Desde San Salvador de Jujuy

El lunes pasado Analía Tolaba reveló en un reportaje con este diario que su marido, Alberto Cardozo, que por esos misterios que sacuden a la Justicia jujeña había pasado de acusador a acusado en una causa por homicidio, fue torturado durante una semana al ser detenido, con el objetivo de que incriminara a Milagro Sala en ese crimen. También dio a conocer que el juez Pablo Pullén Llermanos había apretado a su esposo para que comprometiera a la dirigente de la Tupac Amaru a cambio de dejarlo en libertad. Y además había dejado clara la complicidad del personal penitenciario del penal de Villa Gorriti en el asesinato a golpes de su sobrino, Nelson Mariano Cardozo, que el 6 de diciembre apareció colgado en su celda. La respuesta del poder jujeño llegó pronto. El viernes, la Brigada de la Policía de Jujuy golpeó dos veces la puerta de su casa, a las 15.30 y a las 16.15, para reclamarle que se presentara a declarar a las 17 ante el fiscal de investigación Gustavo Araya. En la fiscalía descubrió cómo seguiría el apriete: ninguna de sus revelaciones les interesaban. Lo único que le reclamaban era que explicara por qué había declarado que el gobernador Gerardo Morales era el culpable de la muerte de su sobrino. Analía respondió que nunca había dicho eso y que no iba a declarar en esas condiciones. Después de lo sucedido, en diálogo con PáginaI12 Analía hizo responsable al gobierno jujeño por cualquier cosa que le pueda pasar a ella, a sus hijos o su marido.

La fiscalía hizo una conferencia de prensa horas después del apriete. Dijo que Analía se negó a confirmar las declaraciones que ellos dicen que hizo a los “medios nacionales” y que se fue “ofuscada y enojada”. El sábado, la operación concluyó con la réplica de las declaraciones del fiscal en los medios locales. 

“No voy a ir a declarar a un lugar en el que durante ocho meses hacen lo que quieren”, explica ahora a PáginaI12, sentada en un bar. “Pero además no me fui ni enojada ni ofuscada. Y quiero agregar, sí o sí, en esta nota, que si me llega a pasar algo a mí, a mi hija Bianca, a mi hijo Andrés, a mi mamá que me está acompañando y sobre todo a Beto (su marido detenido), que yo responsabilizo al gobierno y a sus funcionarios de los que nos pueda llegar a pasar”.

–¿Qué sucedió el viernes? 

–Fue la brigada a las 15.30 a mi casa sin ninguna orden. Como yo no estaba, mi hija chiquita me llamó por teléfono y me dijo que había una camioneta blanca que estaba esperando. Me vuelvo con mi hijo en el auto y en el camino recibo una llamada a mi celular de la gente de la brigada. ¿¡Cómo tienen mi teléfono?! ¡No lo sé! Me preguntaron si hablaban con la señora Tolaba. La persona se identificó como subjefe de la brigada y me dijo que lo había mandado el fiscal Araya para que me presente al juzgado. Le dije que estaba llegando a casa. Me esperó. Cuando llegué me dijo que lo mandaba el fiscal para ver si me podía presentar a las cinco de la tarde.

–¿Tenía previsto ir a declarar?

–No, pero no tenía problema. Me explicó que era por las declaraciones que yo había hecho a la prensa nacional. ¿Sobre qué de todo lo que dije?, pregunté. Y me dijo que era sobre mi sobrino y mi esposo. No tengo problema, les dije. Si quiere, la venimos a buscar, ofrecieron. Les dije que tenía auto. Se fueron. Entré a mi casa. Llamé a la abogada. Y hablé con Beto. Lo llamé al penal. Quedamos en que hacía la declaración porque si hasta ahora habíamos decidido callarnos era por miedo a que le pasara algo adentro. La abogada me preguntó si habían traído una orden. Como no la trajeron, me dijo que podía no presentarme. Tampoco ella entendía para qué me llamaban. Cuarenta minutos después, volvieron a tocar la puerta. Otra vez la Brigada, pero esta vez con la orden. Ya eran como las 16.15. Me dijeron que me esperaban ahí. Les dije que hacía un rato había venido otra brigada.

También ellos se ofrecieron a llevarla. Cuando les comentó su sorpresa por el paso de las dos brigadas, dijeron que habría una confusión. Sin embargo, Analía cree que los policías sabían que habían hecho las cosas mal desde el principio. “Primero, porque no me pueden notificar a las tres de la tarde para que me presente a las cinco, después de una entrevista que había dado cinco días atrás. Pero además, recién trajeron la citación en ese momento. Como no tenía nada que ocultar, ni por qué tener miedo a nada, les dije que iba. Cuando llegué eran las cinco en punto. No estaba el fiscal. Tuve que esperar a que llegue hasta las cinco y media o seis menos cuarto.” 

Aprietes y extorsión

Beto Cardozo es dirigente de Tekuré, uno de los espacios de la red de organizaciones sociales a las que también pertenece la Tupac Amaru. En diciembre del año pasado, permaneció en el acampe que irritó al gobierno de Morales. Lo detuvieron en abril por una causa de octubre de 2007 en la que había denunciado a dos personas porque habían querido matarlo a tiros. Las personas eran Fabián Avila y Jorge Rafael Páes. Páes obtuvo la prisión domiciliaria luego de denunciar a Milagro Sala como instigadora del crimen y pronto Pullén Llermanos lo sobreseyó. Milagro Sala fue procesada como coautora del homicidio sólo con el testimonio de Páes. Avila no modificó su declaración y sigue detenido. Cardozo fue procesado porque Páes dijo que se defendió a los tiros. Así pasó de acusador a acusado. En el reportaje publicado en este diario el lunes pasado, Analía Tolaba describió parte de lo que sabía sobre el asesinato de su sobrino en el penal, y reveló las torturas y la extorsión sufridas por su marido. El caso es paradigmático en ese sentido: muestra la mecánica del apriete como práctica, un sistema implementado por el gobierno para obtener declaraciones judiciales que le permitan mantener encerrada a Milagro Sala. 

A Beto Cardozo lo detuvieron un martes. Analía corrió atrás del móvil de policía con una caja de remedios. Cuando llegó al Penal, le dijeron que iban a ponerlo en el Pabellón 2, una supuesta área de preingreso. Cuando salió del penal, un grupo de Tekuré le explicó que en realidad ese era el pabellón de castigos. “Volví a ver a Beto, tres días después, el viernes, y fue como cuando dejás de ver a una persona durante meses. Estaba todo barbudo con el pelo con cosas blancas. Estábamos en el patio del penal. Hacía frío por la ola polar. Beto estaba quieto. No se movió. Atrás estaban los guardiacárceles. Me acerqué y estaba llorando. Me abrazó. Me dijo: ‘sacame de acá, me van a matar, me quedo dos días más y me matan si no me mato yo’. ¡Qué te han hecho Beto! ¡¿Qué te han hecho?!, le dije. ¿Te pegaron? Y decía que sí bajando la cabeza”. Con el correr de los días pudo reconstruir lo que pasó en ese pabellón. “Le pegaron. Me decía: no sé a qué hora, pero me sacan a la noche y me pegan. Me tienen desnudo. Me ataron las manos con los pies, me tienen así, y encima me envuelven con el colchón y me pegan con palos. El nunca los vio porque le tapaban la cabeza con una bolsa. Me dijo que todo el tiempo estaba a oscuras. Nunca vio la luz”. Pasaron el sábado y domingo. El lunes, un policía le zampó un borcego en la espalda hasta hacerlo sangrar. “Ahí dejaron de pegarle. Lo hicieron ver con la médica. Cuando le preguntó qué había pasado, Beto tuvo que decirle que se había caído porque atrás lo escuchaban los carceleros.” 

