El diálogo PRO

La Metropolitana reprimió a trabajadores del Borda

El gobierno porteño desplegó al cuerpo de infantería de la Policía Metropolitana que disparó balas de goma, gases lacrimógenos y golpeó con palos a los trabajadores del hospital neuropsiquiátrico que reclamaban contra la demolición de un sector donde funcionaban talleres sociales para los internos. "Macri, basura, vos sos la dictadura", cantaron médicos, enfermeros y demás empleados que, además, protegían a los pacientes que se acercaron hasta ese sector del predio donde el Ejecutivo de la ciudad pretende construir un centro cívico. Hay al menos 50 heridos y ocho detenidos. El ministro de Seguridad comunal, Guillermo Montenegro, dijo que la policía cumplió "un protocolo de acción para hacer cesar la comisión de un delito".

Todo comenzó con la resistencia a la entrada de topadoras enviadas para demoler el Taller Protegido 19. La vicejefa María Eugenia Vidal responsabilizó a ATE-Capital por los hechos y respaldó el accionar de la Metropolitana al sostener que el sindicato "se niega a aceptar fallos judiciales" que autorizan la edificación del Centro Cívico.

El gobierno de Mauricio Macri reunió los fondos extraordinarios para pagar las indemnizaciones a los inundados con un recorte al programa de Ciudadanía Porteña, que subsidia a las personas en situación de pobreza o indigencia. Así lo denunció el legislador del Frente Progresista y Popular Aníbal Ibarra. Para reunir los 60 millones de pesos extra para el fondo de subsidio a los inundados recortaron 10 millones de partidas del Ministerio de Hacienda, otros 10 millones al de Espacio Público y 40 millones a Ciudadanía Porteña, que depende del Ministerio de Desarrollo Social porteño. Esto implica que las dos terceras partes de los fondos extraordinarios salen del programa social. Para Ibarra, esto demuestra “el perfil ideológico del gobierno de Macri”.

Según los documentos que hizo públicos Ibarra, en la gestión PRO recortaron 40 millones de pesos de la partida 51413 del Ministerio de Desarrollo Social destinado al programa Con todo Derecho, de Ciudadanía Porteña. Se trata de las partidas destinadas a personas en situación de pobreza e indigencia. Según explica la web del gobierno porteño, “su objetivo general es disminuir los niveles de desigualdad en la Ciudad” y “se utiliza únicamente para la adquisición de alimentos, productos de limpieza e higiene personal”. El recorte es de casi el 6 por ciento de los fondos con los que cuenta el programa.

Los otros dos recortes –de 10 millones cada uno– fueron a obligaciones de tesoro del Ministerio de Hacienda y a una partida de transferencias de Espacio Público. Esto significa que del total

del fondo de 60 millones para los inundados, el gobierno de Macri obtuvo el 67 por ciento con un recorte a los programas destinados a los sectores más vulnerables. El ajuste se hizo en base al decreto 295 que aprueba la transferencia de créditos y que tiene fecha del 9 de abril. Los fondos fueron enviados a la Subsecretaría de Emergencias porteña.

“La decisión de sacarles a los que menos tienen muestra el perfil ideológico de este gobierno”, afirmó Ibarra. “Acompañamos y promovimos la reparación a los

inundados. Pero el gobierno debe tomar el dinero de gastos en servicios, de transferencias a terceros y no sacarles a los que más necesitan”, advirtió el ex jefe de Gobierno. Sobre las responsabilidades en la toma de decisiones, el legislador del Frente Progresista y Popular indicó que “estas cosas no se hacen sin la decisión de Macri o de Rodríguez Larreta”. Desde la gestión PRO, nadie salió a explicar la decisión de recortar los fondos de Ciudadanía Porteña, pese a los llamados que hizo Página/12 a diversos funcionarios.

El recorte al programa social parece ser la solución que encontró la gestión PRO a una encrucijada en la que debió ceder terreno tras la inundación del 2 de abril, que terminó con ocho personas muertas. Luego de regresar de sus vacaciones en Brasil, el jefe de Gobierno primero descartó la posibilidad de eximir del pago de ABL a los damnificados, un proyecto que luego terminó haciendo propio en un Decreto de Necesidad y Urgencia. Como esto violaba la Constitución porteña –que le prohíbe al jefe de Gobierno legislar en materia tributaria–, la Legislatura derogó esa parte del decreto y la aprobó por ley.

