Cada vez más cuestionado en el Congreso y el Ejecutivo por la grabación que hace una semana lo mostró como corrupto; señalado incluso dentro de su partido; con más de diez solicitudes de impeachment ante los tribunales y la gente saliendo a las calles para pedir su dimisión, el presidente no electo de Brasil, Michel Temer, parecía dispuesto a todo, ¡a todo!, para seguir cumpliendo con su advertencia de que no renunciará.

Este miércoles, frente a la manifestación conformada en Brasilia por ciudadanos llegados desde diversos puntos del país —y que según los organizadores sumaron más de 200 000 aunque las fuentes oficiales los cifraron en apenas 30 000— el mandatario se hundió más en el lodo al ordenar, por decreto, el uso del ejército con toda su parafernalia militar para reprimir.

Hasta la caballería fue desplegada frente a la protesta pacífica aunque, ciertamente, elementos encapuchados atacaron la sede del Ministerio de la Agricultura y terminaron en enfrentamientos con los agentes policiales, los primeros en hacer frente a los manifestantes. Pero desde todas partes se consideró que la medida era un despropósito, y que a Temer se le había ido la mano. No pocos señalaron que no se veía algo así en Brasil desde los tiempos de la dictadura: un nuevo elemento para proyectar a una nación en caos que perjudica, sobre todo, al mandatario.

La noticia dio la vuelta al mundo en apenas minutos, mientras los aliados de Temer seguían quitándole el apoyo tanto dentro de su Partido Movimiento Democrático Brasileño como en el gabinete, de donde se le han ido ya dos de sus asesores principales y algunos ministros.

El decreto hacía vigente la militarización de Brasilia durante toda una semana, y convertía a la capital en escenario de un virtual estado de sitio.

Luego de que se declarara ilegal e inconstitucional, Temer derogó el decreto que no duró 24 horas. Pero ya se sabe de lo que es capaz. Y los manifestantes están llamando a volver a tomar las calles el domingo.

Sabedores de que la deposición mediante un eventual juicio político llevará a elecciones indirectas, y que en tal caso será el propio Congreso corrupto el que decida quién ocupará la presidencia, los movimientos sociales y populares así como la izquierda política, siguen pidiendo elecciones directas inmediatas. No quieren un golpe de Estado más.

Mientras, no pocos deben estarse preguntando por qué se dilata la toma de una decisión judicial en cuanto a Temer, luego de que el Supremo Tribunal Federal declarase que procedía la investigación hace varios días.

El martes, y para evitar que el Tribunal validara la prueba, los abogados de la defensa buscaron, ellos mismos, la ejecución de una prueba pericial que dictaminó la presunta existencia de «70 puntos oscuros» en la grabación que le acusa, y buscan contratacar. Pero deben ser las autoridades judiciales quienes digan la última palabra. ¿Por qué no se pronuncian?

El escándalo desatado por la revelación de O Globo sigue develando culpables en una red de corrupción que salpica, y salpica. Y aunque muchos pensamos al inicio que la jugada estaba totalmente planeada desde que se lanzó al matadero a Temer, quizá la carta de la sustitución no estuviera bien decidida todavía. ¿O tal vez existan controversias?

En lo que casi todos parecen de acuerdo es en que el hombre ya jugó su papel, no solo como triste sucesor de una Presidenta depuesta mediante un juicio político donde no se presentaron pruebas y que por eso fue un golpe de Estado, lo que hace el caso de Dilma Rousseff muy diferente al de Temer. Este, además, desempeñó ya su rol como instaurador de un leonino programa de recortes sociales y privatizaciones que devuelve a Brasil al más rampante neoliberalismo, y es preciso lavar la cara a la dudosa institucionalidad brasileña.

Obviamente, los sectores de poder —léase la oligarquía derechista— deben dejar por él a alguien que siga el modelo. Y eso es lo que el pueblo quiere impedir con sus movilizaciones.