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General: Macri quiere justificar sus medidas antipopulares con " la pesada herencia "
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| De: Ruben1919 (Mensaje original) |
Enviado: 18/02/2016 09:59 |
Kicillof: “Los verdaderos anuncios del Ministro Prat Gay: pagarle a los buitres con más ajuste de la economía y con techo a los aumentos salariales”
Macri y su “equipo” creen en otras cosas: en un Estado mínimo que no interfiera con los intereses de los sectores concentrados.
de Axel Kicillof, ex Ministro de Economía.
La conferencia de prensa de ayer del Ministro de Hacienda y Finanzas duró poco más de 1 hora pero pese a su generosa extensión, la mayoría de quienes la escucharon aun se están preguntando qué quiso decir. Es que Prat Gay concretó una magistral aplicación de la famosa advertencia: “cuando a un economista no se le entiende lo que dice es porque te está mintiendo”.
En concreto, el anuncio tuvo tres partes. El resto consistió en los mismos intentos desesperados del macrismo de echarle la culpa a la “pesada herencia”, como cada vez que toma una medida impopular. En un mes este recurso ya se desgastó porque todas las medidas que han tomado son profundamente antipopulares y fundadas en sus convicciones, no en la situación del país. Analicemos primero los anuncios para luego refutar uno por uno los argumentos “técnicos” de la supuesta “pesada herencia”.
Un ministro, tres anuncios, tres mentiras.
El primer punto de Prat Gay fue confirmar que, tal como amenazó Macri tantas veces, el gobierno del PRO con su cuadrilla de funcionarios provenientes de la banca privada extranjera, está dispuesto a pagarles cuanto antes y en cualquier término a los fondos buitre.
En pocas palabras, Prat Gay anunció que el gobierno de Macri viene a endeudar nuevamente a la Argentina con los grandes bancos internacionales y, aunque todavía no lo digan, probablemente también con el Fondo Monetario Internacional
En pocas palabras, Prat Gay anunció que el gobierno de Macri viene a endeudar nuevamente a la Argentina con los grandes bancos internacionales y, aunque todavía no lo digan, probablemente también con el Fondo Monetario Internacional
.La diferencia con otras etapas es que este endeudamiento ni siquiera va a justificarse en necesidades de los argentinos, sino que van endeudar al país para pagarle a los buitres lo que piden. En su intento de justificar este vergonzoso retroceso Prat Gay ensayó dos excusas infantiles. Primero, que enfrentar a los buitres y no pagarles tuvo “muchos costos”. Por eso, aunque tengamos que endeudarnos en 10.000 millones para cumplir la escandalosa sentencia del Juez Griesa (para el PRO un hombre sabio y respetable), peor sería no pagar. La segunda excusa es que la negociación con el Club de París fue mala, falacia que vienen repitiendo para marcar que el gobierno anterior negocia peor que ellos.No hay que olvidar que no fue solo el gobierno de Cristina el que dijo no a la extorsión sino que, en la ONU, 136 países apoyaron la posición de argentina contra los fondos buitre; ahora Macri quiere tirar todo eso por la borda para cumplir sus compromisos con la banca extranjera.
El segundo punto es que el PRO se dispone a realizar un fuerte ajuste del gasto público. Todavía no ha explicado los métodos ni las partidas que pretenden recortar, aunque de momento se ha visto que el ajuste va a incluir un tarifazo en luz, gas y agua y despidos masivos en el Estado. La excusa es, nuevamente, la “pesada herencia”. Por eso, los aumentos de tarifas que van a embolsar las empresas privadas de servicios públicos obedecen al “atraso” que generó el gobierno anterior.
Los despidos se fundamentan en una curiosa teoría: si un trabajador del Estado es joven y tiene actividad política entonces es ñoqui.
Los despidos se fundamentan en una curiosa teoría: si un trabajador del Estado es joven y tiene actividad política entonces es ñoqui.
¿Qué hubieran dicho Clarín o La Nación si el gobierno de Cristina revisaba el Facebook o el twitter de los trabajadores para echarlos si encontraban alguna expresión crítica al gobierno? “¡Persecución, nazismo, fascismo!” hubieran bramado. ¿Cuántos jóvenes trabajadores del gobierno de la Ciudad de Buenos deberían ser echados por apoyar al PRO? El hecho es que no evaluaron las tareas de nadie sino que echan a las personas por lo que piensan. Pero lo peor es que, para la concepción del Estado que tiene el macrismo, probablemente sobren miles y miles de empleados públicos ya que toda norma, control o regulación es para ellos una molestia a los privados que debe ser removida. Prat Gay dijo que quieren dejar de “reprimir la economía” con exigencias a las empresas privadas. Claro, a los únicos que piensan reprimir es a los trabajadores, como ya demostraron con esas espaldas repletas de heridas producidas por balas de goma de los municipales de La Plata y los obreros de Cresta Roja. Toda una advertencia.
El último anuncio apunta a poner un límite a los acuerdos salariales de 2016. En su ensalada de números, Prat Gay dejó ver que según sus estimaciones la inflación será de 20 a 25%, así que los salarios no deberán subir más que eso. Se olvidó de algo. Durante todo 2015 la inflación venía bajando mes a mes, según las consultoras privadas y las estadísticas públicas. Esa trayectoria cambió cuando Macri anunció en campaña, y después puso en práctica ni bien asumió, la devaluación más formidable desde la de la crisis de 2001, de cerca de un 40%. Como todo el mundo sabe, las devaluaciones se trasladan a los precios, por eso desde que asumió el nuevo Gobierno, según las propias consultoras privadas y macristas, la inflación mensual se disparó a 6% (cuando ellos mismos medían entre 1,5% y 2% por mes). La cifra oficial no se conoce porque por primera vez en la historia, y con la excusa de la “pesada herencia”, se dejaron de medir los precios desde el INDEC. En pocas palabras, la devaluación de Macri se tradujo en una inflación que probablemente, entre noviembre y enero, ronde ya más de 12%. Si a esto le sumamos lo que crecerán los precios en lo que resta del año, se ve claramente que pretenden ajustar los salarios poniendo tope a las paritarias.
