose como director del Banco Galicia y presidente del Mercado Abierto Electrónico. En las empresas vinculadas al grupo también sobresalen los hombres de la city. Al frente de Nación Servicios quedó Alejandro Nigro, un ejecutivo que comenzó su carrera en el Citibank, luego fue gerente general del HSBC y después se dedicó al asesoramiento de banca de inversión. Como director en la misma firma se incorporó Alejandro Cavallero, quien fue vicepresidente de Citibank entre 1987 y 2000 y gerente de canales alternativos del HSBC entre 2000 y 2002. En los últimos seis años trabajó como CEO de la firma Guía Local LLC. El presidente de Nación Seguros es Juan Horacio Sarquis, un economista recibido en la UCA que hizo toda su carrera en el Banco Galicia, donde desde 2009 se venía desempeñando como gerente de Banca Minorista. El Banco Nación también incorporó a Jorge Lawson, quien, si bien se venía desempeñando como ministro de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico de Córdoba, es un reconocido lobbysta del Grupo Arcor.

n Ministerio de Transporte. El ministro Guillermo Dietrich, hijo del dueño de una importante concesionaria de autos del mismo nombre, también incorporó a varios ejecutivos del sector privado. En Aerolíneas Argentinas asumirá Isela Constantini, ex CEO de General Motors. A su vez, el PRO contrató a Egon Zehnder, la multinacional “cazadora de talentos” dirigida en el país por Marcelo “Grillo” Grimoldi, para seleccionar otros cuadros gerenciales de la firma. En Intercargo, la empresa estatal que presta servicios en tierra a las aerolíneas, pusieron a Mario Agustín Dell’Acqua, ex director de Proyectos de Techint. A su vez, Marcelo Orfila, gerente general de Grupo Monarca entre 2011 y 2014, director de Aeropuertos Argentina 2000 entre 2000 y 2007 y gerente general de Alpargatas entre 1994 y 1997, asumió al frente de Operadora Ferroviaria, la sociedad estatal que gestiona los trenes urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires, los servicios regionales y de larga distancia. Orfila puso como vicepresidente a Diego Kyburg, quien durante los últimos dos años fue gerente de operaciones de Biomac y antes de desempeñó en Logyt Sudamericana, L’Oreal, Home Depot, Alpargatas y Casa Tía. A cargo de la sociedad Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) quedó Guillermo Fiad, un ingeniero de Fundación G-25, con pasado en Duke Energy, Shell, Metrogas y BankBoston.

n Otros organismos. La canciller Susana Malcorra viene de trabajar como jefa de Gabinete de la Organización para las Naciones Unidas, pero tiene una larga trayectoria en el sector corporativo como gerente de IBM y Telecom. El caso de Francisco Cabrera es similar, no es una flamante incorporación del sector privado porque se venía desempeñando como ministro de Desa- rrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, pero el nuevo ministro de Producción transitó la mayor parte de su vida profesional en el Grupo HSBC. Además, trabajó en Hewlett-Packard, en Máxima AFJP y en el diario La Nación. Como secretario de Coordinación del Ministerio de Desarrollo Social, virtual viceministro del área que conduce Carolina Stanley, asumió Gabriel Castelli, un economista ex director de Loma Negra, HSBC y Farmacity, que también fue director nacional de Caritas. La secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo quedó a cargo de Miguel Angel Punte, ex jefe de Recursos Humanos de Techint. En el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses que administra los recursos previsionales, Macri puso a Luis María Blaquier, un economista egresado de la UCA que trabajó 13 años como director Ejecutivo de Goldman Sachs. También fue director de Transportadora Gas del Sur, Arcor, Ledesma, empresa propiedad de su tío Carlos Blaquier, y Grupo Clarín, donde se venía desempeñando cuando lo convocaron. Al frente de la Dirección Nacional de Relaciones Institucionales del flamante Ministerio de Modernización quedó Guillermo Baistrocchi, ex vicepresidente de Relaciones Institucionales de PAE, quien también trabajó en AES, Correo Argentino y Socma.

En el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales designaron a Alejandro Cacetta, quien entre 2001 y 2006 fue gerente de negocios y finanzas de la división cine y publicidad de la productora Pol-ka y desde 2009 ocupa el mismo cargo en Patagonik Film Group, cuyos accionistas son Disney, Artear (Grupo Clarín) y Cinecolor. Como Director Nacional de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Vivienda y Hábitat asumirá Guillermo Casanova, ex director de Asuntos Corporativos y Legales de Coca-Cola-Femsa. También postularon a María Eugenia Talerico como vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF). Talerico fue integrante el estudio Fernández Alonso y Becar Varela & Richards entre 2006 y 2012. Desde entonces trabaja como profesional independiente en temas de lavado y fue la encargada de defender al banco HSBC justamente ante la UIF, organismo que combate el lavado de activos.

