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General: De a uno...no va a quedar ninguno
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| De: matilda (Mensaje original) |
Enviado: 20/09/2006 03:03 |
El torturador Etchecolatz, condenado a cadena perpetua  inSurGente.- El Tribunal Oral Federal de La Plata ha condenado esta noche a cadena perpetua al que fuera comisario de la Policía de Buenos Aires, Miguel Ãngel Etchecolatz (en la fotografía). La lectura del histórico fallo tuvo que ser interrumpida apenas fue conocida la sentencia porque el público presente en la sala se abalanzó sobre el represor mientras los abogados defensores huían de la misma. La Fiscalía y las acusaciones particulares habían solicitado la pena máxima, mientras que la defensa había pedido la absolución. Telam/ inSurGente.- El ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Ángel Etchecolatz, ha sido condenado esta noche a reclusión perpetua por asesinatos, detenciones ilegales y torturas, gravísimos delitos cometidos todos ellos durante la última dictadura militar. La pena se la impuso el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, tras la lectura del veredicto que se realizó esta noche en la Municipalidad de La Plata, donde se produjeron algunos incidentes. |
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De: albi |
Enviado: 14/06/2014 04:41 |
Mejor ocupate de los corruptos del pais donde vivis desde hace años, ahi tenés para entretenerte un rato largo y si logran meterlos a juicio y presos, te aseguro que la corrupción de la humanidad se termina automáticamente . |
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Ay Papá Dios lo que uno tiene que leer.Alibabasita deja de consumir lo que estás consumiendo que este es un Post serio ,este post No es para hacer chistes. |
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Justamente porque es un post serio, no me parece bien la mentira ni mucho manos la intriga.
Saludos |
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Ah! Si ,como no, no faltaba más, asi que tu tienes derecho a pedir justicia en tu país y yo no tengo derecho a pedirla en el mío.
Ya no te disfraces de Democrática que tu tienes un dictador gigantesco dentro ,por eso apoyas la dictadura de los hermanitos Castro. |
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Eso es lo que espero, que pidas jusicia en tu país, donde elegiste vivir, al que elegiste defender, que le hace bastante falta
pero igual este post habla de los genocidas argentinos, no de los norteamericanos, en todo caso podrías abrir otro... |
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De: Quico º |
Enviado: 16/06/2014 22:07 |
este post habla de los genocidas argentinos, no de los norteamericanos (ali-babá)
Que los hay a patadas todo y diciéndose representantes de la "mayor democracia del mundo"
¿Mayor democracia del mundo? Este chiste no tiene gracia 
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Eso es lo que estoy haciendo pidiendo justicia para mi Pais y pa’ mi gente,aquí donde yo vivo estoy prestaita. Tú ocupas mucho tiempo en los Americanos ,ellos entre ellos se llevan súper recio ,si te quejas de la prensa Argentina no quieras saber como es la prensa aquí con los políticos ,los llevan a patá por el fundeco.
Oiga señor Quico cuándo yo me he llamado representante de los Americanos. |
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Cobertura Periodística de los juicios orales por delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército y la Base Naval de Puerto Belgrano y las causas en instrucción contra el Terrorismo de Estado y la Triple A.
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Obispo Garlatti procesado por encubrir genocida
 El juez federal Álvaro Coleffi procesó al arzobispo de la Iglesia Católica de Bahía Blanca, Guillermo José Garlatti, por encubrir al ex capellán del V Cuerpo de Ejército Aldo Vara, imputado por crímenes de lesa humanidad.
El magistrado halló al obispo “prima facie autor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado en su modalidad de favorecimiento personal en concurso real con el delito de desobediencia”. No dictó su prisión preventiva y fijó su responsabilidad civil en 7000 pesos. También fue procesado el empresario inmobiliario Leopoldo Bochile, apoderado del cura represor, por su intervención durante el lapso en que Vara eludió a la justicia.
“No se trata de que el señor arzobispo ‘debía saber’ de los ‘inconvenientes y las imputaciones’ que pesaban sobre Vara en la Justicia Argentina (y el motivo del porqué de ellos); por el contrario, el monseñor Garlatti supo concretamente que ello era así”, sostuvo Coleffi y destacó que “el pago de los fondos FIDES es insostenible si no se considera una ayuda concreta a una persona que se encuentra requerida por la justicia”.
El magistrado subrayó que “no sólo se encubre a un prófugo, esto es, no es necesario que el encubierto se encuentre prófugo de la Justicia (aunque en tal caso la evidencia resulta más notoria); la norma sólo establece que debe existir delito previo. Y la imputación penal de Vara es inobjetable”.
Favorecimiento personal
La justicia federal comprobó que el Arzobispado que conduce Garlatti -desde 2003- “abonó sistemática y periódicamente los fondos FIDES” a Leopoldo Bochile, apoderado designado por Aldo Vara. El dinero en cuestión es otorgado a sacerdotes mayores de 65 años. “La consumación del delito de encubrimiento se produce con la ayuda prestada por el agente a un tercero con la finalidad de eludir la acción de la justicia (aun sin necesidad de que se tenga éxito en ese obstáculo)”, explica el falló.