En síntesis. Primero devaluaron abruptamente, bajaron las retenciones, empezaron a abrir la economía a las importaciones y subieron la tasa de interés encareciendo el crédito. El resultado de estas medidas es, como siempre ha sido, la inflación y la recesión económica.
El resultado de estas medidas es, como siempre ha sido, la inflación y la recesión económica.
Lo que anunció ahora Prat Gay son los puntos que faltan para completar el clásico paquete de ajuste ortodoxo recomendado por el Fondo Monetario Internacional para todos los países en todas las circunstancias: endeudamiento, ajuste del gasto público y reducción de salarios. El modelo que aplica Macri genera inevitablemente pérdida del poder adquisitivo, recesión y desocupación. Los números cierran con la gente afuera. Y para poder aplicarlo, como muestra la dolorosa experiencia histórica, hay que limitar las demandas de los trabajadores, a cualquier costo, incluso con represión.
Algunos comentarios adicionales sobre las excusas del Ministro Prat Gay.
1. Inventando un “descontrolado déficit” fiscal. Prat Gay sostuvo que el déficit del año 2015 es de 2,3% del PIB. Es verdad, si se aplica la metodología y los criterios que se aplican en todos los países del mundo y que recomienda el propio FMI el déficit es ése. Pero resulta que durante toda la campaña, el macrismo y sus medios de comunicación agitaron que el déficit era de 7% del PBI. En su conferencia de prensa, el Ministro de Hacienda empezó a hacer “contabilidad creativa”, inventando partidas, sumas y restas para llegar a ese 7% con el que mintieron durante meses. Para eso, violó todos los manuales metodológicos del mundo. Sumó a los gastos la “deuda flotante” de este año sin restar lo que se pagó por el mismo concepto. Un verdadero papelón metodológico. Luego restó de los ingresos las utilidades que según la Carta Orgánica el Banco Central le gira al Tesoro. Son cosas muy técnicas, pero básicamente truchas para construir su número de oro. Por último, sumó también al déficit “heredado” las promesas de campaña de Macri: la reducción de retenciones, la reducción de impuesto a las ganancias a los altos ingresos y otras medidas que ya aplicó. Un mamarracho. Todo este trabalenguas de números sin sentido tienen un solo objetivo: justificar el ajuste del gasto que Macri pensaba hacer de cualquier modo
2. El supuesto costo de no pagar a los buitres. A lo largo y a lo ancho del planeta se sabe que los gobiernos neoliberales –del mismo signo que Macri- llevaron a Argentina en 2001 al default más grande de la historia. Y que Néstor y Cristina Kichner solucionaron el problema desendeudando al país como nunca antes. Se le pagó toda la deuda al FMI para que no condicionara la política económica y se negoció fuertemente con los acreedores, llegando a un acuerdo con 93%. El escándalo jurídico y financiero del Juez Griesa y la justicia norteamericana es que le dio la razón a un 1% de los acreedores, los fondos buitre. Ese juicio “del siglo” terminó en julio de 2014. El gobierno de Cristina, simplemente, denunció este escándalo en lugar de arrodillarse ante los acreedores como pretende hacer Macri.
3. Otra falacia: el Club de Paris estuvo mal negociado. La deuda objeto de negociación con el Club de París que fue declarada en cesación de pagos en 2001, fue contraída por los sucesivos gobiernos desde el año 1956 y, fue objeto de numerosas renegociaciones en los años 1962, 1965, 1985 (denominada Ronda I), 1987 (Ronda II), 1989 (Ronda III), 1991 (Ronda IV) y 1992 (Ronda V). El acuerdo vino a regularizar obligaciones contraídas durante más de 20 años, y cuyos servicios dejaron de cumplirse en el año 2001. En los 60 años de historia del Club de París no existe la posibilidad de obtener una quita en el monto adeudado (incluyendo intereses contractuales, tanto regulares como punitorios) salvo para los países de bajo ingreso per cápita (menos de 755 dólares) y con niveles de endeudamiento insostenible. Argentina no cumple ninguna de las dos condiciones. De la misma forma, todas las negociaciones en sus 60 años de historia, exceptuando la que concluyó la Argentina, se realizan en el marco de un acuerdo previo con el FMI. Nunca antes se había acordado el pago en un plazo de 5 años extensibles a 7 sin contar con un programa del FMI como marco del acuerdo. Si la Argentina no hubiera alcanzado este favorable acuerdo el pago debería haberse realizado al contado. Por eso, los especialistas y la prensa opositora se encargaron de decir que llegar a un acuerdo sin el FMI era imposible. Además, en el acuerdo alcanzado, se reduce el costo financiero ya que la última tasa de actualización promedio se ubicaba en torno al 6,8% mientras que el acuerdo alcanzado implica un costo de la refinanciación entre el 3% y el 4,45%, dependiendo de la dinámica de los pagos.
Lo que Macri y Prat Gay no se animan a decir sobre su visión de la economía.