Analía contó que durante los tormentos le preguntaron por las bolsas de dinero de la Tupac, por Milagro Sala y por Javier Nieva, un integrante de la red al que daban por prófugo. Cuando pasó el tiempo, lo trasladaron dos veces al juzgado de Pullén Llermanos sin avisarle a su abogada, Sara Cabeza. En las dos oportunidades, el magistrado le ofreció una salida rápida si denunciaba a Milagro Sala. Esta declaración, que Analía ya hizo el lunes pasado y ahora repite, se inscribe dentro de la lógica extorsiva que, según viene denunciando la organización Tupac Amaru, pesa sobre los testigos de las causas desde el día de la detención ilegal de Milagro Sala. Los movimientos de derechos humanos de la provincia también vienen señalando las condiciones de detención de los presos. Y Cardozo se lo contó durante una visita a las senadoras Teresita Luna y María Inés Pillatti y a la diputada mandato cumplido Mara Brawer del Comité por la Libertad de Milagro. Cuando la abogada de Cardozo conoció el episodio de los traslados, le pidió explicaciones al juez vía expediente. Pullén Llermanos sólo dijo que lo había convocado preocupado por el bienestar de su defendido (ver aparte).

–¿Qué pasó entonces en la fiscalía?

–No me atendió el fiscal. Me atendió el secretario –dice Analía, y saca una tarjeta–: Sergio Valdecantos. Me dijo que ellos querían que haga una denuncia formal sobre los dichos que había expresado en los medios nacionales sobre que el señor gobernador es el culpable de la muerte de mi sobrino Nelson Mariano Cardozo. ¿Cómo?, dije yo. Primero y principal, esa no fue mi expresión. Yo no dije en ningún momento una cosa así. Lo que sí dije es que, dados los sucesos que venimos pasando desde hace ocho meses, hasta esto último de la muerte de mi sobrino, ¿cómo quiere que no piense que el gobierno tiene que ver con lo que nos está pasando?, cuando hasta ahora no se nos ha informado ni siquiera que pasó en mi casa. Ahí, le conté todo lo que pasó, desde la detención de mi esposo en la que dieron vuelta una causa donde era denunciante y ahora pasó a ser denunciado. Que siguieron todos los golpes y torturas a Beto durante una semana. El apriete que sufrió de parte de un juez que pretendía que haga una ampliación de declaración acusando a Milagro Sala que lo había mandado a matar. Cuando en agosto van y me llenan de tiros el auto en mi casa donde vivo con mis hijos y después sale un juez por televisión a decir que nos habíamos autoatacado. El hecho de que recién después de siete meses de estar preso se le ocurrió al juez sacar una prisión preventiva y lo último, la muerte de mi sobrino. ¡Y hoy me llaman por unas declaraciones que hice en el diario! O sea, le dije, ¿cómo pretende que yo crea que por una denuncia, ustedes van a hacer algo?”

La Navidad

La fiscalía de Araya está a cargo de la investigación por el crimen de Nelson Mariano Cardozo. Las familias le otorgaron cierto mérito al comienzo porque detuvo a siete agentes penitenciarios de guardia aquel día, en el que también se desató una feroz represión. Sin embargo, al otro día los liberó. En el contexto de esa causa, el fiscal convocó a Analía. Ella está convencida, más allá de Morales, de que el asesinato de su sobrino pudo haber sido también un nuevo apriete sobre su marido. Por eso, desde entonces, todavía shockeada, comenzó a hablar mientras el resto de la familia repite cada noche los rituales funerarios de la novena con la ropa de Nelson entre los rezos.

–¿Le pidieron en la fiscalía que declare sobre el resto de los temas?

–Me pareció que el secretario tenía un texto cargado en la computadora, pero como le dije que no desde el principio, no avanzó. A todo esto, había unas personas sentadas afuera. Ante mi postura, el secretario me pidió que esperara. Me llevó a hablar con el fiscal, pero evidentemente estaba con gente. Volvimos a su oficina. Me dijo que yo no necesitaba abogado ni nada para hablar. Le dije: no soy tonta. Y que le dijera al gobernador que yo no tengo miedo: que después de los tiros que fueron a hacer a mi casa, a mí se me fue el miedo porque se metieron con mis hijos. Que no me iba callar y voy a seguir peleando por todo lo que está pasando.

Las dos personas que estaban afuera eran del Ministerio Público de la Acusación, ese curioso organismo creado durante el gobierno de Morales que actúa como usina de las denuncias sobre Milagro Sala. “Nosotros tenemos psicólogos y abogados que te pueden asistir, me dijeron y me preguntaron si los quería acompañar.” Analía todavía tiene en la cartera el formulario que le entregaron con el sello del organismo. “¿Pero qué pensaron, digo yo, que iba a asistir toda muerta de miedo y asustada? Gracias a Dios hice terapia toda mi vida y sé manejarme. Quizá es mi hija la que ahora está afectada con todo esto, porque no entiende, no comprende y no acepta que su papá esté encerrado y menos que le cuente que está así por algo que no hizo. Y, también, porque yo particularmente siento que no tengo cabeza y ni puedo jugar con ella por todo esto.” 

Hace una semana, el domingo 11, Analía habló con los jefes del penal. Les dijo que su esposo cumplía años el miércoles siguiente. Que iba a llevar una torta. Que todo era una sorpresa pero que necesitaba un permiso para llevar un día antes un pequeño árbol de Navidad. Lo había hecho su hija en la clase de actividades prácticas. “Se lo quería llevar a su papá. Mi idea era dejarlo antes para que lo revisaran porque no quería ir el miércoles con ella y hacerla pasar por los controles donde le abren y lo desarman de arriba abajo. Me dijeron que sí. Fui el martes. No quisieron recibirlo porque no podían hacerse responsables. Cuando llegué el miércoles con mi hija, a las 13.30 en punto, entramos a la parte en la que te revisan las cosas, sale una de las chicas del penal y me dice que el arbolito no va entrar.”

A su hija Bianca se le cayeron las lágrimas. Cardozo se acercó. Había hecho todo lo que les habían dicho: una nota ya autorizada por el penal que incluía también al arbolito. Se la mostraron a los jefes. Lograron conmover a una penitenciaria. Finalmente, les dejaron entrar el árbol pero sólo cuando toda la familia se había retirado del penal. 

–¿Cómo se fue de la fiscalía?

