Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Rádice, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda. Cinco nombres bien conocidos. Son represores emblemáticos de la ESMA. Fueron condenados a prisión perpetua en 2011 por los secuestros, torturas, violaciones, homicidios y las aberraciones sistemáticas cometidas en ese centro clandestino de detención, uno de los más grandes que funcionó en la última dictadura. Ahora condensan (apenas) la primera muestra de quienes quedaron en condiciones de obtener el beneficio de reducción de la pena por la ley del 2x1, que a pesar de que rigió en un período en que estaban libres y sin proceso judicial gracias a las leyes de impunidad, la Corte Suprema considera que les resulta aplicable por el criterio de la “ley penal más benigna”. Es más, algunos de ellos ya lo habían pedido, anticipándose. Es probable que la mayoría de los acusados por apropiación de hijos de desaparecidos aspiren a salir en libertad, ya sea porque recibieron penas más bajas luego de estar en prisión preventiva, o porque reclaman que se les aplique un tipo penal más benévolo. Ayer mismo presentó un planteo el ex capitán del Ejército y apropiador de Francisco Madariaga, Víctor Gallo, para que le rebajen la pena, invocando la sentencia del máximo tribunal.

Después del fallo de la Corte que aplicó anteayer el “2x1” al represor Luis Muiña, condenado por crímenes de lesa humanidad en el Hospital Posadas, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad comenzó a hacer un análisis preliminar que permita proyectar los efectos que traerá la decisión. A última hora de ayer habían llegado a relevar 343 sentencias condenatorias y concluyeron que 278 represores sentenciados están en condiciones de pedir el beneficio del 2x1 y quedar libres, lo que representa el 52 por ciento de los condenados que están bajo arresto. La llamada ley del 2x1 estuvo vigente entre 1994 y 2001, cuando fue derogada, y previó que pasados dos años de prisión preventiva sin condena se debían computar dobles los días de detención. Fue un período en que no era posible juzgar los secuestros, homicidios y desapariciones forzadas porque regían las leyes de Punto Final y Obediencia de Vida, invalidadas en 2005. Sí existían algunos juicios por apropiación de niños y robo de bienes, que avanzaban con dificultad.

Un caso paradójico de los que entran en el análisis de la Procuraduría es el de Antonio Herminio Simón, ex jefe del Batallón de Inteligencia 123 de Paso de los Libres, condenado en la causa conocida como de la “Contraofensiva”, por su participación en la desaparición forzada de un grupo de militantes que regresaban al país en los años ochenta. Simón había pedido años atrás el beneficio del 2 x 1 y la Corte Suprema había rechazado su recurso con una fórmula llamada “280”, que exime a los jueces de dar fundamentos. La usaron en muchos otros casos para negar el beneficio de aquella ley. Esta semana emitieron, con tres votos (Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) un fallo de fondo que aplica a los delitos de lesa humanidad aquella norma que permite reducir las penas. Muchos represores tuvieron largos períodos de prisión preventiva.

Jorge “Tigre” Acosta, jefe operativo del principal centro clandestino de la Marina, solía firmar sus escritos con una leyenda que decía la cantidad de años que llevaba detenido sin sentencia. El torturador de la ESMA estuvo preso primero por el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos y por robo de bienes de las víctimas; en 2011 recibió su primera condena, a prisión perpetua, en el juicio por los crímenes en la ESMA. Más adelante fue condenado por el robo de niños. Es uno de los que la Procuraduría especializada prevé que podría obtener una reducción de la pena.

El juicio que se conoció como ESMA II incluyó acusaciones por los homicidios de los 12 integrantes del Grupo de la Iglesia Santa Cruz, entre los que estaban Azucena Villaflor, las primeras Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Algunas de las condenas sumaron la privación ilegal de la libertad, tormentos, robo de bienes y el homicidio del periodista y escritor Rodolfo Walsh. Algunos de los acusados, sentenciados a perpetua, como Astiz, Radice, Cavallo y también Donda, podrían recibir el beneficio del dos por uno y quedar libres. Por la investigación sobre ESMA tienen condena firma ya. En otros casos no. Radice está procesado en siete causas más, también por apropiación de bienes. Donda tiene cuatro causas más, una de ellas por la apropiación de Victoria Donda. Cavallo tiene siete causas más.