Macri también aumentó por única vez el monto de las indemnizaciones que se podían reclamar: lo subió a 20 mil pesos. Sin embargo, cuando el DNU llegó a la Legislatura para ser aprobado, el PRO debió ceder una vez más para obtener los votos y el monto fue aumentado nuevamente a 28 mil pesos. Sin embargo, la potestad de decidir de dónde iban a salir los recursos para ese fondo extraordinario quedó en manos de la gestión de Macri. Según descubrió Ibarra, decidió tomarlos del programa destinado a los pobres e indigentes.

A diez meses de su primer anuncio, Mauricio Macri aumentará el boleto del subte a 3,50 el próximo martes. El gobierno porteño difundió ayer que el pasaje subirá un 40 por ciento y que se implementará, en respuesta al pedido judicial, una tarifa “social” que costará 2,50 (el precio actual del ticket). El equipo jurídico de la empresa pública Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), que preside Juan Pablo Piccardo, le informó el nuevo cuadro tarifario al juez Pablo Mántaras, que el viernes pasado levantó la medida cautelar que congelaba el valor del boleto. Según el Sbase, podrán tramitar el pase especial aquellos beneficiaros de planes sociales porteños y quienes acrediten un ingreso menor a la canasta básica del Indec, entre otros. Con esta medida, desde que se hizo cargo del servicio, en 2012, Mauricio Macri elevó el precio del subte un 218 por ciento. El legislador Alejandro Bodart, que había logrado la cautelar, anunció que apelará la decisión.

En enero del año pasado, cuando tomó el control tarifario, Macri tardó apenas 24 horas en aumentar el boleto, que costaba 1,10. Lo llevó a 2,50, un incremento del 127 por ciento. El mismo mes pero de este año, el PRO manifestó su intención de llevarlo a 3,50 para marzo o abril. Pero los planes se frustraron cuando la oposición presentó un recurso judicial que frenó la situación. La semana pasada, el juez levantó la medida cautelar por considerar que los documentos aportados por el macrismo eran “mínimamente suficientes para sustentar –en un análisis preliminar y provisorio– la determinación tarifaria”. De todas maneras, el magistrado tiene pendiente resolver la cuestión de fondo y, al levantar la cautelar, aclaró que los datos que le llevara el PRO podrían resultar “material de análisis”.

Según el presidente de Sbase, el aumento “es por la inflación”. “Si no hubiera inflación, no habría incrementos”, señaló el funcionario macrista, que esta semana utilizó una comparación con el precio del café para justificar el aumento: “El 70 por ciento de la gente que viaja en el subte se toma un café en el día y el café vale 15 pesos. Esa persona podría pagar una tarifa de 3,50 y con ese dinero mejorar las inversiones del servicio”, sostuvo Piccardo. Para los macristas, “el costo total del viaje –sin subsidios– es de 7,50 por pasajero”.

Sin embargo, un informe de la Auditoría General de la Ciudad, realizado a pedido de la Legislatura porteña contradice esa información. “Esos costos que imputa el gobierno de Mauricio Macri están sumamente inflados”, aseguró el auditor Eduardo Epszteyn esta semana, al dar a conocer el informe. Por su parte, Bodart anticipó que hoy apelará el fallo y aportará a la causa las 430 páginas del informe de la auditoría. “Hay que dejar el boleto a 2,50 y reducir los 980 millones de pesos de subsidios porque Metrovías y el gobierno macrista inflaron la tarifa técnica cuando la auditoría acaba de indicar un valor de 5,01 a 5,62”, agregó el legislador del MST.

En el comunicado del Sbase, se informa que el premetro costará 1 peso y que la tarifa social está dirigida a beneficiarios de planes sociales administrados por el gobierno porteño, el Plan Jefes y Jefas de Hogar y “personas en situación de desempleo crónico o recurrente”. También tendrán acceso al beneficio las “personas que acrediten poseer ingresos familiares que se encuentren por debajo de la canasta básica familiar que publica el Indec” y “personas que acrediten encontrarse en situación de indigencia”. El abono social podrá ser utilizado, además, por “beneficiarios del subsidio por la tragedia de Cromañón, ex combatientes de Malvinas y todos aquellos grupos identificados por normas vigentes de la Ciudad de Buenos Aires con necesidades especiales o en situación de alta vulnerabilidad social”.

