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Guatemala vive una intensa crisis política después de que el presidente Jimmy Morales declarara el domingo persona non grata al magistrado anticorrupción Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig, dependiente de la ONU), y ordenara su expulsión del país. El mismo día, el Constitucional suspendió la salida del juez, que el viernes pidió despojar de su inmunidad a Morales para investigar la financiación de su campaña.
A las seis de la mañana del domingo, la presidencia guatemalteca colgó en las redes sociales un vídeo en el que el presidente anunciaba las medidas contra el juez Velásquez, clave en las investigaciones que llevaron a la cárcel por corrupción al antecesor de Morales, Otto Pérez Molina. Pese a lo intempestivo del anuncio, miles de manifestantes se movilizaron rápidamente para defender al magistrado Velásquez.
Las protestas se concentraron en puntos como la Plaza Mayor de Ciudad de Guatemala, donde dos años atrás miles de ciudadanos exigieron la renuncia de Pérez, quien dimitió en septiembre de 2015. Grupos de campesinos bloquearon ayer algunas de las carreteras más importantes del país en apoyo al juez y para pedir la renuncia de Morales. También hubo manifestaciones en la capital y en varias ciudades. Y al menos ocho altos funcionarios han dejado el Gobierno tras desencadenarse la crisis.
La Cicig, creada en 2006 y a cuya dirección llegó Velásquez en 2014, investigó al Gobierno de Pérez (2012-2015), considerado el más corrupto desde el fin de las dictaduras militares en 1985. El hartazgo ciudadano tras la caída del mandatario llevó al poder a Morales, un cómico sin otra credencial que ser ajeno a los grupos políticos tradicionales. El excomediante, sin embargo, recibió el apoyo de los militares más conservadores, veteranos de la guerra civil (1960-1996), muchos de cuales han sido acusados de crímenes contra la humanidad.
La relación de Morales y el comisionado Velásquez era normal hasta que el pasado mayo un hijo y el hermano del presidente fueron denunciados por estafar a Hacienda. Los procesos han sido liderados por Velásquez y la fiscal general, Thelma Aldana, a la espera de que comience el juicio.
Solicitud a Guterres
Morales viajó el pasado viernes a Nueva York para pedir al secretario general de la ONU, António Guterres, el cese de Velásquez al frente de la Cicig, pero fracasó rotundamente. Guterres respaldó al comisionado, como lo han hecho Estados Unidos y la UE, los principales socios comerciales y donantes de Guatemala. A la misma hora, la fiscal Aldana y el comisionado pedían públicamente que Morales fuera despojado de la inmunidad de su cargo para investigarle por la presunta financiación irregular en la campaña que le encumbró en 2015.
Fue entonces cuando el presidente grabó el vídeo que ha sido el punto de inflexión de la crisis. La comunidad internacional ha advertido sobre las graves consecuencias que la decisión acarrearía. El embajador de EE UU, Todd Robinson, señaló que su país podría revisar toda la política de ayuda a Guatemala. La ONU condenó la medida en un comunicado.
Varias organizaciones humanitarias y particulares elevaron un amparo ante el Tribunal Constitucional con el argumento de que Morales no podía tomar tal decisión, por ser juez y parte.