Enrique Santiago Romero Abogado español, experto en derecho internacional. Responsable de los servicios jurídicos del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA) Formó parte del equipo jurídico que impulsó la querella que el 13 de octubre de 1998, condujo a la Audiencia Española a solicitar la detención, en Londres, del exdictador chileno Augusto Pinochet y de otros exmilitares chilenos y argentinos responsables de la llamada "Operación Cóndor". Miembro de la Misión Internacional de Observación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la RED CIFCA, sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras tras el golpe de estado. Julio 2009. Ha sido secretario de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Asistió en calidad de observador al referédum presidencial en Venezuela, en agosto de 2004, en representación de ONG's y organizaciones sociales de España.
Es conveniente repasar la hoja de vida del ex presidente colombiano
para comprender sus obvios temores
a acabar compareciendo ante la Corte Penal Internacional.
No es exagerado decir que tras su salida de la Presidencia, el rastro del Presidente Álvaro Uribe Vélez conduce indefectiblemente hacia la Corte Penal Internacional y no precisamente como acusador, tal y como ha intentado aparecerse estos días ante la opinión pública internacional, señalando al gobierno y funcionarios venezolanos de "colaboración" en la perpetración de crímenes de lesa humanidad y de guerra y dando instrucciones al Fiscal General de Colombia para que presente tales acusaciones contra el presidente Hugo Chávez y otros altos funcionarios venezolanos ante al Corte Penal de La Haya.
La Comunidad internacional ha asistido con estupor a los denodados esfuerzos del todavía Presidente de Colombia por complicar aún más las relaciones diplomáticas de su país con sus vecinos, especialmente con Venezuela, a quien ha hecho blanco de numerosas, graves e infundadas acusaciones políticas y jurídicas.
Pareciera que tras estas acusaciones se oculta la única intención de Uribe de concluir su mandato presidencial provocando el conflicto armado con Venezuela.
Uribe ya es el pasado y probablemente ese hecho y sus consecuencias jurídicas - respecto a la perdida de cualquier inmunidad jurídica que le haya alcanzado durante el ejercicio presidencial - son perfectamente conocidas por el todavía Presidente colombiano.
Hoja de Vida
Por lo que a continuación expondremos, podemos avanzar no solamente que la acusación del presidente Uribe contra Venezuela carece de fundamento jurídico alguno, sino que más bien corresponde a una estrategia desesperada para ocultar el mayor de los problemas de Uribe a partir del 8 de agosto (2012) próximo:
el abultado expediente de acusaciones que, caratulado bajo su nombre, descansa en los cajones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Los obvios temores de Álvaro Uribe
Es conveniente repasar la hoja de vida del todavía presidente colombiano para comprender sus obvios temores a acabar compareciendo ante la Corte Penal Internacional.
Álvaro Uribe Vélez, el "precursor del Narco-Estado", como ha sido denominado por uno de las más importantes centros de investigación en materia de narcotráfico internacional, "The Narco News" desde que en 1997 y 1998, los agentes de aduanas de Estados Unidos en California detuvieron tres sospechosas naves con destino a Colombia que, descubrirían luego los agentes, portaban un total 50 toneladas de permanganato de potasio, un precursor químico clave, necesario en la manufactura de cocaína (ver "Álvaro Uribe, el Narcotráfico y el Cartel de Medellín".
De acuerdo a un documento firmado por el jefe de la DEA Donnie R. Marshall el 3 de agosto de 2001, las naves se dirigían a Medellín, Colombia, a nombre de una empresa llamada GMP Productos Químicos.
Las 50 toneladas del precursor químico destinadas a GMP eran suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor en la calle de 15 mil millones de dólares. El dueño de GMP Productos Químicos, de acuerdo al reporte de 2001 de la DEA, era Pedro Juan Moreno Villa, el jefe de campaña y ex secretario de gobierno durante el periodo de Uribe como Gobernador de Antioquia y, por mucho tiempo, mano derecha del todavía Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
Moreno fue el alter ego político de Uribe durante y después de esos nerviosos meses de 1997 y 1998, cuando esperaba esos envíos de contrabando.
Cuando Uribe fue gobernador del estado de Antioquia - cuya capital es Medellín - de 1995 a 1997, Moreno era el secretario de gobierno. Durante esos años, según el entonces jefe de la DEA Marshall,
"entre 1994 y 1998, GMP fue el más grande importador de permanganato de potasio en Colombia".
Recordemos que el primer cargo público del entonces joven licenciado en derecho Álvaro Uribe, fue el de Director de la agencia de Aeronáutica Civil de Colombia entre 1980 y 1982.
La ex-amante de Pablo Escobar y presentadora de televisión, Virginia Vallejo, en su libro "Amando a Pablo, Odiando a Escobar" da nuevos datos de la relación entre Uribe y Pablo Escobar:
según la periodista actualmente exiliada en los EE.UU., Uribe como director de la Aeronáutica Civil fue clave para el otorgamiento de licencias masivas de vuelo al cartel de Medellín sin las cuales jamás hubieran podido hacer sus inmensos envíos de la droga a los EE.UU. y acumulado sus inmensas fortunas.
En una entrevista explica porqué el primo de Escobar, José Obdulio Gaviria es actualmente el asesor presidencial de Uribe.
Uribe tuvo a César Villegas como su delegado cuando fue director de la Aerocivil. Este último fue sentenciado a 5 años de prisión por nexos con el Cartel de Cali y asesinado para callar su testimonio. (Diario El Tiempo de Colombia. 17/03/2002).
Esta querencia de Uribe en materia aeronáutica, quedó también de manifiesto cuando la policía y el ejército colombiano desactivaron el mayor laboratorio de transformación de cocaína encontrado hasta le fecha en Colombia, en el remoto paraje denominado eufemísticamente "Tranquilandia" (Operación Yarí).
El 11 de marzo de 1983, la fuerza pública irrumpió en el laboratorio del conocido narco Gonzalo Rodríguez Gacha "El mexicano" y entre otras evidencias intervino un helicóptero Hughes 500, matrícula HK 2704 X, propiedad de Aerofotos Amortegui Ltda, empresa propiedad de la familia Uribe.
Al respecto Álvaro Uribe alega que ese helicóptero había sido previamente vendido, según indicó, se le olvidó documentar dicha compraventa. La Agencia de Inteligencia de la Defensa" de los Estados Unidos, elaboró una ficha de Álvaro Uribe, la número 82, en esta Agencia.
Informe clasificado Confidencial. Departamento de Defensa de EE.UU. (DIA. Defense Intelligence Agency).
82. Álvaro Uribe Vélez. Político colombiano y senador dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con drogas en Estados Unidos.
Su padre fue asesinado en Colombia debido a sus conexiones con los traficantes de drogas. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y es amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria.
èl (Uribe) ha participado en la campaña política de Escobar para ganar el puesto de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado ha atacado todas las formas del Tratado de Extradición (de Colombia con los Estados Unidos) (…)"
Uribe ha sido señalado de participar habitualmente en el diseño y ejecución de matanzas perpetradas por los paramilitares colombianos, como el caso de la "matanza de El Aro" cometida en 1.997.
En esa, según relata el periódico de Miami, "El Nuevo Herald" en su edición del 6 de agosto de 2009, el mismísimo Álvaro Uribe, planeo la matanza con los dirigentes de las AUC (Autodefensa Unidas de Colombia) y posteriormente acudió personalmente a felicitar a los paramilitares que "brillantemente" habían asesinado, con motosierras, al menos a 15 campesinos indefensos, matanza por la que la Corte Interamerica de Derechos Humanos condenó a Colombia.
El grupo paramilitar "Los doce apóstoles" habría tenido sede en la hacienda "La Carolina", en el departamento de Antioquia, cuya propiedad comparten los hermanos Uribe Vélez.
El hermano del Presidente fue interrogado por la fiscalía en 1997 respecto a delitos de secuestro, extorsión y asesinato cometidos por "Los doce apóstoles" entre 1993 y 1994.
El grupo paramilitar fue acusado de asesinar 50 personas, y de haber cometido una masacre de la cual fueron hallados los cuerpos de cuatro personas y otras dos permanecen desaparecidas. Por este caso existe una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El fiscal colombiano Luís Camilo Osorio confirmó que el hermano del mandatario sí había sido objeto de una investigación oficial en 1999, pero también indicó que se había declarado,
"un auto inhibitorio a favor del señor Uribe Vélez y se ordenó el archivo definitivo" ese mismo año.