¿Por qué tantas volteretas discursivas, números incomprensibles y alusiones a la “pesada herencia”? Simplemente, porque Macri y sus economistas no se animan a decir lo que piensan y qué orientación le quieren dar a la economía argentina. Durante el gobierno de Cristina, cada anuncio que se hacía incluía una explicación sobre las razones profundas que lo motivaban: la defensa de la demanda agregada, del mercado interno, del alto poder adquisitivo de los ingresos, de la reindustrialización argentina.
Macri y su “equipo” creen en otras cosas: en un Estado mínimo que no interfiera con los intereses de los sectores concentrados. Creen que Argentina tiene que volver a endeudarse en la bicicleta financiera internacional. Que argentina tiene que volver a las “respetables” recetas del FMI. Que la industria argentina es inevitablemente ineficiente. Que los salarios son demasiado altos y que el desempleo “óptimo” para que las demandas de los trabajadores no sean excesivas es de dos dígitos. Que hay que bajar los impuestos a los que más tienen para que “inviertan”, porque la oferta es la que impulsa la producción y no la demanda.
En lugar de poner sobre blanco y negro sus verdaderas ideas y/o intereses tienen que inventarse una crisis que todos los argentinos saben que no existe. Tienen que interrumpir las estadísticas por meses para tapar los efectos de la devaluación que hicieron.
La famosa “pesada herencia” para ellos entonces es que Cristina entregó un país con un desempleo de 5,4%, con 3 millones de nuevos jubilados, con una industria nacional en proceso de consolidación después décadas de derrumbe neoliberal, con una economía desendeuda después del descalabro del sobre endeudamiento y el default. En fin, a Macri y sus muchachos les cabe el viejo dicho: “no aclaren, que oscurece”.
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EL PAIS
Espías entre los maestros
 Por Nicolás Lantos
Dos policías de civil ingresaron ayer sin identificarse a la sede de Ctera mientras tenía lugar la conferencia de prensa organizada por los cinco sindicatos docentes nacionales para difundir el estado de las negociaciones paritarias con el Gobierno. Los agentes intentaban hacer averiguaciones sobre los maestros que participaban del acto y sobre los periodistas que lo cubrían, según relataron algunos de los presentes, que fueron interrogados por ellos. Luego de que su presencia fuera advertida, los agentes se presentaron como personal de la Comisaría 2ª de la Policía Federal y dijeron que estaban allí “para ver si había alguna manifestación”. Según aseguraron fuentes de la Ctera a Página/12, los gremios docentes realizaron denuncias por el hecho ante organismos de derechos humanos y ante la Justicia. “En coincidencia y continuidad del nuevo protocolo de actuación frente a protestas sociales, estas actividades de espionaje contra las organizaciones populares representan otra expresión de la política de criminalización de la protesta del actual gobierno”, denunciaron desde la confederación docente.
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ECONOMIA › EL GOBIERNO EMITIO 12.000 MILLONES DE PESOS EN BONOS CON VENCIMIENTO EN 2018 Y 2020
Volver a tomar deuda como único salvavidas
La iniciativa forma parte de un programa de endeudamiento para este año que alcanzará los 40.000 millones. La tasa de interés de la operación de ayer fue superior al 30 por ciento anual. Las reservas retrocedieron otros 91 millones.
El gobierno de Mauricio Macri emitió ayer los primeros 12.000 millones de pesos en bonos con vencimiento en 2018 y 2020 y tasas de interés superior al 30 por ciento anual, que forman parte de un programa de endeudamiento para este año que alcanzará los 40.000 millones. Estas colocaciones buscan ser un aporte a la tarea del Banco Central de contraer la base monetaria y secar lo más posible la plaza de pesos, en el marco de la receta ortodoxa contra la inflación y ofrecer un activo cuyo rendimiento le quite presión a la demanda de dólares. La divisa continuó con presión alcista y el Central debió intervenir nuevamente vendiendo dólares para evitar una suba mayor. Resignó 61,7 millones de dólares en reservas y el billete verde se estabilizó en 15,60 pesos. Las reservas retrocedieron en 91 millones hasta 28.766 millones de dólares.
El diagnóstico del equipo económico de Macri es que existe un exceso de pesos en el sistema que presiona sobre los precios y que esa liquidez se traslada a la compra de dólares. En el marco de esta visión monetarista en la que la emisión de pesos es la única causa de la suba en los precios, el Ministerio de Hacienda y el BCRA coordinan una política agresiva de contracción del circulante.
El programa financiero de Hacienda, independientemente de la colocación que pueda hacer en dólares para conseguir fondos frescos, contempla la emisión de dos nuevos instrumentos que se ajustarán por la tasa Badlar –resultante de los depósitos mayoristas– y vencimientos a dos y cuatro años. Se trata de los Bonar 2018 y 2020. El primero rendirá una tasa Badlar más 275 puntos básicos y el segundo Badlar más 325 puntos. Actualmente la tasa Badlar se ubica en los 26,8 por ciento. El monto que se emitirá por cada uno de estos instrumentos será de 20.000 millones a completarse a lo largo de este año, según las condiciones del mercado, explicó el Ministerio de Hacienda y Finanzas.
La primera colocación fue ayer por 12.000 millones de pesos. Según informó la cartera de Hacienda, la emisión fue de 5982,9 millones de pesos en Bonar 2018 y 6006,8 millones Bonar 2020. Como resultado de la operación la tasa de corte del mercado, derivada del ingreso efectivo de pesos respecto del valor nominal del título, ascendió a Badlar más 326 puntos y Badlar más 377 puntos. Es decir, la tasa fue de 30,06 por ciento para la serie 2018 y de 30,57 por ciento para la 2020, según se refleja en el comunicado oficial de Hacienda.