El listado de ejecutivos se replica aguas abajo porque la mayoría comenzó a traer gente de su confianza, también proveniente del sector privado. Además, todavía resta completar puestos clave en varios organismos como, por ejemplo, el flamante Ente Nacional de Comunicaciones anunciado el miércoles. El desembarco de gerentes en semejante magnitud es un fenómeno novedoso, al menos desde la vuelta de la democracia, y de impacto incierto en términos de gestión. Habrá que dejar pasar un tiempo para ver qué resulta de este nuevo Estado atendido, ya sin intermediarios, por las principales empresas del país.

fkrakowiak@pagina12.com.ar

Héctor Recalde coindició, en este sentido, con el exministro de Economía Axel Kicillof, quien explicó a Página/12 los motivos por los cuales el actual Gobierno es responsable de que los dólares vendidos hayan sido a un precio menor que el que luego tuvieron. "La operatoria utilizada -dijo Kicillof-, además de ser legal y común para los principales bancos centrales del mundo, no hubiese generado ningún costo para el Banco Central si Macri no hubiese devaluado el peso apenas asumió. “La colocación estaba acorde con un ajuste del dólar de entre 20 y 30 por ciento como preveía el Presupuesto”.

En este sentido, para Recalde, "el perjuicio en la venta de dólares a futuro del Central lo produjo la devaluación de Macri", con lo cual "es absurdo imputar a CFK". Claudio "Bonadio debería citar a Macri y a Prat Gay, que fueron los que devaluaron”, puntualizó durante una entrevista con Radio Cooperativa.

Además, el jefe de los diputados del Frente para la Victoria consideró que la medida tomada por el juez Bonadío apunta a "provocar que (en el kirchnerismo) nos desbordemos" y no asistan al Congreso el próximo martes, cuando el presidente Mauricio Macri inaugure el período de sesiones ordinarias. "No estamos afiliados al sindicato de giles, no vamos a caer en esa. El martes primero de marzo voy a ir a la Asamblea con el mejor traje y hasta engominado”, aseguró.

En el mismo sentido, agregó: “Nos están agrediendo, hay medios que producen información para cortar con la real información. Hay que hablar de qué está pasando con los precios, con los despidos, con las consecuencias del ajuste. El desempleo subió de 5,9 cuando se fue Cristina, hasta 7 puntos al día de hoy. En la era kirchnerista, los trabajadores recuperaron 20 por ciento del poder adquisitivo salario, y hoy se está gobernando para los más ricos”.

Claro como el agua

Por Roberto Adaro *

Mediante el Decreto 349/2016, el presidente Mauricio Macri eliminó las retenciones a las exportaciones mineras, que representaban para el Estado algo más de US$ 200 millones. Desde diciembre de 2007 se aplicaba un porcentaje de retención a las ventas externas del sector a través de una disposición de Aduana, que extendía el marco general de retenciones implementadas desde 2002, en virtud de las ganancias extraordinarias que obtenían las mineras por el elevado precio de los metales.

El gobierno nacional justifica la nueva medida a partir de considerar que las retenciones han desincentivado inversiones; pretende una comparación tributaria con Chile, Perú, Colombia y Brasil; se justifica en la pérdida de competitividad de las pymes, y en la potencial pérdida depuestos de trabajo. Afirma también “que la incidencia negativa de los derechos de exportación sobre las operaciones mineras en marcha excede considerablemente los beneficios que se generan para el erario”. Luego alude al federalismo, a la reactivación de la economía y a la prosperidad del país.

Nuestra historia económica ha comprobado que reducir tributos no redunda en mayores inversiones y más puestos de trabajo, sino en mayores ganancias en manos privadas; más aún tratándose de empresas trasnacionales. Si bien las Pymes mineras son mayoría en el sector, su participación es menor en el valor bruto de la producción y menos aún en las exportaciones. Si los derechos de exportación percibidos por el Estado Nacional ocasionaban un “problema federal”, quizás la alternativa era coparticiparlos, tal como en su momento se hizo con el Fondo Federal de la Soja. No se brindan argumentos que puedan contrastar la “incidencia negativa” de las retenciones, versus los perjuicios directos para el Estado de una menor recaudación, en un contexto en el que el propio gobierno justifica despidos y políticas de ajuste en base a un supuesto déficit fiscal exagerado.