Para realizar el primera análisis la Procuraduría tomó una muestra de 136 sentencias dictadas entre 2006 y 2016, en las que se condenó a imputados por delitos llamados de “ejecución permanente” como la privación ilegítima de la libertad  y la sustracción y ocultamiento de menores.

El fallo de la Corte –que cambia el rumbo de las decisiones supremas en materia de juicios de lesa humanidad– dice que “las leyes penales intermedias, promulgadas después de la comisión del delito pero derogadas y reemplazadas por otra ley antes de dictarse una condena, se aplican retroactivamente cuando son más benignas y tendrá ultraactividad cuando son intermedias, siempre que fueran más benignas que las posteriores”. Luego agregaba que la solución más benigna cabe a todos los delitos, incluso los de “carácter permanente”. Los jueces que votaron en minoría, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, dijeron que en la Argentina y según la propia Corte, los crímenes contra la humanidad no son amnistiables, no se puede rebajar la pena. La ley que se aplica, en todo caso, es la última por tratarse de delitos  permanentes.

Los genocidas de la ESMA habían pedido, algunos, hace tiempo el beneficio del 2x1. Pero ayer el primero en presentarse con el fallo de la Corte en la mano fue el represor Víctor Gallo, condenado a 15 años de prisión en julio de 2012 en el juicio por el plan sistemático de robo de bebes. En 2016, se le otorgó una pena única de 25 años, al reunificarla con otras anteriores. En ese momento, su defensa había realizado un primer planteo que contemplaba la excarcelación bajo libertad condicional, pero el Tribunal Oral Federal 6 lo rechazó y la apelación estaba en la Sala III de Casación Penal. En Abuelas de Plaza de Mayo y en la fiscalía ya analizan cuestionar su nueva presentación porque incluso encuentran diferencias con el caso de Muiña resuelto por la Corte.         

El TOF 6 había rechazado el primer pedido en este sentido por parte de la defensa de Gallo, con argumento similares a los a los de la minoría del fallo de la Corte, en base a la continuidad del delito, que sólo terminó con la condena por la apropiación de Madariaga, para cuando el 2x1 ya no estaba vigente. Lo cierto es que esta nueva fase recién empieza.

Toda la bronca, la indignación y la tristeza acumulada desde que fue anunciado el fallo de la Corte Suprema que aplicó la ley del 2x1 para reducir la pena de un condenado por crímenes de lesa humanidad comienza a transformarse en visibles y callejeras acciones de repudio y resistencia. “Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, 1000 años de prisión para los genocidas”, rezaba la bandera que la Asociación de Madres de Plaza de Mayo colgó de la reja de la sede de la Conferencia Episcopal Argentina, en Suipacha al 1000. Ellas, con sus pañuelos blancos, hicieron una sentada en la vereda para rechazar el llamado a “reconciliación” que la cúpula de la Iglesia Católica impulsa entre víctimas y victimarios del terrorismo de Estado. Luego, en conferencia de prensa pidieron el juicio político de los jueces del Máximo Tribunal que, con su voto mayoritario, beneficiaron al represor Luis Muiña. Por la tarde, los organismos de derechos humanos en conjunto anunciaron la convocatoria a un “acto contra este nuevo intento de garantizar la impunidad a los genocidas” que se realizará el miércoles 10 a las 18 frente a Tribunales, en Plaza Lavalle. 

“Esperamos que el conjunto de la sociedad nos acompañe para que nunca más haya impunidad en la Argentina, porque lo que no se juzga y se condena, se repite”, sostuvo el comunicado que firmaron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Además, los organismos planean hacer visible el rechazo al fallo de la Corte cerca de los escenarios oficiales previstos para las próximas visitas de mandatarios de Suecia, Italia y Alemania. 

Tras la “acción relámpago” que protagonizaron ayer por la mañana siete Madres de esa organización en la puerta del Episcopado, Bonafini cuestionó a los ministros de la Corte que beneficiaron a ese condenado por delitos de lesa humanidad. “Esos jueces no van a pasar a la historia, nuestros hijos sí, los pusieron para eso, es gente paga”, dijo la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo durante una entrevista por la AM750 respecto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, los dos jueces propuestos al máximo tribunal por el gobierno de Mauricio Macri y quienes fallaron a favor de la morigeración del cumplimiento de las penas a los genocidas. “La batalla callejera es la que te salva”, subrayó la dirigente. 

