El arriero José Julián Solanille, de 83 años, sólo encontró en su vocabulario de campesino insultos y descalificaciones para retratar a los autores de las torturas y el asesinato de cientos de personas; para describir los hedores de los cuerpos quemados, las fosas repletas de cadáveres y los aullidos de los prisioneros de La Perla. Un sitio que distaba, según precisó al dar su testimonio en el juicio por los crímenes cometidos en ese centro clandestino de detención, “a unos 500 metros” de donde se encontraba su propia casa.

“A principios de 1976 –arrancó– yo vivía ahí con mi mujer y mis seis hijos ahí cerquita de la cárcel de La Perla. Desde el 24 de marzo lo que ya venía viendo empeoró: se llenó de gente la cárcel y empezaron los gritos todas las noches. Desgarradores gritos todas las noches, señor juez. Mi mujer tenía miedo, se quería ir de ahí. Pero yo no sabía dónde ir, dónde si ahí tenía trabajo. Ahí es cuando empecé a ver lo que estos atorrantes, sinvergüenzas, hijos de mala madre estaban haciendo.”

Entre los imputados, Solanille reconoció a Luciano Benjamín Menéndez, a quien dijo haberle “tenido aprecio alguna vez”, ya que le calzó uno que otro caballo; al “Nabo” Ernesto Barreiro; al “capitán (Exequiel) Acosta”, alias “Rulo”; a Pedro Vergez, alias “Vargas”, y a Luis Manzanelli.

Recordó cuándo escuchó por primera vez el apodo de Barreiro: fue por boca de la mujer de un paracaidista de apellido Baigorria. “Me acuerdo que el marido tenía un Chevy amarillo. Venían y este señor dejaba a la señora, que era muy linda, en mi casa. Una vez ella salió al campo con un termo y estaba cerquita de la cárcel. Se sentían gritos. Se escuchaban muchos gritos de chicas. Entonces los dos vimos pasar a Barreiro como a unos ocho metros. Ella me dijo entonces ‘ahí va el Nabo. Vas a ver cómo se va a acabar el griterío de las putas ésas’.”

Barreiro se rió como si hubiese escuchado el mejor de los chistes. Pero su mano izquierda lo traicionó con un movimiento hiperkinético sobre su rodilla. El otro que no pudo con su propio cuerpo fue nada menos que Menéndez. Su pose impertérrita, pétrea, sostenida durante los seis juicios que lleva por delitos de lesa humanidad, estalló en añicos durante el testimonio de Solanille: estuvo sentado de lado en su butaca, el torso hacia adelante, el pecho casi tocándole los muslos en dirección al arriero. No quiso perder palabra de lo que dijo Solanille. Se molestó y masculló insultos por lo bajo en algunos pasajes, y varias veces levantó la mano para replicar. El juez le ordenó silencio. Sólo le admitió una queja: que el declarante “no debe calificar a los represores”. Pero ni eso lo tranquilizó: Solanille lo vio al frente de un fusilamiento masivo y dio cuenta de ello.

“Estaba con otro compañero en la Loma del Torito. Habíamos visto la fosa cavada. Unos cuatro metros por cuatro. Tenían a toda la gente en dos filas. No sé, eran muchas personas. Como cien. Algunos vestidos, otros totalmente desnudos. Estaba Menéndez. El había llegado en un (Ford) Falcon blanco. Yo lo había visto. Sabía que se venía algo grande. Y ahí estaba, con su fusil. No lo vi disparar. Pero él dio la orden. La gente estaba encapuchada o vendada o tenían unos anteojos... Los que no tenían nada, los que podían ver, gritaban. Unos hasta corrieron. Pero los mataron por la espalda. Ahí nos rajamos con mi amigo. Estábamos cagados de miedo. Nos habíamos arrastrado hasta arriba de la loma, pero bajamos corriendo. Después se ve que los quemaron. Tiraron explosivos. El humo con ese olor espantoso se vino para mi casa. Era insoportable. Mi mujer y mis hijos se quejaban. Era horrible.”

Solanille contó que días después pasó por el lugar y vio que habían tapado la fosa: “Se ve que estaba muy llena, porque sobró mucha tierra”. También recordó cuando una perrita que tenía comenzó a llevar a la cucha “huesos chiquitos, cabecitas muy chiquitas...”. Allí se quebró. Se cubrió los ojos celestes con una de sus manos y sollozó: “Perdónenme abuelas, pero la perrita traía manitos, bracitos, batitas celestes y rosas...”