A la colocación acceden tanto empresas como particulares, con lo que el gobierno de Macri pretende ofrecer una alternativa al dólar. En la misma tarea se encomendó el Central, que en las últimas dos colocaciones de letras impulsó una suba en la tasa de interés rectora del sistema bancario. Primero lo hizo en un cuarto de punto y luego volvió a subirla esta semana entre 0,5 y 1,15 punto. Pese a esta última suba, que tuvo lugar el martes pasado, el Central no logró renovar los vencimientos de esta semana en letras y expandió por primera vez bajo la conducción de Federico Sturzenegger. La expansión fue de 5163 millones de pesos pese a la suba de las tasas.
El Central además comenzó a vender dólares en el mercado también para frenar la escalada en el precio. En una semana ya lleva vendidos 237,2 millones de dólares para abastecer la demanda en un contexto de baja liquidación por parte de los exportadores de granos. En lo que va de febrero las reservas acumulan un caída de 1308 millones de dólares para cerrar en 28.766 millones, o 23.766 millones si se descuenta el préstamo de 5000 millones por parte de bancos extranjeros. Pero la expectativa de suba se mantiene y en el mercado ilegal la divisa avanzó 8 centavos hasta 15,66 pesos, volviendo a cotizar por encima del precio oficial para la venta minorista.
  
La emisión fue de 5982,9 millones de pesos en Bonar 2018 y 6006,8 millones Bonar 202
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ECONOMIA › DEBATE
La eliminación de retenciones mineras
El Gobierno justificó la medida a partir de considerar que las retenciones desincentivaban las inversiones. Dos investigadores cuestionan esa concepción y plantean otras consecuencias.
Claro como el agua
Por Roberto Adaro *
Mediante el Decreto 349/2016, el presidente Mauricio Macri eliminó las retenciones a las exportaciones mineras, que representaban para el Estado algo más de US$ 200 millones. Desde diciembre de 2007 se aplicaba un porcentaje de retención a las ventas externas del sector a través de una disposición de Aduana, que extendía el marco general de retenciones implementadas desde 2002, en virtud de las ganancias extraordinarias que obtenían las mineras por el elevado precio de los metales.
El gobierno nacional justifica la nueva medida a partir de considerar que las retenciones han desincentivado inversiones; pretende una comparación tributaria con Chile, Perú, Colombia y Brasil; se justifica en la pérdida de competitividad de las pymes, y en la potencial pérdida depuestos de trabajo. Afirma también “que la incidencia negativa de los derechos de exportación sobre las operaciones mineras en marcha excede considerablemente los beneficios que se generan para el erario”. Luego alude al federalismo, a la reactivación de la economía y a la prosperidad del país.
Nuestra historia económica ha comprobado que reducir tributos no redunda en mayores inversiones y más puestos de trabajo, sino en mayores ganancias en manos privadas; más aún tratándose de empresas trasnacionales. Si bien las Pymes mineras son mayoría en el sector, su participación es menor en el valor bruto de la producción y menos aún en las exportaciones. Si los derechos de exportación percibidos por el Estado Nacional ocasionaban un “problema federal”, quizás la alternativa era coparticiparlos, tal como en su momento se hizo con el Fondo Federal de la Soja. No se brindan argumentos que puedan contrastar la “incidencia negativa” de las retenciones, versus los perjuicios directos para el Estado de una menor recaudación, en un contexto en el que el propio gobierno justifica despidos y políticas de ajuste en base a un supuesto déficit fiscal exagerado.
Se refuerza la matriz impositiva regresiva –dejando más en manos de quienes ya tienen mucho– y se desfinancia el Estado a cambio de promesas y expectativas de inversión: el gobierno concede estos beneficios sin asegurarse a cambio nada de lo que promete, ya sean inversiones, aumento de producción o más puestos de trabajo.
Al respecto, Barrick Gold en su informe anual de resultados y proyecciones para 2016, menciona una reducción de sus costos por onza de oro de US$ 946 en 2015, a US$ 900/830 para 2016, con precios que superan los US$ 1200 por onza. La empresa destaca que la devaluación del peso influye en la baja de sus costos, y asimismo, espera beneficiarse del levantamiento de las restricciones a la importación. Nada dice de nuevas inversiones.
El marco legal e institucional que sustenta la actividad minera fue “perfeccionado” en los años noventa, de igual modo que durante esa década se perfeccionaron las políticas económicas, sociales y culturales de corte neoliberal, iniciadas por la dictadura. Con la liberación y el fomento por parte del estado, del acceso a los capitales trasnacionales en un sector estratégico como la minería, se complementaba el llamado enfoque monetario de la balanza de pagos (EMBP). Se promueve que los déficits del sector externo podían solucionarse por vía de la cuenta de capitales; o sea endeudándonos cuando importábamos más de lo que exportábamos. Así creció nuestra deuda externa. Cuando esto no fue suficiente, se malvendieron las empresas públicas por vía de las privatizaciones. Como tampoco alcanzó, se ofreció al capital trasnacional lo poco que quedaba: nuestros recursos naturales, y los minerales con ellos.
Uno de los principales impulsores de la reformas en la regulación minera durante el gobierno de Menem y funcionario de aquel fue Daniel Meilán, actual secretario de Minería del gobierno de Macri.
El EMBP desembocó en la crisis del 2001, y sus consecuencias económicas, políticas y sociales. La eliminación de las retenciones a la minería se enmarca en un conjunto de medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri que dificultan la producción industrial nacional, recortan barreras a la importación, desfinancian al Estado, y promueven el endeudamiento como alternativa de financiamiento. Una especie de déjà vu menemista, que esperemos, tenga un devenir distinto de aquel.
