Cuando el expresidente Andrés Pastrana dijo en una entrevista que “mientras mis más cercanos asesores están siendo llamados al nuevo gobierno, los asesores más cercanos de Uribe están siendo llamados a indagatoria”, no se equivocó. Sus palabras fueron pronunciadas una vez Juan Manuel Santos se posesionó en la presidencia y anunció la conformación de su gabinete.
 
Lo que no se imaginó Pastrana es que en ese momento sus declaraciones eran un esbozo de un capítulo que apenas comenzaba en la era post Uribe. Algunas sanciones disciplinarias y penales a los exfuncionarios ya superaron la etapa indagatoria, se han abierto nuevas investigaciones, algunas han terminado en sanciones y posiblemente se abrirán otras.
 
La inhabilidad de Andrés Felipe Arias por las irregularidades en la ejecución del programa Agro Ingreso Seguro, este martes, hace parte de una larga cadena de procesos abiertos por los organismos de control contra funcionarios del Gobierno anterior. Los procesos van desde violaciones a los derechos humanos, como en el caso de las interceptaciones y seguimientos ilegales, hasta casos de corrupción, entre otros. Aunque será, el Ministerio Público, de un lado, y la justicia penal, del otro, la que decida finalmente la suerte de los exfuncionarios investigados.
 
‘Chuzadas’
  
 María del Pilar Hurtado
 
Fue la directora del organismo de inteligencia Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Se encuentra exiliada en Panamá, luego de que el propio expresidente Uribe intercediera ante el Gobierno de Ricardo Martinelli para que la acogiera en su territorio, pues estaba previsto que en cualquier momento la Fiscalía le imputaría cargos.
 
El pasado 18 de mayo, la Fiscalía imputó cargos en su contra por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. El Tribunal Superior de Bogotá, en consecuencia, impuso una medida de aseguramiento por los mismos hechos. Pero el gobierno panameño ha dicho que no entregará a Hurtado a las autoridades colombianas.
 
Por los mismos hechos, la exdirectora del DAS fue inhabilitada para ocupar cargos públicos por 18 años.
 
Bernardo Moreno
 
Fue el Secretario General de la Presidencia. Es procesado por los mismos delitos de la exdirectora del DAS. El 1 de octubre de 2010, la Procuraduría General sancionó a Moreno por lo que consideró una extralimitación de funciones por haber participado en una reunión en su despacho a la que asistieron funcionarios de Inteligencia del DAS y de la UIAF para recibir información sobre un viaje de un grupo de magistrados de la Corte a Neiva, datos que posteriormente fueron filtrados a la prensa con el fin de desacreditar a los juristas. En la misma decisión en la que fue sancionada Hurtado, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por 18 años. El 19 de noviembre del mismo año, la Procuraduría confirmó la decisión.
 
La Fiscalía le imputó los mismos cargos que a Hurtado, pero, el Tribunal Superior de Bogotá negó la medida de aseguramiento pues Moreno, a diferencia de Hurtado, no se fue del país y decidió encarar el proceso en Colombia.
 
Otros nombres
 
En el caso por las interceptaciones y seguimientos ilegales también han sido procesados Mario Aranguren, exdirector de la UIAF, quien se encuentra a la espera de un fallo de un juez; Jorge Lagos, exdirector de contrainteligencia del DAS; Fernando Tabares, exdirector de inteligencia; Martha Leal, exjefe de inteligencia del organismo; Jacqueline Sandoval Salazar, exdirectora de contrainteligencia; Jorge Rubiano Jiménez, exagente de contrainteligencia; Hugo Daney Ortiz, exsubdirector de operaciones; José Velásquez Sánchez, excoordinador, y Enrique Ariza Rivas. En varios de estos casos, la Fiscalía y la Procuraduría han pedido las máximas condenas.
 
‘Complot contra la Corte’

Edmundo del Castillo
 
Fue el secretario jurídico de la presidencia desde 2006 hasta 2010. La Fiscalía y la Procuraduría le abrieron sendas investigaciones luego de que SEMANA reveló que él, en compañía del jefe de prensa de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez, se reunió con el paramilitar Antonio López, ‘alias Job’, para evaluar unas supuestas pruebas que incriminaban a magistrados en un complot contra el presidente Álvaro Uribe.
 