Como elementos probatorios se mencionan las respuestas negativas a los pedidos sobre el paradero del represor realizados por el fiscal Abel Córdoba, otras instancias judiciales y organismos de derechos humanos; la “noticia notoria y de amplia difusión” que implicó la orden para investigarlo emanada del Tribunal Oral en la primera sentencia por crímenes de lesa humanidad de la Causa V Cuerpo de Ejército y los ofrecimientos de recompensa posteriores.
En cuanto a la noción de “notoriedad local” Coleffi sostiene que existe “cuando un hecho se da en un ámbito territorialmente restringido pero formando parte de la cultura media de la colectividad”. “Resulta indudable cuando involucra a un hombre incardinado en una institución respecto del cual un apoderado percibe fondos por cuenta y nombre -pagados en el Arzobispado- de un imputado por delitos de lesa humanidad, a la postre: prófugo”.
“El arzobispo, como responsable máximo de la institución, que conduce en esta ciudad, no puede escudarse, ni excusarse, en que determinada área administrativa tiene a su cargo el pago de los fondos FIDES -escribió el juez-, en primer lugar, porque ello es desentenderse de la responsabilidad inherente a los cargos que se ocupan, y por lo demás, porque aun cuando, efectivamente, los pagos hubieren sido efectuados por la ‘Administración’, el Arzobispado a su cargo tenía directa colaboración desde que un fondo FIDES se compone, para el caso de un sacerdote incardinado en su Diócesis , con aportes propios del Arzobispado, con lo cual la intervención del monseñor Garlatti es directa y materialmente incontrovertible”. Por ende, descarta cualquier calificación del trámite como “una cuestión (meramente) burocrática”.
Explicar lo inexplicable
De los dichos del obispo durante la indagatoria, Coleffi resaltó que Garlatti se reconoció “muy cuidadoso en lo que hace a la documentación, los datos y cualquier dato que venga de las personas se guardan en legajos personales en la Cancillería”. Y contrastó: “Lo curioso del tema es que no fue habido en la Diócesis de la incardinación de Vara (el Arzobispado de Bahía Blanca) el legajo o registro de Aldo Omar Vara, pese a haberse allanado el domicilio de la calle Av. Colón 146, donde sí se encontró (y se incautó) documental relacionada, pero no, repito, el legajo personal”.
Asistido por el abogado Héctor Bertoncello, el arzobispo afirmó que “canónicamente el Obispo de Vara soy yo”, que “estuve al tanto” del caso de Vara y asumió “expresamente que el administrador puso en conocimiento que Vara percibía los fondos FIDES a través de un apoderado; incluso admitiendo que este tema ha sido motivo de comunicación al más alto nivel de la Iglesia, por ejemplo con el Nunzio Apostólico (sic)”.
“Estamos hablando de un clérigo incardinado en el Arzobispado local, imputado de lesa humanidad, sobre el que se decidió no dar toda la información que existía en el Arzobispado. Desconocer esta trascendencia, o esta dimensión, es intentar explicar lo inexplicable”, opinó el magistrado.
Obispo desobediente
Como la respuesta “completa” a las solicitudes de información sobre el prófugo no la obtuvieron ni la justicia, ni el Ministerio Público, ni la propia Iglesia ni los organismos de derechos humanos y teniendo en cuenta que el artículo 239 del Código Penal establece que el que desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones incurre en desobediencia cuando se advierte un “no hacer” frente a una orden, Coleffi suma esta imputación contra Garlatti.
El juez aclara en el auto de procesamiento que lo resuelto en esta instancia es “sin perjuicio del avance de la investigación en otro sentido, en particular, en punto a la (in)existencia de una carta de recomendación a la Iglesia del Paraguay y a la efectiva percepción por parte de Aldo Vara de los fondos cobrados por el apoderado Leopoldo Bochile”. La Diócesis de Ciudad del Este que acogió al prófugo hasta sus últimos días responsabilizó a Garlatti de haber escondido allí.
El arzobispo bahiense prestó declaración indagatoria la semana pasada acusado de “haber ocultado información referida al prófugo Aldo Vara, imputado por delitos de lesa humanidad, en particular, ante la respuesta remitida por el Arzobispado de fecha 6/11/2013 ante el requerimiento concreto de esa sede judicial y en la respuesta a los organismos de derechos humanos, haber consentido la financiación de la evasión de Aldo Omar Vara de la justicia argentina, ayudando al imputado a eludir las investigaciones de la autoridad judicial y sustraerse a la acción de ésta”.
Amigos no son los amigos
El empresario Leopoldo Bochile prefirió guardar silencio al momento de ser indagado por haber percibido (una jubilación) en carácter de apoderado y a nombre de Aldo Vara, mientras este se encontraba prófugo de la justicia argentina, ayudando a eludir las investigaciones de la autoridad judicial y a sustraerse a la acción de ésta. Aún así, las pruebas en su contra fundamentaron su procesamiento y la fijación de una responsabilidad civil de 4500 pesos.
El represor fallecido días atrás en Paraguay donde esperaba su extradición luego de ser capturado por Interpol, había dejado a Bochile y a su esposa Alicia Irene Tamborindeguy como encargados del cobro del subsidio FIDES y la administración de algunas propiedades. Sin embargo, el juez no comprobó una relación de amistad entre el empresario y el cura o su familia que pudiera ubicarlo en una posición judicial menos comprometida.