–Me puse a llorar pero no mucho, porque sinceramente al comienzo me quebraba como una condenada pero ahora no. Y menos delante de esas personas sobre las que creo que se burlan de nosotros aunque lloremos o salgamos en la tele o que hagamos cartelitos. Ellos consideran que los que están encerrados son unas ratas y se merecen morir. Eso es lo que me parece. 

–¿Qué es lo que la hace declarar? 

–Después de mi sobrino, me dije ¿qué puede pasar ahí? Y más, si esto queda en la nada. O si empiezan a inventar ahora que fueron otros presos. Acá tuvo que ver el Servicio Penitenciario porque esa reja la abrieron ellos.

–¿Está dispuesta a declarar en la Justicia?

–Sí. ¿Qué más me pueden hacer? ¿Ponerme en la silla eléctrica? Cuando salí del penal fui a ver a la abogada para pedirle que presentara un recurso de amparo para proteger a Beto, a mí y a los chicos, y obviamente hacer responsable al Estado de lo que me llegue pasar, porque evidentemente les molestó lo que dije y hablé, pero es lo que siento.

Desde San Salvador de Jujuy

@ Raúl Zaffaroni atravesó la última puerta de rejas tras el largo acceso de controles del Penal de Mujeres del Alto Comedero. Abrazó a Milagro Sala. Agarró sus abrazos. Y se acercó al oído. “¡Mi líder latinoamericana!”, le dijo, y continuó con un diálogo de entrecasa, cotidiano, de quienes comparten la misma sintonía. 

- Disculpá que no vine antes –le dijo–, pero sabés que me daba vergüenza.

- ¿Y por qué? –dijo ella.

- Yo que soy abogado, jurista, escritor de libros jurídicos, profesor, no podía explicarte desde el derecho por qué estás presa.

Milagro Sala entonces lo miró. Comenzó a llevarlo del brazo hacia el patio del lugar donde permanece prisionera desde casi doce meses.

- No te preocupes –le dijo–, nosotros sí sabemos por qué estamos presos.

Ayer, durante su encuentro con Sala, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos volvió a decirle lo que en estos días, de todas las formas posibles, ella escuchó en los alrededores de la escena del juicio. “Ya saltaste de Jujuy, ya saltaste de la Argentina, y hasta de la región”, dijo. “Tu apellido no lo tiran al piso, con todo esto lo están subiendo a todo el continente.” Y en lo que fue su declaración política consideró que la Corte Suprema de Justicia puede ser parte de la solución a los pedidos por su libertad. 

“Me parece que la solución la puede ser la Corte Suprema en el caso de Milagro, reconociendo los fueros”, señaló. “Sería lo menos desprolijo y lo menos costoso para el Gobierno, que por otra parte podría decir que respeta la independencia judicial. Eso podría ser la solución más rápida. Los fueros le fueron desconocidos hasta ahora por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Todas las decisiones del Superior Tribunal de Justicia de la provincia se pueden revisar haciendo una reserva del caso federal ante la Corte y espero que la Corte se ponga las pilas en esto y termine con este escándalo”.

El patio de la cárcel

En el patio de visitas del penal están preparadas con manteles las mesas de cemento que consiguieron con sus reclamos las mujeres detenidas. Ahí, Milagro Sala recibe a su gente. Los hijos, nietos, esposo, hombres y mujeres de la organización destapan envases de un almuerzo de domingo mientras llegan otros invitados. El número máximo de siete personas por tanda incluye a mujeres del Sindicato Argentino de Televisión, Satsaid. Mónica Contrera, miembro del Consejo directivo, diputada nacional mandato cumplido del FpV, le trae saludos de miles de compañeros y cuenta noticias del encuentro de la corriente federal de la CGT. Y Milagro, mientras las escucha, ya sentada, les dice: “Vieron cómo es, en los ‘90 buscábamos líderes y ahora están todos organizados”.

Todo lo que sigue recupera la respiración de los días y las noches en la casa de Milagro Sala. Aún en la prisión, en medio de las clonaciones de causas –como las definió Zaffaroni–, aún dentro de las cárceles de Jujuy, donde se multiplican las denuncias por aprietes y torturas. Milagro Sala habló de su casa durante la primera audiencia del juicio. Todo el mundo la conoce, dijo, es un espacio abierto, por el que pasan todos, desde las ocho de la mañana, hasta la una o dos de la madrugada. Algo de eso existe ahora en la escena de esta extensa mesa de prisión.

Un nieto de ocho años se cae contra una columna, de puro jugar con una silla. Milagro salta. Atraviesa el patio. Lo lleva a la enfermería. Vuelve. Y otra vez está ahí. Un fotógrafo logró apostarse del otro lado del cerco. Las mujeres de la televisión sindicalizada avanzan hacia el cerco para hacerse la foto con Milagro. Los agentes del servicio penitenciario comienzan a caminar cada vez más rápido hacia ese lugar. Intentan impedirlo. Milagro trota un poco. Apura a las mujeres. Los guardias también corren. El fotógrafo logra la foto. Las mujeres se van. 

“Miré derechito a los ojos de los jueces, no sé si se fijaron”, dice Milagro. Habla del primer día de juicio. De los 50 minutos que la devolvieron al mundo. De su voz. “Les estaba diciendo con eso, te estoy hablando a vos, gringo, español, no me da miedo hablarle al hombre que usa saco y corbata.” 

En la mesa está Raúl Noro, su compañero, esposo. “Lo que pasa es que no hablaba desde hace un año”, dice. Y dice lo que dice desde ese día que la escuchó. Que a la Milagro, ese día, se le fue el nudo que tenía adentro del cuerpo.

Las mujeres del sindicato se van. Milagro les dice que por favor saluden a los compañeros. Ellas le hablan de los jóvenes. Milagro les dice que les pidan que se organicen. 

- Te pido por favor, mirá esto –le dice a este diario. Ella quiere explicar ahora el mundo que se llama Gerardo Morales. Deja la silla. Trae un cuaderno. Y se vuelve a sentar. 

1. Azucareros de la Esperanza, 800 despidos –dicen sus notas.

2. Empresa XIBI, 70 despidos.

3. Mina Pirquita, 200 despidos en 2016 y 600 en 2017.

4. Aceros Zapla, 96 despidos.

5. Finca del Talar de Ledesma, 50 despidos.

6. 15 mil cooperativistas sin trabajo de la Tupac y de la Red de Organizaciones Sociales.

7. Crisis policial con suicidios, 6 por adicionales, recategorizaciones impagas, sin asistencia psicológica.

A la vuelta de la página, la lista sigue con una enumeración de los conflictos estatales.

En la mesa larga, llegó el momento de jugar a las cartas. Otro nieto llena una botella con tierra. Milagro le hace unos agujeritos con un cigarrillo. Tal vez ponga unas plantas. Llega Zaffaroni. Nueva tanda de noticias. Esta vez sobre dos funcionarios judiciales, fiscal y juez, que decidieron no perseguirla con alguna de las causas. No la imputaron. Zaffaroni preguntó un poco más. Milagro Sala le dijo que por eso Morales los había denunciado. “Eso es la democracia vernácula”, dijo el ex juez de la Corte Suprema. Entre los nuevos visitantes fueron llegando Beinusz Szmukler, presidente de la Asociación Latinoamericana de Juristas y Ricardo Carrizo, diácono de los curas de la Opción por los Pobres. Zaffaroni le preguntó si estaba escribiendo un libro. Ella dijo que empezó, pero que ahora pasa tiempo respondiendo cartas que le llegan de todo el mundo. “Tenés que escribir”, le dijo Zaffaroni: “Acá todo el mundo quiere saber quién es Milagro”. 