* Centro de Estudios en Políticas de Estado y Sociedad Centro de Investigaciones Geográficas - Unicen.
¿Es el árbol o el bosque?
Por Laura Alvarez Huwiler *
Con la cordillera nevada detrás y frente a varios gobernadores de provincias “mineras”, entre los cuales se encontraban tanto kirchneristas como de Cambiemos, hace tres semanas el actual presidente Macri anunció una medida bastante inesperada: la eliminación de las retenciones a este sector.
¿Qué hay detrás de una medida que, lejos de cambiar, continúa y amplía los beneficios de las corporaciones mineras? Dos cuestiones nos sirven para comprender la medida adoptada por Macri. Los tres tributos a la minería importantes para el Estado nacional y los provinciales son el impuesto a las ganancias, derechos de exportación (retenciones) y las regalías. Los primeros dos los recauda el Estado Nacional, pero el segundo no es coparticipable. El tercero, las provincias.
Según se argumenta en el decreto macrista, la eliminación de las retenciones se debería a que el mencionado esquema tributario “ha posicionado a la República Argentina en una situación de pérdida de competitividad frente a las restantes naciones con actividad minera, encontrándose en desventaja respecto de países como la República del Perú, la República de Chile”. Sin embargo, según un informe de 2011, la propia Olami, representante de los intereses empresarios mineros, afirma que “en el caso de que las retenciones fueran del 5 por ciento implica una carga tributaria similar a las que tienen Chile y Perú”. Por lo tanto, con el fin de las retenciones, la tributación argentina estaría por debajo de la vigente en los países mencionados por Macri.
Hace dos décadas que en nuestro país rige un nuevo Código de Minería, reformado gracias a un conjunto de leyes sancionadas en su mayor parte durante el menemismo que abundan en beneficios para las corporaciones mineras “incluidas entre aquellos que ‘se las llevaron con pala’, según la misma Cristina Kirchner”. Salvo en lo que respecta al porcentaje de las retenciones, el kirchnerismo no modificó estas leyes. Y tampoco Macri, quien más bien pone el moño al regalo de los 90.
El aumento de las retenciones decidido por Cristina Fernández en 2007 “con sus antecedentes en los gobiernos de Duhalde y Kirchner” respondió más a una necesidad de percibir mayores ingresos fiscales que a una política dirigida contra el sector minero. No obstante, las empresas llevaron el caso a la Corte Suprema de la Nación, quien dejó sin efecto aquella disposición para varias empresas.
Pero dicho aumento no sólo fue cuestionado por las empresas, sino también por las provincias que “no recibirían ningún beneficio”. El argumento de algunos funcionarios provinciales se basó, principalmente, en que las retenciones no son coparticipables. En este sentido, la medida que acaba con el impuesto sobre las exportaciones mineras puede verse no sólo como un guiño a las empresas sino también a los gobernadores, en medio de la búsqueda de apoyo político del actual presidente.
Se premia así a un sector que no tiene mayor prurito en arrasar con nuestros bienes naturales. Recordemos que, recientemente Barrick Gold fue denunciada por haber derramado cianuro en los afluentes del río Jáchal, en plena cordillera sanjuanina. Un estudio técnico sobre el agua del río detectó contaminación con metales en dosis de hasta 1400 por ciento por encima de los valores tolerables y este hecho fue reconocido incluso por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.
Pero mientras se sigue debatiendo en torno a las retenciones, cientos de asambleas de vecinos autoconvocados que vienen rechazando desde hace 15 años la instalación de los pulpos mineros (bajo consignas como el del “agua vale más que el oro” o “el agua de Mendoza no se negocia”) se reunirán a fines de marzo en el pueblo de Jáchal en el 26 encuentro de la UAC. Y, a diferencia de quienes se limitan a discutir la distribución de la renta, ante el avance de las multinacionales, sus megaproyectos mineros y los graves problemas que ocasionan, las asambleas se convocan no sólo para rechazar las medidas adoptadas por Macri sino, y sobre todo, para defender la autodeterminación de los pueblos y el fin de esa barbarie a la que algunos llaman desarrollo.
¿No es hora de que, además del árbol, se discuta el bosque?
* Magister en Sociología Económica, doctora en Ciencias Sociales, becaria posdoctoral del Conicet, investigadora del Centro Iesac-UNQ y del CCC.
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9:36 › LA CAMARA FEDERAL DE LA PLATA DECLARO NULAS LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ENERGIA QUE DISPUSIERON EL AUMENTO
Un fallo de alcance nacional contra el tarifazo en gas
A raíz de una demanda presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) contra las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, el tribunal resolvió "declarar la nulidad de las Resoluciones 28 y 31".
El fallo de la Cámara Federal no se limita, como otros, a los límites de una provincia o municipio sino que tiene alcance para los usuarios de gas de todo el país. El fallo de la Sala II, al que accedió DyN, surge tras la apelación que una asociación civil, una ONG y el Estado nacional realizaron a la resolución del Juzgado Federal de Primera Instancia 4 de La Plata, que ordenó convocar a una audiencia pública para debatir con los usuarios el aumento que rige desde marzo.
En su apelación, el CEPIS y la ONG Consumidores Argentinos plantearon la inconstitucionalidad del aumento aduciendo que el Estado no realizó la audiencia pública que contempla la ley antes de la aplicación del nuevo cuadro tarifario y consideraron que "se violó el derecho constitucional a la participación ciudadana".
Por su parte, el Estado advirtió que la suspensión del aumento "en caso de aplicarse, causaría un gravamen irreparable" a las empresas que brindan el servicio, y defendieron la legalidad del ajuste aunque no se haya realizado la audiencia pública previa.