En su contra peso la mentada “notoriedad del hecho”, la declaración de Bruno Cuchetti -administrador de la Curia quien reconoció el pago del subsidio ante los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani y luego ante el juez-, y numerosa documentación entre la que sobresalen las planillas de liquidación de los fondos FIDES.
Entre los fundamentos de su procesamiento vale mencionar una nota dirigida a los “Señores Obispos” y los “Señores Delegados Diocesanos” que afirma que a partir de octubre de 2013 “las diócesis que tengan sacerdotes incardinados residentes en otras diócesis, deberán hacerles llegar el importe del aporte diocesano únicamente” dejando de lado otra suma girada desde la Administración FIDES en concepto de subsidio. Este elemento suma a su vez a la injerencia directa no solo de Bochile sino también de Garlatti, dado que el primero recibía los cheques por ambos conceptos -firmados “prima facie” por la canciller Emma Vila- para el prófugo Aldo Omar Vara.
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De: albi |
Enviado: 14/07/2014 00:03 |
El turno de los civiles
A una semana de las condenas a Luciano Menéndez y Luis Fernando Estrella por el asesinato de monseñor Enrique Angelelli, los gobiernos de la Nación y de la provincia de La Rioja anunciaron que impulsarán una investigación judicial sobre la participación de civiles y de otros militares en el homicidio. El ex sacerdote Delfor Brizuela, secretario de Derechos Humanos de La Rioja, dijo haber acordado con su par de la Nación, Martín Fresneda, para “dar instrucciones a los abogados de ambas instituciones para trabajar conjuntamente” en la investigación.
Ambas secretarías fueron querellantes en el juicio por el asesinato del ex obispo de La Rioja, el 4 de agosto de 1976. A partir de los datos surgidos en el proceso, el Tribunal Oral de La Rioja envió al juzgado de primera instancia y a los fiscales todas las pruebas recolectadas para que se investigue a otras personas vinculadas con el crimen, con la persecución previa y con los asesinatos que investigaba el propio Angelelli.
“La sociedad riojana sabe que hubo responsables civiles en el hostigamiento, difamación y posterior asesinato de monseñor Angelelli, con cuya investigación, todavía pendiente, contribuirán de manera conjunta las dos secretarías”, remarcó Brizuela. La investigación “podría incriminar tanto a militares como a civiles que estuvieron involucrados”, agregó.
A partir de la reapertura de los juicios “se acuñó el concepto, notablemente más preciso, de dictadura cívico-militar para describir un proceso de exterminio que, entre sus múltiples objetivos, tuvo el de favorecer económicamente a los sectores más conservadores de la sociedad civil”, destacó Brizuela. “Los militares fueron solamente un engranaje de esa maquinaria que tuvo como sustrato ideológico la destrucción de la economía, la aniquilación de sectores populares opositores y la acumulación de riquezas a expensas de un fantástico endeudamiento que terminó con la catástrofe económica y social de 2001”, explicó.
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Sábado, 4 de abril de 2015
El juez federal Daniel Rafecas procesó a tres personas en la causa del centro Mansión Seré
Una mujer que trabajaba con represores
Carmen Galarza es la mujer de un policía mencionada por muchos testigos como colaboradora de los represores. Los otros acusados son Mario Domingo Rulli, suboficial auxiliar de la Fuerza Aérea, y Julio Narciso Flores, segundo cabo de esa fuerza.
Por Alejandra Dandan
La causa se centra en los crímenes cometidos en la Mansión Seré, en Castelar.
En 2006, un equipo con cámaras recorrió la villa Carlos Gardel con Victoria Donda para reconstruir un tramo de la vida de su madre. La Cori, María Hilda Pérez, era la responsable política de la JP de ese territorio vecino al Hospital Posadas. Durante la recorrida, una vecina del barrio, Carmen Galarza, dejó su departamento en el monoblock 1 anexo 8 para acercarse hasta el inspector municipal que los acompañaba. “Fui a hablar con ella porque suele andar con una riñonera con un arma”, comentó el inspector a un cronista de este diario que hizo ese recorrido, y continuó: “Es una pesada. Los pibes la tienen catalogada como buchona. Me preguntó qué estaban haciendo con las cámaras. Cuando le conté, dijo: ‘Estos son zurditos, de los derechos humanos. Ya van a ver’”.
El juez federal Daniel Rafecas acaba de procesar a Galarza. La mujer vecina de la Carlos Gardel era esposa de un policía, cabo primero en la comisaría segunda de Morón, con destino en la subcomisaría de Villa Sarmiento, y es una de las personas continuamente mencionadas por sobrevivientes del centro de detención y exterminio ubicado en la Mansión Seré. El juez la procesó como partícipe secundaria del secuestro de tres personas, trasladadas a Mansión Seré y a la comisaría de Castelar. Rafecas destacó que es la primera mujer procesada que no pertenece a ninguna fuerza de seguridad. “Se ocupaba de informar al personal de la Fuerza Aérea cuáles eran los vecinos que tenían algún tipo de participación política; que luego estaba presente en los operativos de detención que se realizaban en consecuencia, y que incluso, una vez que se producían las detenciones asistía al domicilio de los familiares de los apresados a avisar que irían sus amigos, luego de lo cual efectivamente se producía la visita de personal de la Fuerza Aérea”, explicó el juzgado.