Se refuerza la matriz impositiva regresiva –dejando más en manos de quienes ya tienen mucho– y se desfinancia el Estado a cambio de promesas y expectativas de inversión: el gobierno concede estos beneficios sin asegurarse a cambio nada de lo que promete, ya sean inversiones, aumento de producción o más puestos de trabajo.

Al respecto, Barrick Gold en su informe anual de resultados y proyecciones para 2016, menciona una reducción de sus costos por onza de oro de US$ 946 en 2015, a US$ 900/830 para 2016, con precios que superan los US$ 1200 por onza. La empresa destaca que la devaluación del peso influye en la baja de sus costos, y asimismo, espera beneficiarse del levantamiento de las restricciones a la importación. Nada dice de nuevas inversiones.

El marco legal e institucional que sustenta la actividad minera fue “perfeccionado” en los años noventa, de igual modo que durante esa década se perfeccionaron las políticas económicas, sociales y culturales de corte neoliberal, iniciadas por la dictadura. Con la liberación y el fomento por parte del estado, del acceso a los capitales trasnacionales en un sector estratégico como la minería, se complementaba el llamado enfoque monetario de la balanza de pagos (EMBP). Se promueve que los déficits del sector externo podían solucionarse por vía de la cuenta de capitales; o sea endeudándonos cuando importábamos más de lo que exportábamos. Así creció nuestra deuda externa. Cuando esto no fue suficiente, se malvendieron las empresas públicas por vía de las privatizaciones. Como tampoco alcanzó, se ofreció al capital trasnacional lo poco que quedaba: nuestros recursos naturales, y los minerales con ellos.

Uno de los principales impulsores de la reformas en la regulación minera durante el gobierno de Menem y funcionario de aquel fue Daniel Meilán, actual secretario de Minería del gobierno de Macri.

El EMBP desembocó en la crisis del 2001, y sus consecuencias económicas, políticas y sociales. La eliminación de las retenciones a la minería se enmarca en un conjunto de medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri que dificultan la producción industrial nacional, recortan barreras a la importación, desfinancian al Estado, y promueven el endeudamiento como alternativa de financiamiento. Una especie de déjà vu menemista, que esperemos, tenga un devenir distinto de aquel.

* Centro de Estudios en Políticas de Estado y Sociedad Centro de Investigaciones Geográficas - Unicen.

¿Es el árbol o el bosque?

Por Laura Alvarez Huwiler *

Con la cordillera nevada detrás y frente a varios gobernadores de provincias “mineras”, entre los cuales se encontraban tanto kirchneristas como de Cambiemos, hace tres semanas el actual presidente Macri anunció una medida bastante inesperada: la eliminación de las retenciones a este sector.

¿Qué hay detrás de una medida que, lejos de cambiar, continúa y amplía los beneficios de las corporaciones mineras? Dos cuestiones nos sirven para comprender la medida adoptada por Macri. Los tres tributos a la minería importantes para el Estado nacional y los provinciales son el impuesto a las ganancias, derechos de exportación (retenciones) y las regalías. Los primeros dos los recauda el Estado Nacional, pero el segundo no es coparticipable. El tercero, las provincias.

Según se argumenta en el decreto macrista, la eliminación de las retenciones se debería a que el mencionado esquema tributario “ha posicionado a la República Argentina en una situación de pérdida de competitividad frente a las restantes naciones con actividad minera, encontrándose en desventaja respecto de países como la República del Perú, la República de Chile”. Sin embargo, según un informe de 2011, la propia Olami, representante de los intereses empresarios mineros, afirma que “en el caso de que las retenciones fueran del 5 por ciento implica una carga tributaria similar a las que tienen Chile y Perú”. Por lo tanto, con el fin de las retenciones, la tributación argentina estaría por debajo de la vigente en los países mencionados por Macri.

Hace dos décadas que en nuestro país rige un nuevo Código de Minería, reformado gracias a un conjunto de leyes sancionadas en su mayor parte durante el menemismo que abundan en beneficios para las corporaciones mineras “incluidas entre aquellos que ‘se las llevaron con pala’, según la misma Cristina Kirchner”. Salvo en lo que respecta al porcentaje de las retenciones, el kirchnerismo no modificó estas leyes. Y tampoco Macri, quien más bien pone el moño al regalo de los 90.

El aumento de las retenciones decidido por Cristina Fernández en 2007 “con sus antecedentes en los gobiernos de Duhalde y Kirchner” respondió más a una necesidad de percibir mayores ingresos fiscales que a una política dirigida contra el sector minero. No obstante, las empresas llevaron el caso a la Corte Suprema de la Nación, quien dejó sin efecto aquella disposición para varias empresas.