Sin embargo, los jueces César Álvarez, Olga Calitri y Leopoldo Schiffrin, consideraron "que la Audiencia Pública es un mecanismo de participación ciudadana, que refuerza los principios de acceso a la información y a la transparencia de las actuaciones estatales". Asimismo, precisaron que "no es el Poder Judicial el encargado de definir la política estatal, ni los parámetros tarifarios de la prestación de servicios públicos, pero tampoco puede aceptarse que el reconocimiento normativo de derechos por órganos representativos de la voluntad popular, queden sin tutela efectiva, allí donde se constata su vulneración".
"Limitar la realización de audiencias públicas para la definición de cuestiones 'permanentes', dejando fuera de ellas aspectos de fuerte impacto como es la modificación material de la tarifa que deben abonar los usuarios, implica transformar a todo el sistema de participación consagrado constitucional, convencional y legalmente en una mera formalidad cuya utilidad tiende a disminuir desde la perspectiva de quienes deben pagar el importe de las tarifas", aseguraron los camaristas.
Finalmente, los magistrados recordaron una resolución de la Suprema Corte de Justicia bonaerense de diciembre de 2014, en la que el máximo tribunal anuló un aumento del agua del 180 por ciento aplicado por la empresa ABSA en 2012 por no haberse realizado la audiencia pública previa a la aplicación del nuevo cuadro tarifario.
Por todo ello, los jueces de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata declararon "la nulidad de las Resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, retrotrayéndose la situación tarifaria a la existente previamente al dictado de ambas" y remitieron una copia al fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal porteño.
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ECONOMIA › LOS INDICADORES ECONOMICOS QUE SON MAQUILLADOS POR EL GOBIERNO PARA OCULTAR EL ACELERADO DETERIORO SOCIAL, ECONOMICO Y LABORAL
Para construir la revolución de la alegría
Además de una crisis autoinfligida, a partir de instrumentar una serie de medidas regresivas y de culpar por sus efectos negativos a la “pesada herencia”, el Gobierno está manipulando estadísticas económicas con el deseo de influir sobre las expectativas sociales.
Por Alfredo Zaiat
Los números del déficit fiscal no son los que dice el Ministerio de Finanzas y Des-hacienda. La información revisada del PIB presentada por el Indec muestra inconsistencias, después de un inédito apagón estadístico de casi seis meses. El Ministerio de Trabajo maquilla el tradicional informe de empleo registrado para ocultar la ola de despidos. El gobierno difunde un listado de inversiones extranjeras que ya habían sido anunciadas en la anterior administración. La Anses infla la cantidad de jubilados que recibirán un haber más elevado a partir de la ley recientemente aprobada. El nuevo IPC–Indec ahora restringido a la Capital y GBA tiene diferencias con el IPC–CABA pese a compartir casi la misma área de cobertura. El Banco Central tiene muchas menos reservas disponibles que las difundidas en los partes diarios. Además la actual conducción de la entidad monetaria inventó la existencia de una “inflación núcleo” en la economía argentina, burda copia del esquema analítico de la Reserva Federal para la economía estadounidense. La AFIP discontinuó la tradición de informar el resultado de la recaudación impositiva el primer día hábil de cada mes, demorando esa responsabilidad en momentos que se está derrumbando los ingresos fiscales en términos reales.
La distorsión, manipulación y falseamiento de estadísticas acerca de la evolución de variables claves para la interpretación de tendencias de la economía es una parte central de la estrategia oficial para influir en las expectativas sociales. Acompañado con el discurso de la “pesada herencia recibida” van justificando la irrupción de una crisis auto provocada por medidas regresivas que derivaron en una millonaria transferencia de ingresos hacia sectores concentrados. De ese modo han construido en pocos meses el relato M mientras fueron desplegando el combo recesivo de megadevaluación, shock inflacionario, apertura importadora, tarifazo, despidos y reducción del salario real.
Información
El gobierno de Mauricio Macri no ha mejorado la calidad de la información pública de las principales variables económicas afectada básicamente por el anterior gobierno, sino que la ha empeorado aún más. La mayoría de las consultoras de la city sin embargo avala las cifras oficiales pese a sus evidentes deficiencias. Incluso algunas, como la de Miguel Bein en repentina fe macrista, han adelantando que discontinuarán la publicación de sus índices de precios. El Fondo Monetario Internacional también las celebra. Durante años ha censurado las estadísticas argentinas en sus devaluados informes semestrales de pronósticos y ahora elogia los cambios en el Indec cuando en gran parte del primer semestre hubo un inédito apagón estadístico. Muchos de los analistas que antes se indignaban con fundamentos por las estadísticas públicas hoy no expresan ningún cuestionamiento cuando son evidentes similares manipulaciones en las cifras.
Esta complicidad con los números del macrismo de economistas del establishment, de organismos multilaterales vinculados al mundo de las finanzas y divulgadores de los postulados del neoliberalismo expresa un aspecto que el mundo tecnocrático resiste: las estadísticas públicas, además de ser una herramienta técnica que permite obtener información para orientar hacia una mejor administración, tienen también carácter político. Existen necesarias observaciones críticas acerca de metodologías de elaboración de índices y la forma de capturar la información. Pero la puja alrededor de las estadísticas expresa a la vez una indisimulable disputa política acerca de la construcción del sentido sobre la interpretación de los fenómenos económicos.