Fue señalada, afirma el procesamiento, “por varios testigos como una vecina del barrio que trabajaba para la Policía de la Provincia de Buenos Aires”. Su marido era Luis Ricardo Loizaga, que para la época era cabo en la comisaría 2ª de Morón, seccional Haedo, con destino en la subcomisaría de Villa Sarmiento.
Además de Galarza, el juzgado procesó a Mario Domingo Rulli y a Julio Narciso Flores, el primero fue suboficial auxiliar de la Fuerza Aérea y el segundo cabo de esa fuerza. Están acusados de secuestros y tormentos, en un caso por 69 víctimas y en otro por 32. Rulli era interrogador de la Mansión Seré y formó parte de las patotas que efectuaban las detenciones ilegales. Narciso Flores estuvo a cargo de la guardia de Seré.
La causa principal sumó otros dos imputados en diciembre. Son Omar Elisendo Hernández, comisario retirado, a cargo la comisaría 1ª de Moreno entre 1976 y 1979. Y José Ernesto Basilio, jefe de Operaciones de la Fuerza de Tareas 100, sobre quien se suspendió la orden de detención porque tiene un aparente cuadro de demencia que se está chequeando y está internado en una clínica de Palermo.
La causa por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención y exterminio conocido como Mansión Seré está dividida en varios tramos. Hubo un primer juicio hecho por 12 víctimas en 2008, realizado en Capital Federal y en el que se juzgó a dos responsables de la zona. Ahora se hace un nuevo juicio, que lleva ya un año, en el que se investigan los hechos sobre 97 víctimas y son juzgados diez represores por el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín. Entre los juzgados están los ex brigadieres Hipólito Rafael Mariani, César Miguel Comes y Miguel Angel Ossés; el ex comisario Néstor Rubén Oubiña, el ex cabo primero Felipe Ramón Sosa, y el ex cabo y ex auxiliar de la Fuerza Aérea Héctor Oscar Seisdedos. También los suboficiales de la Fuerza Aérea, Daniel Alfredo Scali y Marcelo Eduardo Barberis.
Además de ellos, hay otros tres detenidos a la espera del juicio oral. Son tres responsables mayores, integrantes de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires en Morón –RIBA–: el brigadier general retirado de la Fuerza Aérea Omar Domingo Rubens Graffigna, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea; el mayor de la Fuerza Aérea Luis Tomás Trillo y el agente civil de Inteligencia de la Fuerza Aérea Francisco Gómez. Están procesados por el secuestro de Patricia Julia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo. Patricia Roisinblit estaba embarazada de ocho meses cuando la secuestraron. Dio a luz en la ESMA un varón que recuperó su identidad en el 2001, 23 años más tarde.
La causa comprende los hechos de la Subzona 16 del Primer Cuerpo del Ejército con un circuito represivo cuyo eje principal fue el centro clandestino de detención y tortura conocido como Mansión Seré, en Castelar y con proyección sobre Merlo, Moreno y Morón donde operó la I Brigada Aérea de El Palomar, la VII Brigada Aérea de Morón y las comisarías 1ª de Morón, 2ª de Haedo y 3ª de Morón, seccional Castelar. En el comunicado, el juzgado señala que la causa tiene en total 18 personas detenidas pero que entre ellos no están los jefes del CCD.
SALUDOS REVOLUCIONARIOS  
(Gran Papiyo)
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De: Matilda |
Enviado: 04/04/2015 06:33 |
PARECE QUE ALGUNO QUEDÓ...
"DEBE SALIR DE ESE CARGO"
Ramón Olivera contó detalles de cómo el jefe del Ejército, César Milani, participó en el operativo en el que detuvieron a su padre: "Me hicieron como un simulacro de fusilamiento". Marcela Ledo, titular de Madres en La Rioja, pidió que se reabra la causa de su hijo.
Una víctima de Milani cuenta cómo actuó en la dictadura: "Me hicieron un simulacro de fusilamiento"
Ramón Olivera contó detalles de cómo el jefe del Ejército, César Milani, participó en el operativo en el que detuvieron a su padre y que estuvo presente en un interrogatorio en el que a él le hicieron un simulacro de fusilamiento.
"Me hicieron como simulacro de fusilamiento, en todo momento, al empezar el interrogatorio, era como que me iban a fusilar. Cuando me sacan a declarar, aparentemente, ellos me sacaron de la cárcel porque anduvieron mucho tiempo en vehículo, pero después me vuelven a la cárcel, yo creo que finalmente declaré en la cárcel. Me decían que yo tenía que colaborar, que ellos ya estaban en el Gobierno e iban a estar 40 años", señaló.
Sobre lo que vivió su padre, relató. "Milani me dijo que se llevaba a mi papá por averiguación de antecedentes", dijo en diálogo con Lanata sin filtro por radio Mitre. "Él conversó conmigo. Mi viejo estuvo en la cárcel, luego lo liberaron y lo dejaron tirado en la calle, tenía la mitad del cuerpo paralizado", contó Olivera, que también estuvo detenido y cuando declaró ante el juez lo hizo delante de Milani. "A vos te cortamos la carrera, me dijo, en alusión a la carrera de guerrillero, me preguntó si era del ERP", dijo Olivera.