Las Madres permanecieron allí hasta el mediodía y luego realizaron un acto y conferencia de prensa en Plaza de Mayo con la presencia de Carlos Rozanski, ex juez del tribunal federal que condenó al represor Miguel Etchecolatz, y los letrados Eduardo Barcesat y Pablo Llonto, quienes pidieron el juicio político contra Rosatti, Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco. “En Santa Fe nos reunimos abogados y abogadas de todo el país para decidir las medidas que vamos a tomar, que desde ya van a ser todas: el pedido de juicio político, la denuncia penal”, anticipó Llonto. 

Por su parte, los organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocaron a una marcha de Congreso a Plaza de Mayo el jueves 11 a las 17, para que “todo el país convierta ese día en una jornada nacional contra la impunidad y la represión”.

En tanto, las rondas de las Madres en Mar del Plata y en Rosario de ayer fueron masivas para repudiar el “indulto encubierto” que significa el fallo de la Corte para centenares de represores.

“Ha habido un profundo malentendido; la decisión nuestra ha sido simplemente escuchar y hacer un examen de conciencia de nosotros los obispos, no de intervenir en ninguna propuesta”, dijo ayer el obispo de San Isidro, Oscar Ojea, buscando salir al cruce de las críticas recibidas por la jerarquía católica una vez conocida la iniciativa de abrir “un tiempo de reflexión sobre los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura”. Ojea dijo también que para la Iglesia la reconciliación no significa impunidad, sino que “todo proceso implica memoria, verdad y justicia”.

Los obispos, reunidos esta semana en asamblea general en la casa de ejercicios El Cenáculo-La Montonera, en la localidad bonaerense de Pilar, convocaron en la segunda jornada de su encuentro a Graciela Fernández Meijide, Cristina Cacabelos y al general de brigada (retirado) Daniel D’Amico con el fin de escuchar sus testimonios acerca de lo vivido durante la dictadura militar. 

La iniciativa episcopal, enmarcada en la denominada “cultura del encuentro”, fue leída como una propuesta de “reconciliación” tanto por organismos defensores de derechos humanos como por organizaciones católicas, y recibió un fuerte rechazo con el argumento de que no puede haber reconciliación sin justicia y aceptación de responsabilidades por parte de los agresores. 

Mientras las Madres de Plaza de Mayo, con Hebe de Bonafini a la cabeza, realizaban una sentada frente a la sede capitalina de la Conferencia Episcopal (ver página 2), Ojea sostuvo que “la Iglesia ha sido clara en numerosas ocasiones cuando ha afirmado que no puede haber reconciliación sin justicia, de modo que esto es muy claro para nosotros los obispos”.

Dijo también el obispo de San Isidro que “no ha habido ninguna convocatoria por parte de los obispos, sino que ha sido una necesidad nuestra de escuchar”. Y sostuvo que “no hemos querido poner en una mesa a personas para que entre ellas dialogaran, sino que nosotros hemos querido escuchar a cada una, recibir su testimonio y trabajar nosotros a partir de eso”.

Ayer los obispos enviaron al Papa una breve carta en la que le informan a Francisco sobre la decisión de iniciar el “itinerario de reflexión” en “orden a crecer en la cultura del encuentro tanto al interior de la Iglesia como en la amistad social de nuestra querida Patria”. Un informe de prensa del Episcopado precisó que “en este camino de reflexión también se irá conversando sobre cuáles son los desencuentros que generan exclusión e inequidad social y las injusticias que promueven la violencia”.  

Los tres invitados a la sesión del miércoles en la asamblea episcopal se dirigieron al plenario episcopal durante media hora cada uno de ellos y luego algunos obispos formularon preguntas.

Fernández Meijide, ex integrante de la Conadep, sostuvo luego que no cree que pueda haber reconciliación “cuando no hay voluntad”, dado que “no es algo que pueda imponerse”. Agregó que “sin que haya de parte de los que fueron conducciones, es decir, los que sobreviven de Montoneros y de los militares, un mensaje respecto al daño que han hecho y que lo lamentan profundamente y algún tipo de rechazo a la violencia utilizada como metodología política, no será posible una reconciliación”.