Quien mejor lo expresó fue el Moreno del macrismo, el poli rubro Javier González Fraga que empezó a boxear las estadísticas de pobreza del primer semestre. Evaluó cuán pobre son los pobres además de relativizar el aumento de la cantidad de pobres en esos meses de tarifazo, despidos y shock inflacionario. Incremento informado por el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica, fuente que hasta el 9 de diciembre pasado era utilizado por quienes hoy son oficialistas para sentenciar cuál era la “verdad” acerca de la cuestión social.
Dibujos
El Indec informó que el Producto Interno Bruto del primer trimestre de este año avanzó 0,5 por ciento interanual. Varios especialistas evaluaron como poco creíble ese signo positivo cuando casi todas las variables más relevantes registraron caídas en ese período. El economista Mariano Kestelboim cuestiona esa cifra por inconsistente a partir de la propia información oficial. El Indec calculó que el consumo creció 1,1 por ciento en los primeros tres meses del año respecto a igual período de 2015, y que el gasto público lo hizo en 2,7 por ciento. Kestelboim señala que todos lo indicadores privados y públicos de consumo dan caída, y respecto al gasto público indica que fue el propio gobierno que lo frenó con la excusa de revisar las cuentas (hubo una fuerte sub ejecutación presupuestaria). En relación al consumo privado, el poder adquisitivo se derrumbó por la megadevaluación que provocó un shock inflacionario lo que hace imposible su expansión en esos meses. El sociólogo Artemio López rescató el informe de CAME que revela que las ventas en cantidades cayeron 2,3 por ciento en enero, 4,5 en febrero y 5,8 en marzo. La construcción se derrumbó, la facturación en supermercados y shopping subió menos que la inflación. Otro dato que brinda Kestelboim es que la recaudación del IVA interno aumentó 23,5 por ciento mientras que la inflación fue de 35 por ciento, lo que refleja una caída del consumo o un incremento de la evasión, o una combinación de ambas. Pero en ningún caso hubo un aumento del consumo como el reflejado en el PIB del Indec de Macri.
La Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires publicó la evolución del indicador trimestral de la actividad económica, con una caída del 1,1 por ciento. Variación negativa de la producción de bienes y servicios en uno de los principales distritos económicos del país, que abona la sospecha sobre las cifras del PIB del Indec. Existen a la vez discrepancias entre el índice de precios CABA y el nuevo del Indec–Todesca, con una suba mayor en el primero.
También se presentó la revisión de la serie del PIB de los años del kirchnerismo, sobre el que existían pequeñas discrepancias en las cifras, pero ninguna tan pronunciada como en la del 2009. El Indec fue más lejos que cualquier estimación privada (retroceso del 2 al 3 por ciento) y calculó una caída del 6 por ciento. Para alcanzar esa cifra, el director técnico del Indec, Fernando Cerro, explicó que se sacaron los subsidios a los servicios públicos del cálculo y se incluyó el impuesto al cheque, además que se utilizaron índices alternativos de “algunos insumos estadísticos”. De ese modo construyeron una serie con criterio político para mostrar que no hubo tanto crecimiento económico en el ciclo kirchnerista. Inmediatamente salieron analistas oportunistas a calcular que así el anterior gobierno pagó más deuda por el cupón PIB, avalando de ese modo el dibujo del Indec. Otra prueba que las estadísticas pasaron a ser utilizadas como herramienta de disputa política, y que su calidad en realidad no es un motivo genuino de inquietud para muchos que participan de ese debate.
El manoseo de los números del PIB no pudo salvar a uno de los postulados del marketing político oficial. Las cifras retocadas del Indec desmienten al ministro Prat Gay y al propio presidente Mauricio Macri, quienes siguen afirmando que la economía no creció en 2015. El avance fue de 2,4 por ciento según el Indec–Todesca.
En la columna publicada aquí hace tres domingos se reveló que el déficit fiscal verdadero de 2015 fue 1,9 por ciento, de acuerdo a las planillas oficiales del Ministerio de Finanzas, y no el 2,3, el 5,8 o el 7,1 por ciento que Prat Gay fue dibujando para justificar el descalabro fiscal autoinfligido derivado de millonarias transferencias de ingresos a sectores concentrados de la economía.
Página/12 informó en base a un relevamiento caso por caso realizado por el periodista Federico Kucher que el 62 por ciento de los anuncios de inversión extranjera que presentó el gobierno de Macri como novedad, en realidad son proyectos decididos y comunicados durante la anterior administración. El monto de las nuevas inversiones además es menor que el anunciado en igual período en 2014. La Agencia Argentina de Desarrollo de Inversiones, organismo que depende de Cancillería y el Ministerio de Producción, promocionó el desembolso de capitales de empresas extranjeras en el país. Elaboró una lista con 40 firmas multinacionales que le aseguraron a Mauricio Macri nuevas inversiones Lo cierto es que los anuncios de inversión por 15.351 millones de dólares entre el 10 de diciembre pasado y finales de mayo, 9572 millones de dólares ya habían sido informados antes de noviembre de 2015.
El Centro de Economía Política Argentina advirtió que el Ministerio de Trabajo ha modificado la forma de calcular el empleo que se obtiene del Sistema Integrado y Previsional Argentino (SIPA), una de las estadísticas más confiables dado que permite evaluar la evolución del universo de trabajadores registrados y sus remuneraciones. Esa modificación impacta de lleno en los cálculos sobre empleo y desempleo, dado que el nuevo cálculo oficial por persona arroja un número menor de destrucción de empleo que la anterior estimación realizada en base a la cantidad de puestos de trabajo registrados: una persona puede tener más de un puesto de trabajo, o en otros términos, la destrucción de un puesto de trabajo puede no significar necesariamente que esa persona quede desocupada. El objetivo oficial es subestimar y negar la destrucción de empleo desde diciembre pasado cuando comenzó la ola de despidos en el sector público, abriendo esa puerta al privado.
