Parece mentira que un país que sufre tanta opresión como Colombia no solo elija siempre en cada convocatoria electoral gobiernos de derechas sino que incluso hayan votado en contra del proceso de paz con las FARC, como si el problema fueran las FARC y no los gobiernos y la oligarquía económica que jode a tod@s los colombian@s.
A ver si estas movilizaciones se traducen en votos que barran a la puta derecha del poder en Colombia.
Parece mentira que un país que sufre tanta opresión como Colombia no solo elija siempre en cada convocatoria electoral gobiernos de derechas (Margarita)
Les queman la cabeza.
Su método es muy efectivo.
Son unos demonios que están por todos lados, bombardeando permanentemente a los pueblos de todo el mundo con sus mentiras para direccionar el pensamiento de los seres humanos.
Tenemos que aceptarlo, sí. Pero debemos seguir luchando contra estos malditos, llevando nuestras voces y nuestras verdades allí donde estemos y vayamos. Creando conciencia política y de clase en cada persona que todavía no la tenga.
Colombia: ahora la persistente matanza a líderes sociales se esconde detrás de la represión
La violencia institucional no cede, tampoco los reclamos contra el gobierno: anuncian nuevas marchas para esta semana, mientras denuncian reiterados episodios de abusos sexuales.
Asesinatos por represión, matanzas a líderes sociales encubiertas por la protesta y abusos sexuales a mujeres. La violencia en Colombia no cede, como tampoco las protestas contra el gobierno de Iván Duque, que continuarán esta semana, según confirmó el Comité Nacional del Paro. Mientras que organismos no oficiales contabilizan más de 50 muertes, cientos de heridos, y desaparecidos en el marco de las huelgas y manifestaciones iniciadas el 28 de abril, un informe de la Defensoría del Pueblo conocido ayer precisó que desde el inicio de las marchas se registraron 106 casos de violencia contra mujeres y personas LGBTI, de los que 23 son denuncias de abuso sexual. El Tribunal Superior de Bogotá manifestó que el gobierno no protege el derecho a la protesta y abrió una causa de “incidente por desacato” contra el gobierno. En 2020 la Corte se había manifestado en términos similares contre el Escuadrón Antidisturbios (Esmad).
En paralelo no se registró ningún avance en contener los asesinatos contra líderes campesinos y activistas sociales. No solo empeoraron con la pandemia, sino que el clima represivo y violento de las últimas semanas profundizó el tema, como quedó reflejado en el hecho ocurrido en Cauca, apenas una muestra, que se relató en esta sección hace una semana. Hasta los días previos a la protesta, organizaciones defensoras de la paz venían denunciando que desde el acuerdo logrado en 2016 se registran cerca de mil asesinatos, en gran parte por el no cumplimiento de lo estipulado en el tratado, relacionado con la reconversión económica de campesinos y no ceder el control de las zonas desmilitarizadas a bandas criminales. La ONG Somos Defensores difundió esta semana un informe que afirma que las masacres en 2020 fueron 200, y es el peor registro en once años.
En tanto, el Comité Nacional del Paro volvió a convocar a marchas para esta semana y diversos actos para el viernes 28, cuando se cumpla un mes de las movilizaciones. “Por supuesto, el paro continúa”, señaló Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y vocero del CNP en una transmisión vía Facebook en un alto en las conversaciones en la “mesa de garantías” abierta con el gobierno, para proteger el derecho a la protesta. “El objetivo nuestro es cómo les amarramos un poco las manos a quienes ejercen la represión en Colombia, ya llevamos casi 30 horas y seguimos en la discusión”, dijo Maltés el viernes. La CUT reclama además la renuncia del ministro de Defensa, el uribista Diego Molano, por considerarlo responsable de los excesos policiales y hoy anunció que marchará el martes al Congreso para apoyar la moción de censura que se tratará en su contra.
Las protestas generaron una crisis de gobierno a Duque. Además de las renuncias y posibles exoneraciones en su Gabinete, debió dar marcha atrás con medidas económicas como el impuestazo y la cuestionada reforma de Salud, bloqueada el miércoles en el Congreso.