Cristina Cacabelos, quien también presentó su testimonio ante los obispos, es una abogada católica que cuenta con dos hermanos desaparecidos y una asesinada a manos de grupos de tarea de la ESMA. No obstante, Cacabelos, muy cercana al obispo Jorge Casaretto, ex titular de la diócesis de San Isidro, se presenta como una activista de la reconciliación. Como parte de esta tarea y junto al obispo, la abogada visitó el pasado 24 de febrero a un grupo de condenados por delitos de lesa humanidad alojados en el penal de Ezeiza y que se consideran a sí mismos como “presos políticos”. La información sobre el encuentro fue proporcionada en su momento por una página web denominada “Prisionero en Argentina”. En su portada, la publicación digital califica a la Argentina como “país terrorista” porque “no reconoce a hombres, mujeres y niños asesinados por terroristas; mantiene ilegalmente en prisión y aceleran su muerte a quienes los combatieron; posee funcionarios gubernamentales y periodistas que fueron terroristas; indemniza, paga subsidios y erige monumentos a terroristas”. 

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició al represor Luis Muiña concediéndole el cómputo de dos por uno en el cumplimiento de una sentencia por delitos de lesa humanidad sumó más repudios de todo el arco político. “Es un retroceso de veinte años en un tema como los derechos humanos, donde Argentina ocupó desde 2003 un lugar de ejemplo en el mundo. Todavía no sabemos qué pasó con muchos de los desaparecidos. Siento que con esto se los hace desaparecer dos veces”, dijo la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El senador Fernando “Pino” Solanas, de Proyecto Sur, sostuvo que “el fallo sorprendente tira abajo todo lo que se ha hecho en materia de derechos humanos”. Los diputados del Bloque Justicialista (BJ) afirmaron que “hay un grave retroceso en la política de derechos humanos”; y, desde Unidad Popular (UP), el ex diputado Claudio Lozano agregó que “estamos frente al fallo de la impunidad”. La CGT también expuso su “perplejidad” ante “la decisión de la Corte de beneficiar a los genocidas que implementaron el terrorismo de Estado”. La única excepción fue la alianza oficialista Cambiemos: el PRO y la CC esquivaron pronunciamientos, aunque el comité nacional de la UCR se diferenció con un escueto comunicado cuestionando el fallo, a lo que se sumaron algunos diputados.

“Quiero vivir en una Argentina donde los genocidas no caminen por la calle. Lo de ayer (por el miércoles) es un punto de inflexión y yo creo que la sociedad va a saber encontrar los caminos para retrotraer esto”, agregó CFK en un acto junto a los docentes de Sadop. “No puede ser que lo que ayer era blanco cambia un gobierno y pasa a ser de otro color. Si puede cambiar esto y el pueblo lo convalida, ¿qué piensan que van a hacer con los otros derechos?”, planteó la ex mandataria.

Ya se habían pronunciado en duros términos contra el fallo los diputados nacionales y los senadores bonaerenses del FpV-PJ, el Movimiento Evita, el Frente Renovador, el Frente de Izquierda, el GEN y Libres del Sur. Además del conjunto de los organismos de derechos humanos.    

“Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y no hay amnistía ni indulto que pueda modificarlos. No se trata sólo de una cuestión legal, sino que este fallo también es coherente con los cambios que viene llevando a cabo (el presidente Mauricio) Macri. Ninguna de sus declaraciones han sido meras provocaciones sino decisiones planificadas”, sumó ayer Solanas.

Juan Manuel Abal Medina (FpV-PJ) presentó un proyecto de resolución que propone al Senado expresar el “más profundo rechazo” al fallo de la Corte Suprema que beneficia a un condenado por delitos de lesa humanidad.

“Los avances de estos años fueron el resultado de un fuerte compromiso del Estado, los organismos de derechos humanos y la ciudadanía. Esta vez nos encontramos ante un indulto encubierto”, dice el comunicado de los diputados del BJ, quienes mostraron su preocupación: “Produce escalofrío pensar que podrían volver a caminar entre nosotros los apropiadores, los secuestradores y los asesinos hoy detenidos”. La UP también se plegó a los repudios. “Estamos frente al fallo de la impunidad”, dijo el ex diputado Lozano. 

La CGT se pronunció contra el beneficio que el máximo tribunal de Justicia concedió al represor Muiña: “La desafortunada decisión de la Corte Suprema –adoptada por simple mayoría– aplicó de forma errónea normas del derecho penal común a los delitos contra la humanidad”, dice el comunicado firmado por el triunvirato cegetista conformado por Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña. “La desaparición de personas y los secuestros de bebés son de ejecución permanente hasta tanto aparezcan las víctimas, por lo que es arbitrario que los responsables recuperen la libertad mientras ese delito continúa cometiéndose”, subraya el documento.

