Los diputados conservadores chilenos, nucleados en la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), quieren prohibir la entrada al país de Baltasar Garzón, el magistrado español que juzgó los crímenes cometidos durante la dictadura argentina y chilena. La bancada de la UDI alegó que el juez, quien en 1988 decretó la orden de detención de Augusto Pinochet, no debería pasar la frontera porque una ley de la dictadura prohíbe que ingresen procesados penales.

El magistrado español, mundialmente reconocido por perseguir a violadores de los derechos humanos, llegaría el viernes al país para exponer en el ex Congreso Nacional una charla magistral organizada por el Partido Socialista, titulada “El genocidio y la asociación ilícita genocida: El caso chileno”.  En un intento por impedirlo, la bancada del UDI envió una carta al ministro de Interior, Mario Fernández, para señalar que “la visita del juez constituye una transgresión a las normas legales vigentes”, al hacer referencia a la Ley 1094 de 1975.

“La presencia de este señor nos merece el más alto reproche”, señala en documento presentado por los pinochetistas, que también destaca: “No puede venir, el destituido magistrado a dar lecciones y directrices con respecto a lo que se debe hacer en nuestro país en materia de justicia”.

La UDI se basa en las denuncias que recaen sobre el magistrado por el caso Gürtel, cuando investigaba la mayor trama de corrupción política en España vinculada al Partido Popular del presidente Mariano Rajoy.  En ese momento, Garzón ordenó intervenir las conversaciones porque consideraba que podría existir connivencia entre los abogados y sus clientes para esquivar el alcance de la Justicia española y lo sancionaron con 11 años de inhabilitación.  Los juristas de todo el mundo se solidarizaron entonces  con el principal persecutor de los crímenes contra la humanidad del franquismo y de las dictaduras latinoamericanas.

Pero la UDI, fiel a su identidad pinochetista, en señal de revancha expresó en el comunicado: “La presencia de Garzón constituye un nefasto precedente, que no ayuda a llevar a cabo en Chile una sana convivencia a nivel nacional y cuya acción como juez se prestó para la comisión de actos ilícitos”, sentencia el escrito.