En otro capítulo de su avanzada contra el gobierno anterior, el juez federal Claudio Bonadio (ex secretario de Carlos Corach y uno de los magistrados incluidos en la servilleta del ex ministro del Interior de Carlos Menem) dictó el procesamiento de la ex mandataria, de su hijo Máximo y de su hija Florencia en la insólita causa Los Sauces. Acto seguido se declaró incompetente y giró la causa a Ercolini, el juez que lleva adelante la casua Hotesur, en la que están investigados los mismos imputados. Además de acusarla del supuesto delito de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de dinero, también trabó un embargo de 130 millones de pesos contra la ex mandataria, y le prohibió salir del país. En la misma resolución también fueron procesados los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

Finalmente y a las apuradas, Bonadio tomó la medida casi un mes después de haberle tomado indagatoria en que CFK, y de haber puesto en marcha un operativo para recolectar más evidencias tras haber encontrado un expediente sin muchas pruebas para procesar.

Los Sauces es una colectora de la causa Hotesur, de la que Bonadio fue apartado por cometer irregularidades, entre otras citar a testigos sin informar a la defensa, no permitir el acceso al expediente y realizar pericias sin informar a la parte acusada.

La hipótesis central de la causa Los Sauces es que los Kirchner alquilaban propiedades en Santa Cruz y Buenos Aires y los alquileres no eran reales, sino coimas por adjudicaciones de obra pública, pozos petroleros o licencias de juego. Tal como lo consignó Página/12, hasta ahora en la instrucción concretada por el juez esa hipótesis hizo agua. 

Según el expediente, Los Sauces facturó entre 2009 y 2016 alrededor de 29 millones de pesos, que descontado el IVA pagado a la AFIP, fueron 24 millones de pesos. Sin embargo, la cifra no resiste ninguna proporción: sólo Lázaro Báez ganó licitaciones por más de 20 mil millones de pesos, o sea que lo facturado por Los Sauces es menos del 0,10 por ciento. Lo cual no pudo ser una coima de lo otro.

Respecto de los supuestos alquileres fantasmas, en los 40 allanamientos que ordenó Bonadio se encontraron los inmuebles ocupados. No se detectó ninguno simulado. Por otra parte, Bonadio recurrió al Tribunal de Tasación, que depende del Poder Ejecutivo, es decir del macrismo. Correspondía, en cambio, que trabajara el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema, con control de las partes. Eso era lo legal. Aquí no hubo participación de ninguna de las defensas. 

El procesamiento de la ex presidenta y de su familia se venía anunciando en los tribunales desde principios del mes pasado, cuando el juez apresuró las indagatorias tras citar a declarar a ex empleados administrativos de esa empresa y a quienes señaló como parte de una organización comandada por CFK “para desarrollar designios criminales” a través de adjudicaciones de obras públicas, licencias de juego y áreas petroleras

Es la segunda medida que el magistrado dicta contra Cristina Kirchner en los últimos diez días. El 23 de marzo pasado, un días antes del Día de la Memoria, elevó a juicio oral la insólita causa por dólar futuro, una operatoria por la que el mismo magistrado desestimó denuncias contra el ministro de Economía, Nicolás Dujovne; el jefe de asesores de la Presidencia, José Torello; el secretario de coordinación, Gustavo Lopetegui; el coordinador del gabinete económico, Mario Quintana; y hasta el empresario amigo del Presidente, Nicolás Caputo.