Duque nombró a su vice Marta Lucía Ramírez para el cargo vacante de canciller por la renuncia de quien la precedió. En su primer viaje, la funcionaria se reunirá con la CIDH en Nueva York, organismo que aguarda el visto bueno para enviar una misión de observación, y tendrá el poco auspicioso propósito de intentar recomponer la imagen exterior del gobierno.
Colombia decidió deportar a Juan Grabois por considerarlo "una amenaza para la seguridad"
El dirigente social iba al país para relevar la situación de derechos humanos en medio de las protestas, pero las autoridades lo retuvieron y le informaron que iban "a proceder a la inadmisión", para luego enviarlo de regreso a la Argentina.
Colombia le negó este martes el ingreso al dirigente social argentino Juan Grabois, quien formaba parte de una delegación de observadores con la misión de relevar la situación de derechos humanos en medio de la represión de las protestas que sacuden al país latinoamericano.
"Detenido y agredido nuevamente por un gobierno autoritario. Ahora en un cuartito. Esperando. Mis compañeros argentinos y colombianos intentando resolver afuera ¡No tenemos miedo! La Patria Grande está de pie", escribió en Twitter Grabois, miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, antes de que las autoridades migratorias colombianas lo obligaran a subir a un avión para su regreso a Buenos Aires.
La idea de la delegación argentina es permanecer en Colombia hasta el 2 de junio, y visitar, además de Bogotá, otras ciudades de magnitud importante en materia de movilizaciones, pero también en las que acumulan más denuncias por abusos de las fuerzas de seguridad.
La misión se decidió "ante las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos que se adjudica a las fuerzas regulares del Estado y a bandas paramilitares que actuarían conjuntamente –según se denuncia – frente al pacífico ejercicio del legítimo derecho a la protesta que intenta ejercer el pueblo colombiano", explicaron los organizadores del viaje antes de partir.
En las últimas tres semanas, al menos 42 manifestantes murieron en Colombia, cientos fueron heridos y otro tanto fue denunciado como desaparecidos en medio de una política de represión policial a las protestas que aún continúa.
Desde la misión denunciaron desde un primer momento el trato diferente que recibió Grabois.
"Todos pasamos con la misma documentación, las mismas cartas de invitación y venimos en el mismo vuelo y al único que apartaron fue a Juan. No le dieron ningún argumento, dijeron que el país es soberano y decide quién entra y quién no, y lo apartaron a otro cuarto", explicó a Télam uno de los miembros de la misión, Gonzalo Armúa, del movimiento Patria Grande, desde el aeropuerto internacional de Bogotá.
En su Twitter, la misión también informó que Ismael Jalil, abogado de Correpi, estuvo "demorado" por asumir la defensa de Grabois mientras intentaban evitar que fuera enviado de vuelta a Buenos Aires.
"La delegación argentina de derechos humanos y solidaridad con el pueblo colombiano estamos acá varados a la espera de saber por qué motivo han demorado al compañero Juan Grabois. Están negando el ingreso al país del compañero sin ninguna información o presentación formal, y el conjunto de la delegación argentina está aguardando aquí, exigiendo por supuesto garantías por su integridad y garantías por el resto de la delegación que tiene que venir a cumplir una función humanitaria al país", informó a Télam Marianela Navarro, coordinadora de la misión.
Integran la misión representantes de varias organizaciones, entre ellas el Servicio de Paz de Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
El objetivo final del viaje es que el grupo pueda "elaborar un informe minucioso que, de corresponder, tienda a visibilizar y denunciar (las violaciones a los derechos humanos) a nivel nacional e internacionalmente tal como prevé el protocolo de Estambul suscripto por el propio Estado colombiano".
En la delegación están Grabois (Patria Grande-Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano), Leonardo Pérez Esquivel (ATE); Sergio Maldonado; Alejandro Rusconi (AAJ); Marianela Navarro y Sebastián Fernández (FOL); Laura González Velasco (Somos-Barrios de Pie); Pablo Pimentel (APDH); Gonzalo Armúa (Patria Grande); Martín Ferrari (Frente Darío Santillán); Ismael Jalil (Correpi); y Teri Mattson (Codepink Women for Peace).
Además, viajaron Pablo Garciarena (Xumec, Asociación para la Protección de los Derechos Humanos); José María Cano (CTA Autonóma); Pablo Bres (Serpaj); María Paula Giménez (Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico) y Milagros Rezinovsky (Movimiento Evita), entre otros.
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