Las supuestas pruebas fueron obtenidas ilegalmente, según lo reveló la investigación periodística de SEMANA. La Fiscalía abrió un proceso para evaluar si había incurrido en una actuación delictiva, pero lo archivó en julio de 2009. No obstante, en marzo de este año el ente acusador reabrió la investigación al encontrar nuevos indicios sobre la presunta responsabilidad de los dos funcionarios en haber permitido el ingreso de paramilitares a la Casa de Nariño. A la reunión, supuestamente también asistió el exconsejero presidencial José Obdulio Gaviria.
 
Sobre este mismo caso, el procurador archivó el expediente contra el secretario de prensa, el exasesor de comunicaciones Jorge Mario Eastman y otros 17 funcionarios. No así ocurrió con el proceso contra Del Castillo a quien le abrió un proceso disciplinario en abril de 2009 pues según el procurador Alejandro Ordoñez, “asumió funciones policiales y disciplinarias que no eran de su competencia, al aceptar reunirse con López, ligado con bandas de narcotraficantes de Medellín. Ordóñez también afirmó que Del Castillo omitió denunciar los hechos que conoció en la reunión a las autoridades correspondientes y ocultó información sobre la comisión de posibles delitos en las instancias del Estado”. Pero en este caso, el Ministerio Público no se ha pronunciado.
 
‘Parapolítica’
 
Jorge Noguera
 
Fue director del DAS desde 2002 hasta el 2006 cuando fue nombrado cónsul en Milán (Italia). El exjefe de informática del DAS, Rafael García, lo acusó de haber puesto el organismo a disposición de las autodefensas.
 
Por esta razón, en noviembre de 2007 fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría para ocupar cargos públicos durante 18 años, tras hallarlo culpable de colaboración con paramilitares e incremento injustificado de su patrimonio y el de terceros con dineros públicos.
 
En febrero de 2007 la Fiscalía emitió una orden de captura en un proceso en su contra por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Fue puesto en libertad y recapturado, en el mismo proceso.
 
El 11 de junio de 2008 la Corte Suprema de Justicia anuló el proceso en su contra pues el fiscal Mario Iguarán delegó el caso y, según la ley, este era de su exclusiva competencia. Sin embargo, el proceso se reanudó, Noguera volvió a ser detenido preventivamente y está a la espera de que su situación jurídica se resuelva.
 
‘Yidispolítica’
 
Sabas Pretelt de la Vega
 
Fue el ministro del Interior del Gobierno de Uribe entre 2004 y 2006. El 24 de agosto de 2010 la Procuraduría lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por 12 años. La sanción fue el resultado de una investigación en la que el Ministerio Público comprobó que en su condición de ministro ofreció al exrepresentante Teodolindo Avendaño (condenado por la Corte Suprema de Justicia por los mismos hechos) una notaría a cambio de su voto favorable al primer proyecto de reelección presidencial.
 
El 13 de mayo de ese mismo año, la Fiscalía lo llamó a juicio en una investigación penal por los mismos hechos. En ese momento, Pretelt tuvo que renunciar a su cargo en la embajada en Italia.
 
En enero de este año, el exministro solicitó ante el gobierno de Costa Rica el derecho de asilo político, petición que ese país rechazó.
 
Diego Palacio
 
Fue el Ministro de la Protección Social entre 2003 y 2010. Su nombre fue mencionado por la exrepresentante Yidis Medina en el proceso en el que resultó condenada por cohecho. Medina lo acusó de ser uno de los oferentes de las dádivas del gobierno a cambio del voto favorable de los congresistas al proyecto para permitir la reelección presidencial.
 
En 2009, la Procuraduría lo absolvió de los cargos pues consideró que no había suficientes pruebas. El proceso, sin embargo, continuó su camino en la justicia ordinaria. La fiscal Viviane Morales, el pasado 28 de junio anunció que su despacho tomaría decisiones en ese proceso.
 
‘Corrupción’

Carlos Albornoz
 
Fue director de la Dirección Nacional de Estupefacientes desde septiembre de 2006 hasta mayo de 2009. A finales de 2010 la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria junto a otros dos funcionarios por las presuntas irregularidades administrativas cuando estuvo a cargo de la entidad.
 
