En los últimos días se agudizó la crisis política en Venezuela. Recordemos que ya en agosto de 2016 el Tribunal Supremo de Justicia declaró a la Asamblea Nacional en desacato, debido a la jura, que había sido prohibida por el TSJ, de tres diputados opositores del estado de Amazonas. Los tres diputados luego fueron desincorporados por la AN. En enero de 2017 la AN declaró que el presidente Maduro había incurrido en “abandono del cargo”. En respuesta, el TSJ declaró nulas todas las actuaciones de la AN desde principios de enero de 2017. El conflicto se siguió profundizando cuando el 28 de marzo el TSJ retiró la inmunidad a los legisladores de la AN. Y al día siguiente estableció que, en tanto persista la situación de “desacato” de la AN, las funciones parlamentarias serán ejercidas por una Sala del mismo Tribunal.

Pero al momento de escribir esta nota, 1 de abril, se anuncia que el presidente Maduro dio marcha atrás con estas dos últimas resoluciones. La decisión del TSJ parece haber provocado fisuras incluso al interior del chavismo: la fiscal general, Luisa Ortega, consideró inconstitucional la decisión del TSJ. En los medios se señala también que varios aliados internacionales del gobierno venezolano –Cuba en primer lugar- no respaldaron la disolución de la AN.

La tendencia a un régimen cada vez más represivo

De todas maneras esta revisión de la medida tomada por el TSJ no parece que revierta el curso cada vez más represivo del chavismo. Repasemos algunos hechos. En febrero de 2014 estallaron manifestaciones de protesta ante la grave crisis económica y el desabastecimiento; murieron 43 personas, cientos fueron heridas y hubo 3500 detenidos; también se denunciaron maltratos y torturas. Luego, en enero de 2015, por una resolución del ministerio de Defensa se estableció que la Fuerza Armada Nacional –Ejército, Armada, Aviación militar y Guardia Nacional- podía participar del control de las manifestaciones y usar armas de fuego.

Por otra parte, desde mayo de 2016 rige el Estado de Excepción y Emergencia Económica, que establece la militarización del país y la cesión de tareas de orden público a las organizaciones de base del llamado Poder Popular. El decreto otorga facultades discrecionales al presidente para tomar cualquier medida que considere necesaria para enfrentar “la guerra económica”. Luego, el 20 de octubre de 2016, el Consejo Nacional Electoral paralizó el proceso de recolección de firmas para solicitar el referéndum para sacar a Maduro del gobierno. También se aplazaron hasta el segundo semestre de 2017 las elecciones a gobernadores que debían realizarse en diciembre de 2016. Muchas encuestas dicen que el gobierno perdería las elecciones. En febrero de este año Maduro anunció que desplegará las Fuerzas Especiales de Acción Rápida de la Milicia en barrios, campos, universidades, fábricas, en todo el país.

Rol preponderante de las Fuerzas Armadas

Todo lo anterior ocurre en paralelo al crecimiento del rol de las Fuerzas Armadas en el Estado y la economía. En este respecto, en julio de 2016 Maduro sostuvo que era necesario “un poder militar cada vez más grande” para librar “una guerra no convencional” en Venezuela. De hecho, los militares han tenido, y siguen teniendo, amplia injerencia en muchas esferas de la administración, lo cual también dio oportunidades para negociados y enriquecerse. Por ejemplo, en el actual gabinete de Maduro, sobre 32 ministros, 11 son militares (cuatro retirados y siete activos). Además, los estados de Carabobo, Apure, Bolívar, Guárico, Zulia, Yaracuy, Trujillo, Nueva Esparta, Portuguesa, Vargas y Táchira tienen gobernadores militares. Y a comienzos de este año Maduro reforzó la presencia militar en PDVSA. En una nota anterior (aquí), decíamos:

“Los militares pueden comprar en mercados exclusivos (por caso, en bases militares), tienen acceso privilegiado a créditos y compras de automóviles y departamentos, y han recibido sustanciales aumentos de salarios. También han ganado lucrativos contratos, explotando los controles cambiarios y los subsidios. Por ejemplo, vendiendo en los países vecinos la gasolina comprada barata en Venezuela, con enormes beneficios.