Pero dicho aumento no sólo fue cuestionado por las empresas, sino también por las provincias que “no recibirían ningún beneficio”. El argumento de algunos funcionarios provinciales se basó, principalmente, en que las retenciones no son coparticipables. En este sentido, la medida que acaba con el impuesto sobre las exportaciones mineras puede verse no sólo como un guiño a las empresas sino también a los gobernadores, en medio de la búsqueda de apoyo político del actual presidente.

Se premia así a un sector que no tiene mayor prurito en arrasar con nuestros bienes naturales. Recordemos que, recientemente Barrick Gold fue denunciada por haber derramado cianuro en los afluentes del río Jáchal, en plena cordillera sanjuanina. Un estudio técnico sobre el agua del río detectó contaminación con metales en dosis de hasta 1400 por ciento por encima de los valores tolerables y este hecho fue reconocido incluso por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.

Pero mientras se sigue debatiendo en torno a las retenciones, cientos de asambleas de vecinos autoconvocados que vienen rechazando desde hace 15 años la instalación de los pulpos mineros (bajo consignas como el del “agua vale más que el oro” o “el agua de Mendoza no se negocia”) se reunirán a fines de marzo en el pueblo de Jáchal en el 26 encuentro de la UAC. Y, a diferencia de quienes se limitan a discutir la distribución de la renta, ante el avance de las multinacionales, sus megaproyectos mineros y los graves problemas que ocasionan, las asambleas se convocan no sólo para rechazar las medidas adoptadas por Macri sino, y sobre todo, para defender la autodeterminación de los pueblos y el fin de esa barbarie a la que algunos llaman desarrollo.

¿No es hora de que, además del árbol, se discuta el bosque?

* Magister en Sociología Económica, doctora en Ciencias Sociales, becaria posdoctoral del Conicet, investigadora del Centro Iesac-UNQ y del CCC.

A raíz de una demanda presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) contra las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, el tribunal resolvió "declarar la nulidad de las Resoluciones 28 y 31".

El fallo de la Cámara Federal no se limita, como otros, a los límites de una provincia o municipio sino que tiene alcance para los usuarios de gas de todo el país. El fallo de la Sala II, al que accedió DyN, surge tras la apelación que una asociación civil, una ONG y el Estado nacional realizaron a la resolución del Juzgado Federal de Primera Instancia 4 de La Plata, que ordenó convocar a una audiencia pública para debatir con los usuarios el aumento que rige desde marzo.

En su apelación, el CEPIS y la ONG Consumidores Argentinos plantearon la inconstitucionalidad del aumento aduciendo que el Estado no realizó la audiencia pública que contempla la ley antes de la aplicación del nuevo cuadro tarifario y consideraron que "se violó el derecho constitucional a la participación ciudadana".

Por su parte, el Estado advirtió que la suspensión del aumento "en caso de aplicarse, causaría un gravamen irreparable" a las empresas que brindan el servicio, y defendieron la legalidad del ajuste aunque no se haya realizado la audiencia pública previa.

Sin embargo, los jueces César Álvarez, Olga Calitri y Leopoldo Schiffrin, consideraron "que la Audiencia Pública es un mecanismo de participación ciudadana, que refuerza los principios de acceso a la información y a la transparencia de las actuaciones estatales". Asimismo, precisaron que "no es el Poder Judicial el encargado de definir la política estatal, ni los parámetros tarifarios de la prestación de servicios públicos, pero tampoco puede aceptarse que el reconocimiento normativo de derechos por órganos representativos de la voluntad popular, queden sin tutela efectiva, allí donde se constata su vulneración".

"Limitar la realización de audiencias públicas para la definición de cuestiones 'permanentes', dejando fuera de ellas aspectos de fuerte impacto como es la modificación material de la tarifa que deben abonar los usuarios, implica transformar a todo el sistema de participación consagrado constitucional, convencional y legalmente en una mera formalidad cuya utilidad tiende a disminuir desde la perspectiva de quienes deben pagar el importe de las tarifas", aseguraron los camaristas.

Finalmente, los magistrados recordaron una resolución de la Suprema Corte de Justicia bonaerense de diciembre de 2014, en la que el máximo tribunal anuló un aumento del agua del 180 por ciento aplicado por la empresa ABSA en 2012 por no haberse realizado la audiencia pública previa a la aplicación del nuevo cuadro tarifario.

Por todo ello, los jueces de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata declararon "la nulidad de las Resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, retrotrayéndose la situación tarifaria a la existente previamente al dictado de ambas" y remitieron una copia al fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal porteño.

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