La red paramilitar Uribe-Vélez-Ochoa - Un Parlamento tras las rejas
El 4 de diciembre de 2006, en declaraciones a W Radio de Bogotá, el presidente Uribe Vélez debió admitir que su hermano sí fue investigado por involucramiento con el paramilitarismo.
Tres parientes del Presidente colombiano, entre ellos dos primos hermanos, lideraron una banda paramilitar conocida como "Los Erre", señalada de haber asesinado a medio centenar de personas en varios municipios del departamento de Antioquia.
Estos familiares fueron condenados en primera instancia y estuvieron presos cerca de un año, hasta que un juez de apelaciones los puso en libertad y archivó el caso por considerar,
"que no había pruebas suficientes contra los acusados".
Los parientes del presidente son,
Carlos Alberto Vélez Ochoa
Juan Diego Vélez Ochoa
Mario Vélez Ochoa, (también son familiares del clan de los capos del narcotráfico Ochoa)
(Fuente: El Nuevo Herald, Miami, 24 jun05)
El ex senador colombiano Mario Uribe, primo y colaborador cercano en la Presidencia de Álvaro Uribe, está acusado formalmente de narcoparamilitar por la justicia colombiana. No es el único parlamentario de la mayoría uribista en esa situación.
Más de 70 congresistas y senadores de los partidos que apoyaban a Uribe en las cámaras legislativas hasta el pasado mes de marzo, se encontraban y encuentran procesados por la justicia colombiana por narco-paramilitares, casi el 50% de las cámaras legislativas. Actualmente, 50 congresistas o excongresistas uribistas ya cumplen condena por favorecer o pertenecer a grupos narcoparamilitares.
Todos son de partidos políticos uribistas (Cambio Radical, Alas Equipo Colombia, Apertura Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Colombia Democrática y Convergencia Ciudadana).
Tras las elecciones legislativas de marzo de 2010, continua habiendo procesados por narco-paramilitarismo ocupando curules en el Congreso de la república. ¿Se imagina el lector el escándalo que supondría que el 50% del parlamento venezolano estuviera procesado por narco-terrorismo?
De larga data, ya en sus tiempos de gobernador de Antioquia, viene la tendencia de Uribe a actuar como "señalador oficial" de los defensores de Derechos Humanos en Colombia, convirtiéndolos en objetivos a eliminar por los narco-paramilitares.
Uno de los mas sonados "trofeos" que Uribe se cobró en esta otra actividad habitual en él, fue Jesús María Valle Jaramillo, abogado, coordinador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos "Héctor Abad Gómez", de Antioquia, quien fue asesinado por sicarios el 27 de febrero de 1998, cuando se encontraba en su oficina ubicada en el centro de la ciudad de Medellín.
Varios días antes, el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, había mencionado en una intervención pública a Jesús Maria Valle, señalándolo como "auxiliador de la guerrilla", a pesar de que el abogado era miembro del Partido Conservador colombiano.
Uribe Vélez ha puesto en marcha durante su presidencia el mayor operativo de espionaje ilegal que recuerde la sociedad colombiana. Nombró a Jorge Noguera, su director de campaña electoral en 2002, como director del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). Después de salvarlo de su primera detención, Uribe lo nombró cónsul en Milán.
Actualmente paga condena en la cárcel por concierto para delinquir por vínculos paramilitares y permitir que la institución (El DAS, la agencia de inteligencia dependiente de la Presidencia de la República) fuera puesta al servicio de los narco paramilitares, ya con pruebas recopiladas por la Fiscalía General de Colombia, que acreditan que cientos de sindicalistas, opositores a Uribe, periodistas y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en Colombia por encargo y con medios del DAS.
La política de "Seguridad Democrática" de Álvaro Uribe ha dado lugar al escándalo conocido como "falsos positivos", el asesinato de al menos 2.500 civiles inocentes por la fuerza pública colombiana - bajo el mandato de Uribe como presidente y siendo Juan Manuel Santos el Ministro de Defensa - presentados como,
"guerrilleros dados de baja en combate" con la única intención de cobrar las recompensas que el Estado colombiano paga por "dar de baja a guerrilleros."
Tras ser denunciado por una Misión Internacional de Observación sobre Derechos Humanos en Colombia en Octubre de 2007 y negado y descalificado por Uribe, tuvo que ser reconocido por el propio Presidente cuando la OEA hizo suyas las conclusiones del informe de la Misión Internacional.
El relator de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales no solo ha dado por validas estas acusaciones, sino que tras hablar de un plan sistemático criminal, ha exigido su esclarecimiento y castigo a los culpables.
La "industria criminal" organizada y el hallazgo macabro de "La Macarena"
Colombia es el país del hemisferio occidental donde mayores violaciones de los derechos humanos se acometen - cuantitativa y cualitativamente hablando - de forma sistemática y respondiendo a un plan criminal perfectamente diseñado que tiene como finalidad el despojo de la tierra a los campesinos y su apropiación por las oligarquías terratenientes en alianza con narcotraficantes y organizaciones paramilitares.
De los mas de 4 millones de desplazados internos ocasionados en Colombia por el conflicto armado interno, la inmensa mayoría han sido provocados para consolidar la apropiación ilegitima de tierras de los campesinos.
De estos desplazamientos, al menos 2 millones se han producido durante los 8 años de mandato del Presidente Uribe.
En la actualidad las organizaciones de victimas y de defensores de los derechos humanos en Colombia intentan preservar la que sin duda es la mayor fosa común descubierta en América latina con cadáveres "NN".
Más de 2.500, según las primeras estimaciones, en la fosa denominada de "La Macarena", que escondería victimas campesinas de ejecuciones extrajudiciales realizadas por destacamentos del Ejército colombiano y organizaciones paramilitares.
La "industria criminal", organizada entre otros por las autoridades colombianas durante el mandato de Uribe, llegó a utilizar, emulando así la "solución final" del nazismo alemán, hornos crematorios para hacer desaparecer los cuerpos de los miles de asesinados por funcionarios del estado y sus aliados paramilitares:
tres hornos al menos descubiertos hasta ahora, uno en Arauca, otro en Antioquia y uno "móvil", en Bogotá.
En mayo de 2010, el diario The Washington Post, daba cuenta de la confesión del oficial de la policía nacional colombiana Juan Carlos Meneses, quien sostuvo haber participado en complicidad con operaciones paramilitares del grupo denominado "Los 12 apóstoles", de los que formaba parte Santiago Uribe, hermano del Presidente.
Viabilidad jurídica de una posible denuncia contra Hugo Chávez
...en la Corte Penal Internacional, como lo anunciara recientemente Álvaro Uribe
Tras conocerse el anuncio de Venezuela de romper relaciones diplomáticas con Colombia, el pasado 22 de julio, Uribe convocó al Fiscal General de Colombia, Guillermo Mendoza, para instarle a que iniciara el proceso necesario para llevar ante la Corte Penal Internacional a altos funcionarios venezolanos, incluido el presidente Hugo Chávez Frías.
Algunos periódicos colombianos informaron días después que fueron los máximos jefes militares de ese país quienes en presencia de Álvaro Uribe entregaron al Fiscal General documentación sobre acciones de organizaciones insurgentes colombianas que habrían utilizado suelo venezolano.
El Fiscal General anunció a la prensa que el encargo recibido era:
"estudiar la posibilidad de llevar ante la Corte Penal internacional a autoridades venezolanas por proteger, ayudar o auxiliar a grupos que cometen crímenes de guerra o de lesa humanidad en la zona fronteriza colombiana".
Al margen de que Colombia, incapaz de controlar más de 50 frentes de organizaciones insurgentes dentro de su territorio, exija a Venezuela una diligencia de imposible cumplimiento en fronteras selváticas o montañosas, lo cierto es que desde que se realizaron las primeras acusaciones del presidente Uribe respecto a que Venezuela albergaba bases guerrilleras colombianas en su territorio, ni una sola prueba rigurosa ha sido presentada al respecto.
