La Revolución Cubana, liderada por el Comandante en Jefe Fidel Castro, supuso para las mujeres en nuestro país el advenimiento de un abanico de flamantes oportunidades, entre otras muchas, el acceso total a los derechos laborales, cívicos, y sociales, o la optimización de los nexos entre la vida familiar y profesional.
A partir de 1959 se multiplicaron las instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales donde las féminas son protagonistas, al amparo de leyes refrendadas desde las máximas instancias del Estado socialista para el bien común del llamado «sexo débil». Si bien han sido muchos los avances logrados en este contexto, es cierto igual que quedan muchos retos por vencer y todavía es mucho lo que resta por hacer.
La mujer cubana, sin embargo, contempla con beneplácito su situación en comparación con el escenario global de una multiplicidad de países en vías de desarrollo, donde las madres de familia se enfrentan a ingentes obstáculos en el terreno de conceptos claves como -por ejemplo- la conciliación del rol familiar con el trabajo, la participación activa dentro de sus empresas, el acceso a puestos de dirección o la capacidad de liderazgo social.
Aunque durante los últimos 15 o 20 años se han alcanzado importantes éxitos en varias naciones con gobiernos progresistas, sobre todo en el ámbito latinoamericano, en muchos otros territorios aún se observa una cortina gris en acápites como igualdad de oportunidades laborales, educación equitativa, facilidades vinculadas a salud pública, maltrato sexual, violencia no sexual, o apoyo para el desarrollo cultural.
En demasiadas zonas geográficas de África, Asia y hasta en la añeja y «civilizada» Europa cientos de millares de mujeres enfrentan el gran problema del miedo a la denuncia frente a las agresiones recibidas. Otro indicador lamentable es que, como promedio, en estas áreas del planeta se constata un 20 por ciento de mujeres en puestos de poder, frente a un abrumador 80 por ciento de hombres.
De acuerdo con datos publicados a finales de 2016 por instituciones adjuntas a Naciones Unidas, desde buena parte de los países de Asia, África y América Latina se reportan cifras que apuntan hacia sólo un 22 por ciento de mujeres entre los parlamentarios, y la mujer como promedio ganando entre un 12 y un 27 por ciento menos que los hombres por realizar el mismo trabajo.
En una diferente mirada hacia ese dilema, durante la última década y media los países reunidos en la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América han estado sancionando normativas nacionales para garantizar una revisión constante y constructiva a temas cruciales como las condiciones laborales de las jóvenes técnicas y profesionales, el proceso de inserción laboral, las políticas públicas como respaldo a la vida familiar, la seguridad económica, el grado de autonomía personal, la emancipación femenina, las opciones de viviendas, y la participación electoral, entre otras prioridades.
Bajo el amparo de legislaciones defendidas por los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, la Argentina de los Kirchner, el Uruguay de José Mujica, y otros en el área, la situación de las jóvenes mujeres se tomó en consideración para bien, desde la óptica de la interacción de tres planos institucionales -estatal, parlamentario y cívico- y múltiples esferas dinámicas socio-económicas.
Durante el mandato de Hugo Chávez, por primera vez en la historia de Venezuela, una mujer obtuvo el mando de un ministerio que generalmente era comandado por hombres, se trata de la almirante en jefa Carmen Meléndez, quien estuvo a cargo del Ministerio de la Defensa desde julio de 2013 a octubre de 2014.
En Bolivia el gabinete ministerial de Evo Morales tiene un 34 por ciento de presencia femenina. En el caso de Ecuador, la activista Guadalupe Larriva -ya fallecida- se convirtió en 2007 en la primera mujer y la primera civil en encargarse del ministerio de Defensa.
Nuevos espacios fueron fundados para que las féminas mejoraran su integración en segmentos como las actividades mercantiles sanas, el mundo de la empresa privada, el mercado laboral, el núcleo familiar, el trabajo doméstico, la solidaridad intergeneracional, y las políticas sociales generales teniendo en cuenta siempre la influencia de los comportamientos demográficos según cada región.
Un hecho es que la situación de las mujeres y concretamente de las jóvenes ha mejorado exponencialmente a lo largo de las últimas décadas en estas naciones de América Latina, mientras que en otras de la misma zona persisten vicisitudes que son encaradas por la labor metódica de movimientos feministas y diferentes organizaciones comunitarias en defensa de las mujeres rurales, inmigrantes, aquellas con discapacidades, grupos étnicos y de preferencias sexuales minoritarios.
Quizás una asignatura pendiente en nuestra América sea el problema de las violencia contra las mujeres, y urge recalcar la inaplazable necesidad de proteger a las víctimas en todos los niveles, al tiempo que hacemos hincapié en la prevención partiendo de la base de que el maltrato es, en un gran por ciento, ejercido por parte de sus parejas a partir de una falsa percepción del sistema patriarcal y el equilibrio de poderes.
Según la terminología de la ONU, la violencia ejercida contra las mujeres se define como cualquier acto de agresión física o verbal dirigido contra el sexo femenino y que pueda causar un perjuicio o sufrimientos físicos, sexuales o psicológicos.
La violencia convierte a millares de mujeres latinoamericanas en víctimas no sólo de un maltrato físico, sino también estructural y cultural. Aunque en otras magnitudes parece que se vislumbran avances, en materia de igualdad de género, la violencia parece persistir, siendo la más grave el feminicidio.
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