La Corriente Federal de Trabajadores que encabeza La Bancaria e integra la CGT calificó el fallo de los supremos como “aberrante” y estimó que representa “un retroceso inadmisible en las políticas de Estado de derechos humanos”. “El fallo se enmarcó en la expresa política de la coalición gobernante, que procura borrar la memoria y tergiversar la verdad como estrategia para imponer idéntico plan económico al de Martínez de Hoz durante la dictadura”, puntualizó su documento.

El oficialismo, en cambio, esquivó cualquier definición. El PRO y la Coalición Cívica-ARI confluyeron en una estrategia de silencio. Los sacudones internos no le permitieron al radicalismo seguir la misma línea y el comité nacional de la UCR expresó su “enérgica disconformidad con la sentencia de la Corte”, aunque reafirmó su “irrestricto apoyo y respeto a la independencia del Poder Judicial”. “Lamentamos y repudiamos el criterio adoptado entendiendo que implica un grave retroceso de una política de Estado en materia de derechos humanos”, dice el segundo y último párrafo de la declaración. También opinaron algunos diputados radicales. El jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, se manifestó más en términos técnicos que políticos: “Reduciendo sensiblemente la pena a aplicar, se vulnera el derecho internacional que obliga a sancionar de manera efectiva los delitos de lesa humanidad”, sostuvo en un comunicado. “No tengo dudas de que el fallo de la Corte no es el correcto”, advirtió Ricardo Alfonsín.

¿Dos por uno? Estoy de acuerdo pero quiero lo mismo para los míos, mis queridos. Esa conmutación de pena, de dolores, de picana, de disparo fatal y feroz escalofrío.

Quiero la mitad del recorrido de la bala que los asesinó, que el cañón con que violaron a Cristina se quede a mitad de camino, que la trompada no llegue a destino, que la dejen amamantar a su hijo un poco más, para que esa ternura tape el olor a carne quemada que percibo cuando entro a Capucha o Capuchita. Quiero exactamente la mitad de todo lo que padecieron. Es decir que de tanto conmutar padecimientos al fin me los devuelvan con vida.

Quiero al nieto de mi madre, a mi sobrino nacido en cautiverio, ese que por razones inconmutables nunca pudimos abrazar. Sí, quiero a mi hermana y a mi padre, los quiero aquí de nuevo como hace cuarenta años. ¿No les parece justo?

Un dos por uno que retire ese océano de llanto que nos ahogó día a día en la desesperada espera. ¡Quiero ahora mismo la mitad de mi dolor, de mis temores, de mi exilio! ¿No pueden? ¿Cómo que no pueden? ¿Acaso no son capaces de torcer nuestra memoria? ¿De pretender que un asesino ya no lo es más porque se puso viejo? ¿Los devuelven a casa? Muy bien: ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde están nuestros hijos, nuestros padres y hermanos?

Les recuerdo una cosa:

Todavía cantamos. Todavía pedimos. Todavía soñamos.

¡Todavía esperamos!

Apenas asumió la presidencia, Mauricio Macri mostró hasta dónde estaba dispuesto a forzar la institucionalidad democrática. Designó por decreto a dos ministros de la Corte Suprema de Justicia. Dos delegados del Poder Ejecutivo en otro poder del Estado que aceptaron presurosos el honor. El escándalo fue tal que tuvo que hacer que respetaba el decreto 222 y envió los nombres de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti al Senado. 

El vicio de origen de sus postulaciones no fue obstáculo ni para ellos ni para los senadores radicales, peronistas y parte del Frente para la Victoria que los convirtieron en supremos. 

Pasado más de un año, queda claro el plan sistemático que empezó con ese avasallamiento inaugural. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, se permitió decir que “es un error apuntar al Gobierno por una decisión de la Corte”.

“Eso fue hace dos años”, había dicho Avruj cuando le recordaron que Macri se ufanaba y repetía: “Se va a acabar con el curro de los derechos humanos”, como si fuese una cuestión de tiempo el bastardeo de la lucha por memoria, verdad y justicia.

Con la ayuda de Elena Highton de Nolasco, quien no dudó en cambiar de criterio y aplicar el 2x1 para delitos de lesa humanidad, la cabeza del Poder Judicial extremó los razonamientos y justificó un privilegio impensado para sortear las condenas.

