La auditoría que elaboró la Procuración del Tesoro, y que precedió la salida del entonces titular del área, Carlos Balbín, y del histórico jefe de auditoría del organismo, Guillermo García, advertía sobre los artilugios puestos en práctica para extender en el tiempo el expediente del concurso del Correo Argentino y evitar el pago de su deuda millonaria, una maniobra que se intentó terminar de consumar con el acuerdo sellado con el Estado el año pasado, que le condonaba casi el 99 por ciento de lo adeudado. El informe en cuestión analiza, en esencia, el comportamiento de los representantes legales del Estado en el proceso y  advierte que no hicieron nada para frenar todas las anomalías que se produjeron desde el comienzo, en el año 2003. Por lo pronto, señala que la primera etapa de un concurso de acreedores no podría durar más de 90 días, y ya lleva 16 años. Hasta que el momento en que los Macri, dueños del Correo, estuvieron de ambos lados del mostrador.

El informe de auditoría que firmó García y algunos agregados del propio Balbín, respaldaban el núcleo de los planteos que había hecho la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín en el ya famoso dictamen que reveló que, después de más de 15 años de dilaciones, finalmente el Estado, a través de un representante con designación transitoria del Ministerio de Comunicaciones, llamado Juan Mocoroa, había aceptado una oferta “ruinosa” y “abusiva” del Correo para saldar su deuda. Incluidos los intereses lo que debía pagar, según estimó la fiscal, eran 4000 millones de pesos, pero se le aceptó que pagara sólo algo más del uno por ciento, y en cómodas cuotas a treinta años. Eso fue lo que se pactó el 28 de junio del año pasado ante la Sala B de la Cámara Comercial. El escándalo, por los señalamientos de la fiscalía, fue de tal magnitud que el Estado -encarnado en el gobierno de Mauricio Macri– terminó pidiendo una nueva audiencia para replantear el acuerdo.

El dictamen de Boquín sugería que se debía investigar la responsabilidad de distintos funcionarios, y quien se hizo eco fue el fiscal de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, que se presentó ante la justicia penal y también ante la Procuración del Tesoro, que es el cuerpo de abogados del Estado. Como paso necesario para el desarrollo de un sumario, Balbín ordenó una auditoría de todo el expediente del Correo Argentino mientras Macri anunciaba que todo volvería a “foja cero”, lo que era evidente que no sucedería. Las conclusiones de  la auditoría, firmadas el 10 de abril último, anunciaban que se trataba de un primer informe acotado, y que habría un “informe final”, que no llegó a concretarse. Sus ejes fueron revelados ayer por el periodista Ari Lijalad en el portal Nuestras Voces.

“Es a todas luces llamativo el tiempo que ha insumido este concurso, el que, paradójicamente, se encuentra todavía en el denominado ‘período de exclusividad’”, señala la auditoría. Ese período es aquel en el cual el deudor debe hacer una oferta a sus acreedores. Según la Ley de Concursos y quiebras puede durar hasta tres meses, con opción a treinta días más. El texto de la auditoría recuerda que el primer juez del caso, Favier Dubois, decretó la quiebra indirecta del Correo. La Cámara la revocó. La jueza que comenzó a intervenir después, Marta Cirulli, prolongó el período de “exclusividad del deudor” el 9 de abril de 2007 y nunca empezó el período de “salvataje”. “Ello parece importar no sólo una distorsión en el proceso señalado por la alzada, sino un significativa inactividad procedimental. Cabe consignar que no se observa en las actuaciones que los representantes estatales haya formulado cuestionamientos a esta suerte de regresión procesal”, dice García. “Pues bien, el proceso que nos ocupa lleva ya 16 años de trámite y aún no ha superado la etapa de la exclusividad”.

Cuando una empresa se presenta a concurso, según la ley se produce “la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella”. “Es evidente -agrega el auditor- que el curso del tiempo en el estado de indefinición (…) genera una degradación, a valores constantes, del crédito que reclama el Estado”. La fiscal Boquín sostuvo que debían contabilizarse los intereses a la deuda del Grupo Macri, dadas las características del proceso y la evidente intención de sortear el pago de la deuda. Balbín apoyó a esas tesis en las páginas que agregó a investigación interna.