Antes y después, la dirigente de la Tupac volvió a una escena. Las horas previas al comienzo del juicio. Un momento en el que estuvo dispuesta a dejar pasar todo sin ir a declarar. Milagro dijo que entre las cosas que la torturaban estaba la idea de presentarse ante lo que ella todavía entiende que es un circo, no sólo de Morales sino de 500 años de dominación. “¿Ustedes vieron la película de Tupac Amaru? Tuve la sensación ese día de estar en esa misma escena, en medio de un tribunal. Cuando todavía no quería ir, decía por qué tengo que rendirle cuentas a estos gringos de lo que soy.” 

“Creo que lo hay que hacer acá es esperar a la Corte Suprema”, dijo de pronto Zaffaroni. Silla mediante. “Esto es un disparate. Es la quiebra del Estado de derecho, es apartase de la forma del Estado de derecho y me parece que tendrían que empezar a pensar cómo se resuelve esto y cómo salir con el menor costo posible para ellos”. 

Vuelven las escenas del juicio. Después, Milagro habla de su apellido, que le molesta que lo hayan violentado y lo hayan tirado al piso. “No lo tiran al piso –le dijo Zaffaroni–, lo están subiendo a todo el continente.” El juez de la Corte Interamericana le habla de un encuentro con las comunidades indígenas en el que habló de ella. Y de su caso como emergente de las nuevas formas de persecución. “Tu nombre ya está en todos lados, no lo estás tirando por el piso, lo estas levantado”.

Zaffaroni abandonó el penal a las seis de la tarde. “La vi muy bien”, contó. “Como todo liderazgo, cuesta asumirlo. Todo líder se siente muy solo y se siente que ya no es dueño de su existencia, sino que tiene que responder a las exigencias de lo que él mismo ha construido y muchas veces se construyen cosas sin pensar en eso. De repente, la gente te empieza a exigir y el rol que asumiste lo tenés que cumplir. Hay demanda de rol y hay una situación medio depresiva y medio problemática porque perdés la autonomía. Te estás debiendo a un colectivo y un colectivo cada vez más grande”.

Cuando promediaba el electrizante alegato de la defensa de Milagro Sala la expresión de los jueces del tribunal federal jujeño lo decía todo. Mario Juárez Almaraz y María Cataldi apenas podían sostener sus caras, acaso por la vergüenza de un juicio que se resistieron a realizar por temor a lo que en ese momento se les corporizó: la condena a la dirigente de la organización barrial Túpac Amaru por un episodio ocurrido hace siete años y en el que no participó tendría un costo insoportable para ellos. Sólo la incriminaban los testimonios de una pareja de cooperativistas,  el Cochinillo René Orlando Arellano y Cristina Noemí Chauque, quienes dijeron que Milagro había instigado la protesta contra el contador Gerardo Morales, quien terminó bañado de huevos el 16 de octubre de 2009 en el Colegio Profesional de Ciencias Económicas, siete de cuyos vidrios terminaron rotos. La credibilidad de ambos acusadores fue demolida por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, quien luego de dos horas y diecisiete minutos sin pausas ni para tomar agua, pidió la absolución de Milagro. El único juez que mantenía un aspecto presentable era Santiago Díaz, quien está acostumbrado a las disidencias: hace tres años fue el único camarista de Salta que ordenó la detención del numen que inspira este juicio y todos los demás contra la Túpac, Carlos Pedro Blaquier de Arrieta, amo y señor consorte del Ingenio Ledesma y del NOA.

El fondo de la cuestión

Durante su testimonio, Cochinillo juró que vivía de una cooperativa de construcción y de un lavadero de autos y ante una repregunta de la abogada Paloma Álvarez Carreras negó ser empleado estatal. Gómez Alcorta presentó un informe de la consultora Nosis según el cual Arellano no sólo era el testigo estrella de Morales sino también su empleado en la gobernación. La querella y la fiscalía se opusieron a incorporar ese informe a la causa. El juez opinó que sólo tendría validez si fuera confirmado por la contaduría y por la dirección de personal de la provincia, a las que les dio 48 horas para responder, “atento a los ritmos de la administración pública”. Esa consideración no consta en ningún código. El martes 20, Juárez Almaraz informó que no podría asegurar que el veredicto se conociera al día siguiente, salvo que Milagro Sala renunciara a esa prueba crucial. Gómez Alcorta rehusó esa propuesta extorsiva, pero dejó ese punto para el final de su alegato. Cuando llegó allí ya había demostrado la falsedad del testimonio de Cochinillo y de su compañera.

El estilo embrollado y confuso del Cochinillo recuerda los golpes nada ortodoxos con los que el mediocre boxeador Andrés Selpa llegó a batir una noche irrepetible al gran campeón Eduardo Lausse. Trababa, empujaba, mordía, frotaba los cordones del guante en los ojos, agarraba y pegaba, usaba la cabeza, el codo y aun las rodillas ante la pasividad de los árbitros que no estaban acostumbrados a tratar con alguien que en forma deliberada desconocía las reglas del oficio. Pero el juez no parecía un árbitro de boxeo sino de la troupe de Martín Karadagián, que consintió pero también propinó golpes bajos y compensó sus ostensibles limitaciones con un autoritarismo estridente que ni siquiera excluyó gritos contra las abogadas defensoras, que se lo señalaron en el alegato. Juárez Almaraz detesta ser contrariado, sobre todo cuando su antagonista es tan parco y taxativo como el Código Procesal Penal de la Nación, con el que debería estar familiarizado. En el pasado tuvo denuncias por ese carácter violento. Cuánto más alto el tono de voz, más evidente el desconocimiento de las reglas y la desigualdad de armas en que coloca a los procesados. Eso se reflejó incluso en la escenografía del proceso. Querellantes y fiscales fueron provistos de sillones mullidos y vasos de vidrio, mientras las defensas debían sentarse en sillas de madera y beber en vasitos de plástico. A un fotógrafo del diario El Tribuno lo interrogó con rudeza, al dueño del diario y legislador provincial Rubén Armando Rivarola, con obsecuencia. Antes de iniciarse el juicio, Juárez Almaraz y Cataldi ya habían denunciado a Gómez Alcorta por “usurpación de títulos y honores”, ignorando la autorización provisoria que le había extendido la Cámara Federal de San Martín para actuar en todo el país. Ella replicó denunciándolos por abuso de autoridad y mal desempeño. Esa hostilidad se cortaba con cuchillo en la sala de audiencias. 