Para discernir si la iniciativa del presidente Uribe busca realmente conseguir una condena de la CPI al Presidente Chávez, nada más y nada menos que por "crímenes de lesa humanidad y de guerra", o simplemente es la ultima "pataleta" política del presidente latinoamericano con la mayor carpeta abierta en la Corte de La Haya, debemos examinar lo establecido en el Estatuto de la CPI, íntegramente en vigor para Colombia y Venezuela.
La Corte Penal Internacional únicamente es competente para conocer denuncias penales contra personas individualizadas - no contra Estados o gobiernos - y con carácter complementario con las jurisdicciones penales de los países donde hayan ocurrido los hechos.
Así se establece en el artículo 1 del Estatuto de la CPI.:
"(…)La Corte (…) estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.
Los "crímenes más graves de trascendencia internacional" sobre los cuales tendría competencia la Corte, se indican en el artículo 5 del Estatuto y son:
"(…) a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; (…)".
Conforme a lo anterior, la iniciativa del Presidente Uribe, en caso de llegar a concretarse mediante la interposición de una acción penal contra funcionarios venezolanos ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional conforme a lo establecido en los artículos 13:
"Ejercicio de la competencia La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si: a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; (…)"
...y 14 del estatuto:
" Remisión de una situación por un Estado Parte 1. Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas."
Necesariamente debería fundamentar racionalmente, al menos indiciariamente, que funcionarios venezolanos auxiliaron a las FARC de forma continuada y sistemática, que por ello pudieron cometer un crimen de lesa humanidad, y que el asunto nunca ha sido investigado por las autoridades venezolanas.
Esto último, en términos jurídicos, hace referencia a la denominada "concurrencia de jurisdicciones" - entre la de la C.P.I. y las nacionales del país donde hayan ocurrido los hechos - supuesto en el que como establece el artículo 1º del estatuto, la jurisdicción de la C.P.I.
"tendera carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales"
El artículo 15 del Estatuto de Roma regula el procedimiento que deberá seguir el Fiscal y la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal, una vez recibida la información remitida por el Estado Parte, para iniciar una investigación respecto a los hechos denunciados, siendo imprescindible que el Fiscal analice,
"la veracidad de la información recibida." (art 15.2)
A la vista de lo anterior, no cabe duda alguna de que los Estados Parte en el Convenio de Roma de constitución de la C.P.I. - como es Colombia - pueden remitir información - equivalente a una denuncia - al Fiscal del Tribunal para que este y la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal estudien si la misma amerita el inicio de un procedimiento judicial ante este Corte o en su caso el inicio de una investigación preliminar, siempre y cuando dicha denuncia tuviera un mínimo de veracidad a juicio del Fiscal de la C.P.I., lo que en el contexto que analizamos y a la vista de las pruebas - escasas e inconcretas - aportadas por el gobierno colombiano, no parece que sea el caso.
En todo caso, el procedimiento podría ser puesto en marcha por Colombia mediante presentación de denuncia ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional, quien en virtud del artículo 18 del estatuto, si hubiera,
"determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, (…) lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerían normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate."
De forma que el estado notificado - en este hipotético caso Venezuela - podrá informar a la Corte que está llevando o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados."
"A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia en favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal autorizar la investigación.
Es decir, antes de iniciarse cualquier investigación o al menos simultáneamente al inicio, el Fiscal de la Corte Penal debería dirigirse a Venezuela para comunicarle la interposición de dicha denuncia y esperar una contestación de Venezuela, siendo posible que la contestación de Venezuela sea precisamente la más evidente:
que todo lo relativo a la presencia de la insurgencia colombiana en su territorio es algo que las autoridades y la justicia de Venezuela investigan y persiguen desde, al menos, el inicio del mandato del actual Presidente venezolano, en cuyo caso la Fiscalía de la C.P.I. debería inhibirse a favor de la justicia venezolana.
En este supuesto analizado, parece evidente que la denuncia con la que ha amenazado el todavía presidente Uribe, tendría poco recorrido jurídico.
Entrando aunque sea brevemente en un somero análisis jurídico sobre si los hechos imputados por Uribe a las autoridades venezolanas - la actuación de la insurgencia colombiana en territorio venezolano - podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad (art 7 del Estatuto):
"(...) se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
Asesinato
Exterminio
Esclavitud
Deportación o traslado forzoso de población
Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional
Tortura
Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable
Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte
Desaparición forzada de personas
El crimen de apartheid
Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física",
...o crímenes de guerra (art. 8 del Estatuto), es decir, violaciones de las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, lo primero que resulta destacable para cualquier observador es que los hechos criminales incluidos en la definición del tipo penal "crimen de lesa humanidad" antes indicado presentan bastante coincidencia con las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que ocurren en Colombia de forma habitual, violaciones imputadas mayoritariamente - por organismos internacionales, observatorios y organismos de derechos humanos - a las autoridades colombianas y sus agentes. Nunca ningún organismo internacional o de derechos humanos mínimamente prestigioso ha relatado crímenes con apariencia de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.
Status del conflicto colombiano a la luz del Derecho Internacional Humanitario
Para nadie es un secreto que en Colombia existe un conflicto armado que encuadra en los parámetros legales establecidos en las Convenciones de Ginebra de 1949 y respecto al cual las partes implicadas tienen la obligación de reconocer y aplicar las previsiones legales contenidas en las mencionadas 4 Convenciones de Ginebra así como en los II Protocolos Adicionales de 1977.
Al respecto, establece el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional:
"TITULO I: ÁMBITO DEL PRESENTE PROTOCOLO
ARTICULO I - Ámbito de aplicación material.
1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo I del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I ) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.
2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados.
Es una evidencia que dicho conflicto armado - que de una forma u otra ha venido manifestándose de forma ininterrumpida en el país desde finales del Siglo XIX hasta nuestros días, ya sea mediante la forma de guerras civiles o de guerra del estado contra fuerzas irregulares - es de enorme complejidad a la vista de los numerosos actores armados implicados - diversas organizaciones armadas ilegales como las FARC y el ELN, fuerzas del estado, ejércitos paramilitares diversos - existiendo en la actualidad al menos dos bandos enfrentados - el estado colombiano, con la evidente connivencia de los ejércitos ilegales paramilitares correspondientes a organizaciones incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, como es el caso de las AUC y las AUCC - y organizaciones armadas insurgentes de carácter ilegal, también incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, como es el caso de las FARC y el ELN.
En lo referido al objeto del análisis que nos ocupa - la posible comisión de delitos de lesa humanidad por la insurgencia colombiana y la hipotética responsabilidad en los mismos de autoridades venezolanas - es conveniente recordar que la aparición de las FARC en el escenario colombiano se remonta a los años 60, cuando los restos de las antiguas guerrillas liberales campesinas se organizan como fuerzas de autodefensa para hacer frente a los escuadrones de la muerte, "los pájaros", puestos en marcha por los terratenientes conservadores para exterminar a los dirigentes sociales campesinos simpatizantes del partido liberal.
Las FARC-EP inician sus actividades armadas, de manera ininterrumpida desde el 27 de mayo de 1964, iniciada por 48 campesinos - 46 hombres y 2 mujeres - , en Marquetalia (Tolima), ante lo que consideraban una agresión del estado y de los grandes propietarios latifundistas. Las FARC-EP manifiestan en ese momento que,
"están ejerciendo los legítimos derechos de rebelión y autodeterminación de los pueblos, luchan por la construcción de una nueva Colombia, sin explotados ni explotadores, en paz, con dignidad y soberanía y por los derechos fundamentales de la mayoría de los colombianos."
En el posterior devenir histórico, las FARC-EP se han desarrollado y expandido por toda Colombia, consolidándose como una organización ilegal armada con más de 60 "frentes" que tiene presencia en toda la geografía nacional, por lo que pareciera se dan las premisas previstas en el antes citado artículo I del Protocolo II de 1977 para la aplicación al conflicto colombiano de las previsiones previstas en las Convenciones de Ginebra de 1949.
Las fuerzas beligerantes en el conflicto colombiano - FARC incluidas - sin duda han incurrido e incurren en numerosas violaciones del Derecho Internacional Humanitario contenido en las 4 Convenciones de Ginebra, provocando con ello numerosas víctimas entre la población civil.