El Ministerio Público investiga si el entonces director del DNE tuvo alguna injerencia en la designación de los bienes de la Sociedad Cispata Promotora Hotelera a favor de personas que tenían “estrechos vínculos de amistad” con el implicado en el proceso penal.
 
Sobre la presunta corrupción en el organismo hay más de 100 investigaciones abiertas en la Fiscalía. Incluso, la entidad fue intervenida con el objetivo de establecer qué complicidad tuvieron algunos funcionarios de la entidad con bandas criminales y de narcotráfico para la venta y administración de bienes incautados a la mafia.
 
El Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, ha dicho que ninguno de los posibles delitos en la DNE pudo cometerse sin la complicidad de funcionarios y aseguró que “aún hay personas vinculadas a estas mafias que siguen adentro”.
 
Andrés Uriel Gallego
 
Fue el Ministro de Transporte durante todo el período del Gobierno de Uribe. El 23 de junio pasado, la Contraloría le abrió un proceso de responsabilidad fiscal por haber hecho presuntos pagos sin justificación por más de 193.000 millones de pesos para las obras de construcción del túnel de La Línea, que adelanta la empresa Unión Temporal Segundo Centenario.
 
El ente fiscalizador estableció que a la fecha a los contratistas de este proyecto se les han pagado 321.000 millones de pesos, pero la obra recibida vale 127.931 millones.

Álvaro Uribe había dicho que Jorge Noguera era “un buen muchacho”. Lo conoció en su primera campaña presidencial, en el año 2002, y luego, ya como mandatario, lo nombró el primer director del DAS de su gobierno.
 
Noguera no era muy conocido por la opinión pública. Incluso, durante su periodo al frente del departamento de inteligencia, tampoco tuvo mayor visibilidad. Los problemas surgieron en marzo del 2006.
 
Uribe, quien era presidente-candidato, lo nombró en el consulado de Milán (Italia). Y fue en ese momento cuando la revista SEMANA reveló las declaraciones del exfuncionario del DAS Rafael García, y luego el contenido del computador del paramilitar ‘Jorge 40’, en las que el nombre de Noguera, como director del DAS, aparecía comprometido en la entrega a grupos paramilitares de una lista de sindicalistas y defensores de derechos humanos (entre ellos, el nombre del profesor Correa de Andreis), que fueron asesinados por las Autodefensas.
 
Noguera renunció a su cargo diplomático. Regresó a Colombia para enfrentar los procesos judiciales que la Fiscalía había abierto en su contra. Fue detenido, recuperó la libertad en dos oportunidades (gracias a maniobras jurídicas de sus abogados y errores procedimentales del fiscal Mario Iguarán) y este 14 de septiembre, tras un proceso de más de cuatro años, terminó condenado a 25 años de prisión.
 
En ese tiempo Uribe hizo una defensa de oficio de Noguera. A tal punto, que William Wood, embajador de Estados Unidos en Colombia, afirmó en una entrevista que le concedió al diario El Tiempo (18 de marzo del 2007) que “si Noguera es culpable, ese sí es un problema para Uribe”.
 
El expresidente no fue indiferente a la condena contra Noguera. Si hace dos meses, cuando entregó su versión libre en el Congreso por las irregularidades de las ‘chuzadas’ del DAS, insistió en la honorabilidad y la buena hoja de vida de Noguera, ahora pidió perdón.
 
En su twitter, Uribe dijo: “nombré a Jorge Noguera por su hoja de vida y su familia, he confiado en él, si hubiera delinquido me duele y ofrezco disculpas a la ciudadanía”.
 
Esta especie de “perdón público”, informal, no fue suficiente para algunos sectores políticos que consideran que la responsabilidad política del expresidente Uribe debe ir más allá.
 
“A Uribe se le quemaron las manos. Debe asumir responsabilidad política por haber nombrado a Noguera director del DAS”, fue la reflexión del senador Luis Carlos Avellaneda (Polo Democrático Alternativo).
 
Rafael Pardo, actual jefe del Partido Liberal, que hizo oposición a Uribe, consideró que la condena de la Corte Suprema de Justicia contra Jorge Noguera “ratifica que el DAS se convirtió, durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe, en un organismo que se puso del lado de la delincuencia”.
 