El trámite para obtenerlo deberá hacerse de lunes a viernes de 8 a 17.30 en los centros de Subte Pass de Metrovías de las estaciones Avenida de Mayo, 9 de Julio y Lacroze. Deberá presentarse un documento que acredite identidad y documentación que acredite su condición de beneficiario. Tendrá una validez de 180 días a partir de su primer uso y podrá utilizarse todos los días, sin límite de horario, pero con un máximo de 4 viajes por jornada. Se emitirá por una cantidad fija de pasajes, de 10, 20, 30 o 60 viajes.

“Es una burla establecer la tarifa social en los 2,50 que ya paga hoy. La tarifa común debe quedar a ese valor y la social bastante menos. No corresponde que, entre boleto y subsidios, el pueblo siga bancándoles las ganancias a Metrovías y el Grupo Roggio”, señaló Bodart. Otros dirigentes de la oposición, como Aníbal Ibarra, consideraron que el gobierno tiene los recursos para evitar el “tarifazo” y que Macri busca “un subte caro para pocos”.

Los tres argumentos

Por Eduardo Jozami *

Desde el comienzo de su gestión en la ciudad de Buenos Aires hasta hace pocas semanas, Mauricio Macri prefirió callar sus discrepancias con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que impulsa el gobierno nacional. Sus resistencias eran evidentes por omisión: nunca se preocupó por la marcha de los juicios contra los responsables del terrorismo de Estado y, en cuanto a los espacios de memoria que se habían generado en la Ciudad –posteriormente transferidos al Ejecutivo nacional– fue notable el abandono en su gestión y mantenimiento. A pesar de esto, Macri mantenía silencio y evitaba la confrontación en torno de un tema en el que las opiniones aprobatorias constituían una clara mayoría. De todos modos, cuán difícil resultaba mantener ese silencio se hizo evidente cuando el macrismo en la Cámara de Diputados fue el único bloque que se abstuvo en la votación que ratificó la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

Tras esa actitud prudente del jefe de Gobierno porteño se escondía, sin embargo, una debilidad. Las propuestas sobre derechos humanos no constituyen sólo un aspecto relevante de la gestión iniciada en el 2003: son algo así como su reaseguro ético, una definición ideológica fundamental. ¿Cómo constituirse entonces en alternativa frente al kirchnerismo, en líder de una oposición que cuestiona duramente al gobierno nacional, sin atreverse a enfrentar uno de los temas centrales de esa gestión?

La cuestión aparecía, en principio, como imposible de resolver, porque las encuestas seguían mostrando que una holgada mayoría apoya las políticas de Memoria, Verdad y Justicia –60 por ciento, contra un 36 que tiene opinión negativa, según una medición de Ricardo Rouvier para la ciudad de Buenos Aires, a comienzos de diciembre– y, naturalmente, no aumentarían las chances presidenciales de nadie que arremetiera contra esa mayoría. En ese punto, en el que ambas posturas polares –aprobar o condenar– resultaban malas para fortalecer la identidad y las perspectivas electorales del macrismo, apareció una solución que no pudo salir sino de la imaginación de Jaime Duran Barba, el asesor talentoso y de- saprensivo, el mismo que sorprendió a propios y extraños cuando señaló a la inteligencia como el rasgo más saliente de la personalidad de Adolfo Hitler.

La nueva orientación que se advierte desde hace unas semanas supone cuestionar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, pero evitando condenar los aspectos centrales que la mayoría de los argentinos atesora como logros: la promoción de los juicios, la recuperación de la ex ESMA y de otros Espacios de Memoria. Tres han sido, hasta ahora, las argumentaciones del macrismo en esta ofensiva que avanza por los márgenes: condenar los curros que se habrían cometido al amparo de las políticas de derechos humanos, haciendo referencia al caso de Sergio Schoklender; señalar –como también lo hizo Sergio Massa– que una atención excesiva por los temas del pasado podía llevar a desatender los derechos humanos del presente, y finalmente que esas políticas se estaban llevando a cabo con un ánimo de venganza que tendría más peso que el afán de justicia.