El plan sistemático tiene un derrotero certero: en un fallo previo desconocieron el rango constitucional de los tribunales internacionales y se consagraron como palabra última de esta alambicada democracia. 

Esperaron que el Episcopado retomara las banderas de la reconciliación sin justicia y que pasaran los 40 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo y dieron el paso que imaginan final para llegar a las elecciones con la mayoría de los represores libres. 

Fortunas amasadas al calor de la dictadura, la cúpula de la Iglesia cómplice junto a insistentes editoriales de La Nación forman los cimientos de una decisión que recrea un fuero especial para los represores. Actores menores como Darío Lopérfido y Juan José Gómez Centurión probaron hasta dónde se toleraba el retroceso. 

Un fallo que duele, ofende y avergüenza.

El argumento principal sobre el que se sostiene el fallo “Muiña” –además de otras cuestiones técnicas que no podemos desarrollar aquí– es que los derechos y garantías son iguales para todos incluso para los condenados por delitos aberrantes. “El Estado de Derecho no es aquel que comel paíste la el paísrel paísrie apartándose del ordenamiento jurídico”, dice el voto mayoritario. De acuerdo con el fallo de la Corte, el legislador no previó excepciones para la aplicación de la garantía de retroactividad de la ley más benigna y lo que no hizo el legislador no lo puede hacer el juez sin violar el principio constitucional de la división de poderes.

Las garantías constitucionales tienen como fin proteger los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la libertad. Como toda norma, su alcance depende de cómo se las interprete. El espectro hermenéutico de las garantías oscila entre aquellas interpretaciones que maximizan su potencia protectora para el individuo frente al poder punitivo y las que se limitan a salvaguardar estándares mínimos. La Corte es reacia a tratar recursos penales (la mayoría son desestimados con la sola invocación de dos artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y, cuando lo hace, suele privilegiar las interpretaciones minimalistas de las garantías.

El fallo demuestra un garantismo inusitado en la Corte del que no gozan, por ejemplo, las presas emel paísrazadas o las que deben criar a sus hijos en el encierro. Ese garantismo tampoco alcanza a quienes llegan a la Corte con la esperanza de ver revisadas sus condenas porque en ellas se omitió considerar prueel paíss pertinentes o porque se les aplicó un determinado monto de pena sin fundamento alguno. Por estas razones es que la afirmación de que la ley es igual para todos se revela, en este contexto, cargada de cinismo.

Más aún cuando el reconocimiento de la aplicación ultraactiva de la regla del “2x1” beneficiará prácticamente solo a los condenados por delitos de lesa humanidad. 

Mi forma de pensar el derecho es contraria a todo tipo de excepción. Precisamente por ello es que no podemos dejar de señalar que durante los años en que tuvo vigencia la regla del “2x1” los responsables por delitos de lesa humanidad fueron exceptuados del alcance de la ley por las leyes de impunidad.

Tampoco puede soslayarse que respecto de los crímenes de lesa humanidad hay un interés de la comunidad internacional en que se persigan, una exigencia de justicia para cuya satisfacción no el paíssta con que haya juicio, condena y cumplimiento de la pena, sino que además dicha pena debe ser proporcional. Así lo estableció la Corte Interamericana en el “Caso Masacre de La Rochela vs. Colombia” en el que señaló que para la aplicación del principio de favorabilidad (ley más benigna) “debe procurarse su armonización con el principio de proporcionalidad, de manera que no se haga ilusoria la justicia penal”.

La Corte no dicta sus fallos por orden de llegada de las causas sino que elige cuidadosa y estratégicamente el tiempo más conveniente para hacerlo. Ha sido tradicionalmente una hábil lectora de los tiempos políticos y ha sabido adaptarse a ellos casi con naturalidad. Esta decisión encaja perfectamente, si no con el espíritu de los tiempos, cuanto menos con la voluntad explícita del poder de conformar un clima cultural en el que el proceso de Memoria, Verdad y Justicia sea revisado.

Frente a ello, es necesario que los jueces de instancias inferiores no apliquen este beneficio si con ello se puede desnaturalizar la pena aplicada y, de ese modo, tornarse ilusoria la justicia por la que tanto se ha luchado.

* Abogado penalista, docente de la Facultad de Derecho (UEL PAIS).