"Yo no estaba vinculado con ninguna organización. Iba a visitar a compañeros a la cárcel que estaban vinculados con grupos de izquierda", señaló.
Olivera también se refirió a las declaraciones de Estela de Carlotto que dijo que no estaba comprobado que Milani haya actuado en la dictadura.
"Quién puede decir que no sufrí, que no viví lo que viví. Yo no creo que Estela de Carlotto haya dicho algo así, yo la respeto, si no se ha puesto en contacto conmigo. Yo la aprecio y la quiero", dijo Olivera. "Se trata de limpiar su legajo", señaló. "El es un represor y debe salir de ese cargo", indicó.
Olivera volcó su denuncia contra Olivera en el informe final de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de 1984, como reveló el domingo Periodismo Para Todos.
Allí denuncia:
“(..) Al día siguiente por la tarde iría a declarar ante el juez Federal, Me transportan en un auto de la policía provincial, a mi lado iría el teniente Milani, al que reconozco porque el que realizó el allanamiento y llevara detenido a mi padre. Soy alejado momentáneamente en los calabozos del Juzgado Federal y luego sería conducido a la sala a declarar. En los pasillos me sale al encuentro el juez Federal Roberto Catalán que luego de saludarme, me indica la sala donde voy a declarar, entro a la sala y conmigo lo hace el teniente Milani, el que no se retiraría en ningún momento de la sala. Nos recibe el secretario del Juzgado Armatti, me invita a sentarme y al lado mío lo hace el teniente el que inmediatamente comienza a increparme acusándome pertenecer al E.R.P. El tramite de declaración es el siguiente: el secretario Armatti (el que me toma la declaración en el Juzgado y no el juez Federal) va leyendo lo que dice que yo declare anteriormente, ante todo, lo que hago es mostrarle, levantándome la botamanga del pantalón, las huellas del intenso castigo que había recibido y le digo que escriba que fui torturado contestándome que no lo haría porque cuando vuelva a la cárcel seria peor y en ese momento no me presto atención lo que yo podía decir.
El teniente Milani permanece a mi lado y en los momentos que el podría acusarme de alguna cosa recuerdo algo asi como “nosotros a vos te cortamos la carrera justo”, se refería supongo a la carrera de guerrillero, pero no recuerdo otras acusaciones pero si el gran odio con que hablaba. La declaración termina cuando entra el juez Catalán para decirme que desde ese momento iba a quedar incomunicado que iba a ponerme en contacto con mis familiares inmediatamente entran mis padres a la sala donde declare, Milani todavía me estaba hostilizandome con sus acusaciones, se retiraría luego y mi padre estaba desencajado. (..) ".
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De: albi |
Enviado: 05/04/2015 03:13 |
EL PAIS › REUNION DE ABOGADOS, FISCALES Y FUNCIONARIOS POR LOS OBSTACULOS EN LOS JUICIOS DE LESA HUMANIDAD
“Hay una preocupación que es legítima”
El miércoles se realizará un encuentro convocado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad para tratar las demoras.
Convocados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actores estatales y de la sociedad civil que participan en los procesos judiciales por los delitos de la última dictadura se reunirán el miércoles en el marco de la Mesa de Diálogo Institucional y Social creada el año pasado por la Procuración General de la Nación. Fiscales, querellantes, abogados de organismos de derechos humanos y funcionarios de los tres poderes tratarán las demoras que atraviesan los juicios en varias jurisdicciones, la resistencia de la corporación judicial a avanzar con las imputaciones de civiles que participaron del terrorismo de Estado, como empresarios o jueces, y también el modo de encarar las causas elevadas que esperan turno en tribunales orales de todo el país. “Hay más de cien juicios en agenda y hay que prepararlos. Pero necesitamos una respuesta de la estructura judicial que realmente nos permita avanzar y concretar todos los procesos”, explicó el fiscal general Jorge Auat, titular de la Procuraduría. “La sensación de impunidad se volvió a instalar y eso motiva una legítima preocupación de querellantes y víctimas”, admitió.
La Mesa de Diálogo nació con el fin de fortalecer y ampliar las relaciones de la Procuraduría con distintas agencias estatales y de la sociedad civil. En los hechos reemplazó a la Comisión Interpoderes que había creado en 2009 el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y que tuvo un rol destacado al interpelar a los magistrados que obstaculizaban el avance de los procesos. Durante 2014 se realizaron dos encuentros en Buenos Aires y el tercero en Tucumán, desde donde se había demandado federalizar las discusiones. En noviembre recibió a querellantes y familiares de víctimas de Santiago del Estero que habían reclamado sin suerte ser recibidos por la Interpoderes.
“En esta oportunidad el encuentro coincide con la preocupación que tienen los querellantes y nosotros con respecto a los últimos fallos”, explicó Auat en referencia a las resoluciones que beneficiaron a empresarios imputados por delitos de lesa humanidad como Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, y Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca. “Estos fallos muestran una especie de selectividad que implica una ignominia para el proceso de memoria, verdad y justicia. Pareciera que otra vez vuelve a alcanzarnos esta época nefasta de la impunidad y eso no podemos aceptarlo”, advirtió.