El Banco Central recreó para la economía argentina el concepto de “inflación núcleo” para mostrar una tendencia descendente en los precios. En Estados Unidos se utiliza el “core inflation” excluyendo del cálculo los precios de la energía y alimentos por su elevada volatilidad de corto plazo. Para una economía que arrastra varios años con tasas de inflación de dos dígitos pretender imitar el marco conceptual de la inflación estadounidense es solamente una estrategia de distracción sobre un indomable proceso inflacionario. Además durante un semestre no hubo datos oficiales de inflación. El Banco Central también registra un monto total de reservas inflado por deudas que, como detalló el periodista Raúl Dellatorre el domingo pasado en este diario, deja como “caja operativa” para intervenir en el mercado apenas 3100 millones de dólares, el 10 por ciento de las reservas informadas oficialmente.
El relato macrista, respaldado por su aceitada máquina de marketing político-electoral, acerca de la marcha de la economía está boxeando de esa manera contra el acelerado deterioro social y laboral. De todos modos este retroceso de la calidad de vida de las mayorías es una tarea difícil de disimular pese al despliegue de diferentes maquillajes de indicadores económicos.
azaiat@pagina12.com.ar
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NOVIEMBRE 6, 2016
Una deuda de 90 mil millones de dólares en un sólo año
El desmanejo en la gestión económica tiene como saldo recesión, fuga de capitales, mayor desequilibrio externo y aumento del déficit fiscal.
Economía: Chocar la calesita
Nota de hoy en P12 de Alfredo Zaiat, se puede leer completa aqui: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-313571-2016-11-06.html
El impresionante endeudamiento en pesos y en dólares, en el mercado local e internacional, no derivó en una fiesta económica. El desmanejo en la gestión económica tiene como saldo recesión, fuga de capitales, mayor desequilibrio externo y aumento del déficit fiscal.
Hasta el último día de octubre la nueva deuda emitida en once meses de gestión de la dupla Alfonso Prat Gay – Federico Sturzenegger totalizaba 87 mil millones de dólares.
Hasta fin de año superaría los 90 mil millones de dólares.
Este monto impactante se integra con una cuenta que no se contabiliza en las evaluaciones corrientes pero que debe sumarse para dar cuenta de la magnitud del endeudamiento público: la emisión de Lebac. Es la deuda que está acumulando a mucha velocidad el Banco Central y que es aún más inquietante que la colocada por el Ministerio de Finanzas puesto que es de cortísimo plazo.
El actual stock de Lebac está generando pagos de intereses en pesos equivalentes a 1000 millones de dólares mensuales, monto que se acelera a medida que se incrementa esa deuda que se ha convertido en la cadena de la felicidad para el mundo de las finanzas.
En 2017 continuará el festival de la deuda. Un reporte del agente del mercado financiero Research for traders calculó que por el pago de intereses (9217 millones de dólares), el vencimiento de capital (28.520) y el financiamiento del déficit fiscal previsto en el Presupuesto de 4,2 del PIB (23.052) la emisión de deuda será de por lo menos 60.790 millones de dólares.
El saldo en dos años sería entonces de unos 150 mil millones de dólares. El endeudamiento desenfrenado es utilizado por el gobierno para pagar deudas, entregar divisas para la fuga de capitales y para cubrir el déficit gemelo (fiscal y comercial).
Respecto al desequilibrio comercial creciente, el endeudamiento facilita el pago del incremento de las importaciones de bienes de consumo final que desplazan a la producción nacional. O sea, los empresarios nacionales que estaban desesperados por comprar dólares sin restricciones ahora lo pueden hacer, pero otros empresarios también lo pueden hacer para comprar en el exterior productos que hunden en la recesión a los empresarios dedicados a la producción nacional. Ambos hoy pueden comprar los dólares que aporta la deuda, aunque sólo pueden estar aliviados los importadores.
Para desalentar la compra de dólares al tiempo que retira pesos del mercado con el esquivo objetivo de bajar la inflación, el Banco Central conducido por Federico Sturzenegger emite Lebac. Al 31 de octubre, el stock de esa deuda de cortísimo plazo era de 685.000 millones de pesos, superior al total de la Base Monetaria de 669.905 millones de pesos (dinero en circulación en manos de público y de los bancos depositados en el BCRA). El monto de esa deuda que crece en forma vertiginoso es equivalente a 45.670 millones de dólares. La cuenta de Sturzenegger sigue en alza en forma permanente.
Como se adelantó en esta columna en abril pasado, los intereses a pagar en este año por las Lebac serán de unos 200.000 millones de pesos, equivalente a unos 13.500 millones de dólares.
En los últimos dos meses de 2016, la autoridad monetaria desembolsará unos 30 mil millones de pesos en intereses de las Lebac, activos que hoy devengan una tasa de 26,75 por ciento anual.
Para la heterodoxia, el diagnóstico de la dupla Prat Gay-Sturzenegger acerca de las tensiones que tenía la economía fue equivocado y la estrategia de gestión por consiguiente estuvo desvariada. I
Indica que la política económica ha estado subordinada a provocar exclusivamente una fuerte transferencia de ingresos hacia grupos concentrados. Para señalar que la recesión, el alza del desempleo y el deterioro social son consecuencia de esa estrategia regresiva en la distribución de la riqueza.
El mejor equipo de los últimos 50 años tiene el mérito de haber chocado la calesita con un endeudamiento record de más de 90 mil millones de dólares en pocos meses.
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