La auditoría señala la “gravedad” de que el Correo Argentino, para colmo, haya intentado cobrar ella misma un resarcimiento como supuesta perjudicada por acciones del Estado, en alusión -por caso- la anulación de la concesión. La fiscal Boquín había señalado en esas acciones judiciales de la empresa un acto de mala fe, en especial porque fueron iniciadas cuando estaban a punto de cerrar el acuerdo con el Estado, el año pasado. También en relación a los intereses reclamados por la firma, “la prolongación sine die (sin plazo) del proceso concursal habrá de tornar más  gravosa la posición del Estado Nacional”, insiste la auditoría.

Como reveló PáginaI12 el expediente estuvo en los últimos seis años en la Cámara de Apelaciones, cuando llegó allí porque el Estado rechazaba las ofertas de la compañía porque no las veía satisfactoria para las arcas públicas. Finalmente el Correo volvió a hacer una oferta cuando ya estaba en la presidencia Mauricio Macri,  cuyo padre -Franco Macri– tiene el usufructo vitalicio de las acciones, que corresponden a sus hermanos y sus hijos, a quienes se las cedió en 2009.

El texto de la auditoría señala como corresponsables de las dilaciones al Correo, a los jueces que intervinieron y al propio Estado que “activa o pasivamente, ha terminado también consintiendo con la marcada extensión del proceso”. En este último punto, García se refiere específicamente a la actuación cuestionada de Mocoroa, quien tenía una designación transitoria, por 180 días, y actuó bajo instrucciones muy concretas del titular del ministerio, Oscar Aguad. En la audiencia de junio de 2016, de hecho, rechazó la primera oferta que hizo el Correo, pero aceptó la segunda, formulada tras un cuarto intermedio. Aguad le había señalado que podía aceptar si ofrecían 15 cuotas y una tasa de interés del 7 por ciento. Fue exactamente lo ofertado, y que implicaba que se licuara la deuda casi por completo, como si hubiera estado pactado. Boquín había dicho que hubo un “cambio estratégico de defensa de los intereses del Estado”. García planteó que lo que sucedió es que hubo siempre un “consentimiento a una situación de indefensión que aún hoy afecta los intereses del Estado Nacional”. Puso a salvo, a diferencia de la fiscal, la participación de Mocoroa con el argumento de que en el Estado hace rato no hay concursos para director de área, como el lugar que él ocupaba de manera tenía provisoria.  

El auditor dice que no es su función opinar sobre los términos de un acuerdo entre una empresa concursada y el Estado, pero sí que puede afirmar que los abogados que representan a éste tienen que actuar en defensa de sus intereses y en este caso correspondía que al menos propiciaran ya mucho antes un acuerdo. No precisa nombres de funcionarios responsables pero hace referencia a todas las administraciones, desde 2003 hasta ahora, lo que abarca la gestión  de Julio de Vido en Planificación, bajo cuya órbita estaba este pleito, hasta Aguad en la actualidad.

La última presentación que hizo la fiscal Boquín denunció un intento de vaciamiento a través del Grupo Macri -vía Socma y Sideco, controlantes del Correo- de las cuentas de la empresa postal que están en el expediente del concurso, para lo cual tuvo permisos todo el año pasado de la jueza Cirulli, que se cortaron este año después que el acuerdo polémico saliera a la luz. Recientemente el Correo desistió de insistir en el retiro de dinero.

Lo que queda pendiente ahora es una nueva discusión judicial que generó el propio Estado cuando pidió una prórroga por 120 días para discutir un nuevo acuerdo, lo suficiente como para que pase la campaña electoral previa a las elecciones legislativas. La excusa era esperar un informe de la Auditoría General de la Nación, que demandaría ese tiempo. Otra vez, el paso del tiempo funcional al clan Macri. Dos síndicos lo aceptaron, uno no. La fiscal Boquín fue notificada para opinar y podría expedirse en los próximos días.