Con o sin referéndum. La Generalitat tiene ya preparado el mecanismo para activar la secesión inmediata de Cataluña del resto de España si el Gobierno central impide que se celebre la consulta para la independencia, prevista para finales de septiembre o principios de octubre. EL PAÍS ha tenido acceso al borrador secreto de la Ley de Transitoriedad Jurídica, la conocida como ley de ruptura. Se trata de un documento que aspira a funcionar como constitución provisional catalana durante el plazo de dos meses que, según recoge el mismo texto, tendría el Parlament para poner en marcha un proceso constituyente que desembocara en la "república parlamentaria" de Cataluña. "Si el Estado español impidiera de manera efectiva la celebración del referéndum, esta ley entrará en vigor de manera completa e inmediata cuando el Parlamento constate este impedimento", afirma la disposición final del borrador.
El documento dedica un apartado a la regulación del referéndum y desvela la pregunta: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España?". La intención expresada en el texto es que esta parte del articulado entre en vigor antes incluso que el resto para poder celebrar la consulta, y señala que una mayoría de votos a favor, por reducida que sea, y sin un límite mínimo de participación, ratificaría la decisión y la haría vinculante.
Varias veces se refiere a sí mismo el borrador como "ley fundacional", y a lo largo de sus páginas se especifica de manera exhaustiva —aunque plagada de lagunas legales e incógnitas— hasta el último detalle de la ruptura: quiénes serían ciudadanos catalanes y cómo sería posible obtener la nacionalidad; qué leyes españolas permanecerían en vigor y cuáles dejarían de estar en vigor automáticamente; cuál sería el destino de los funcionarios de la Administración General del Estado que residan en Cataluña; qué pasaría con los contratos de obra o servicios públicos firmados por el Gobierno central y con los inmuebles propiedad del Estado español.
La mayoría independentista del Parlament ha impuesto ya una reforma del reglamento que permitiría la aprobación exprés del texto en trámite de lectura única. En apenas 48 horas, sin capacidad de reacción por parte de la oposición, la independencia se pondría en marcha.
Y lo primero es lo primero. La parte del articulado que hace referencia a la justicia en ese nuevo Estado es amplia y detallista. Con tres claros propósitos: un control riguroso del Gobierno catalán —sería el jefe de Gobierno quien nombrase al presidente del nuevo Tribunal Supremo—; la apropiación de todas aquellas causas que afecten a Cataluña y que están ahora en manos de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo español; y la voluntad expresa de "sobreseer o anular los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscaran un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta". Es decir, borrón y cuenta nueva para los políticos que, como el expresident Artur Más o el exdiputado Francesc Homs, fueron condenados por desoír al Tribunal Constitucional.
Los autores de este borrador dan por descontados actos y realidades jurídicas y materiales de enorme trascendencia y complejidad, como que la nueva república seguiría formando parte de Europa, que las prestaciones sociales como el paro o las pensiones estarían garantizadas o que todos los impuestos —y las sanciones por su incumplimiento— pasarían a depender íntegramente del Govern.
Bajo la lógica constituyente de los redactores, ninguna de estas disposiciones infringe la legalidad porque, como dice el segundo artículo, sostienen que "la soberanía nacional radica en el pueblo de Cataluña, del que emanan todos los poderes del Estado".
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