El titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, advirtió que la decisión del gobierno de Gerardo Morales de enviar a Milagro Sala a que cumpla su detención en una casa vandalizada y en condiciones similares a las de un penal no son otra cosa que “el cambio de una prisión a otra prisión”. “Eso no es prisión domiciliaria”, remarcó Eguiguren en un claro señalamiento de que lo resuelto por la justicia de Jujuy no cumple con la resolución del organismo internacional que conduce y es otro paso en la estrategia de hostigamiento de la dirigente social.

Los jueces jujeños que llevan las causas por las cuales Sala está detenida desde enero del año pasado dieron esta semana el primer paso para cumplir en forma parcial al fallo de la CIDH. Lo hicieron en forma tardía porque, según lo dispuesto por el organismo Sala debía estar fuera del penal de Alto Comedero a más tardar el viernes 11 de agosto.

“Estamos a la espera de recibir información oficial sobre el cumplimiento de las recomendaciones”, explicó ayer Eguiguren en diálogo con Radio Rebelde. A priori, advirtió de todos modos que el camino emprendido por el gobierno de Morales no es el que marcó la CIDH.

A mediados de esta semana el juez Gastón Mercau dispuso que Sala sea trasladada, pero no a su casa en el centro de San Salvador de Jujuy, sino a otro domicilio: un inmueble en las afueras de la ciudad, en el barrio La Ciénaga, que fue vandalizado y no tiene puertas, ventanas, conexión eléctrica, agua ni sanitarios.

El viernes su colega Pablo Pullén Llermanos siguió sus pasos: ordenó enviarla a ese mismo lugar y fijó un plazo de quince días a partir de la notificación, que podría acortar en caso de que antes arreglen la casa.

“Pasar a una persona de una prisión a otro lugar que no es el domicilio, no es prisión domiciliaria. Eso es cambio de una prisión a otra prisión”, advirtió Eguiguren esta mañana. Al respecto, el titular de la CIDH precisó que “la prisión domiciliaria debe realizarse en el domicilio donde vive, rodeado de los suyos”.

Pullén Llermanos impuso una serie de términos para la salida de Sala del penal de Alto Comedero que en los hechos replican en la inhabitable casa de La Ciénaga las condiciones de detención del penal. Entre otras, determinó que al margen de los parientes directos, sólo podrán ingresar y permanecer en el inmueble hasta cuatro personas a la vez y en el horario de 7 a 19, los días martes, jueves y sábados, con un límite máximo de veinte personas por cada día de visita. También estipuló que Sala deberá someterse a un control médico y psicológico dos veces a la semana y que ni ella ni sus familiares y visitas podrán consumir bebidas alcohólicas. Ordenó, además, la implementación de una tobillera de monitoreo electrónico para controlarla y un dispositivo de custodia integrado por Gendarmería y la policía provincial en forma permanente.

“Haremos un seguimiento del caso”, explicó el titular de la CIDH. En atención al grave riesgo para la vida e integridad física de la dirigente social en el penal de Alto Comedero, el organismo internacional admitió medidas alternativas como la libertad controlada por medios electrónicos o la prisión domiciliaria, pero no en los términos que ahora definió la justicia jujeña.

Eguiguren recordó que la CIDH ordenó que Sala fuese sacada del penal porque “vimos a una persona que estaba siendo sometida a un aniquilamiento”. “Vimos una persona acorralada, cohibida”, recordó de la visita que junto a otros integrantes de la CIDH le hicieron en Alto Comedero y remarcó también que consideraron “excesiva la prisión preventiva”, que tiene que ser “una excepción y no la regla”.

El titular de la CIDH también salió al cruce de Morales, quien cuestionó la orden del organismo internacional y calificó a sus miembros como “burócratas que viven en Washington”. “No somos burócratas, como dicen por ahí. Yo vivo en Lima”, le retrucó Eguiguren.

El fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, insistió ayer en que el traslado de la dirigente social del penal de Alto Comedero no responde al “privilegio de una prisión domiciliaria” sino “un cambio del lugar en el cumplimiento” de la prisión preventiva. En diálogo con Radio 10, negó que el lugar adonde ordenaron el traslado, en las afueras de la ciudad, haya sido saqueada: “Es una casa valuada en más de 20 millones de pesos que hasta hace algunos días estaba en perfecto estado. Le han sacado con mucho cuidado los artefactos de baño”, sostuvo. Miranda defendió el procedimiento de los jueces Gastón Mercau y Pablo Pullén Llermanos de atender por fuera del plazo estipulado, la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordenó la libertad de la dirigente y negó que el Gobierno la haya incumplido. “La CIDH estableció este privilegio de la prisión domiciliaria, pero esto es una preventiva con cambio de lugar de cumplimiento”, destacó en referencia al inmueble ubicado en el barrio La Ciénaga y que, tal como demostraron fotografías que circularon días atrás, carece de ventanas, de inodoro y bidet, de canillas, de artefactos de cocina y conexión eléctrica, entre otras cosas. En cuanto a los arreglos necesarios a realizar en esa locación, apuntó que los jueces dieron plazo para hacerlos pero que “no” sabe quién se hará cargo de los costos. Por último, tildó a Sala de “delincuente”. “En base a los antecedentes que existen en las distintas causas judiciales existen una serie de indicios de que Sala es delincuente –consideró–. Manejaba un Estado paralelo y delegado por el gobierno anterior”.

El Comité por la Libertad de Milagro Sala decidió recaudar dinero destinado a pagar los arreglos que precisa la vivienda -carente de ventanas y servicio eléctrico, artefactos de baño y cocina, entre otros elementos esenciales- a la que los jueces Gastón Mercau y pablo Pullén Llermanos ordenaron su traslado. La organización avisó que ya cuentan con plomeros, electricistas y albañiles de las cooperativas de Jujuy pero lo que escasea es el dinero para solventar dichos gastos y es por ello que abrieron una cuenta bancaria para que solidariamente se ayude de allí la iniciativa de una cuenta bancaria. Los interesados en colaborar pueden hacerlo en la  cuenta corriente en pesos 51005/3, en la sucursal 4016 del Banco Provincia. El CUIT es 30715373625. El CBU es 01400168 01401605100534. Paula Álvarez Carreras, una de las abogadas de Sala, consideró que “es un acto más de hostigamiento de la Justicia disponiendo la detención domiciliaria en este domicilio”.