“Lo de Blaquier es inentendible”, sostuvo Auat sobre la falta de mérito con la que la sala IV de la Cámara de Casación benefició al hombre fuerte de Jujuy. “Esa resolución tiene un déficit estructural desde todo punto de vista, desde la dogmática penal y desde la propia jurisprudencia: no hay antecedentes, o si los hay son escasísismos, de alguien que venga con procesamiento confirmado, sin prisión preventiva, y reciba una falta de mérito”, explicó el fiscal chaqueño. “Habilita la suspicacia, es la dolorosa realidad”, admitió Auat y manifestó su esperanza de que prosperen los recursos que los fiscales Javier de Luca y Ricardo Wechsler presentaron ante la Corte.
Otra preocupación de la Procuraduría por las demoras en el inicio de algunos procesos, las audiencias por goteo de los que están en curso y los privilegios que reciben algunos imputados. “Hay muchas formas, directas e indirectas, de consagrar la impunidad. Una es prolongar los procesos, dilatarlos. Otra es cuando los imputados burlan las prisiones preventivas o reciben arrestos domiciliarios sin que se cumplan requisitos mínimos”, recordó Auat. “Nosotros nos ajustamos a derecho. Lo que no aceptamos es que se conceda la domiciliaria como martingala para instalar la impunidad, burlándose y profanando este proceso de verdad y justicia. Eso no se puede aceptar. Nuestro rol es pelear por la legalidad, pero en el sentido más acabado del concepto”, explicó.
Consultado sobre la parálisis de la comisión impulsada en su momento por la Corte Suprema, Auat explicó que “no está funcionando, prácticamente se paralizó”. “Evidentemente esto también va a ser parte de la agenda de temas a tratar. El discurso del comienzo de año judicial de Lorenzetti y las referencias a que los juicios forman parte del contrato social de los argentinos y son una política de Estado no puede agotarse en un discurso, necesitamos que se verifique en los hechos”, explicó.
Al encuentro convocado por la Procuraduría para el miércoles en el auditorio Nelly Ortiz concurrirán fiscales, querellantes y representantes de organismos de derechos humanos de distintas jurisdicciones, representantes de la Cámara de Casación, el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema de Justicia, el programa Verdad y Justicia, y el propio Ministerio de Justicia, entre otros.
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Primera audiencia del juicio por crímenes en el Pozo de Arana
La furia del genocida Miguel Etchecolatz ante los jueces
En los tribunales federales de La Plata comenzó el juicio contra los represores Miguel Osvaldo Etchecolatz y Julio César Garachico por crímenes cometidos en el centro clandestino conocido como “Pozo de Arana”, que fueron denunciados por Jorge Julio López en sus testimonios previos a su desaparición en 2006. En la primera audiencia del juicio, realizada en forma virtual, Etchecolatz rechazó la legitimidad del tribunal que lo juzga.
Etchecolatz se enfureció ante el Tribunal que comenzó a juzgarlo por el secuestro, tortura y muerte de siete víctimas y gritó: "Ustedes no son mis jueces naturales, están violando la Constitución Nacional".
El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y busca determinar las responsabilidades de ambos expolicías en los secuestros, torturas y crímenes cometidos en el centro clandestino de detención ilegal denominado como "Pozo de Arana" en perjuicio de López; Norberto Rodas; Alejandro Emilio Sánchez; Patricia Dell Orto, Efraim Guillermo Cano, Ambrosio De Marco y el estudiante Francisco López Muntaner, víctima de La Noche de los Lápices.
Jorge Julio López guardó durante décadas en su memoria todo lo que vivió desde el día de su secuestro, el 27 de octubre de 1976, hasta junio de 1979, cuando finalmente recuperó la libertad. Lo acompañó el horror de los gritos, las torturas y los asesinatos que presenció en el Pozo de Arana. En sus declaraciones judiciales, López mencionó lo sucedido allí con otros seis compañeros y ahora será el TOF 1 de La Plata, integrado por los jueces Andrés Basso, José Michilini y Alejandro Esmoris, el encargado de impartir justicia.
Desaparecido, por segunda vez, el 18 de septiembre de 2006, López nunca llegó a ver al exdirector general de Investigaciones de la policía bonaerense condenado. Aún así, desde su ausencia aún sin respuestas y sin responsables para la Justicia, López sigue acusando a Etchecolatz, que llega a este juicio con 92 años y ocho sentencias a cuestas.
"He expuesto mi vida luchando por una bandera celeste y blanca que ahora está desgarrada. Estoy aislado por odio y necesidad de venganza", expresó el expolicía que acumula ocho sentencias por genocidio.
Durante la audiencia Etchecolatz remarcó: "No responderé preguntas ya que, al hacerlo, convalidaría la ilicitud de esta causa y avalaría su actuación cuando violan sádicamente la Constitución Nacional".
El tribunal dio por terminada su indagatoria y pidió al personal del Servicio Penitenciario de la cárcel de Marcos Paz que silenciara el micrófono del Zoom por el cual declaró el represor.