Para los organismos de derechos humanos colombianos más reputados, la responsabilidad de las violaciones graves del D.I.H. ocurridas en Colombia en 2007 se reparten de la siguiente forma, según el Informe "Noche y Niebla" del CINEP, organismo de derechos humanos colombiano dependiente de la Compañía de Jesús:
del total de 1.670 violaciones del D.I.H. reportadas en 2.007, 858 se imputan a organismos oficiales dependientes del estado colombiano (fuerzas armadas y cuerpos policiales), 5 a agentes extranjeros, 39 a combatientes sin identificar, 580 a paramilitares, 8 al ELN, 176 a las FARC y 4 a "guerrilla" sin especificar.
(Continuará)
La carpeta caratulada con el nombre de Álvaro Uribe ya existe en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y su grosor es sustancialmente mayor que cualquiera otra relativa a América Latina.
Violación sistemática de los DDHH en Colombia verificada por organismos internacionales y ONG's.
La situación de los derechos humanos en Colombia es sumamente grave. Estos son vulnerados sistemáticamente por todas las partes en conflicto a la vez que incumplen sistemáticamente el D.I.H., no resultando un hecho objetivo ni verificable, por carente de sustento probatorio alguno, la afirmación de las autoridades colombianas de que las FARC o el ELN cometen sistemáticos crímenes de lesa humanidad o de guerra.
De los datos anteriores, se verifica que con mucho el mayor violador del D.I.H. en Colombia es el propio estado, seguido de organizaciones paramilitares de extrema derecha y seguido por las FARC y el ELN.
Desgraciadamente, todos los actores del conflicto colombiano - empezando por el propio estado - vienen utilizando métodos terroristas contrarios al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, como lo sustentan los siguientes documentos de organismos internacionales:
el Informe anual de Amnistía Internacional 2008, relata claros indicios de que los grupos paramilitares tradicionales siguen operando en la actualidad en muchas partes de Colombia con nombres nuevos, como los «Águilas Negras», manteniéndose los informes que señalan la connivencia entre paramilitares y fuerzas de seguridad.
El Departamento de Estado norteamericano, a pesar de su apoyo incondicional al Presidente colombiano Álvaro Uribe al que pretende exculpar de su responsabilidad, señala en la sección 1, apartado a) de su informe anual fechado el 11 de marzo de 2008 las evidentes conexiones entre los paramilitares y la fuerza pública, así como el mantenimiento de elevados grados de impunidad.
El grado de esta vinculación entre los grupos paramilitares y el Estado colombiano lo muestra el escándalo de la parapolítica, reflejado en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, de 28 de febrero de 2008:
La Corte Suprema de Justicia inició investigaciones por presuntos nexos con grupos paramilitares contra 45 Congresistas de 16 departamentos, de los cuales 18 están en prisión.
También se iniciaron investigaciones contra cuatro ex Gobernadores y 18 ex Alcaldes.
En noviembre, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años al ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por haber colaborado con grupos paramilitares y por actos de corrupción.
Todas estas investigaciones han revelado el alto grado de infiltración paramilitar en el Estado a través de alianzas con políticos y con el sostén de algunas empresas privadas.
Informes de la OEA y de la CIDH
Las consecuencias de este tipo de vínculos pudieron ser constatadas por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de los Estados Americanos, en su octavo informe trimestral publicado en febrero de 2008, al identificar 22 nuevas estructuras compuestas por aproximadamente 3.000 integrantes.
En el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007, al menos 230 homicidios de civiles se atribuyeron a los paramilitares, ya fuera actuando por su cuenta o en connivencia con fuerzas de seguridad.
En el mismo informe de la OEA se destaca como la impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos contra los derechos humanos. Aunque se registraron algunos progresos en varios casos emblemáticos, en otros muchos no hubo avance alguno en la determinación de responsabilidades en la cadena de mando.
En el mismo sentido, según el informe 2007 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pese a la desmovilización de las AUC persiste la violencia derivada del conflicto armado.
La CIDH continúa recibiendo denuncias que indican que grupos armados al margen de la ley (paramilitares y guerrilla) y miembros de la fuerza pública continúan involucrados en la comisión de crímenes, violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario contra la población civil que se traducen en violaciones del derecho a la vida, la integridad personal y la libertad:
El "Observatorio de derechos humanos y del derecho internacional humanitario" de la Vicepresidencia de la República (conforme a su metodología) señala que los primeros nueve meses de 2007 se habrían producido 13.023 homicidios.
Asimismo, indica que durante el mismo período se habrían producido 21 casos de masacre con 98 víctimas.
Por su parte, el CINEP (siguiendo su propia metodología de compilación y presentación de cifras) indica que en el primer semestre de 2007 se habrían producido 243 ejecuciones extrajudiciales; 231 homicidios intencionales de personas protegidas y 31 desapariciones forzadas.
La CIDH estima pertinente citar en su informe a ambas fuentes a pesar de las amplias discrepancias metodológicas entre ellas, a fin de dar cuenta del panorama presentado tanto por fuentes oficiales como de la sociedad civil, como es su práctica consistente.
Igualmente, durante el 2007 la CIDH constató el alto número de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública, tal y como ya hemos relatado en este articulo, destacando ahora lo que nos interesa:
"los más de 2.500 casos constatados muestran lo que se denomina en Derecho Internacional como ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, acciones que, aunque se presentan en diferentes modalidades, corresponden a patrones comunes de actuación diseñados y realizados, al menos, por las autoridades civiles del Ministerio de defensa y los funcionarios militares del Ejército Nacional de Colombia, práctica que se ha mantenido en el tiempo y se ha producido en un gran número de departamentos de Colombia".
Podemos concluir que aún en el improbable supuesto de que Colombia llegue a interponer la denuncia anunciada por Uribe Vélez y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional llegara a admitir la misma para sus estudio, difícilmente puede afirmarse que los crímenes de lesa humanidad o de guerra perpetrados en el conflicto interno colombiano son responsabilidad de las organizaciones insurgentes, y ello a la vista de las innumerables pruebas - asumidas como propias por organismos internacionales multilaterales y de derechos humanos - que ponen de manifiesto que son las autoridades colombianas - en especial en el periodo 2002 al 2010 - las mayores responsables de estos crímenes.
No se pierda de vista en el análisis de la realidad colombiana la "hoja de vida" arriba relatada del presidente Uribe y sus más que probables nexos con las mafias del narcotráfico y el paramilitarismo.
Por menos, el ex-presidente peruano Alberto Fujimori fue condenado por un tribunal de su país por delitos de lesa humanidad.
La carpeta caratulada con el nombre de Álvaro Uribe ya existe en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y su grosor es sustancialmente mayor que cualquiera otra relativa a América Latina.
El caso de 'los 12 Apóstoles' por el que capturaron a Santiago Uribe
Ese grupo paramilitar es responsable de un centenar de asesinatos en el norte de Antioquia.
Por: JUSTICIA |
Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO
Santiago Uribe, hermano del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez
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La banda nació en Yarumal a comienzos de los 90 y, según los expedientes de la Fiscalía, terminó siendo la probeta de grupos 'paras' como el 'Cacique Pipintá' y el bloque 'Héroes de Granada' de las Auc. La banda, además, fue la base de los posteriores grupos paramilitares que delinquieron en la zona.
En la investigación que adelanta el ente acusador sobre esa organización, se ordenó la captura de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe. Deberá responder por homicidio agravado y concierto para delinquir.
Rodrigo Pérez Alzate o ‘Julián Bolívar’, que fue uno de los jefes ‘paras’ que se salvaron de la extradición en el 2008, se inició en las autodefensas en Yarumal, en febrero de 1997, tuvo la misión de relevar a ‘los 12 Apóstoles’ con un grupo más poderoso y directamente dependiente de Carlos Castaño.
En solo dos meses, entre febrero y abril de 1998, el grupo encabezado por ‘Bolívar’ asesinó a 22 personas. Los nombres de esas víctimas aparecen en la primera sentencia en su contra en Justicia y Paz, que anota que los crímenes ocurrieron “cuando tomó el relevo del grupo delincuencial denominado ‘los 12 apóstoles’. En una primera versión, ‘Bolívar’ negó tener conocimiento de lo que pasó en Yarumal. Si miente, se expone a perder definitivamente la pena alternativa y pagar 40 años o más de prisión por sus crímenes.