Pero también tienen un fuerte poder económico, ya que la FANB dirige y controla toda una serie de empresas: el banco BANFANB; AGROFANB, de agricultura; EMILTRA, de transporte; EMCOFANB, empresa sistemas de comunicaciones de la FANB,; TVFANB, un canal de TV digital abierta; TECNOMAR, empresa mixta militar de proyectos de tecnología; FIMNP, un fondo de inversión; CONSTRUFANB, constructora; CANCORFANB, empresa Mixta Bolivariana; Agua Tiuna, embotelladora de agua; y CAMINPEG, compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, la última creada, el 10 de febrero de 2016, y que algunos han llamado la PDVSA paralela. El decreto presidencial que dispuso su creación dice que la duración de la sociedad será de 50 años; que será “autónoma”, no estará sujeta al Ministerio de Petróleo ni a PDVSA, y no estará sujeta al control del Parlamento”.

Crisis, hambre y criminalización de la pobreza

Como telón de fondo de la crisis política está la crisis económica. Solo en 2016 la economía cayó, según el FMI, un 12% y caería otro 6% en 2017. La inflación en 2016 habría superado el 750% (el gobierno no entrega cifras oficiales), y el FMI pronostica una inflación del 2000% para el año en curso.

La carencia de alimentos y medicamentos es un drama diario e ineludible. Por eso hay emigración masiva, abandono de casas y hambre. La pobreza creció exponencialmente. Según el  Instituto Nacional de Estadística, la pobreza en 2015 habría sido del 33%. Pero un estudio llamado Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi 2015), realizado por las universidades Católica Andrés Bello (UCAB), Central de Venezuela (UCV) y Simón Bolívar (USB) reveló que la pobreza, en 2015, comprendía al 73% de los hogares. En 2016 alcanzó casi al 82% de los hogares; nueve de cada diez familias afirman que sus ingresos son insuficientes para comprar alimentos, en tanto que siete de cada diez entrevistados reportaron haber perdido peso, en el período analizado, en un promedio de 8,7 kilos. Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros se necesitan al menos 17 salarios mínimos para comprar la canasta alimentaria básica. La gente más pobre sobrevive con harinas, arroz, hortalizas y tubérculos; muchos viven con las sobras que recogen de los tachos de basura.

No es de extrañar que en este cuadro haya aumentado la inseguridad y la violencia. Pero la respuesta del gobierno “socialista” ha sido la represión y la criminalización de la pobreza. Desde hace años se llevan adelante los Operativos de Liberación del Pueblo, realizados de forma conjunta por las fuerzas policiales y las fuerzas armadas –la Guardia Nacional Bolivariana- que supone una estrategia militar de combate a la delincuencia: ocupación militar de territorios con poblaciones empobrecidas, violaciones indiscriminadas de derechos humanos, desalojos y demolición de viviendas, detenciones arbitrarias y decenas de asesinatos (ver aquí).

PDVSA en problemas

La misma PDVSA está en serios problemas. Tiene una deuda con Rusia por 1500 millones de dólares, garantizados a la mitad con acciones de Citgo, su filial en EEUU. Además, la deuda con China, que se debe pagar con petróleo y dólares, es de 40.000 millones de dólares. El TSJ acaba de disponer la autorización al presidente Maduro para constituir compañías mixtas de gas y petróleo, sin tener que contar con la aprobación parlamentaria. Significa dejar la puerta abierta para la privatización de la empresa.

Interludio para luchadores nacionales “contra el neoliberalismo y el capital financiero”

Recordemos también que Venezuela paga puntualmente –al menos hasta ahora lo ha hecho- su deuda externa. El rendimiento de los bonos del Gobierno y de PDVSA es, en promedio, del 25% anual (“Para amantes del riesgo, Venezuela rinde casi 30% anual en dólares”, El Cronista Comercial, 20/02/2017). Leemos también en la nota:

“Aunque Venezuela nunca defaulteó y a pesar de ver al petróleo en niveles de 18 dólares el barril nunca dejó de honrar su deuda ni reestructurarla de manera amigable. Con los valores actuales del petróleo la idea de default se aleja para muchos. Sin embargo está latente la idea de que más allá del 2017 no puedan soportar la carga de su deuda. Los bonos tienen una probabilidad de default según el mercado (los CDS, credit default Swap) del 50%, y hace poco la calificadora Moodys le asignó una probabilidad de cesación de pagos del orden del 70% para este año.