El senador Avellaneda compartió esta tesis, aunque sus palabras fueron más elocuentes: “Se comprobó lo que advertimos (con Gustavo Petro) en varios debates en el Congreso. El DAS fue convertido en una empresa criminal”.
 
Para el senador Juan Fernando Cristo (Partido Liberal), la sentencia de la Corte también comprueba la tesis que el DAS actuó como una especia de policía política. “El DAS, en los ocho años de gobierno de Uribe, se convirtió en una entidad dedicada a atacar a los opositores del gobierno”.
 
Pero los sectores políticos que acompañaron al gobierno Uribe insistieron en que las responsabilidades son individuales, y dieron a entender que la condena contra Noguera no alcanza a afectar al expresidente Uribe.
 
Hernán Andrade, senador del Partido Conservador, dice que no es de extrañar que Uribe defienda a sus funcionarios. “Uno cree en su equipo de gobierno, en sus subalternos. Noguera fue muy cercano a Uribe, pero el fallo de la Corte determinó responsabilidades individuales. No sé hasta dónde alcance el hilo que conduzca al presidente Uribe”.
 
Roy Barreras, codirector del Partido de La U, considera que Noguera traicionó a Uribe. “Jorge Noguera traicionó a todo el país y a un jefe de Estado que lo defendió hasta el último momento”.

El final del DAS, que se anunció desde hace dos años, no va a ser tan lánguido como se esperaba. Cuando el país ya parecía haber asimilado el escándalo de los seguimientos ilegales, que ha tenido en la picota pública durante los últimos dos años a esta agencia de inteligencia al servicio de la Casa de Nariño, y cuando ya parecía que se comenzaba a desatar el final de la historia con la condena a 25 años de cárcel que la justicia le impuso la semana pasada al exdirector Jorge Noguera, irrumpe en escena un nuevo escándalo. Uno que puede terminar siendo aún peor que el anterior, porque tiene el agravante de que con este caso se está poniendo en riesgo la seguridad nacional.

Lo más grave que le puede suceder a una agencia de inteligencia en cualquier lugar del mundo es perder algún tipo de información de sus bases de datos, de sus agentes secretos y de las misiones que se les asignan. Y es peor aún si esa información termina en manos de los 'enemigos'. Eso, según pudo establecer SEMANA, es lo que está ocurriendo hoy en Colombia con el DAS.

Mucha de la información de este organismo con las verdaderas identidades de sus agentes, los nombres y oficios que usan como fachadas, las misiones que les han asignado, los blancos a los que espían, los nombres de los informantes que les han dado datos valiosos sobre peligrosos grupos criminales y las fuentes asiduas que les venden información sobre bandas organizadas están hoy en manos de particulares, grupos ilegales o grupos interesados.

SEMANA pudo verificar que parte de esa información está en poder, al menos, de la organización del narcotraficante Daniel 'el Loco' Barrera y otra parte en el de un gobierno extranjero que en los últimos años ha mantenido tensa relación con Colombia.

La información no es lo único que está en oferta en el DAS. Muchos de los trámites irregulares por los que antes se cobraban gruesas sumas de dinero han bajado de precio. Hace tres años modificar el registro de migración de manera ilegal podía costar entre 30 y 40 millones de pesos. Ahora por ese 'trámite' se pagan alrededor de 10 millones.

Algo similar pasa con el registro de antecedentes. Hace cinco años, si un delincuente quería una copia para saber si las autoridades lo estaban buscando, debía sacar del bolsillo alrededor de cinco millones de pesos. Hace menos de un mes, dos de los 'socios' más importantes del Loco Barrera consiguieron esos registros por un millón de pesos cada uno.

Esa filtración no es de poca monta. En Estados Unidos, Gran Bretaña, España y Rusia se han desatado graves escándalos 'simplemente' porque se terminó filtrando el nombre de algún agente o los detalles de una operación secreta. El Plame Gate, por ejemplo, fue uno de los escándalos más difíciles de manejar para el gobierno de George Bush. Y consistió en que se filtró a la prensa la identidad de una agente clandestina de la CIA -algo que es delito federal-. El caso llegó hasta los tribunales y le costó el puesto al principal estratega político de la Casa Blanca, Karl Rove.