En las investigaciones por los crímenes y el origen de ‘los 12 Apóstoles’ se han recibido las versiones de víctimas, exparamilitares y exoficiales y suboficiales de la Fuerza Pública que apoyaron al grupo.
En 2010, el mayor de la Policía Juan Carlos Meneses sostuvo que Santiago Uribe era el jefe de los ’12 Apóstoles’ y que ese grupo se había conformado en la finca La Carolina, de propiedad del caballista. Según el relato del oficial, que fue denunciado por los abogados de Uribe por calumnia, el grupo se dedicaba a asesinar a pequeños delincuentes, drogadictos y supuestos y auxiliadores de la guerrilla.
En el 2012, el Consejo de Estado estableció en el proceso administrativo que'los 12 Apóstoles' fueron organizados por un alcalde de Yarumal, el comandante de la Policía del municipio, el párroco y algunos comerciantes.
Entre sus víctimas hubo indigentes, ladrones o, como en el caso de Holguín, personas humildes que invadieron terrenos privados para levantar sus viviendas. La víctima fue amenazada antes, según testimonios recogidos en el expediente.
'Los 12 Apóstoles', concluye el fallo, "terminaron por creer que podían decidir sin límite alguno -guiados únicamente por el odio, el deseo de venganza o la mera arbitrariedad- acerca de si la vida de sus congéneres (...) debía ser preservada o, si no encajaban en su particular visión del mundo (...), merecían ser eliminadas sin fórmula de juicio y sin el menor asomo de compasión".
EL MUNDO › ESTA ACUSADO DE ASOCIACION ILICITA Y HOMICIDIO EN COLOMBIA
El hermano de Uribe cayó preso
La fiscalía general de Colombia señala a Santiago Uribe como uno de los jefes de la organización paramilitar Los 12 Apóstoles. También el ex mandatario se encuentra sospechado de haber mantenido nexos con los paramilitares.
El ganadero Santiago Uribe, hermano del ex presidente Alvaro Uribe, fue detenido ayer por orden de la fiscalía general de Colombia. El arresto del hermano menor del actual senador ocurrió en Medellín, la segunda mayor ciudad del país, durante un operativo que estuvo a cargo de miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la fiscalía. Según informó la radio Caracol, el detenido fue trasladado por la tarde a la sede de la fiscalía en Bogotá. Santiago Uribe es acusado por la Fiscalía de asociación ilícita y homicidio, en ambos casos en modalidad agravada, en el contexto de una investigación sobre la organización paramilitar Los 12 Apóstoles, que operaba en el municipio Yarumal del departamento Antioquia, cuya capital es Medellín.
Por los cargos que le imputa el Misterio Público colombiano, el ganadero habría sido uno de los jefes de Los 12 Apóstoles, grupo que incluso utilizaba su finca La Carolina como base de operaciones, según la denuncia que el mayor retirado de la Policía Nacional de Colombia Juan Carlos Meneses hizo ante organizaciones defensoras de los derechos humanos en Argentina y que entonces publicó Página/12, donde señaló que había tenido que salir de su país por la información que tenía contra el hermano del ex presidente Uribe. La denuncia fue radicada en 2010, año en que Alvaro Uribe dejó la Presidencia luego de ejercer dos mandatos consecutivos.
Según Meneses, la información de esos supuestos nexos entre el ganadero y el grupo armado la conoció en 1993, cuando fue designado comandante de la Policía Nacional en el municipio de Yarumal. En declaraciones ante la Fiscalía colombiana, Meneses relató que oficiales que ya estaban en Yarumal a su llegada le dijeron que en esa región de Antioquia operaba un grupo “de limpieza social” que era liderado por el hermano del ex mandatario. Además, está procesado por un asesinato atribuido a Los 12 Apóstoles.
A fines de 2014, al momento de ingresar a la Fiscalía para rendir una declaración, el mayor retirado insistió en sus denuncias ante la prensa. “Santiago Uribe era una cabeza (de Los 12 Apóstoles) y el ex presidente Uribe sabía de los nexos de su hermano”, aseguró Meneses. El oficial retirado continúa vinculado con la investigación en condición de testigo.
Asimismo, en 2011, el narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, extraditado por Colombia a Estados Unidos, acusó a Santiago Uribe de estar relacionado con el tráfico de drogas. También Alvaro Uribe se encuentra sospechado de haber mantenido nexos con los paramilitares, durante el tiempo que ejerció como jefe de Estado en Colombia, pero siempre sostuvo que las denuncias y las investigaciones al respecto eran fruto de una persecución política en su contra. Sin embargo, Salvatore Mancuso, quien fuera el máximo jefe de las bandas paramilitares que se desmovilizaron entre 2003 y 2006, aseguró que su organización financió la primera campaña presidencial de Uribe.
El jefe paramilitar, que había llegado a un acuerdo con el Gobierno de Uribe para su desmovilización, fue extraditado a Estados Unidos bajo cargos relacionados con narcotráfico. En una entrevista que concedió a mediados de 2013 desde la cárcel a la cadena radial Caracol, Mancuso dijo que su extradición obedeció a una estrategia para silenciarlo cuando comenzó a hacer comentarios comprometedores para Uribe y algunos de sus allegados.
Mario Uribe, presidente del Senado y primo del ex jefe de Estado, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en 2011 a siete años y medio de prisión por haber tenido nexos con grupos paramilitares. Pero quedó en libertad condicional tras purgar las tres quintas partes de su condena. Hasta la tarde de ayer, Alvaro Uribe, quien se encontraba de viaje en Estados Unidos, no había hecho comentarios sobre la detención de su hermano.
Quien sí se refirió al arresto del ganadero fue José Obdulio Gaviria, correligionario del senador. “A mí personalmente no me sorprende; estaba preparado para saber ese tipo de acciones de un vándalo como el vicefiscal (Jorge Perdomo), que está al frente del organismo”, dijo.
Por su lado, el senador de izquierda Iván Cepeda celebró la noticia y opinó que esta decisión de la Fiscalía demuestra que nadie está por encima de la ley
¿Qué hay en la Fiscalía y qué viene en el proceso de Santiago Uribe?
Fue detenido por concierto para delinquir y homicidio agravado, en caso de 'los 12 Apóstoles'.
Por: JUSTICIA |
Foto: Archivo / EL TIEMPO
Santiago Uribe Vélez durante una de las indagatorias a las que fue citado ante los fiscales que adelantan el caso.
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El caballista Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe, se convirtió en el cuarto preso por un proceso que está a punto de cumplir 20 años en la justicia colombiana: el de los asesinatos y desapariciones cometidos por ‘los 12 Apóstoles’, la banda que dio origen a los grupos paramilitares del centro-norte de Antioquia.
Santiago Uribe fue capturado al mediodía del lunes en Medellín por agentes del CTI en medio de fuertes tensiones con su grupo de escoltas. El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que lleva su caso ordenó la detención bajo cargos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Como consideró que había alto riesgo de fuga, decidió que la detención se cumpla en un centro de reclusión con custodia. En la noche del lunes fue trasladado al búnker de la Fiscalía en Bogotá.
El concierto para delinquir tiene que ver con su supuesta responsabilidad en la conformación y financiación de la banda, que operó desde Yarumal y cuya violencia se extendió a otros municipios como San Roque, Campamento y Santa Rosa de Osos. (Lea: Los otros enredos judiciales de Santiago Uribe)
El cargo de homicidio agravado es por el asesinato de Camilo Barrientos Durán, sucedido el 25 de febrero de 1994. Barrientos era un conductor de bus escalera y su nombre aparecía en una ‘lista negra’ de la Policía de la zona. Dos de los autores del crimen, el mayor Juan Carlos Meneses y el agente Alexánder de Jesús Amaya Vargas (ambos, acusados por ese caso), señalaron que sus actos correspondían a directrices de Santiago Uribe Vélez.
El agente Amaya fue quien puso al mayor Meneses en la mira de la Fiscalía. Este último se entregó a las autoridades en enero del 2014 y desde entonces se ha mantenido en su versión contra el caballista. Lo que dice Meneses –que ha sido negada por Santiago Uribe y su defensa– es que el ganadero y otras personalidades de la región “emplearon sus influencias para que la Policía les colaborara en la campaña de eliminar a varios ciudadanos a los que consideraban miembros de la guerrilla”.
