Desde la privatización de las empresas prestadoras de servicios públicos durante el gobierno de Menem, asistimos a una profunda transformación en las condiciones en las que se presta los servicios públicos de agua, electricidad, gas, así como del transporte de trenes y subterráneos (en la Ciudad de Buenos Aires).
Lo que hasta entonces eran servicios públicos, cuya prestación corría a cargo de empresas de propiedad del Estado, se transformó conceptualmente desde la raíz: a partir de entonces pasó a ser ante todo un negocio, y sólo en la medida en que lo era, también un servicio público. Y ya bajo ningún concepto podía considerarse un “derecho” para todos y todas: sólo podría serlo para quienes pudieran pagarlo.
Este cambio sustancial en los criterios para encarar la provisión de los servicios públicos que ocurrió a partir de las privatizaciones, fue mantenido sin variaciones desde entonces. Y a esto responde toda la historia de vaciamiento, negocios privados y decadencia del servicio que se extiende hasta hoy.
Víctimas del vaciamiento
El consenso privatista que ganó amplios sectores de la sociedad a finales de los años ’80 –lo cual no evitó que hubiera una encarnizada resistencia por parte de los trabajadores de las empresas públicas ante la venta de las mismas– se construyó sobre la base del deterioro en la calidad de los servicios durante el gobierno de Alfonsín. Fueron años donde el servicio eléctrico estuvo caracterizado por cortes recurrentes. Sobre esta base se construyó la noción de que la única manera de asegurar un servicio de calidad y una infraestructura moderna, era haciendo lugar a la iniciativa privada.
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Pero la devastación de la capacidad operativa de las firmas fue resultado de una serie de maniobras de ahogo, que venían desde décadas pero se agravaron durante esos años al calor de la crisis fiscal y el avance de las intenciones privatistas. Los fondos propios de las empresas venían siendo sistemáticamente desviados para cubrir gastos del presupuesto nacional, en tiempos de crisis fiscal crónica e inflación galopante (que terminó en hiperinflación). De esta forma, las empresas tomaron deuda que era en realidad del tesoro nacional. Con sus ingresos estancados, sus costos en alza y pasivos aumentando astronómicamente, todas las empresas públicas incurrieron en déficits crecientes, lo que llevó inevitablemente a la falta de inversión y de mantenimiento de los sistemas.
Estas empresas hacía largo tiempo que operaban además en función de los negocios de los grupos capitalistas nacionales, sirviendo a la "patria contratista". Sobreprecios en los contratos, servicios prestados a los "usuarios" empresarios a precios de regalo, etc., sirvieron para deteriorar todavía más los balances de las empresas, y alimentaron el desarrollo de la burguesía "nacional" que se dedicó a fugar lo obtenido.
Las joyas de la abuela
Después de esta destrucción de sus balances, durante el gobierno de Menem encaró el plan de privatizaciones como parte de los planes de reestructuración de la deuda pública. Al cabo de unos años, pocas empresas quedarían en manos del Estado; YPF fue la última en ser plenamente privatizada, en 1999. El Astillero Río Santiago, por la dura resistencia de sus trabajadores, es de las contadas excepciones en las que no pudieron avanzar con los planes de privatización. Si en 1976 se contaban 148 empresas públicas en la órbita del Estado nacional (a lo que se sumaban otras 149 en las órbitas provinciales, municipales o mixtas), para 1994 existían 40, de las cuales 19 eran meramente residuales y solo 21 estaban en marcha. En 2001 quedaban 15 en funcionamiento (y otras 10 residuales).
Para los consorcios privados que se quedaron con las empresas, el negocio fue redondo desde el vamos. En muchos casos el gobierno de Menem dejó en manos de los oferentes la fijación de precios de las firmas. El resultado fue que lo obtenido por la privatización no llegó a cubrir el valor de las deudas absorbidas en casi todos los casos. Por ejemplo, por la empresa de distribución de Buenos Aires, (Segba), el Gobierno cobró U$S 1294 millones y absorbió deudas por U$S 1480 millones.
En casi todas las privatizaciones, el Estado aceptó en parte de pago títulos de la deuda pública. En medio de la crisis de deuda, el valor de estos papeles era una ínfima parte del que tenían nominalmente. Sin embargo, fueron recibidos por el 100 % de su valor, homologando una ganancia inédita a los inversores. De esta forma, los adquirientes de empresas privatizadas requirieron muy poco tiempo para recuperar el valor de sus inversiones.
Esto no les impidió exigir sucesivos aumentos en las tarifas de los servicios como condición para asegurar inversiones. Amparadas en los marcos regulatorios y la ley de convertibilidad, las tarifas se dolarizaron y se ajustaron a la par de la inflación… ¡de los EE.UU.!
En los contratos de concesión no se exigieron inversiones forzosas a los grupos adquirentes, sólo se les exigía la prestación de un “servicio de calidad”. El apagón eléctrico de 14 días en el mes de febrero de 1999 en la Ciudad de Buenos Aires, mucho más extendido de cualquiera de los registrados durante los años en que el servicio era prestado por Segba, son una de las muestras más palmarias del incumplimiento de este declarado objetivo.
El servicio, infinitamente más caro de lo que era antes de las privatizaciones, sólo sirvió para llenar los bolsillos de las empresas que, por dos pesos, se habían quedado con el negocio de la prestación de servicios “públicos”.