“Esto lo venimos escuchando desde hace tres años cuando se empezó a caer el petróleo, pero acuerdos con China de inversiones a cambio de petróleo, más la ventas a EE.UU. lo mantienen con vida”, advierte Ezequiel Fernández, director de Natal Inversiones. Todos los traders en Miami que son de Venezuela dicen que los mismos chavistas tienen la deuda como inversión, generando altas ganancias. Hubo momentos que en tres años recuperabas la inversión, y lo demás que cobraras era ganancia”, agrega.

A su juicio, no hay país en el mundo que con caídas del PBI del 15% como en el 2016, con hiperinflación y sin productos básicos de alimentación siga pagando una deuda que es externa” (El Cronista Comercial, citado).

Naturalmente, las divisas que se destinan al pago de la deuda externa tienen como contrapartida la reducción de importaciones de comida, medicamentos o insumos industriales imprescindibles. Seguramente es parte del proyecto de construcción socialista… ¿siglo XXI?

No hay salida progresista para la clase trabajadora

En este panorama, no hay salida progresista para la clase trabajadora. El programa económico y social de la oposición aglutinada en la MUD es el tradicional de la “burguesía seria”: reforma de la Ley de Trabajo, privatización o re-privatización de empresas del Estado, reformulación de las “reglas de juego” para la inversión privada (esto es, garantizar una elevada tasa de explotación del trabajo) y, por supuesto, el levantamiento de los controles de precios y la reunificación cambiaria. En el marco de las relaciones capitalistas, la aplicación de este programa impondrá enormes sacrificios a los trabajadores y sectores populares.

Sin  embargo, el programa del chavismo no es una alternativa aceptable para las masas explotadas. Es el programa que condujo al actual desastre. Hay que decirlo con todas las letras: los burgueses bolivarianos, milicos, burócratas y arribistas de toda laya encaramados al régimen se dedicaron a saquear y dilapidar la gigantesca renta petrolera que posibilitaron los altos precios del petróleo durante los 2000. Esto sucedió a la par que gran parte de la izquierda venezolana y mundial –incluidos muchos marxistas- aplaudía el “socialismo del siglo XXI” y al comandante Chávez. Algunos llegaron a decir que el chavismo recomponía el objetivo y la estrategia del socialismo. ¿Hay límites para la tilinguería intelectual? En cualquier caso, con el cuento del “anti-imperialismo”, los “marxistas nacionales” y los tercermundistas y estatistas nacionalistas colaboraron al fraude ideológico y político.

Hoy el balance es brutal y despiadado. El resultado del “experimento socialismo siglo XXI” es la desmoralización y la frustración de millones. El saldo material, que ningún discurso puede tapar, es el hambre generalizada, la descomposición social, el retroceso infinito de las fuerzas productivas y la desarticulación económica. ¿Qué tiene de progresivo todo esto? La respuesta es que nada, absolutamente nada. En Venezuela se desarrolla una tragedia social. Es pura tontería seguir discurseando sobre “las potencialidades del proceso revolucionario”. Por eso tampoco tiene sentido reclamar a Maduro, como hacen algunos oportunistas incorregibles, que “vuelva a la fuente” del proyecto chavista. Ese discurso alimenta la confusión y el engaño. Jamás estuvo en el proyecto chavista fortalecer el poder real de los obreros y de los oprimidos. Por eso mismo tampoco había ninguna intención de avanzar a forma alguna de socialismo, entendido este como un régimen en el que los productores deciden y rigen sus destinos.

En base a lo desarrollado hasta aquí, pensamos que no hay soluciones progresistas, más o menos factibles, para la clase trabajadora venezolana. Hay que mirar de frente esta realidad. Los burócratas-milicos-“socialistas” provocaron una profunda derrota en la conciencia de la gente (y no solo en Venezuela). Esto no se revierte de un día para el otro. Ahora, el rol de la crítica pasa al primer plano. Por supuesto, esto no niega que haya que defenderse frente al avance represivo del régimen. Una dictadura bonapartista, con el agravante de estar montada sobre una economía en crisis profunda, es una amenaza de primer orden. Pero se tratará de luchas defensivas. Hoy no se atisba siquiera alguna expresión de independencia de clase medianamente representativa. Incluso si se convocara a una Asamblea Constituyente, como pide alguna gente de izquierda, las fuerzas mayoritarias serían burguesas o estatistas burguesas. Insisto, hay que reconocer la derrota a que han llevado al movimiento. El único punto de apoyo en este momento es partir de balances objetivos, y avanzar sin concesiones ideológicas. Es imperioso entender lo  que sucedió.

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La tragedia de Venezuela