Otro tanto ocurrió en Gran Bretaña, hace dos años. La pérdida de una simple USB con datos de una operación antinarcóticos llenó la copa de los británicos y desató duras críticas contra la ministra de Relaciones Exteriores responsable del servicio secreto.

En Colombia no se ha perdido una USB ni se ha delatado la identidad de un único agente secreto: ¡está circulando en el mercado negro toda la base de datos de la agencia de inteligencia! Lo que está sucediendo con el DAS puede ser considerado uno de los más grandes desastres para un organismo de inteligencia en el mundo. Comparable, tal vez, con lo que ocurrió con la desaparecida KGB cuando muchos de sus secretos fueron feriados en el momento en que ese organismo se acabó al desaparecer la Unión Soviética.

¿Qué se filtró?

Aunque la pérdida de información no es algo nuevo en la historia de ese organismo, lo que ha venido ocurriendo desde que se anunció la liquidación, hace dos años, y que se ha incrementado en los últimos meses, no tiene antecedentes. Sin duda puede ser considerada la fuga de información más grande en la historia reciente del país.

Son muy pocas las cosas del DAS que no están ya en las calles o que no se puedan conseguir. SEMANA tiene en su poder decenas de miles de documentos y archivos clasificados y secretos del DAS que le han ido entregando agentes y exagentes de la entidad.

En un primer paquete podría hablarse de las fuentes o las fachadas, que son, para cualquier servicio de inteligencia, su tesoro más preciado y celosamente guardado. No es para menos. En esa base de datos, ya casi pública, están los nombres de todos y cada uno de los 6.022 funcionarios que trabajaban en el DAS a comienzos de este año.

En la base de datos se puede identificar, por ejemplo, que el agente secreto que firma sus informes con las letras Z3 tiene una fuente infiltrada en las Farc a la que se denomina con el código Z3-6, y se puede conocer su nombre verdadero, su número de cédula, año de ingreso y dependencia o seccional a la que está asignado. Adicionalmente, se puede consultar su folio de vida con otros datos personales del funcionario, como lugar de residencia, estudios, familia y empleos anteriores. Además de saber en qué lugar se encuentra con la fuente, el dato del vehículo en el que llega el informante, su nombre real, su sobrenombre y los datos entregados. Y por último, se pueden consultar las "apreciaciones mensuales de desempeño", que no son otra cosa que las anotaciones hechas por su superior con información clave que va desde qué datos de inteligencia recogió, qué delincuentes ayudó a capturar o qué incautaciones de armamento facilitó, por mencionar solo algunos ejemplos.

¿Cuántos miembros de bandas criminales o narcos tendrán en sus manos la información del detective que los ha investigado o consiguió datos para incautarles armas o descubrir laboratorios? ¿O las identidades de las personas de su organización que están filtrando información al Estado?

En la base de datos obtenida por SEMANA figuran, entre otros, 852 detectives profesionales, que son los que cumplen labores operativas, y 68 detectives especializados, que cumplen misiones operacionales junto con otros 2.369 detectives distribuidos en diferentes lugares. Como si eso fuera poco, en la base de datos que se consigue en las calles también están los informes completos de la misión que cada detective tenía. Para decirlo de otra manera, el escándalo de WikiLeaks en el mundo, que filtró los cables del Departamento de Estado, es casi comparable a la revelación de estos papeles secretos del DAS para Colombia.

SEMANA tiene centenares en su poder. Por ejemplo, así como los informes de Z-3, que es jefe de la zona centro, también están Y-29 en Nariño y sus reportes sobre Farc y corrupción, y los informes de los agentes U-3, K-1 o Y-46 con ubicación de jefes guerrilleros, miembros de bandas criminales y narcos, datos sobre planes de ataques terroristas o víctimas de secuestro, entre muchos otros.