Los años kirchneristas: fondos públicos, negocios privados
A primera vista podría pensarse que este paradigma cambió durante los gobiernos kirchneristas. Sería una conclusión apresurada.
Cuando Néstor Kirchner llegó al poder, las privatizaciones de los servicios públicos eran uno de los legados más odiados de los noventa. Otorgarles ajustes tarifarios hubiera implicado entonces un fuerte costo político, lo que explica la decisión de mantener durante años el congelamiento tarifario dispuesto por Eduardo Duhalde en 2002. Pero hasta aquí llegó la impugnación a las privatizaciones. No se removió a las empresas ni se revisaron de conjunto los marcos regulatorios.
No liquidar las concesiones tuvo gravosas consecuencias. En el sector de la energía eléctrica las empresas se acomodaron a las nuevas condiciones y buscaron la forma de conservar su margen de ganancias o –en el peor de los casos– de minimizar las pérdidas ante las restricciones a sus ingresos por el impedimento de ajustar las tarifas.
Con el correr de los años, la sostenibilidad del esquema demandó crecientes subsidios estatales, destinados en buena parte a garantizar que los balances de las firmas cerraran con resultado positivo, y cada vez más a solventar la importación de combustibles para hacer andar la generación eléctrica y abastecer la red de gas. La factura total de los subsidios, sólo a la energía, insumió la friolera de USD 100 mil millones durante el periodo 2005-2015. Es decir la mitad de lo que Cristina Fernández celebró en varias oportunidades haber pagado de deuda pública desde la reestructuración de la misma en 2005. El total de los subsidios, incluyendo transporte, alcanzó los USD 160 mil millones, y alcanzó un peso creciente en el presupuesto. Para el último año de gobierno de Cristina, el gasto en subsidios llegaba al 5 % del Producto Bruto Interno (PBI).
Además de los subsidios, el congelamiento tarifario tuvo otra compensación por el lado de la limitación de las inversiones. De esta forma, las ganancias de los operadores (tanto en la generación como en la distribución) tuvieron como condición la no inversión, es decir, un desgaste sin reposición del capital fijo, con aval del Estado.
El aporte estatal sostuvo un modelo de negocios basado en administrar la capacidad instalada, sin siquiera invertir para recomponer los generadores de electricidad que llegaron al fin de su vida útil. En el caso del gas, cayó la explotación de pozos y la producción local, generando una dependencia creciente de las importaciones.
Cayó la capacidad de generación eléctrica, retrocedieron la producción y reservas de gas, mientras se deterioraron las redes de transporte y distribución.
Poner tope a las tarifas, pero dejar los servicios públicos en manos de empresas que sólo buscan obtener ganancias, es incurrir en una contradicción insalvable. Querer superarla a través de subsidios, no sólo no resuelve el problema, ya que igual las empresas no invierten. Además, lleva a que sean los mismos sectores populares y trabajadores a los que se dice querer beneficiar, los que terminan pagando los costos de esta política. El déficit fiscal que generaron los subsidios, se cerró manteniendo una estructura impositiva cada vez más regresiva.
Recordemos el rechazo de Cristina Fernández a realizar cambios en el “impuesto al salario”, que durante su Gobierno llegaron a pagar 2 millones de trabajadores. Cubrir el déficit de las tarifas, también significó congelamiento del gasto en salud, educación, salarios de empleados estatales de miseria, y jubilaciones bien lejos del 82 % del salario promedio. La mitad del presupuesto público se utilizó en los últimos años del kirchnerismo para pagar subsidios, deuda pública y sus intereses. Y los grandes beneficiarios de los subsidios, fueron los empresarios más que los trabajadores; sin subsidios, habrían tenido que pagar un salario más alto por el mayor costo de vida en transporte, luz, agua y gas.
De esta forma, los costos del esquema que, siendo muy benevolentes, podríamos llamar “mixto”, similar al del transporte ferroviario, y cuyas consecuencias más trágicas saltan a la vista si recordamos la tragedia de Once, recayeron mayormente sobre los trabajadores.
No lucrar con nuestro acceso a los servicios básicos
La cuestión no se limita a aumentar tarifas o mantener subsidios, como proponen el gobierno de Macri o la oposición del FpV y el FR, mientras la UCR propone aplicar el mismo tarifazo de Aranguren pero suavizado durante el año. Ninguna de estas alternativas va al nudo de la cuestión, que es que el acceso a la energía eléctrica, el gas, o el transporte, no pueden estar sometidos a la medida de la ganancia capitalista. No son commodities para que los empresarios hagan negocios, como entiende el macrismo, siguiendo una línea invariable desde los tiempos en que empezaron a diseñarse las privatizaciones en los años ‘80.
Por eso, los diputados del Frente de Izquierda plantean que todo el sistema energético, desde la generación hasta la distribución, sea nacionalizado, mediante expropiación sin ningún tipo de indemnización a los actuales concesionarios. La conformación de una empresa estatal única que asegure todas las etapas de la prestación.
Toda la experiencia de las empresas estatales muestra que gestionadas por el gobierno, sirven a los intereses de los negocios empresarios y no aseguran la prestación de un servicio accesible y de calidad. Por eso deben ser puestas bajo gestión de los trabajadores con participación de usuarios del pueblo trabajador, permitirá establecer los términos para la prestación del servicio a un precio que garantice el acceso sin restricciones, segmentando las tarifas con criterio progresivo, al mismo tiempo que asegurando la sustentabilidad del sistema.
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