En el proceso hay un tercer testimonio, el del extrabajador de la finca La Carolina (una de las propiedades de Santiago Uribe) Eunicio Pineda, quien afirma que su exjefe supuestamente colaboraba con armas para el grupo ilegal.
Por el caso de ‘los 12 Apóstoles’ fue condenado el capitán del Ejército Rafael Herney González, quien paga 23 años de prisión por una ejecución extrajudicial cometida en colaboración con la banda. (Lea también:Presidente Santos se pronunció sobre el caso de Santiago Uribe)
El sacerdote Gonzalo Javier Palacio es otro de los señalados por los testigos como parte de ‘los 12 Apóstoles’. Ese religioso aparece en decenas de versiones como parte del grupo que decidía los asesinatos y desapariciones.
La Fiscalía investiga crímenes cometidos entre 1993 y 1995 y su tesis es que se trató de una estrategia sistemática que buscaba el exterminio de personas a las que señalaban de ser “guerrilleros, drogadictos o delincuentes comunes”.
Por esto, considera que se trata de delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.
El pasado 18 de febrero se tomó la decisión al contrastar la información del caso del caballista con el que desarrolla la Dirección de Contexto sobre la violencia en la zona. Allí, dice la Fiscalía, hubo al menos 164 muertos o desaparecidos por cuenta de ‘los 12 Apóstoles’ y sus cómplices.
La banda recibió apoyo del Ejército y, sobre todo, de la Policía, situación que ha llevado a varias condenas en contra de la Nación.
“Resulta incontrovertible que las fuerzas armadas del Estado –puntualmente la Policía– auspiciaron y favorecieron dichas operaciones de ‘limpieza social’, objetivo original que dio pie al nacimiento y conformación de grupos paramilitares en la región”, dice uno de los fallos del Consejo de Estado sobre ‘los 12 Apóstoles’. (Lea también: El caso de 'los 12 Apóstoles' por el que capturaron a Santiago Uribe)
Las investigaciones de la Fiscalía contra Santiago Uribe se reactivaron en el 2010 y desde entonces se recibieron varios testimonios contra el ganadero, incluido el del jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, ‘don Berna’. ‘Berna’, extraditado por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe en el 2008, aseguró dentro del proceso que Vicente Castaño, el poder detrás de la temida ‘Casa Castaño’, aseguró en varias oportunidades que Santiago Uribe era amigo suyo. Alias ‘el Alemán’ y ‘don Mario’, ambos cercanos a los Castaño, también dijeron haber escuchado esas afirmaciones.
Qué viene en el polémico proceso
A lo largo de todo el proceso, la defensa de Santiago Uribe ha reiterado su inocencia y disposición a atender los llamados de la Fiscalía. El abogado Jaime Granados, que lo representa, ha cuestionado la confiabilidad y motivos de los testigos contra su cliente. La orden de captura se hizo para definir la situación jurídica de Santiago Uribe, quien ya había sido escuchado en indagatoria.
Como es una medida cautelar, puede ser apelada ante un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá.
La Fiscalía tiene pendientes nuevas pruebas, entre ellas la declaración del extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso en EE. UU. Uribe tiene pendiente otra investigación, la de la masacre de Las Guacharacas, cometida por ‘paras’ en una de sus fincas.
El exministro colombiano de Agricultura Andrés Felipe Arias (imagen de archivo) LEONARDO MUÑOZEFE
Estados Unidos ha detenido a uno de los ministros estrella del Gobierno de Álvaro Uribe, Andrés Felipe Arias, condenado en Colombia a 17 años de prisión por corrupción. La noticia se conoció en el mismo día en que el ejecutivo de su sucesor, Juan Manuel Santos, tiene previsto anunciar en La Habana el cierre de las negociaciones con las FARC, proceso que el expresidente ha criticado de forma consistente.
El que fuera ministro de Agricultura entre 2005 y 2009 fue arrestado en respuesta a una solicitud de extradición tramitada por el Gobierno colombiano hace casi dos años y tenía previsto comparecer este miércoles por primera vez ante un juez en Florida, Estado donde según medios colombianos trabajaba como docente. El anuncio de su detención lo dio el propio Uribe, quien denunció en Twitter que su antiguo protegido, al que llegaron a llamar el Uribito por su cercanía al expresidente, fue arrestado “por presión de Santos para que lo extraditen a Colombia”.
Arias fue condenado en julio de 2014 a 17 años de prisión y a una multa de 15 millones de dólares por un caso de corrupción relacionado con un programa estrella de la era uribista que buscaba ayudar con subsidios a los productores agrícolas de medianos ingresos que se vieran afectados por los Tratados de Libre Comercio. Según consideró probado la Corte Suprema de Justicia, parte de estas ayudas acabaron de forma irregular en manos de grandes empresarios, con conocimiento de Arias. El exministro, que en 2010 intentó convertirse en candidato presidencial para suceder a Uribe, también está inhabilitado para participar en política por 16 años debido a ese mismo caso.
Tras conocerse que Arias estaba en Florida, el entonces embajador colombiano en Washington y ahora ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, tramitó en noviembre de 2014 ante las autoridades estadounidenses la petición de extradición cursada por la Cancillería colombiana a solicitud del tribunal supremo.
Fuentes cercanas al exministro dijeron a Efe que no consideran posible que EE UU pueda extraditar a Arias “porque está en proceso de asilo”. Uribe ha denunciado el enjuiciamiento de su antiguo ministro, así como de otros altos funcionarios de su gobierno como una persecución política contra sus aliados.
Arias fue condenado en julio de 2014 a 17 años de prisión y a una multa de 15 millones de dólares por un caso de corrupción relacionado con un programa estrella de la era uribista que buscaba ayudar con subsidios a los productores agrícolas de medianos ingresos que se vieran afectados por los Tratados de Libre Comercio. Según consideró probado la Corte Suprema de Justicia, parte de estas ayudas acabaron de forma irregular en manos de grandes empresarios, con conocimiento de Arias. El exministro, que en 2010 intentó convertirse en candidato presidencial para suceder a Uribe, también está inhabilitado para participar en política por 16 años debido a ese mismo caso.
Tras conocerse que Arias estaba en Florida, el entonces embajador colombiano en Washington y ahora ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, tramitó en noviembre de 2014 ante las autoridades estadounidenses la petición de extradición cursada por la Cancillería colombiana a solicitud del tribunal supremo.
Fuentes cercanas al exministro dijeron a Efe que no consideran posible que EE UU pueda extraditar a Arias “porque está en proceso de asilo”. Uribe ha denunciado el enjuiciamiento de su antiguo ministro, así como de otros altos funcionarios de su gobierno como una persecución política contra sus aliados.
EE. UU. califica al exministro Arias como un 'fugitivo internacional'
Una jueza en Miami le negó la libertad bajo fianza. Argumentó que se puede fugar de nuevo.
Por: UNIDAD INVESTIGATIVA |
Foto: Gaston De Cardenas - EFE
Catalina Serrano (cen.), esposa de Andrés Felipe Arias, dijo que el exministro es objeto de una persecución política.
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En una prisión del condado de Miami Dade, en Florida (EE. UU.), permanecerá el exministro Andrés Felipe Arias mientras la justicia de ese país decide si debe ser extraditado a Colombia o, por el contrario, le permite seguir con el proceso para obtener asilo político.
El exministro de Agricultura del gobierno Uribe es requerido en extradición por Colombia luego de que la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 17 años y medio de prisión por peculado en favor de terceros y celebración ilegal de contratos, en el escándalo por los subsidios de Agro Ingreso Seguro, que debían ser destinados a campesinos de escasos recursos y terminaron beneficiando a familias pudientes.
Arias compareció este viernes ante la jueza federal Alicia Otazo Reyes quien le negó la libertad bajo fianza, con el argumento de que existe “riesgo de fuga” del exfuncionario, que huyó a ese país el 14 de junio del 2014, tras filtrarse que era inminente su condena en Colombia.
La de este viernes fue la segunda vez que Arias compareció ante la jueza Otazo Reyes, luego de que el miércoles alguaciles federales lo capturaron en la casa donde estaba viviendo, ubicada en un condominio del sector de Weston, en Miami.