Con la megafiltración también han quedado expuestas las personas que desde otros países suministran datos al DAS. Algo similar ocurre con el tema de las fachadas usadas en Colombia y en el extranjero, que, como se conoce en el argot de los espías, quedaron 'quemadas'. Uno de esos casos es el de la fachada conocida con el nombre clave de Comunidad 18. Se trata de una fundación que creó el DAS en una ciudad del Valle para, amparados con esa cobertura, recolectar información de la guerrilla. Esa sede encubierta empezó a operar en enero de 2008 y estuvo activa hasta mayo de 2009, cuando se cerró porque después de haber gastado 322 millones de pesos en su funcionamiento, no arrojó los resultados esperados. SEMANA, por razones obvias, se abstiene de revelar las ubicaciones de otras fachadas que hoy funcionan dentro y fuera del país.

Muchas Mata Hari

Un segundo paquete de los papeles secretos del DAS revela la existencia no de una, sino de muchas Mata Hari. La historia de la exdetective del DAS que se encargó de organizar una red para grabar ilegalmente y conseguir información de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que fue conocida popularmente como la Mata Hari, no es la única. En la misma Corte, según la base de datos, había otros agentes infiltrados, el Y-15 y el Y-75 (ella era la Y-66), y lo que el país no sabía es que existía otro grupo de agentes (Y-64 y Y-69, entre otros) destinados a espiar al entonces procurador Edgardo Maya y a su sucesor, Alejandro Ordóñez.

No menos escandalosa es la existencia de otro grupo (en el que estaban, entre otros, los agentes Y-5, Y-40 y Y-16) dedicado a reunir y redactar informes sobre diferentes y reconocidos políticos de partidos críticos del gobierno, incluido el actual ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, en su época de senador.

Las revelaciones en este paquete son especialmente impactantes. Se demuestra cómo los agentes infiltrados conocen con meses de antelación decisiones claves de la Procuraduría, o cómo desde el Ministerio del Interior también se pretendía infiltrar las Unidades de Trabajo Legislativo de ciertos congresistas (ver artículos en las páginas siguientes).

En cuanto al ya conocido caso de seguimientos ilegales a la Corte Suprema, SEMANA halló en estas bases de datos mucha más información de la que hasta ahora se ha conocido. Está, por ejemplo, el seguimiento a uno de los magistrados con el detalle de todas sus cuentas bancarias, las pesquisas que hicieron con sus amigos de infancia en su ciudad natal e incluso en los colegios de sus hijos.

¿La Fiscalía ya tendrá esa información en el proceso que adelanta contra la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y el exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno?

Ojo a los diplomáticos

En un tercer capítulo de la filtración se encuentran varias gigas con videos, audios y correos electrónicos de varias operaciones de inteligencia a diplomáticos, presuntos espías extranjeros y ciudadanos de otras nacionalidades en territorio colombiano.

El DAS, como parte de su misión, puede y debe realizar labores de inteligencia en territorio colombiano a extranjeros que puedan ser una eventual amenaza. De hecho, durante años este organismo ha logrado consolidar excelentes datos sobre redes terroristas internacionales. Los servicios de inteligencia en todo el mundo lo hacen e incluso, en aras de la seguridad nacional, no pocos realizan también seguimientos a delegaciones diplomáticas.

Lo que no puede ocurrir es que esas labores de inteligencia, que incluyen, por ejemplo, la interceptación de teléfonos a una embajada, queden al descubierto. Y eso le ha pasado al DAS. Gracias a esta feria de la filtración, un país vecino tuvo acceso a gran parte de los reportes, videos y grabaciones de inteligencia hechos a su embajada y a sus diplomáticos en Colombia.

En los archivos aparecen largas listas de ciudadanos de Italia, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Irán y Gran Bretaña.

El coco de la liquidación

¿Por qué ocurrió tamaña filtración? A raíz del escándalo de los seguimientos e interceptaciones ilegales, revelado por SEMANA a finales de febrero de 2009, el gobierno de Álvaro Uribe anunció en octubre de ese año la liquidación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la creación de una nueva agencia de inteligencia. Desde ese momento cundió el pánico en las oficinas de este organismo y comenzó, tímidamente, la feria de datos.

"Desde que se dijo que el DAS se acababa mucha gente empezó a hacer negocio y a buscar una forma de asegurar unos pesos. Otros comenzaron a sacar la información como una especie de seguro por si el día de mañana tienen algún tipo de investigación penal o disciplinaria. Nunca ha sido claro qué va a pasar con nosotros. Lo único que nos han dicho todo el tiempo es que esto se acaba y nos vamos a quedar sin puesto", contó a SEMANA un detective que por razones obvias pidió omitir su nombre.