La actuación de Schoklender en la Asociación Madres de Plaza de Mayo dejó un saldo negativo para el Movimiento de Derechos Humanos. Aunque aún falta un pronunciamiento judicial, es evidente que el modo de gestionar la entidad como ejecutivo de una gran empresa, los gastos desmesurados y los perjuicios que finalmente resultaron para la asociación permiten hacer un balance claramente negativo. La propia titular de las Madres ha criticado la conducta del administrador y ha deslindado responsabilidades. Seguramente fue equivocado dar a Schoklender la confianza absoluta que se le dispensó, pero pretender extender el cuestionamiento sobre la acción del administrador –que compartimos– a la entidad de Madres y al movimiento de derechos humanos, en general, es un despropósito que no encuentra razones en que sustentarse. También se aprende de los errores y por eso debe conocerse mejor lo ocurrido para que comprender cómo fue posible el encumbramiento de quien nunca debió alcanzar tales funciones. Pero el necesario reconocimiento de este negativo episodio permite resaltar más su carácter excepcional en relación con la trayectoria de Madres, Abuelas y el activismo de derechos humanos que –en tiempos en que la política acumulara un merecido desprestigio– dieron al país una lección de ética y firmeza de convicciones.

El segundo argumento que busca afectar las políticas de derechos humanos con algún rodeo se refiere a la despreocupación del gobierno nacional por lo que Macri llama los derechos humanos del siglo XXI. Es decir, no se cuestiona directamente esas políticas, pero se lamenta que no se dedique el mismo esfuerzo a las situaciones actuales que puedan implicar violaciones a los derechos humanos. Esta argumentación se manifestó en los comienzos del kirchnerismo, aprovechando una coyuntura en la que la gravedad de la crisis social impedía mostrar rápidos resultados de las políticas dirigidas a mejorar la situación de los sectores populares. Mientras los gestos simbólicos de Néstor Kirchner –la bajada del cuadro de Videla o la recuperación de la ESMA– tenían efectos políticos muy contundentes, las propuestas orientadas a paliar la crisis social tardaban en mostrar sus resultados. Pero luego de la adopción de medidas como la Asignación Universal por Hijo y el matrimonio igualitario, hoy las políticas de inclusión y de expansión de derechos –aunque quede mucho por hacer– muestran logros no menos importantes que los que tienen que ver con la historia argentina de los ’70.

En consecuencia, el panorama político argentino no presenta una polarización entre partidarios de los derechos humanos del presente y del pasado sino la confrontación entre quienes –con Cristina– quieren avanzar en las transformaciones y quienes se oponen al cambio. No es casual que el mismo gobierno que desde el 2003 inició un profundo proceso de reformas sea también el que promueve justicia y reparación para los males del pasado. Quienes carecen de sensibilidad social y decisión política para enfrentar a las corporaciones seguirán en deuda con los reclamos de ayer y de hoy.

Finalmente, Macri ha señalado que la venganza mueve las acciones contra los responsables del terrorismo de Estado. Lo hizo con la suficiente imprecisión como para que no se dijera que reclama el fin de los juicios, del mismo modo que Massa habló del cierre de la etapa de los derechos humanos sin mencionar indultos ni amnistías. El jefe de Gobierno porteño pudo apoyarse en la sorprendente irrupción del ex fiscal del juicio a las Juntas Militares, Julio César Strassera, quien calificó muy duramente –usando el término venganza– que se negara la prisión domiciliaria a algunos condenados por delitos aberrantes. El ex fiscal no recordó en su declaración cuántas veces algunos de los procesados en estas causas violaron las normas de la prisión domiciliaria, lo que por sí solo justificaría la adopción de normas de máxima seguridad.

Resulta irritante que se considere la venganza como motivación de las políticas de derechos humanos y de la acción de la Justicia, si recordamos que ningún familiar de desaparecido ni ningún militante de la causa de los derechos humanos recurrió a la violencia contra los responsables del golpe militar y de los crímenes de lesa humanidad. Probablemente es esa misma magnitud del agravio lo que excluyó el recurso a la venganza: sólo la Justicia en esta circunstancia podría encontrar reparación adecuada para toda la sociedad. En momentos de escribir esto, viene a mi memoria una experiencia juvenil. En 1963, luego del triunfo de la revolución de independencia en Argelia, asistía a una conferencia de prensa en la que se referían los horrendos crímenes cometidos por las tropas francesas de ocupación. Abrumado por el relato, el corresponsal del diario del Partido Comunista Francés dijo, como para sí mismo: “No podrán sino odiarnos después de esto que hemos hecho los franceses”. La respuesta provino de una joven militante cuyos grandes ojos negros albergaron, de pronto, una mirada serena: “Hemos sufrido demasiado como para poder odiar”.