Desde Bélgica, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó duramente el fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició con la derogada ley de 2 por 1 la reducción de la condena al represor Luis Muiña. Sostuvo que “estamos por lo pronto con respecto a derechos humanos ante una nueva Corte automática o mayoría automática” que “dio por tierra con tratados internacionales, con su propia jurisprudencia”. Tampoco dudó en asociar la decisión del Máximo Tribunal al impulso del Gobierno de avanzar en una amnistía a los genocidas. “Si, claro que tuvo que ver”, dijo CFK sobre la influencia del Ejecutivo y les apunto a los cortesanos que votaron a favor en el fallo: los dos jueces propuestos por el presidente Mauricio Macri (Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) “que intentaron ingresar sin pasar por el Parlamento, por DNU”  y a la jueza Elena Highton de Nolasco que debía dejar su cargo a los 75 años “por imperio de la Constitución” y “consiguió que el Gobierno no apelara esa resolución judicial” con la que seguirá en el cargo.

La ex presidenta también se refirió a la repercusión sobre el fallo de la Corte en Europa, un continente que –a su juicio– “fue puntal contra la dictadura genocida del 24 de marzo de 1976 en la solidaridad con lo que estaba sucediendo en la República Argentina”. “La verdad que están muy sorprendidos y muy preocupados por estas decisiones que se han adoptado en la República Argentina y que tienden a echar por tierra lo que es considerado una conquista no de la Argentina sino una conquista universal en materia de derechos humanos”, dijo CFK en una entrevista concedida al canal de noticias C5N desde Bruselas.

“Más que mensaje, convocar a todos los argentinos”, respondió a la pregunta de “si tenía algún mensaje” para la multitudinaria marcha de ayer en Argentina contra el fallo de la Corte. Cristina Kirchner, se refirió entonces a lo que había dicho en la sede del gremio de los docentes privados (Sadop), una día después del fallo de los cortesanos y antes de viajar a Europa: “Dije que esto debía convocarnos a todos más allá de las oposiciones entre las posiciones ideológicas. Sostuve además y sigo sosteniendo que los Derechos Humanos no son ni de izquierda ni de derecha, y que realmente por la calle pueda caminar gente que violó, torturó, desapareció chicos, tiró gente al mar, a mí no me entra en la cabeza” y “no me entra en la cabeza que haya gente que pueda apoyar eso”, agregó a las consignas que desde la marcha pro-oficialista del primero de abril se pronunciaron contra la política de Estado sobre derechos humanos.     

“Con lo cual creo que la defensa de la democracia no sólo le debe caber a las organizaciones de derechos humanos, que han sido un puntal formidable en todo esto, sino a toda la sociedad. Creo que es bueno para todos que vivamos en un país en donde los genocidas no caminan por la calle y creo que por eso la convocatoria”, insistió sobre la marcha convocada ayer por los organismos y acompañada por un amplio abanico político-partidario.

Antes, CFK se había explayado sobre la influencia del Gobierno en el fallo de la Corte. “Lo único que hay independiente hoy son los Reyes de España en la República Argentina. Todo tiene vinculación con todo y si con algo hace juego el gobierno es con el poder judicial en la República Argentina, nada que ver con el poder judicial de antaño. A mí me han tirado decisiones de gobierno con medidas cautelares, fallos contra la Ley de Medios, fallos contra el tema de las reservas, todo tipo de fallos habidos y por haber. Hoy vemos una justicia, salvo honrosas y contadas excepciones, totalmente alineada con el Ejecutivo, y peor la Corte aún, que dio por tierra con tratados internacionales, con su propia jurisprudencia”, sostuvo.

Allí incluyó a los tres jueces, sin nombrarlos, que conformaron esa “mayoría automática” en el Máximo Tribunal: Rosenkrantz y Rosatti propuestos por un Decreto de Necesidad y Urgencia de Macri y “que intentaron ingresar sin pasar por el Parlamento. Además de Highton de Nolasco, quien habría logrado con su voto la continuidad en la Corte a pesar de cumplir con las edad (75 años) establecida por la Constitución debería culminar su mandato. 

“Estamos por lo pronto con respecto a derechos humanos ante una nueva Corte automática o mayoría automática. Es muy preocupante, porque uno de los logros más importantes que creo que nadie puede discutirnos es aquella interpelación que Néstor (Kirchner) le hizo al Parlamento al poco tiempo de haber asumido para construir una Corte y una Justicia absolutamente independientes. Y vaya que construimos una Corte absolutamente independiente”, concluyó la ex presidenta.