El ternero y los cadáveres en el pozo

Solanille recordó también la vez que uno de sus terneros cayó en un pozo y lo rescataron con otro campesino y unos soldados: “Tenía más de 18 metros. El animalito estaba parado. Pero alrededor había muchos cuerpos. Era espantoso. Salía un olor horrible. Había mucha gente muerta. Cabezas, piernas, brazos retorcidos, una chica con el pelo despeinado, para adelante... Sacamos el ternero. Un olor bárbaro tenía... Cuando volvimos después con los jueces y la Conadep, costó encontrar ese pozo, porque le habían hecho una loza de material arriba, y habían construido una casa cerca. Pero yo sé bien que ahí abajo estaba el pozo donde se cayó el ternero”.

El hombre dijo haber contado “más de doscientos pozos”, algunos grandes, otros más chicos. Todas tumbas. “Eran tumbas porque tiraban a la gente adentro y siempre sobraba tierra. A veces los enterraban tan mal que las lluvias lavaban el terreno y salían los huesos... Entonces los animales los agarraban. Los llevaban a mi rancho... Además el olor. Quemaban los pozos y, cuando había viento norte, el humo con ese olor de cristianos quemados llenaba mi casa. Con mi mujer discutíamos. Yo me había vuelto casi loco. Tanto que me fui a dormir a un rancho más adentro del campo para no tener tantos problemas. Ni una sola noche desde que vi todo eso me he podido olvidar de La Perla”, soltó. Y de nuevo los insultos “a estos vándalos, atorrantes, asesinos”.

Contó, además, de “la primera y única vez” que vio pasar un helicóptero por La Perla. “Fue el 3 de mayo de 1976. Iba a caballo y vi que tiraron como dos bolsas de papas. Eran dos chicas.”

Según Solanille, “algunas mujeres la pasaron muy mal, fueron muy maltratadas antes de que las mataran”. Dijo haber presenciado “una fiesta donde habían llevado a algunas chicas y las hacían chupar vino, se las tiraban unos con otros. Era espantoso”. Y también recordó un día que vio a “muchos jóvenes al sol, todos con los ojos vendados, las manos y los pies atados y, a un costado, llorando, a un chiquito de unos cuatro, cinco años”.

Solanille dejó casi sin preguntas a la defensa. Tan contundentes fueron sus dichos, a pesar de que, como era previsible, se intentó aducir “su pérdida de memoria por la edad”. Una afirmación que hizo sonreír a más de uno en la sala, considerando la minuciosidad de su relato.

Antes de terminar su declaración, memoró cuando una bala perdida casi lo mata a él: “Pero le dio a la yegüita en la que yo iba montado. Cuando me bajé, me manché con su sangre”. Furioso, volvió a darse vuelta y miró a los imputados. “Mire señor juez, los tengo acá, atrás, en mi espalda. Cuídeme, porque son capaces de cualquier cosa. Yo los he visto. De cualquier cosa.”

Antes de levantarse de su silla, el arriero pidió que “el juez y los periodistas” tomaran nota de algo: “Quiero decir que donde todos murieron, yo resucité. El año pasado, el 24 de marzo, cuando fui a La Perla, me infarté. Y si no fuera por los chicos de HIJOS, no estaría acá. Ellos me salvaron y no me morí por diez minutos, me dijo el médico. Emiliano Fessia (encargado de ese espacio de la Memoria) y los chicos me salvaron. Tanta gente que murió ahí y ahí yo resucité”, repitió, ya casi como para sí mismo.

Menéndez lo contemplaba, aún, doblado sobre sí mismo. La cara descompuesta, escuchando al único testigo que lo vio haciendo lo que todos saben que hizo y que el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército no niega: dirigir y ordenar la tortura y la matanza de cientos de personas en el campo de concentración más grande que ha existido en Córdoba. El de Solanille ha sido uno de los testimonios más terribles y definitivos de los que se han escuchado en lo que va de este juicio.