Arellano no estuvo en Colegio Profesional de Ciencias Económicas la noche de la protesta contra el entonces senador y hoy gobernador Gerardo Morales, que se constituyó en querellante y lo ofreció como testigo casi un año después de los hechos. Nadie esa noche vio allí a Milagro Sala ni a ningún integrante de su organización barrial Túpac Amaru, como reconocieron todos los  testigos presenciales ofrecidos por el propio Morales. Sin embargo cuando la también procesada Graciela López comenzó a gritar desde las primeras filas del local donde se había convocado a una conferencia sobre auditoría y control y exhibió un cartel en demanda de trabajo digno, Morales la acusó:

–A vos te manda Milagro Sala.

También el cabo policial Osvaldo Valdivieso dijo haber oído que Morales acusaba a Milagro Sala.

A la semana siguiente Morales presentó un pedido de informes en el Senado en cuyos considerandos la acusó de recurrir a la protesta y de ese modo “poner en la agenda pública la ley de reforma edilicia, aún con la negativa del entonces gobernador y de las organizaciones de profesionales del sector”. Tal poder de presión constituye un “contrapeso relativo de los poderes económicos en la práctica política”, de modo que “los gobernadores apelan a los reclamos sociales como excusa para negociar mejor frente a los actores más influyentes de la política local”.  Lo que hasta ahora nadie hizo fue cotejar esos dichos de Morales con la ley 5574/08, que declaró la emergencia en la infraestructura escolar. Su artículo 5º facultó al Poder Ejecutivo a contratar en forma directa la refacción y acondicionamiento de la mitad de esos edificios con las cooperativas de Vivienda inscriptas en el registro de efectores sociales. En el debate legislativo, el 12 de junio de 2008, el diputado radical Alberto Bernis y su colega Oscar Agustín Perassi, del Frente Primero Jujuy que responde al actual vicegobernador de Morales, Carlos Haquim, anunciaron su oposición a que participaran las cooperativas. Esto deja bien en claro qué se discute en este proceso.

El empleado del mes

En esta página se reproduce la respuesta oficial a la consulta sobre Arellano: el Cochinillo trabaja desde julio de este año para la gobernación, en una alta categoría para alguien que no sabe leer ni escribir, pero que demostró buena memoria para repetir el guión escrito por el contador Morales, quien se precia de ser buen pagador. Lo que sigue es un análisis crítico de su testimonio que proviene tanto de mis observaciones cuanto del alegato de Gómez Alcorta:

Arellano contó que decidió declarar en la causa para que Milagro Sala dejara de molestarlo, cuando la lógica indica que de ese modo la presunta situación empeoraría. Dijo que se presentó a declarar porque por culpa de Milagro Sala era un pobre desocupado que no tenía ni para comer, pero al mismo tiempo tenía secretaria, un lavadero de autos y una cooperativa a la que se le asignaban obras. Narró dos reuniones que se habrían realizado en la casa de Sala antes de la protesta contra Morales. Allí Milagro dijo que venía la derecha a quitarles los planes. En la primera reunión le ordenó que cuando los otros miembros de la Red de organizaciones sociales arrojaran los huevos que les daría la Túpac Amaru (sic) “vos le tenés que pegar una piña a Morales. Si no le pegas, Cochinillo, te pego un tiro a vos”, le habría dicho mientras empuñaba una pistola. Luego de la reprogramación de la conferencia para otra fecha, en la segunda reunión Milagro le habría dicho “mirá Cochinillo, este no cierra el pico, vas a tener que tirotear la casa de Freddy Morales”. Tanto él como su compañera dijeron que se retiraron porque no estaban de acuerdo y sólo querían trabajar. Cochinillo narró este fantástico diálogo:

–Ahora vas a conocer a la Milagro mafiosa.

–Yo me junté para hacer obras, no para ser delincuente.

–Atenete a las consecuencias. A mí nadie me dice que no.

Si bien la secuencia cronológica de su relato fue imprecisa, también suministró un elaborado perfil psicológico sobre cómo sería la personalidad oculta de Milagro Sala, quien en una reunión en su casa le pide la pistola al custodio, se la pone en la nuca primero y en la boca después, “le pega culatazos a mi hijo”, obliga a ambos a besarle los pies y les dice: “Acá mando yo, soy la justicia. Si no doy ejemplo con vos todos se van a rebelar y no denuncies a la policía porque me cuenta todo”. En otro momento que no precisó, dijo que Milagro “me cayó al lavadero con sus matones, me dijo que iba a matar a mi hijo y hacer violar a mi hija”. No obstante, luego de producida la protesta contra Morales en la que no quiso participar, por orden de Milagro Sala fue a la comisaría 1ª “a hacerle el aguante y conseguirle un abogado a Salvatierra”, uno de los dos detenidos en el Consejo de Ciencias Económicas. Como se negó a asistir a otra cita en la sede de la Túpac Amaru, Milagro “se la agarró con mi hijo” y lo golpeó. En ese punto del relato, Chauque lloró. Tanto Arellano como su compañera incluyeron en su declaración una invocación apasionada: “Esta señora no es buena, es mala, hizo mucho daño”.

Arellano y Chauque fueron presentados en la causa por el apoderado de Morales. Pero cada uno dio una versión distinta sobre cómo llegaron a él. El hombre dijo que estaba desesperado y fue a la Legislatura a pedir ayuda. El diputado Rivarola le indicó que se retirara “porque soy del palo de Milagro Sala”; en el bloque justicialista no le abrieron las puertas y cuando ya se iba “encuentro un señor grandote con barba”, al que sin más le contó su problema. Se presentó como Luciano Rivas y le preguntó si se animaba a declarar. Sólo hablaron del tema cinco minutos (cosa inverosímil para quien haya escuchado la torrencial oratoria de Cochinillo), le pidió sus datos y pocos días después lo citaron a declarar. Pero según la mujer, fueron directamente al bloque radical a ver al apoderado de Morales, por indicación del también abogado radical Miguel Álvarez García, el doctor Chiqui, a quien el presidente Maurizio Macrì designó embajador en Bolivia a pedido de su amigo Morales. También difieren las versiones de cada uno sobre la relación con Álvarez García. Cochinillo dijo que lo conoció después del escrache a Morales, cuando uno de los manifestantes frente a la comisaría le dio su número. Cuando se reunieron, el Doctor Chiqui le dijo que no trabajaría para Milagro Sala, “pero empezó a trabajar para mí”. En cambio Chauque declaró que Álvarez García trabajaba para la cooperativa de Arellano, “Argentina Avanza” desde hacía años. 

