Presidente de la Generalitat (gobierno catalán) entre 2010 y 2016, Mas estaba acusado, junto a otros cargos de su administración, de desobediencia grave y prevaricación por organizar el 9 de noviembre de 2014 el citado plebiscito sin efectos jurídicos.

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le impuso este lunes una pena inferior a la requerida por la fiscalía, que era de 10 años de inhabilitación.

En una decisión unánime, el TSJC absolvió a Mas del delito de prevaricación en la consulta independentista, por el que la fiscalía le pedía ocho años de inhabilitación.

La sentencia, recurrible ante el Tribunal Supremo, representa un capítulo más en la judicialización de un tema considerado político por las autoridades catalanas, que elevó las tensiones entre la Generalitat y el gobierno central de España.

Días antes de su celebración, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó suspender el polémico referéndum, pero el ejecutivo autonómico siguió adelante con la consulta, en la que participaron 2,3 millones de personas de 6,3 millones invitados a votar.

De aquellos que acudieron a las urnas, un 80 por ciento apostó por la secesión de esa región del noreste de España, que cuenta con 7,5 millones de habitantes.

Según el Ministerio Público, los encausados articularon 'una estrategia de desafío completo y efectivo' a la suspensión de la consulta del 9N acordada por el TC, siendo 'plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento' de sus órdenes.

El movimiento soberanista presentó este juicio por desobediencia como un proceso político y un ataque a la libertad de expresión del gobierno conservador de Mariano Rajoy.

Tanto Mas como sus antiguas consejeras Joana Ortega e Irene Rigau -a quienes el TSJC inhabilitó durante un año y nueve meses y a un año y seis meses, respectivamente-, adelantaron que recurrirían también al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

Con mayoría en el parlamento catalán, los partidos separatistas preparan para septiembre un referéndum vinculante para declarar la independencia en caso de victoria.

Sin embargo, la administración de Rajoy aseguró que no permitirá ninguna ilegalidad y amenazó incluso con intervenir esa comunidad autónoma para frenar el desafío separatista.