La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso presentado por la defensa del represor Alfredo Astiz para intentar que sea el fuero Contencioso Administrativo, y no el Penal, el que trate un reclamo que le efectúa al Ministerio de Defensa por la prohibición de atención médica en hospitales militares a condenados por delitos de lesa humanidad. Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Maqueda, Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay entendieron que el planteo de la abogada María Laura Bonomi, letrada del destituido marino, “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”, motivo por el cual lo desestimaron.

La cuestión de competencia se originó ante un reclamo de Astiz contra la resolución 85/13 del Ministerio de Defensa que establecía la “prohibición de atención médica en hospitales militares o unidades de salud dependientes de las Fuerzas Armadas de personas condenadas penalmente o procesadas con privación preventiva de la libertad que tengan o hayan tenido estado militar”. La decisión fue tomada luego de que los militares retirados Jorge Olivera y Gustavo De Marchi se fugaran, a fines de julio, después de haber sido trasladados desde la provincia de San Juan hasta el Hospital Militar porteño, con la excusa de que debían hacerse un tratamiento. Así, estos dos represores se sumaron a los 62 que están prófugos de la Justicia, al tiempo que el Poder Ejecutivo implementaba una serie de medidas para restringir nuevas fugas.

Astiz inició una causa en la que sostiene que la decisión del ministerio “intenta causarle la muerte” y pide ser atendido en el Hospital Naval. Había alrededor de 300 amparos similares presentados por condenados por crímenes de lesa humanidad. El Ministerio de Justicia estableció que para trasladar represores sea implementado un exhaustivo informe médico a ser presentado ante la fiscalía y el juez interviniente en cada caso. En ese sentido, la prioridad será de los centros de salud del Servicio Penitenciario y los hospitales públicos.

Esta causa, en la que Astiz recibió ayer el revés de la Corte, tramitó ante el juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 a cargo de Esteban Furnari, quien se declaró incompetente y remitió el expediente a la Justicia Federal para que decida qué juez debe intervenir, pero ello fue apelado por Bonomi, quien argumentó un supuesto “abandono de persona”. La Sala II de la Cámara del fuero –Luis Márquez, María Claudia Caputi y José Luis Castiñeira– confirmó esa sentencia y dispuso que el tema debe ser resuelto en sede penal, tal como ahora lo ratificó la Corte. “Las recomendaciones médicas relevantes, el traslado y lo referente al lugar de alojamiento son de exclusiva competencia del tribunal de ejecución”, dijo la Cámara, que agregó que “toda decisión (...) es exclusiva competencia del juez a cuya disposición se encuentra el imputado”.

El excapellán, quien en 1999 había reconocido la práctica de las torturas en el centro clandestino La Escuelita y haber visto las secuelas de la picana en el cuerpo de jóvenes secuestrados en el Batallón de Comunicaciones 181, fue detenido por Interpol en Ciudad del Este y trasladado a Asunción (Paraguay).

Vara era buscado desde el 6 de agosto de 2013 y en diciembre de ese año el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofreció una recompensa de 100.000 pesos para quien aportara datos para ubicar al cura acusado de delitos de ser cómplice de secuestros, torturas y desapariciones. El sacerdote, que se desempeñó como capellán auxiliar en el Comando V del Ejército de Bahía Blanca, entre 1971 y 1979, tenía pedido de captura por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencia; homicidio agravado por alevosía en concurso de tres personas por lo menos y homicidio y desaparición forzada e imposición de tormentos.

En el primer juicio a represores en Bahía Blanca, el tribunal había pedido que se investigue la participación de Vara en los centros clandestinos y dentro del ámbito del V Cuerpo. La fiscalía así lo hizo y pidió la detención e indagatoria del cura, pero el juez Santiago Martínez denegó las medidas solicitadas hasta que la decisión fue apelada por fiscalía y revocada por la Cámara Federal quien dictó finalmente la detención e indagatoria del sacerdote que hasta hoy se encontraba prófugo.

Uno de los casos más resonantes que figuran en la investigación contra Vara es el de "Los Chicos de la Enet". En diciembre de 1976, un grupo de estudiantes secundarios fueron secuestrados y recibieron tormentos en el centro clandestino de detención "La Escuelita". Ya en democracia, las víctimas relatarían que el religioso "nos llevaba la palabra de Dios, pero cuando le contábamos lo que nos estaban haciendo se quedaba en silencio".