Cochinillo también narró que la noche anterior a su primera declaración en el expediente, otro abogado de Milagro le ofreció 20.000 pesos para que no lo hiciera y en cambio firmara un documento ante una escribana diciendo que no sabía nada de la causa. Tanto él como su compañera contaron que salieron de esa reunión prometiendo que volverían en 5 minutos, pero apagaron los celulares y al día siguiente fueron a declarar. Pero Gómez Alcorta leyó en su alegato el listado de las llamadas de Arellano de esa noche: quince minutos después de la medianoche llamó a Luciano Rivas, el apoderado de Morales con quien dijo que sólo habló cinco minutos en la Legislatura, y en cuanto cortaron recibió un llamado del Doctor Chiqui, uno de los políticos más cercanos al gobernador. Durante su declaración, en compañía de Rivas, entregó una lista de sus familiares escrita en un programa de procesamiento de texto, pero ante una pregunta dijo que no tenía computadora y no recordó quien escribió la lista. Según Gómez Alcorta, a menos de 24 horas de la supuesta reunión en que Arellano y Chauque se niegan a participar en la protesta y se van, “están haciendo el acampe en la Seccional 1ª para pedir por la libertad de Salvatierra, Arellano debe conseguirle un abogado a Salvatierra -quien ya tenía uno- y en ese rol fue a encontrarse con Álvarez García para ver si tomaría el caso. Asimismo, nos cuentan que unos pocos días después de eso, en la sede de la Túpac en otra reunión a la que ellos asistieron, escucharon a Sala y a López burlarse de Morales cuando lo vieron aparecer en la televisión e hicieron referencia al episodio de los huevos. ¿Cómo es posible que habiendo tomado esa decisión y con los hechos presentados como ellos lo hicieron pudieran luego estar en la mesa chica de ciertas decisiones o reuniones? Una de dos: o Arellano estuvo efectivamente en el episodio del 16 de octubre o los otros hechos nunca sucedieron. Resultan imposibles de compatibilizar ambos relatos. El guión en este punto está mal hecho”. 

La versión de la custodia

Cuando la defensa le preguntó si había denunciado todas las agresiones que narró en esta causa, Cochinillo dijo que sí, pero que el juez ni fotocopias le había querido dar y que él no tenía abogado “porque no era pudiente”. Pero Arellano no hizo ninguna denuncia: luego de su declaración de agosto de 2010, el juez que lo escuchó promovió una causa contra Milagro Sala por “Privación ilegítima de la libertad y coacciones agravadas”. A diferencia de lo que Arellano dijo, todos esos hechos fueron investigados y Milagro Sala fue absuelta. De allí surge “información útil para mostrar las mentiras de este falaz testigo:

1. la comisaría 1ª acredita que en las fechas mencionadas por Arellano no hubo ninguna exposición ni presentación de su parte. 
2. en las pericias informáticas de su celular no se encontraron los mensajes de Sala ni las amenazas de nadie que dijo haber grabado.
3. en el registro de llamadas entrantes y salientes de su celular no figura ninguna llamada de Milagro que pudiera corresponder a las amenazas que mencionó Arellano. 
4. el juez que sobreseyó a Milagro (y cuya destitución persigue por ello Morales) verificó contradicciones entre Arellano, su esposa y sus hijos.
5. Lourdes Lidia Guzman dijo que no había escuchado ninguna de las amenazas que según Arellano presenció.
6. ningún informe médico certifica las lesiones de las fotografías que en una actitud temeraria mostró Arellano en el tribunal, ni en qué fecha fueron producidas. 
7. el juez también consideró poco creíble que Arellano haya trabajado junto a Sala hasta junio de 2010.
8. el fiscal no apeló el sobreseimiento de Milagro.
9. el presunto indigente Arellano que no podía pagar un abogado, sí se presentó en la causa con una abogada particular. Pero la Cámara de Apelaciones no lo admitió como querellante porque lo hizo tres años después.
10. Consta que su abogada extrajo fotocopias de toda la causa.

“¿Si buscaba auxilio por su sufrimiento, cuál es la lógica que lo llevó a declarar contra Milagro en una causa que tenía como víctima a Gerardo Morales pero no a denunciar los hechos? Pues no la hay, porque no existe”, añadió Gómez Alcorta. 

La defensa también aportó los informes sobre Arellano de la policía que estuvo a cargo de la custodia de quien se ha presentado “como un pobre hombre atormentado por Sala”. Para explicar por qué le levantaron la custodia (que volvió a pedir en la audiencia del lunes y que el cooperativo Juárez Almaraz le concedió) Arellano presentó el “fantasioso relato de que se negó a ir a una toma de tierras que le habría propuesto un agente policial provincial, pero no recordó su nombre, su sobrenombre, su apellido ni lo pudo describir”. La inversión estatal en la protección de este personaje no fue nimia: 41 agentes de las policías jujeña y federal. Los informes lo describen como una persona violenta, que discute con gente que pasa por la calle, que se pelea con su propio hijo, que se emborracha y “vocifera insultos a miembros de organizaciones sociales, llegando incluso a la agresión física”. También dicen que “se dirige en estado de ebriedad hasta el lavadero, donde se comercializan estupefacientes”, conduce el vehículo “zigzagueando y consumiendo bebidas alcohólicas” y cuando los policías le reclaman “acelera en forma de burla”. Describen otras “amenazas, insultos, agresiones físicas” y consignan que “porta armas en forma ilegal”. El informe firmado el 10 de noviembre de 2010 por el Oficial Principal Gustavo Anun, del cuerpo especial de Operaciones Policiales “pone de manifiesto que Arellano no es un pobre ciudadano que sin poder salir a la calle resuelve declarar en contra de quien lo habría amenazado”. Fue el jefe de la regional Jujuy de la Policía Federal quien le pidió al juez que le levantara la custodia, porque Arellano tenía asidua concurrencia a la agrupación “Argentina avanza”, al lavadero de autos y “a diferentes actividades de índole social durante las 24 horas”. Acota la defensa de Milagro Sala: “Así actuaba Arellano cuando, según él, muerto de miedo no salía de su casa”. Para terminar con las mentiras de Arellano, Gómez Alcorta remató: “No sabemos si trabaja, pero sí que cobra un sueldo pagado por todos los jujeños, en la Contaduría de la gobernación. Hoy trabaja con Gerardo Morales, mejor dicho, hoy le paga un sueldo Gerardo Morales. “Por todo esto, sumado al hecho de que fue un testigo traído por la propia querella, que desde el primer minuto procuró responsabilizar a Milagro Sala, y no existiendo, fuera de Arellano y Chauque ni una sola prueba de su supuesta intervención, debe ser tachado de parcial y se requerirá la extracción de testimonios, por la posible comisión del delito de falso testimonio”.

Lideres gremiales y sociales de Jujuy denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la intensificación de la persecusión y criminalización del derecho a la protesta que sufren por parte del gobierno jujeño de Gerardo Morales y exigieron que se exhorte al Gobierno nacional a que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos. "Nos reprimen y criminalizan y nos persiguen judicialmente para disciplinar y condicionar al gremio que represento y a los otros sindicatos", sentenció Rafael Vargas, titular del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), una de las organizaciones peticionantes.

El Gobierno nacional y provincial tuvieron que responder hoy sobre la situación en Jujuy ante la CIDH, en Washington, en la audiencia denominada "Represión en Jujuy". Los encargados de representar al Estado fueron el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el fiscal de Estado jujeño, Mariano Miranda, que destacaron el trabajo conjunto y defendieron la aplicación del código contravencional contra los referentes sociales, las causas judiciales contra organizaciones y sindicatos, y priorizaron el derecho a la circulación en rutas y calles sobre el derecho a la protesta, sobre lo que recibieron advertencias por parte de los integrantes de la CIDH.

