Es la pesadilla hecha realidad. El caso de Vargas retrata la valentía con la que los jóvenes indocumentados conocidos como dreamers —soñadores— han abandonado las sombras para revelar sus identidades en una de las campañas por los derechos de los inmigrantes más efectivas de las últimas décadas: pedían la regularización dando la cara, revelando públicamente que ellos tampoco tenían papeles.
La detención de Vargas es también ejemplo del creciente riesgo al que se enfrentan los indocumentados ya que el presidente Donald Trump, que llegó a la Casa Blanca articulando un mensaje contra los inmigrantes, ha ampliado las condiciones para determinar quiénes pueden ser expulsados del país.Y de la confusión generada entre la comunidad hispana por las políticas de Trump. El mandatario republicano asegura que su prioridad es deportar a los indocumentados que cometan crímenes, pero entre los primeros afectados se encuentran inmigrantes que no han cometido delitos. Vargas es una de ellas, como la madre de Arizona que, después de vivir 22 años en EE UU, fue detenida hace pocas semanas en presencia de sus hijos.
Vargas llegó a EE UU hace 15 años y ya había presenciado la detención de su padre y su hermano el 15 de febrero. Los agentes no le arrestaron entonces porque se encontraba renovando su permiso de residencia a través del programa conocido como DACA. Ella es una de los miles de soñadores que se beneficiaron del permiso otorgado por el expresidente Obama para estudiar y trabajar legalmente en el país. La situación de esta comunidad, sin embargo, está sumida hoy en el miedo a la deportación, ya que Trump no ha aclarado si el programa de Obama para los dreamersseguirá en vigor.
“Desconozco si esto significa que los solicitantes del permiso para los soñadores pueden ser deportados, pero ese parece ser el mensaje que envía inmigración”, declaró la abogado de la joven a la publicación online Buzzfeed. La Agencia de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) ha emitido un comunicado en el que justifica que Vargas fue arrestada “durante una operación coordinada” en Jackson, Misisipí, y que los agentes “no realizan redadas indiscriminadas”.
Vargas es una de los más de 750.000 dreamers que se beneficiaron del programa aprobado por Obama y que cancelaba las deportaciones de aquellos indocumentados que hubieran entrado en el país antes de cumplir los 16 años. Durante la rueda de prensa, la joven explicó que planeaba mudarse con su madre y estudiar para cumplir su sueño de ser profesora universitaria.
“Mi padre y mi hermano aguardan a ser deportados, pero yo sigo peleando como dreamer para seguir contribuyendo a este país, que siento que es mi país”, aseguró Vargas durante su intervención. “No estoy segura de que mi sueño se vaya a cumplir. Necesitamos una vía para la ciudadanía para los jóvenes indocumentados, pero también para los otros 11 millones de sin papeles que también tienen sueños”.
Los abogados de la joven afirman que el arresto ocurrió cuando ICE dio el alto al vehículo en el que se trasladaba con un amigo, lo que implica que los agentes podrían haberle seguido después de su participación en un acto público. El senador demócrata Dick Durbin calificó de “inquietante que ICE pueda haberle perseguido después de la rueda de prensa”. Durbin añadió en Twitter que está en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional, del que depende Inmigración, para obtener más datos sobre este caso.
Son varios los casos de “marielitos” que aún aguardan orden de deportación. En la imagen se ve la llegada de un barco cargado de cubanos durante el éxodo de Mariel en 1980 (adst.org)
MIAMI, Estados Unidos.- La deportación de miles de delincuentes cubanos en EE.UU., tras el fin de la política de “pies secos, pies mojados”, podría tener un impacto significativo sobre numerosas familias del sur de la Florida, indica El Nuevo Herald.
La lista de cubanos que el gobierno federal podría deportar de vuelta hacia la Isla, de donde salieron en algunos casos hace más de tres décadas, asciende a 28 400. Todos los casos son de personas que quedaron en libertad tras cumplir sus condenas.
Entre los cubanos que han cumplido prisión, hay unos 2 000 homicidas.
El gobierno cubano se ha negado durante décadas a recibir a esos deportados, pero este jueves, autoridades del país antillano dijeron que estudiarían esa posibilidad, y tanto la parte cubana como la estadounidense dieron a entender que hay una disposición para negociar cada caso individualmente.
Gustavo Machín, el número dos de la Sección de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, dijo que el gobierno estudiaría tomar en cuenta casos de cubanos que han “infringido las leyes” en EE.UU. y que “no pueden permanecer” en el país.
Durante décadas, los exreos cubanos han estado viviendo en EE.UU. bajo la supervisión de autoridades de Inmigración. 18 000 del total de “deportables” viven en Florida. Existen casos cuyos crímenes datan de poco después de 1980, cuando el éxodo del Mariel trajo a EE.UU. unos 125 000 cubanos.
El régimen cubano en aquel entonces aprovechó para vaciar cárceles y hospitales psiquiátricos, y enviar a los internos para el sur de la Florida en los barcos que venían a recoger familiares de cubanos que residían allí.
Jeh Johnson, secretario de Seguridad Interior de EE.UU., dijo el jueves que “según nuestro acuerdo con Cuba, también existe la posibilidad de que La Habana acepte el regreso de migrantes no contemplados en este acuerdo, pero caso por caso”.
Juristas del sur de la Florida que han estados siguiendo el tema dijeron al Herald que los delincuentes cubanos debían haberse deportado hacía tiempo. Marcos Jiménez, abogado miamense y ex fiscal federal del sur de la Florida, dijo que “los delincuentes convictos de origen cubano deben ser deportados si no pueden establecer una razón legal para que Estados Unidos no los envíe de regreso (…) y Cuba debe aceptarlos y cumplir la parte que le corresponde ahora que los dos países han restablecido las relaciones diplomáticas”.
Por otra parte, en Cuba permanecen docenas de fugitivos estadounidenses que Washington está reclamando hace años. Entre ellos destacan los casos de cubanos que han hecho fraudes al Medicare y luego han huido a su país.