A la segunda audiencia, el exministro fue conducido en compañía de otros 16 presos y vestido con un uniforme de color caqui, que es de uso obligatorio para las personas detenidos en Estados Unidos.
Durante la diligencia, que duró casi una hora, Arias permaneció en silencio. Sus abogados, Hans Burgos y Emmanuel Pérez, fueron quienes hablaron y se turnaron para argumentar que su cliente no representa un peligro para la sociedad, porque “no era un criminal”.
Además, aseguraron que Arias no tenía intenciones de huir de Estados Unidos, que estaba dispuesto a someterse al uso de un dispositivo de vigilancia electrónico, permanecer bajo detención domiciliaria y entregar su pasaporte y el de su esposa e hijos para demostrar que no pretendía fugarse.
Y agregaron que el exministro no se iba a ir a un tercer país, porque desde hace dos años su única intención es tramitar el asilo en Estados Unidos por “persecución política”.
Duros señalamientos
No obstante, al rechazar las pretensiones de la defensa, la jueza Otazo Reyes advirtió que en un principio no halló “circunstancias especiales” que demuestren la motivación política del caso de Arias en Colombia.
La Fiscalía también fue vehemente en su intervención y tildó al exministro de “fugitivo internacional”, que no había sido procesado y hallado culpable por un juzgado cualquiera en Colombia, sino por la propia Corte Suprema de Justicia.
El fiscal le recordó a la Corte que entre marzo del 2012 y marzo del 2015,Colombia había extraditado 511 narcotraficantes y señaló que una posible libertad de Arias supondría “severas consecuencias sobre extradición con Colombia”.
Al final de la audiencia, Catalina Serrano, esposa de Arias, se quejó por las condiciones de reclusión del exministro. “Andrés está en condiciones de criminal, de separación completa, de incomunicación. No se le permite hablar con nadie”, aseguró.
Por ahora, el caso pasará a órdenes del juez federal John O’Sullivan –antes de asumir ese cargo hizo parte de la Fiscalía de Estados Unidos en casos de narcotráfico–, quien en menos de una semana puede tomar una decisión de fondo.
Arias tiene programada una audiencia el 24 de octubre con las autoridades de migración de Estados Unidos para definir su estatus en ese país.
Los cinco días de Andrés Felipe Arias tras las rejas
Pasa 23 horas incomunicado en una celda de la 'caja caliente', donde lo levantan a las 5 a.m.
Por: UNIDAD INVESTIGATIVA |
Foto: Archivo / EL TIEMPO
El exministro Andrés Felipe Arias fue detenido el miércoles pasado y presentado ante una juez que, este viernes, le negó la libertad bajo fianza por considerar que se podía fugar de Estados Unidos.
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Una docena de agentes federales, con armas largas, rodearon el miércoles pasado a la casa del exministro de Agricultura del gobierno Uribe, Andrés Felipe Arias, ubicada en un barrio de Weston, Florida.
Hacia las 6 y 30 de la mañana, cinco de ellos ingresaron a la vivienda y le notificaron que quedaba detenido con base en una solicitud de captura, con fines de extradición, elevada por el Gobierno de Colombia.
Arias intentó explicarles que adelanta un proceso de asilo, en calidad de perseguido político, pero ni ese argumento ni la súplica de su esposa, Catalina Serrado, de permitirles llamar a sus abogados, evitaron que fuera esposado y llevado en una patrulla a un calabozo de la Corte del Distrito Estatal de Miami. (Lea también: EE. UU. califica al exministro Arias como un 'fugitivo internacional')
De presidenciable a reo
Hasta esta semana, Arias, de 43 años y quien se perfilaba como el sucesor de Álvaro Uribe, creía estar a salvo de la justicia colombiana, que, en julio de 2014, lo condenó a 17 años de cárcel por el desvío de 26.496 millones de pesos del programa estatal Agro Ingreso Seguro.
Un día antes de que se conociera la sentencia, el exministro viajó con su familia y su visa de turista a Miami y de inmediato inició los trámites de asilo. De hecho, logró que le otorgaran permiso de trabajo y empezó a laborar en una empresa de energía solar, lo que le dio relativa tranquilidad por dos años. (Además: Andrés Felipe Arias seguirá detenido en EE. UU.)
Pero, desde hace cinco días, permanece aislado en un calabozo del Special Housing Unit (Shu) –conocido como la ‘caja caliente’–, una unidad de confinamiento solitario a la que van a parar presos violentos o de alto perfil.
“En el caso del colombiano, está aislado 23 horas por sus antecedentes. A donde salga va esposado de pies y manos y solo puede recibir visitas de sus abogados –Emmanuel Pérez y Hans Burgos– a través de una rejilla”, explicó un agente federal.
Lo despiertan a las 5 de la mañana con la bandeja del desayuno. Y a las 4 de la tarde, cuando se cierra la reja, ya ha cenado. Las duchas solo están habilitadas cuatro días a la semana y el acceso al teléfono es restringido. Cuando Arias, economista de profesión, fue llevado al Shu, se le entregó el uniforme de dril caqui, que llevan todos los presos.
Su familia daba casi por hecho que el exministro ejercería su defensa en libertad. Incluso, ofrecieron entregar su pasaporte y el de sus hijos, y que se le sometiera a control electrónico. Y aseguraron que sus ingresos apenas llegaban a los 4 mil dólares al mes.
Pero la juez del caso, Alicia Otazo, acogió el argumento de la Fiscalía de Miami de que Arias es un fugitivo internacional con recursos para volver a huir. Además, que no hay una evidencia concluyente de la persecución que alega.
La Fiscalía agregó que en Colombia fue juzgado conforme a normas preexistentes, con pleno derecho a la defensa y cumpliendo el debido proceso. También, que el exministro tuvo la prerrogativa de excarcelación, la cual burló para escaparse a Estados Unidos.
La nueva audiencia
Con esa advertencia la juez Otazo anunció que esperará a que, la próxima semana, se reintegre John O. Sullivan, quien firmó el trámite de extradición, para que sea él quien decida la suerte del colombiano. Sullivan está de vacaciones en Orlando, pero ya fue enterado de lo que sucede.
Por eso, es posible que este lunes se confirme la fecha de la nueva audiencia, en la cual decidirá si se extradita a Arias o si se le permite continuar con su trámite de asilo, cuyo resultado también es incierto. (Lea: Exministro Andrés Felipe Arias afrontaría una extradición exprés)
En caso de que el juez acceda a entregar a Arias a la justicia colombiana, le quedaría un recurso: una apelación ante la Corte de Apelaciones del Estado de la Florida. El trámite puede durar 18 meses, tiempo durante el cual estaría preso.
De hecho, EL TIEMPO estableció que será trasladado a una cárcel de mediana seguridad, mientras se define su situación y que tiene programada una audiencia, el 24 de octubre, con las autoridades de Migración.
En el entretanto, la defensa del exministro en Colombia ya denunció su caso ante tribunales internacionales por supuestas violaciones a libertades fundamentales. Su principal alegato es que Arias fue víctima de un fallo de única instancia que violó sus garantías judiciales y al debido proceso al negar el derecho internacionalmente reconocido de la doble instancia. Mientras tanto, en EE. UU. alegarán que es un perseguido político y que no es el único uribista en esa condición.
El expresidente Álvaro Uribe, quien alertó sobre la captura del exministro –atribuyéndola a presiones del presidente Juan Manuel Santos–, insiste en la inocencia de su escudero. Por parte del Gobierno solo se ha pronunciado la Cancillería que advirtió que la solicitud de extradición emanó de la Corte Suprema. (Además: Esposa del exministro Arias aspira a que les otorguen asilo)
La defensa de Arias
Reiterar que su caso tiene tintes políticos es la estrategia de defensa de Andrés Felipe Arias para evitar su extradición desde Estado Unidos a Colombia, donde le esperan 17 años de prisión por corrupción.
“Esto es una situación especial porque es una persecución que él sufrió por decisiones que tomó en su capacidad como ministro de Agricultura durante una administración que era legítima”, dijo Emmanuel Pérez, uno de sus abogados al final de la audiencia del pasado viernes en la que la juez Alicia Otazo Reyes le negó la libertad bajo fianza a Arias.