Represión y criminalización, persecución judicial de organizaciones y referentes a través de causas penales y contravencionales, detenciones arbitrarias, multas, la clausura de locales. Ese fue el marco general crítico de vulneración a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos que denunciaron los sindicatos azucareros, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Amnistía Internacional y el CELS. "La detención arbitraria de Milagro Sala es parte de una situación global", precisó Horacio Verbitzky, titular del CELS. 

"Hay una intolerable situación de persecución en Jujuy contra toda forma de protesta por parte de un gobierno que quiere ser juez y parte. Se priva a quienes protestan de sus derechos civiles y políticos de manera anticonstitucional y anticonvencional", advirtió Verbitzky durante la exposición de los peticionantes.

A su turno, el fiscal de Estado jujeño resaltó que el código contravencional provincial --aprobado durante el gobierno del peronista Eduardo Fellner-- "no desconoce el derecho de reunión, de peticionar y de libertad de expresión", pero lo contrapuso a un "ejercicio abusivo de derecho". Miranda calificó como "aparente derecho de protestar" y "ejercicio ilegítimo de la protesta" la manifestación de la Red de Organizaciones Sociales en la Plaza Belgrano a fines de 2015 y principios de 2016 --que finalizó con la detención de Milagro Sala-- y el bloqueo de la ruta nacional 34 por parte de los sindicatos azucareros a mediados del año pasado. Miranda justificó las causas abiertas contra los dirigentes por impedir la circulación y calificó el acampe en la Plaza Belgrano como "un sitio al centro de la Ciudad".

"La protesta social y sindical no puede permitir la comisión de delitos respecto del resto de la población. El derecho no tiene carácter absoluto y, en exceso, viola otros derechos", fueron los conceptos defendidos por Miranda.  

A su turno, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, observó que, en el marco del respeto al derecho a la protesta y la libertad de expresión, el espacio y el tiempo son "sustantivos" porque condicionar los lugares y extensión de las protestas "también son prohibiciones". Lanza recordó que no se consideró ilegal el corte por más de dos años del puente internacional San Martín, durante las protestas contra la pastera Botnia, y aconsejó que el Código Contravencional que "puede convertir en ilegal" una protesta sea puesto a consideración. "Cortar una calle o una ruta forma parte de la consideración del derecho a la protesta, no se transforma en ilegal", insistió Lanza.

Miranda también sostuvo las denuncias contra la Red Organizaciones Sociales a la que calificó de "intermediaria" con los cooperativas de trabajo en Jujuy, señaló las "sospechas de corrupción", y sostuvo que los decretos firmados por Morales "les devolvieron la dignidad a los cooperativistas" que debieron reinscribirse para recibir beneficios.  "En ningún caso se ha hostigado. El imperativo legal corresponde a los jueces sobre el cual el gobierno provincial no ejerce influencia alguna", sostuvo Miranda, a pesar de las denuncias sobre la influencia directa de Morales sobre el Poder Judicial.  

A pesar de la exposición del fiscal de Estado, la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño y el relator Lanza coincidieron en consultar sobre el avance en "la disolución de organizaciones por participar en protestas". Mientras que el comisionado Paulo Vannuchi, en un tono más conciliador, también recordó la "postura creciente (de la CIDH)" a advertir sobre la persecución a los sindicatos y la criminalización de la protesta.

"En Jujuy, la Constitución nacional no rige, rige la voluntad del gobernador y ese es el núcleo del problema", sentenció Verbitzky

Al final llegó el día del paro nacional. La CGT está confiada en la efectividad de la medida que cuenta con la adhesión de las dos CTA, pero no se descuida. Juan Carlos Schmid, integrante del triunvirato de conducción de la central obrera, pronosticó una “alta adhesión” y, de paso, aclaró que si algunos sectores realizan piquetes, “serán inocuos porque no habrá transporte”. En tanto, el titular de la CTA, Hugo Yasky, negó la condición desestabilizadora de la medida de fuerza y aseguró que “el paro se hace no por aquellos que tienen la caja de seguridad llena sino por los que tienen las heladeras vacías”.

Entre los hombres de la CGT había confianza sobre el éxito de la medida pero, agregaban, no querían confiarse ni distraerse porque el Gobierno buscaba presionar y conseguir, a través de medios de comunicación amigos y redes sociales, que un sector de la población rompa el paro. “La movilización del sábado pasado hizo que el gobierno crea que está fuerte y puede contrarrestar nuestro paro, pero se van a llevar una sorpresa”, comentó uno de los hombres que ocupa una de las secretarías de la CGT.

Schmid negó de manera rotunda que vayan a existir “impedimentos para quien quiera ir a trabajar” pero advirtió que “lo que va a haber es una paralización total de todas las actividades por la alta adhesión contra un malestar social que tratamos de poner en la agenda pública”.

A su turno, Héctor Daer, otro de los integrantes del triunvirato cegetista, advirtió que la medida de fuerza tendrá un “apoyo contundente” y servirá para desmentir al gobierno de Macri que dijo que era “una medida oportunista”. Según Daer, el principal responsable de la convocatoria y el éxito del paro es el gobierno porque “es el único responsable de que haya más pobreza, menos trabajo y menos actividad económica”.

Fiel a su estilo directo, el secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, advirtió al Gobierno de una más que segura profundización de la protesta si luego del paro “no da respuestas a los reclamos de los sindicatos”. Es más, Moyano aseguró que entre los afiliados del sindicato que conduce hay un porcentaje importante que exige una repetición de la medida, esto es convocar a otro paro nacional en poco tiempo más. 

Moyano se animó y avanzó sobre el día después del paro. Por lo pronto, anticipó que la semana que viene la CGT se reunirá para analizar los pasos a seguir aunque anticipó que “hay muchos compañeros que quieren seguir con estos reclamos, ya sea con otra medida de fuerza o en la calle, con movilizaciones”. El hijo de Hugo Moyano justificó la necesidad de continuar con un plan de lucha porque con el gobierno de Macri “te quedas cruzado de brazos o seguimos peleando para que no cierren fábricas y evitar despidos”.

Yasky, que junto a la CTA de Pablo Micheli decidieron acompañar la medida de fuerza de la CGT, aprovechó para hablar durante el anuncio de la inflación de marzo que emite el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), que arrojó un 2,1% de inflación de marzo, igual a la de febrero pasado y que muestra una inflación interanual del 27,9%, promediando un 29,6% interanual en el primer trimestre. Allí, Yasky señaló que las cifras que arroja el estudio cuenta de que “somos los trabajadores los que terminamos pagando los platos rotos de los desaguisados del plan económico del gobierno”. Es más, advirtió que la pérdida del poder adquisitivo quedará más expuesta con el paro porque “será un plebiscito de la política del gobierno que sólo causó despidos, desempleo y caída del poder adquisitivo de los trabajadores”. 