Agustín Bottinelli es un periodista que quizá pase inadvertido por su nombre, pero no por el delito que se le imputa. A los 65 años, ayer ingresó acompañado por un defensor oficial a los tribunales de Comodoro Py. Había conseguido postergar su declaración indagatoria hasta que se vio obligado a comparecer para responder por el papel que cumplió durante la última dictadura. Sus dilaciones procesales agregaron años a los años de una causa donde se investiga si le cabe responsabilidad penal al ex editor de la revista Para Ti, la publicación de Editorial Atlántida, por una entrevista apócrifa a la ex detenida-desaparecida Thelma Jara de Cabezas.

El periodista, un hombre de 30 años cuando conducía la revista, declaró que desconocía lo que sucedía en la Argentina para la época del reportaje fingido titulado “Habla la madre de un subversivo muerto”, y que salió en el número 2983 del 10 de septiembre de 1979. Además, deslindó responsabilidades sobre su publicación y se las atribuyó al fallecido Aníbal Vigil, uno de los dueños de Atlántida. Pidió también medidas probatorias para su defensa, como que el Juzgado Federal Nº 12 a cargo de Sergio Torres cite a declarar a los periodistas Mario Mactas y a la jefa de redacción de Para Ti, Lucrecia Gordillo, además de a otros integrantes del staff.

Jara de Cabezas lleva treinta años reclamando justicia por este caso. Es la madre de Gustavo, su hijo de 17 años secuestrado y desaparecido el 10 de mayo de 1976 en una plaza de Martínez. En 1984 presentó su primera denuncia contra los responsables civiles de la maniobra pergeñada junto a los grupos de tareas de la ESMA, donde estuvo detenida.

La entrevista adulterada se la realizó un tal Américo Cerritti, en una confitería de Figueroa Alcorta y La Pampa, en el barrio del Bajo Belgrano. La habían sacado antes del centro clandestino de la Armada vigilada por una patota que lideraba el represor Ricardo Miguel Cavallo.

Le hicieron decir en la nota publicada en 1979, cuando Jara de Cabezas estaba secuestrada, que las madres argentinas “estén alertas, que vigilen de cerca a sus hijos. Es la única forma de no tener que pagar el gran precio de la culpa, como estoy pagando por haber sido tan ciega, tan torpe”. Esta adulteración de los hechos daba pie al remate de la entrevista donde se le preguntaba a la detenida-desaparecida:

–¿En quién confía hoy?

–En Dios.

–¿Qué le pide hoy a Dios?

–Que no haya más madres desesperadas ni chicos equivocados.

Pablo Llonto, el abogado de la querella, le dijo a Página/12 después de la indagatoria a Bottinelli: “Es la primera vez que un periodista es imputado por su participación en un delito de lesa humanidad a causa de actos que formaron parte del plan de exterminio; en este caso, un reportaje falso. Se abre así un nuevo andarivel en la búsqueda de los responsables civiles del terrorismo de Estado. Los medios de comunicación y muchos de los periodistas que dirigían las revistas de Editorial Atlántida y otros medios hegemónicos como La Nación, La Razón, Clarín y de distintas provincias, cumplieron el rol de activos agentes de operaciones psicológicas concertadas con los servicios de inteligencia de las tres fuerzas, la policía, los gendarmes y la prefectura”.

Jara de Cabezas fue forzada a conceder más de una nota falsa. El periódico uruguayo News World de la secta Moon le realizó una entrevista, presuntamente en Uruguay, publicada el 22 de agosto de 1979 y que Para Ti citó como antecedente de lo que significaba “un testimonio esclarecedor y tremendo que descubre los métodos de la subversión”. La mujer, ex secretaria de la Organización de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, lejos de convalidar la adulteración, se presentó ante la Justicia en 1984 y contó que su supuesta estadía en Montevideo había consistido en que la sacaron de la ESMA y le “hicieron fotografías en zonas de Buenos Aires, colocándose a mis espaldas carteles falsos que indicaban que estaba en Uruguay”.

En la querella contra los integrantes del directorio de Atlántida, se formula que “estaban en conocimiento de la preparación y elaboración del reportaje y de otras notas sobre lo que sucedía en la ESMA y otros centros clandestinos de detención”. Bottinelli no era una pieza menor en ese entramado. Con los años se alejó del grupo Vigil. Se desempeñó en el diario La Prensa y como corresponsal desde Buenos Aires de un diario de León, España.