Etchecolatz es juzgado como coautor mediato de los delitos de privación ilegal de la libertad, torturas y homicidio calificado en perjuicio de Norberto Rodas y Alejandro Sánchez.
Julio César Garachico afronta acusaciones como coautor inmediato de los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas en perjuicio de Patricia Dell'Orto, Ambrosio de Marco, Norberto Rodas, Alejandro Sánchez, Francisco López Muntaner, Guillermo E. Cano y López, en concurso real y responsable en calidad de partícipe necesario en los delitos de homicidio agravado en perjuicio de Patricia Dell'Orto, Ambrosio Francisco de Marco y Norberto Rodas.
Los delitos de lesa humanidad cometidos en el Pozo de Arana ya fueron juzgados en 2012, pero quedaron excluidos otros hechos que tuvieron lugar en otros centros de detención ilegal ubicados también en la localidad de Arana. Según declararon en otros juicios varios sobrevivientes, entre ellos el propio López, en Arana funcionaron durante la dictadura al menos cuatro centros de detención: el área de "Cuatrerismo"; el Destacamento de Policía; "La Casona" o "Campo de Arana" y "El Pozo de Arana".
SALUDOS REVOLUCIONARIOS  
(Gran Papiyo)
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| No se debe consentir que las atrocidades, amparándose en una dictadura, en un régimen de excepción o en una guerra, salgan gratis porque cuanta más impunidad haya más posibilidades hay de que en un futuro puedan repetirse o producirse hechos parecidos.
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Uno de los más feroces torturadores de la dictadura
Murió el genocida Miguel Etchecolatz
No conoció el remordimiento, por el contrario hizo del regocijo el emblema de su cruzada asesina. Cumplía sus condenas en una cárcel común, repudiado incluso por su familia. Entre 1976 y 1979 estuvo al frente de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense. Bajo su órbita funcionaron no menos de 20 centros clandestinos de detención y otras tantas maternidades clandestinas.
No conoció el remordimiento, por el contrario hizo del regocijo el emblema de su cruzada asesina. “¿Por haber matado? Fui ejecutor de una ley hecha por los hombres. Fui guardador de preceptos divinos”, decía el excomisario general Miguel Osvaldo Etchecolatz en los tiempos en que gozaba de impunidad. “Por ambos fundamentos, volvería a hacerlo”, prometía el genocida que murió en la madrugada de este sábado a los 93 años mientras cumplía sus condenas en una cárcel común y repudiado incluso por quienes fueron su familia.
El represor –nacido el 1 de mayo de 1929– estaba alojado en la Unidad 34 de Campo de Mayo desde casi el comienzo de la pandemia. En las últimas semanas, había sido trasladado a la clínica Estrada de la localidad de Merlo e internado en terapia intensiva. El 27 de junio pasado, lo trasladaron al Sanatorio Sarmiento para colocarle un marcapasos, relataron fuentes judiciales. Había recibido un fallo favorable en la Cámara de Casación para volver a su casa, pero no llegó a materializarse.
Entre 1976 y 1979, Etchecolatz estuvo al frente de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense, la fuerza que comandaba con mano ensangrentada Ramón Camps. Bajo su órbita funcionaron no menos de 20 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y otras tantas maternidades clandestinas, donde las mujeres que estaban secuestradas parían y les eran arrebatados sus hijos o hijas. Etchecolatz fue un firme seguidor de Camps, tanto que, por esos años, recibió varias veces el reconocimiento San Miguel Arcángel con el que la Bonaerense premiaba a sus mejores hombres –que, para entonces, eran quienes mostraban más arrojo a la hora de empuñar la picana–.
En 1979, pidió la baja después de más de tres décadas en la Bonaerense, a la que había ingresado en 1947. Durante unos años le proveyó seguridad a Bunge & Born. En abril de 1986, la justicia tocó a su puerta. Lo detuvieron por orden de la Cámara Federal, que lo terminaría condenando a 23 años de prisión por los crímenes cometidos en la órbita del llamado Circuito Camps en lo que se conoció como la causa 44. Desde la prisión fue uno de los que atizó el alzamiento de Semana Santa. Terminó beneficiado por la propia Corte Suprema y volvió, al tiempo, a la seguridad privada. Así, conoció a su actual esposa, Graciela Carballo.
Durante los años de impunidad, lo persiguieron los escraches que él repelía con amenazas sin ningún miramiento. Cuando unos pibes atinaron a tirarle unos huevos mientras paseaba a su pastor inglés, Etchecolatz no dudó y desenfundó un arma –que después la justicia le creería que era de juguete–. No era sorprendente para quienes lo vieron dando rienda a su violencia en los campos de concentración. Lo escuchó Alfredo Bravo durante la tortura diciéndole “maestro, escupa todo y no trague nada”. En 1997, en un careo entre ambos en el programa Hora clave que conducía Mariano Grondona, el genocida comparó la tortura con un tratamiento para callos plantares.