Yasky rechazó la acusación del Gobierno, que acusa al paro de desestabilizador y de poner en riesgo la democracia. “Si hay un sector que puso el cuerpo y su sangre para defender la democracia fue el de los trabajadores. Nunca en la historia se conoció que lo haya hecho un dirigente de la Sociedad Rural, de la Bolsa de Comercio o de una multinacional. Por eso paramos, basta de gobiernos que gobiernan para los ricos”, afirmó.

El Gobierno buscaba ayer maneras de debilitar la medida. El gobierno porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta anunció que habrá una fuerte presencia policial para garantizar la seguridad de quienes deseen movilizarse para ir a trabajar. También anunció estacionamiento gratuito y peajes libres en las autopistas de acceso a la Capital Federal.

La Procuradora General Alejandra Gils Carbó opinó ante la Corte Suprema que la prisión preventiva de Milagro Sala es ilegal y que la dirigente social debe ser liberada. Lo hizo a través de dos dictámenes: en uno de ellos dice que la detención de la dirigente "lesiona la inmunidad de arresto" de la que gozan los integrantes del Parlmento del Mercosur; en el otro advierte que el Superior Tribunal de Jujuy -la Corte local que Gerardo Morales armó a su antojo- no fundamentó los llamados "riesgos procesales" (de fuga o de entorpecimiento de la investigación) que podrían justificar el encarcelamiento. Ahora les toca decidir a los jueces supremos, que no tienen obligación de hacer lo que propone la Procuradora, pero que le pidieron que intervenga sabiendo que no daría una respuesta meramente técnica.  

Milagro Sala está presa en el penal de Alto Comedero, en Jujuy, desde el 16 de enero de 2016. Fue arrestada a raíz del acampe que realizaba a modo de protesta frente a la gobernación para pedir por la continuidad de las cooperativas de trabajo tras la asunción de Morales como gobernador. Pero como era imposible que siguiera presa eternamente por esa razón, no bien el juez Gastón Mercau le otorgó la libertad sacó otra resolución que la dejaba detenida por otra causa, por asociación ilícita y fraude, por supuesto desvío de dinero de las cooperativas de trabajo. Luego se agregó otra causa más para justificar encierro, en la que se la acusa de promover una tentativa de homicidio de una niña que quedó atrapada en una balacera entre dos hombres, uno de los cuales (Jorge Rafael Páez) estuvo siete años prófugo y al reaparecer acusó a Sala, quedó desvinculado y ella acusada. De las once causas que brotaron una tras otra con posterioridad a la detención, aquellas dos primeras son las que hacen que siga presa. 

Prisión preventiva

Aun así, Gils Carbó recordó en sus dictámenes que entregó a la Corte que toda persona tiene derecho a permanecer en libertad mientras aguarda el juicio, a menos que se demuestre que realmente puede escaparse o poner en peligro la investigación. La prisión preventiva, recordó al citar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es excepcional. "Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria", dijo. En un tramo invocó el pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que afirmó la arbitrariedad de la detención y notó que "las acciones legales y procesales (contra Sala) se aceleraron a partir de la protesta social iniciada en el mes de diciembre" de 2015, y más aún con posterioridad al arresto. 

El Superior Tribunal de Jujuy que dejó detenida a Sala se basó en expresiones de testigos que aparecieron repentinamente para atribuir amenazas a la dirigente de la Tupac Amaru. Por eso la jefa de los fiscales dijo que no hay alusiones a "situaciones vinculadas con la causa en trámite", ni el tribunal explicó tampoco la relación de esas supuestas amenazas con los riesgos procesales. "Esas declaraciones no se refieren en concreto a la probabilidad de que la impugnante entorpezca la investigación", afirmó Gils Carbó. Eran cooperativistas que decían que fueron sujetos a presiones e intimidaciones por parte de Sala para que, en teoría, confeccionaran facturas y endosaran y cobraran cheques. Además, advirtió que la Corte local omitió "tratar las impugnaciones sobre la falta de credibilidad y del interés de los denunciantes y testigos en los hechos investigados". Recordó que la defensa de Sala advirtió que "se presentaron colectivamente ante la fiscal de turno en circunstancias sospechosas" para decir "que habrían sido presionados para declarar en su contra y que sus declaraciones tendían a justificar su participación en hechos presuntamente ilícitos".  

Otro de los argumentos que habían utilizado los jueces de Jujuy era que "la posición de liderazgo y la capacidad organizativa de la señora Sala permitían inferir la existencia de riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación". Gils Carbó insistió en que tampoco está fundamentado ese concepto pero que, de todos modos, "las características personales del supuesto autor no son, por sí mismas, justificación suficiente de la prisión preventiva".

Inmunidad de arresto 

Uno de los planteos de Sala desde el comienzo fue que su detención era ilegal porque como integrante del Parlasur tiene fueros que le dan inmunidad de arresto. Su defensa sostiene que la ley que regula la elección de los parlamentarios del Mercosur (27.120) asimila a los representantes argentinos en el derecho interno a "los diputados nacionales". Pero el superior tribunal de Jujuy dijo que el Congreso no puede establecer inmunidades, que eso solo lo puede fijar una convención constituyente y que otorgar inmunidades por ley vulnera el principio de igualdad ya que solo las puede establecer la Constitución.  Pero según Gils Carbó la ley en cuestión es constitucional y desconocerla implicaría poner "en juego la vigencia de los procesos de integración regional". 

Con la ley 27.120, dijo, "el Congreso de la Nación procura implementar, en forma efectiva, el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur y, de ese modo, el Tratado de Asunción (...) "la equiparación en materia de inmunidad de arresto asegura la presencia efectiva de los parlamentarios en ese órgano de representación de los pueblos, independiente y autónomo'". Según Gils Carbó  "el argumento del tribunal según el cual las inmunidades funcionales sólo pueden ser creadas por los constituyentes carece de sustento en la letra de la Constitución Nacional, que no contiene esa limitación".  Puso ejemplos: "en nuestro ordenamiento jurídico rigen diversas inmunidades que no fueron establecidas por la Constitución Nacional", como las previstas en las constituciones provinciales de Santiago del Estero, Río Negro, Jujuy, Tucumán y La Rioja. Recordó la norma que le dan inmunidad de arresto, por caso, al Procurador Penitenciario de la Nación y  la ley 25.320, que dispone que los funcionarios o magistrados sujetos a desafuero, remoción o juicio político gozan de inmunidad de arresto (entre ellos el Presidente de la Nación, el Vicepresidente, el Jefe de Gabinete de Ministros, los jueces y miembros de la Corte Suprema de la Nación, los fiscales y el Procurador General de la Nación y los defensores y el Defensor General). 

En la Corte no tendrían intención de dilatar el tema mucho más. Las apuestas en tribunales indican que el máximo tribunal rechazaría el planteo sobre inmunidad parlamentaria pero que es más probable que cuestione la sentencia del superior tribunal de Jujuy y su argumentación deficitaria. Los que conocen cómo trabaja la Corte apuestan a que si le pidieron un dictamen a Gils Carbó es porque van a resolver con una sentencia que analice el tema en profundidad, no con un mero rechazo, y que esto abre expectativas para que se revise la situación de Sala algo que, por otra parte, necesita el Gobierno ya que se encuentra en un brete por este tema a nivel internacional.