Daniel Cabezas, también hijo de Thelma y hermano mayor de Gustavo, le dijo a Página/12: “Hace dos años esperábamos que este momento se concretara. Para toda la familia ha sido muy importante la continuidad de la causa, porque estaba muy frenada. La indagatoria al jefe de redacción de Para Ti para nosotros comprueba que la dictadura necesitó de colaboradores civiles como Bottinelli. Al margen de lo que pueda decir la Justicia, mi madre fue víctima de un operativo de prensa de la Editorial Atlántida, y su revista. Quiero decir sobre todo que ella no concedió un reportaje, jamás dio esa entrevista que publicaron en 1979”.

Llonto aspira a que el periodista “sea procesado, porque además ésta es una de las causas judiciales más antiguas que hay en la Argentina y Thelma merece que tanto esfuerzo de lucha por la verdad y la justicia se consagre lo más pronto posible con un juicio oral”. El juez Torres tiene ahora diez días hábiles para decidir la situación del ex editor de Para Ti.

El arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti, imputado por encubrir al ex capellán militar Aldo Vara mientras estuvo prófugo de la Justicia, prestó ayer declaración indagatoria durante cuatro horas ante el juez federal Alvaro Coleffi. Según informó el Ministerio Público, Garlatti negó conocer el paradero del fallecido Vara, dijo no haber tenido una relación fluida porque pertenecían a “corrientes de pensamiento diferentes dentro de la misma Iglesia” y afirmó que la diócesis de Ciudad del Este mintió cuando informó que había recibido a Vara “a pedido de su obispo”. “No dice la verdad”, declaró Garlatti en referencia al comunicado difundido por el obispo esteño Rogelio Livieres Plano luego de que Interpol encontrara y detuviera al prófugo en Paraguay. El empresario inmobiliario Leopoldo Bochile, quien fuera apoderado del ex capellán del Ejército imputado por delitos de lesa humanidad, se negó a declarar.

Garlatti llegó al juzgado pasadas las 8.10 junto a su abogado Héctor Bertoncello. Escuchó la acusación y las pruebas en su contra, que le expuso el juez Coleffi, y luego comenzó una larga exposición a la que siguieron varias preguntas, informó el Ministerio Público, que estuvo representado por la fiscal María Cristina Manghera de Marra.

“Me van a perdonar, pero no voy a hacer por el momento ninguna declaración. Discúlpenme, ya se van a enterar de todo en su momento”, dijo ante los periodistas locales al salir del juzgado, a las 12.30. “Estoy muy tranquilo e hice todo lo que tenía que hacer, dije todo lo que tenía que decir. Que dios los bendiga”, agregó antes de subirse a un auto.

Según su defensor, Garlatti se explayó sobre “el gravísimo conflicto que tuvo con Vara en Mendoza, en (la congregación de) el Verbo Encarnado, que responde a una ideología de ultraderecha, situación que inclusive lo llevó a ir varias veces a Roma”. “Nosotros acompañamos notas donde Vara lo atacaba gravemente a Garlatti, estamos hablando del año 2001, antes de que fuera nombrado obispo. Es más, fue con el hoy Papa, el por entonces cardenal Bergoglio, a Roma, a puntualizar las disidencias con este tema porque de acuerdo con lo que dijo el arzobispo, esa agrupación tenía un seminario y captaba a chicos para ser seminaristas –por ejemplo en Bahía Blanca– y no les avisaba a los padres, una situación de mucha seriedad”, manifestó Bertoncello, quien dijo confiar “totalmente en que Garlatti es inocente”.

Consultado sobre el Fondo de Solidaridad que cobraba mensualmente Vara, el abogado aseguró que “no era el obispo” quien lo pagaba. “No sé quién le entregaba la plata a Vara. Se sabía que había un apoderado, pero el poder por escribano no existía, sólo una nota que le dejó a Rómulo García, el antecesor de Garlatti”, declaró Bertoncello. “Se hizo hincapié sobre algunas notas y las formas en que un sacerdote se va de una diócesis, temas de derecho canónico como por ejemplo a quién se pide autorización para irse”, explicó. “Nosotros ofrecimos también pruebas y, con respecto al tema del dinero, es un fondo fiduciario que se maneja desde Buenos Aires”, agregó. En cuanto a la tranquilidad mostrada por su defendido, dijo que el arzobispo “es una persona demasiado tranquila para la situación que vive” y confesó que “yo en una situación como ésta no estaría con esa tranquilidad”.