Volver a la cárcel
Después de ese programa y de la publicación de su libro La otra campana del Nunca Más, Bravo lo demandó. Lo patrocinó Juan Ramos Padilla, el juez que lo había metido preso en los años ‘80 y por quien había desarrollado un particular encono. En la casa de los Ramos Padilla ya le reconocían la voz a Etchecolatz cuando llamaba para amenazar al padre de la familia. Cuando quisieron ejecutar la sentencia, se apersonaron Ramos Padilla padre con sus dos hijos, Alejo y Juan Martín. Etchecolatz decía que nada de lo que había en la casa le pertenecía hasta que la oficial de justicia que los había acompañado agarró una charretera y con fastidio le preguntó: “¿Ésta tampoco es suya?”
–Sí, y ésta también–dijo Etchecolatz asomándose con un arma.
– ¿Funciona?-- le preguntó Ramos Padilla padre.
–Por supuesto. Y tengo blanco –le dijo el genocida apuntándole al juez--. ¿Dónde quiere el tiro?
Alejo se abalanzó sobre Etchecolatz ante la posibilidad de que le disparara al padre y logró arrebatarle la pistola.
El episodio quedó en el olvido hasta que arrancó el primer juicio en La Plata después de la caída de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que lo tuvo como protagonista. Alejo Ramos Padilla, entonces abogado querellante, pidió junto con otros abogados querellantes que le revocaran la prisión domiciliaria porque tenía un arma en su casa. Así lo hizo el tribunal que presidía Carlos Rozanski.
¿Dónde están?
"Ante la muerte, pienso en esa pregunta que en los juicios siempre sobrevuela, aunque no se explicita: ¿Dónde están las y los desaparecidos, dónde está Clara Anahí, dónde está Jorge Julio López?", le dice a Página/12 la abogada Guadalupe Godoy.
A Jorge Julio López lo secuestraron –por primera vez– el 27 de octubre de 1976. Etchecolatz participó en ese operativo en el barrio de Los Hornos. López lo vio también pateando a quienes estaban secuestrados en el campo de Arana y declaró ante la justicia que él mismo comandó la matanza de cuando asesinaron a los militantes de la unidad básica Juan Pablo Maestre. “No tenía compasión”, dijo en el juicio oral. Su testimonio fue fundamental para demostrar que Etchecolatz no solo daba las órdenes, sino que actuaba. Etchecolatz recibió su primera condena a prisión perpetua el 19 de septiembre de 2006. Un día antes, López desapareció.
Etchecolatz escuchó la sentencia aferrado a un rosario, el mismo rosario al que se agarraba cuando la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, le reclamó que dijera dónde estaba su nietita Clara Anahí. No dijo nada. Besó la cruz y calló.
En 2014, cuando López llevaba ocho años desaparecido, Etchecolatz se preocupó porque se viera un papel que llevaba en su mano con el nombre del testigo. Fue durante el juicio por crimenes cometidos en La Cacha. Era un nuevo mensaje para amedrentar a quienes ponían el cuerpo y el testimonio para hacer justicia.
Los muertos que vos matáis gozan de buena salud
Durante el macrismo, logró salir de la cárcel. El 27 de diciembre de 2017, Tribunal Oral Federal (TOF) 6 le otorgó la prisión domiciliaria y envió al represor a su chalet en el bosque Peralta Ramos de Mar del Plata. La casa se volvió un santuario del repudio. Ese mismo año, Mariana –quien se reconoce como su exhija– contó que había marchado contra su expadre genocida cuando la Corte habilitó el beneficio del 2x1 para los criminales de lesa humanidad.
La Cámara Federal de Casación revocó la decisión del TOF 6 y Etchecolatz volvió a prisión. Allí estuvo hasta ahora, purgando siete condenas a prisión perpetua dictadas desde que se reabrieron los juicios: la de 2006, la del Circuito Camps, la de La Cacha, la del caso Favero, la de Cuatrerismo y Brigada de Güemes –dictada en los tribunales de Comodoro Py–, la de la Brigada de San Justo y una reciente por el Pozo de Arana --el juicio que se hizo en base al testimonio de Jorge Julio López--. De esas, solo una fue confirmada por la Corte Suprema.
"Murió condenado y cumplió sus condenas en cárcel común", apunta Godoy. "La lucha de tantos y tantas por memoria, verdad y justicia no fue en vano."
Etchecolatz falleció mientras lo juzgaban por los crímenes cometidos en tres centros clandestinos que estaban bajo su órbita – los “Pozos” de Banfield y de Quilmes y el “Infierno” de Avellaneda. En esos campos de concentración estuvieron, entre muchísimos otros, los chicos y las chicas secuestrados en lo que se conoció como la Noche de los Lápices. También estaba en juicio por lo sucedido con los hermanitos Ramírez, tres chicos que fueron sustraídos en 1977 después de presenciar cómo asesinaban a su mamá y pasaron todo tipo de penurias en el Hogar Casa de Belén, de la localidad de Banfield.
Etchecolatz nunca habló: condenó a los desaparecidos a seguir desaparecidos y a sus familiares a seguirlos buscando eternamente. Siguió cometiendo su crimen cada uno de sus días y juró que lo volvería a hacer. El silencio de Etchecolatz es su última miseria; el repudio de gran parte de la sociedad que veía en él el sadismo de los asesinos, la última victoria de aquellos a los que quiso exterminar para siempre.
SALUDOS REVOLUCIONARIOS 
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