Cuando el gobierno Uribe dijo que el DAS se acababa no había un plan concreto para llevar a cabo la liquidación y la persona encargada para tal fin fue Felipe Muñoz, quien llegó a la Dirección del organismo días antes de que se desatara el escándalo. Desde su llegada a la entidad, la relación de Muñoz y su círculo más cercano con el grueso de la planta de personal del DAS no fue ni ha sido la mejor. En parte porque los detectives lo veían como otro hombre sin experiencia en temas de inteligencia que llegaba a la entidad, al igual que sus tres antecesores, y además le tocó la ingrata tarea de cerrarla.

Muñoz inició una purga interna que implicó la salida de algunas 'manzanas podridas'. Y eso tampoco cayó muy bien en la institución. "El tratamiento adentro era como si todos fuéramos unos bandidos. Vino una oleada de despidos, traslados y muy pocas veces nos dio la cara. Al comienzo hizo varias videoconferencias para explicarnos que nos iban a reubicar en otras entidades y que muchos podríamos quedar en la nueva agencia", afirma un detective.

En ese momento comenzó la primera fuga de información confidencial. Con el paso de los meses, Muñoz fue ratificado por el recién elegido Juan Manuel Santos, quien, desde la Presidencia, expidió los decretos que permitían crear, eliminar y reformar entidades. "En ese momento muchos fuimos conscientes de que la liquidación del DAS sí iba en serio", cuenta el funcionario.

Durante meses, el gobierno se desentendió del DAS, pues asumió que todo lo oscuro de esa entidad era consecuencia del gobierno anterior y le dejó el 'chicharrón' de la liquidación a Muñoz y sus asesores, mientras enfocaba sus esfuerzos en diseñar y estructurar la nueva agencia. "A pesar de que nos siguen insistiendo en que no va a haber una masacre laboral, la incertidumbre es muy grande. A muchos les han dicho que los van a indemnizar y se han hecho convenios con el Sena para cursos de panadería y mecánica, para que se capaciten y monten un negocio. A otros ya los mandaron al CTI y a la Policía. El gobierno tomó la decisión de liquidar el DAS como si se tratara de Caprecom o la DNE y no entendió lo que hace la gente acá y sobre todo lo que puede hacer con la información", concluye.

En las últimas semanas, varios de los directivos del DAS han recorrido las diferentes seccionales, pero lejos de tratar de tranquilizar a los detectives lo que han conseguido es acelerar la filtración de los papeles secretos. "Esta semana, el director general operativo, Humberto Velásquez, estuvo acá en el Valle y nos dijo que el DAS se acaba el primero de noviembre. Que no peleáramos ya por los ascensos y que teníamos que ver si nos acomodamos en la Fiscalía, el Inpec, en lo que se va a crear de migración o algunos podíamos concursar a ver si quedamos en la nueva agencia. Todo el mundo quedó pegado del techo", dijo a SEMANA un agente de la seccional del Valle.

Consultado sobre el problema de la filtración de los papeles secretos, el director Felipe Muñoz dijo: "Quiero mandar dos mensajes claros a los funcionarios y a la sociedad: mi compromiso es liquidar definitivamente el DAS y dar paso a una nueva institución, con mejores controles y más respetuosa de los derechos humanos. Quienes filtran información que se han llevado ponen en riesgo vidas y la seguridad nacional. Los perseguiremos y los judicializaremos".

Hace dos semanas, el presidente Santos anunció que había designado al excomandante de la Armada almirante Álvaro Echandía como director de la nueva agencia de inteligencia. No será fácil. Para comenzar, porque no es claro aún cómo el gobierno hará en los próximos dos meses lo que no se ha podido hacer en dos años: liquidar el DAS sin que empeore la venta de la seguridad nacional.

De todas maneras, en medio de la gravedad de lo que está ocurriendo, con esta filtración también queda al descubierto el valor de cientos de detectives que ponen en riesgo su vida y la sofisticación y el profesionalismo de buena parte de la inteligencia colombiana, que ha sabido guardar hasta ahora en total confidencialidad secretos cruciales de la vida del país.