Tanto Pérez como Hans Burgos, el otro abogado del exministro, le insistieron a la juez Otazo en que su cliente no es un “criminal”, que no tenía intención de fugarse de Estados Unidos por estar en un proceso en el que pide que se le otorgue el estatus de perseguido político.
Esta semana, Arias volverá a la corte y su caso lo resolverá el juez federal John O’Sullivan.
Subsidios en manos de ricos hacendados
“La función pública se puso al servicio de intereses particulares; los del Ministro, a través de la adopción de decisiones con las cuales se prohíja la corrupción y el desgreño administrativo, la inequidad y el exclusivismo”. Este fue uno de los señalamientos que le hizo la Corte Suprema de Justicia al exministro Andrés Felipe Árias en la condena en su contra por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
El programa Agro Ingreso Seguro (AIS) fue creado en el 2007 por el gobierno del entonces presidente, Álvaro Uribe, para otorgar subsidios a los agricultores y con ello garantizar que fueran competitivos frente a la globalización y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sin embargo, según la investigación de la Fiscalía, recursos millonarios terminaron en manos de poderosos empresarios que cometieron delitos como fraccionar sus tierras para recibir varios subsidios por el mismo predio.
El exministro Arias fue clave en la estructuración del programa, que permitió que se aprobaran con trampas los subsidios para ricos hacendados y hasta para personas que no tenían nada que ver con el campo, como la exreina Valerie Domínguez. Ella finalmente no recibió el subsidio y fue absuelta por un juez de Bogotá.
“Favoreció a sectores específicos de la producción agrícola” y nombró a personas cercanas para “tener el control total del programa y asegurarse del manejo presupuestal”, se lee en la sentencia contra Arias.
El exfuncionario firmó los convenios de cooperación técnica y científica números 003 del 2007, 055 del 2008 y 052 del 2009 “que permitieron que, de manera injustificada, particulares se apropiaran de dineros del Estado”.
El exfuncionario firmó convenios con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica), con los que logró la posibilidad de contratar sin licitación, para asegurar que AIS estuviera bajo su control, hasta el punto de que daba órdenes a los funcionarios del Iica.
Por esos hechos fue condenado el exviceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar, mano derecha de Arias, y más de 11 de los beneficiarios.
Corte Constitucional elige reemplazo del magistrado Jorge Pretelt
El magistrado auxiliar Aquiles Arrieta ocupará su silla hasta abril, cuando termine el periodo.
Por: JUSTICIA |
Aquiles Arrieta, llegó como practicante a la Corte Constitucional en el año 2001.
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La Sala Plena de la Corte Constitucional eligió este jueves al magistrado encargado que reemplazará a Jorge Pretelt en ese alto tribunal.
El elegido fue el magistrado auxiliar Aquiles Arrieta Gómez, quien se encargará de ocupar la silla de Pretelt hasta abril próximo, cuando el magistrado suspendido terminaba su periodo.
Pretelt fue suspendido una vez el Senado aceptó la acusación en su contra por el escándalo de Fidupetrol y le envió el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que adelante el juicio.
Arrieta, elegido en una votación de 5 contra 3, es magistrado auxiliar del despacho de la presidenta de la Corte Constitucional María Victoria Calle. Es abogado y filósofo de la Universidad de los Andes, en donde tiene una cátedra en la facultad de derecho.
Llegó como practicante a la Corte Constitucional en el 2001 a trabajar en el despacho del fallecido magistrado Carlos Gaviria. Hoy tiene 43 años, la mayoría de ellos dedicados al derecho constitucional.
Ha sido autor de varios artículos sobre esta materia, además de argumentación jurídica y protección constitucional del derecho a la salud.
Exjefe de inteligencia de Colombia pasará 30 años en la cárcel por un crimen del cartel de Medellín
Publicado: 25 nov 2016 05:01 GMT | Última actualización: 25 nov 2016 05:05 GMT
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Miguel Maza Márquez fue condenado por su responsabilidad en el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, en 1989, cometido por sicarios de Pablo Escobar.
Guillermo LegariaReuters
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"Me están matando en vida", dijo el general retirado Miguel Alfredo Maza Márquez tras conocer la decisión de la Justicia colombiana de condenarlo a 30 años de prisión por su responsabilidad en el crimen del entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán, cometido el 18 de agosto de 1989.
La Sala de Casación Penal consideró que el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) tuvo una participación activa en el magnicidio perpetrado por el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, y por las Autodefensas del Magdalena Medio, informa 'El Espectador'. Maza decidió el cambio de la escolta de Galán, pese a las constantes amenazas que recibía y a las dudas que esa actitud generó en la familia de quien fuera candidato presidencial por el Partido Liberal.
Según el tribunal, el exjefe militar fue "parte del plan para asesinar al connotado dirigente político, debilitando su seguridad, para lo cual nombró como jefe de escoltas a un hombre de su confianza", en referencia al teniente Jacobo Torregrosa. Además, detalló que Maza Márquez "se comprometió previamente con el paramilitar Henry de Jesús Pérez Durán, con quien mantenía estrechos vínculos, y a quien, a su vez, el denominado cartel de Medellín le había encargado la ejecución del magnicidio". Por eso, el exdirector del DAS fue declarado "coautor responsable de los delitos de concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas", por lo que fue condenado a 30 años de prisión.
Su descargo
Al conocer la sentencia, el reo recordó su lucha "contra el narcotráfico y contra las personas que fueron autores de la muerte del doctor Galán". "Me están matando en vida", concluyó.
Galán había sido declarado como uno de los principales blancos de los narcotraficantes de Colombia de la década de 1980, debido a que una de sus promesas de campaña fue extraditar a EE.UU. a los traficantes. Por eso, planificaron el asesinato, que fue cometido durante un acto público en el municipio de Soacha, a pocos kilómetros de Bogotá, en el que también murieron el concejal Julio César Peñaloza Sánchez y el escolta Santiago Cuervo Jiménez.
Es el segundo detenido en medio de las investigaciones que adelanta la Fiscalía en el país.
Por: JUSTICIA Y POLÍTICA |
Foto: EFE
Odebrecht pagó sobornos por 11 millones de dólares en Colombia entre 2009 y 2014.
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El exsenador Otto Bula fue capturado en las últimas horas en medio de las investigaciones que se adelantan en el país por los sobornos que habría pagado la multinacional Odebrecht para obtener millonarios contratos.
El jueves ya había sido detenido el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales.
La Fiscalía detalló que la sucursal en Colombia de Odebrecht contrató en agosto del 2013 a Bula, mediante la modalidad de “honorarios por resultado o cuota de éxito”, con el objeto de “obtener el contrato de la vía Ocaña-Gamarra, a favor de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S".
A Bula, según la investigación, "se le confió el encargo de obtener la inclusión de ciertas condiciones económicas en el contrato, que se formalizó a través del otrosí número 6 mediante una adición al Contrato del Tramo dos de Ruta del Sol”
A esto, el ente investigador añadió que “la adición contractual correspondiente para llevar a cabo la vía Ocaña-Gamarra se perfeccionó el 14 de marzo del 2014, mediante contratación directa por ‘adición’, esto es, sin licitación previa. El documento contractual del 2014 incorporó las mismas condiciones (número de peajes, aumento del valor de los peajes existentes y anticipo de las vigencias futuras), que habían sido requeridas por Odebrecht al contratista Bula, según la evidencia que posee la Fiscalía”.
Por esta gestión la Fiscalía informó que Odebrecht efectuó pagos desde Brasil por 4,6 millones de dólares “que fueron fraccionados”.
¿Quién es Otto Bula?
Otto Nicolás Bula es un excongresista aliado político de Mario Uribe, condenado por parapolítica. De hecho, en la condena contra Uribe la Corte Suprema de Justicia menciona a Bula y asegura que su fuerza política aprobó los acuerdos que llevaron a Mario Uribe a ser condenado por vínculos con el paramilitarismo.
El excongresista llegó al Senado en el año 2000, como suplente de la lista de Mario Uribe y en la campaña de 2002 fue su principal ficha política en Córdoba, departamento en el cual Uribe recibió apoyo de las autodefensas, según concluyó la Corte Suprema de Justicia en 2011.
Bula salió mencionado en testimonios de jefes paramilitares y narcotraficantes como presunto testaferro del exsenador Mario Uribe, vínculo que es materia de investigación por parte de la Corte Suprema.
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