No me animaría a decir que no exista un resto de odio en los familiares que han perdido a sus hijos o en quienes seguimos añorando a nuestros compañeros queridos, pero ese sentimiento individual deja paso a otro más poderoso que nos convoca a todos y que se expresa en la consigna de Memoria, Verdad y Justicia. Verdad porque sin ella será muy difícil comprender lo ocurrido en el pasado y su perduración en el presente, Memoria porque es en el recuerdo de las luchas populares que encontramos fuerza e inspiración hoy para construir un país mejor y Justicia porque –más allá de su función reparadora– sólo en ella puede fundarse un orden que permita avanzar hacia formas más avanzadas de convivencia social.

* Director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

Juicios equívocos

Por Marcelo Ferreira *

Los candidatos Mauricio Macri y Sergio Massa expresaron en los últimos días algunos propósitos en materia de derechos humanos. Macri dijo: “Conmigo se acaban los curros en derechos humanos” y “hay que ocuparse de los derechos humanos del siglo XXI”. También añadió: “Los derechos humanos no pueden ser en términos revanchistas”. Por su parte, Massa expresó que “la Argentina tiene que cerrar la etapa de los derechos humanos” y que “lo que el Gobierno se olvidó es que hay nuevos derechos humanos”. Estos juicios son equívocos e insuficientes, porque sugieren más que lo que expresan, y requieren precisiones.

La asociación entre las palabras “derechos humanos” y “curro” parece desmedida y da pie a la conclusión generalizada “el curro de los derechos humanos”, que es la que quedó flotando en la percepción pública, aunque el candidato haya expresado otra cosa. No estaría mal una aclaración al respecto. La frase que asocia derechos humanos con revanchismo exige precisiones sobre la equiparación de justicia y venganza, y el rol de los actores. ¿Quiénes frente a quiénes actúan en esa revancha? ¿Acaso se trata de demonios? ¿Se refieren al alcance de los juicios por violaciones a los derechos humanos en 23 de las 24 jurisdicciones del país? ¿O a los juicios por complicidad civil empresaria y eclesiástica que se avecinan? Demasiados interrogantes sin respuesta. Y la pretensión de cerrar la etapa de los derechos humanos exige una aclaración sobre el modo en que se pretende operar esa clausura.

Ambos candidatos se arrogaron la prerrogativa de jerarquizar y seleccionar derechos humanos: los del siglo XXI y los anteriores, los nuevos y los viejos. Esta pretensión ignora los caracteres de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, que no admiten jerarquización ni exclusión alguna, porque la privación de un derecho repercute en los otros. Y se basa en una distinción falsa: no hay derechos humanos nuevos o viejos. Los derechos a la vida, la integridad física, a no ser objeto de torturas –entre otros– no son derechos humanos “de ayer”, sino “de hoy”, y de siempre. Y ningún candidato ni autoridad pública les puede decir a los jueces cuáles derechos proteger y cuáles no.

Para evitar equívocos es necesario aclarar además que los juicios por abominables crímenes de Estado ya no tienen retroceso posible. No hay modo alguno de sustraer una causa del conocimiento del Poder Judicial para evitar el juzgamiento, merced a profusa doctrina y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema Argentina (Corte IDH, “Barrios Altos”, 14 de marzo de 2001; CSJN “Mazzeo, Julio Lilio y otros”, 13 de julio de 2007, entre muchos otros). Ni siquiera los pueblos pueden perdonar, en función de la doctrina sentada por la Corte Interamericana en el caso “Gelman”, del 24 de febrero de 2011. Y las mismas conclusiones caben para actores civiles empresarios o eclesiásticos, en tanto hayan actuado como cómplices del terrorismo de Estado (innumerable doctrina y jurisprudencia internacional desde “Nuremberg” en adelante).

Por último, es necesario entender que los avances en derechos humanos no son patrimonio de un gobierno, sino una conquista del pueblo argentino.

* Profesor titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.