En segundo turno se presentó el empresario Bochile, quien por consejo de su abogado hizo uso de su derecho a guardar silencio. Bochile era el apoderado de Vara y cobraba en su nombre un beneficio jubilatorio, incluso durante los ocho meses que el ex capellán estuvo escondido en una parroquia de Ciudad del Este. El empresario, titular de Bochile Inmobiliaria en Bahía Blanca, es defendido por el abogado Rubén Diskin, quien defiende a su vez a varios militares imputados por crímenes de lesa humanidad y al director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot. Bochile se retiró acompañado por su hijo y por Diskin, sin hacer declaraciones.

Garlatti conduce la diócesis de la que dependía Vara, quien a poco del comienzo del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca decidió mudarse a Paraguay y fue acogido en una parroquia de Ciudad del Este “a pedido de su obispo”, según informó Livieres Plano y desmintió ayer Garlatti. De la investigación del Ministerio Público surge que el arzobispado continuó pagándole un beneficio jubilatorio al capellán mientras estaba prófugo, al tiempo que omitía aportar ese dato y decía desconocer su paradero ante los requerimientos del juez Coleffi. Tanto el Vaticano como la Conferencia Episcopal Argentina y los arzobispados de Mendoza, San Rafael, La Plata y Bahía Blanca dijeron desconocer el paradero de Vara. Garlatti agregó que Vara no había elevado ninguna solicitud para trasladarse al exterior y omitió decir que seguía cobrando el Fondo de Solidaridad por medio de su apoderado.

Agustín Bottinelli es un periodista que quizá pase inadvertido por su nombre, pero no por el delito que se le imputa. A los 65 años, ayer ingresó acompañado por un defensor oficial a los tribunales de Comodoro Py. Había conseguido postergar su declaración indagatoria hasta que se vio obligado a comparecer para responder por el papel que cumplió durante la última dictadura. Sus dilaciones procesales agregaron años a los años de una causa donde se investiga si le cabe responsabilidad penal al ex editor de la revista Para Ti, la publicación de Editorial Atlántida, por una entrevista apócrifa a la ex detenida-desaparecida Thelma Jara de Cabezas.

El periodista, un hombre de 30 años cuando conducía la revista, declaró que desconocía lo que sucedía en la Argentina para la época del reportaje fingido titulado “Habla la madre de un subversivo muerto”, y que salió en el número 2983 del 10 de septiembre de 1979. Además, deslindó responsabilidades sobre su publicación y se las atribuyó al fallecido Aníbal Vigil, uno de los dueños de Atlántida. Pidió también medidas probatorias para su defensa, como que el Juzgado Federal Nº 12 a cargo de Sergio Torres cite a declarar a los periodistas Mario Mactas y a la jefa de redacción de Para Ti, Lucrecia Gordillo, además de a otros integrantes del staff.

Jara de Cabezas lleva treinta años reclamando justicia por este caso. Es la madre de Gustavo, su hijo de 17 años secuestrado y desaparecido el 10 de mayo de 1976 en una plaza de Martínez. En 1984 presentó su primera denuncia contra los responsables civiles de la maniobra pergeñada junto a los grupos de tareas de la ESMA, donde estuvo detenida.

La entrevista adulterada se la realizó un tal Américo Cerritti, en una confitería de Figueroa Alcorta y La Pampa, en el barrio del Bajo Belgrano. La habían sacado antes del centro clandestino de la Armada vigilada por una patota que lideraba el represor Ricardo Miguel Cavallo.

Le hicieron decir en la nota publicada en 1979, cuando Jara de Cabezas estaba secuestrada, que las madres argentinas “estén alertas, que vigilen de cerca a sus hijos. Es la única forma de no tener que pagar el gran precio de la culpa, como estoy pagando por haber sido tan ciega, tan torpe”. Esta adulteración de los hechos daba pie al remate de la entrevista donde se le preguntaba a la detenida-desaparecida:

–¿En quién confía hoy?

–En Dios.

–¿Qué le pide hoy a Dios?

–Que no haya más madres desesperadas ni chicos equivocados.

Pablo Llonto, el abogado de la querella, le dijo a Página/12 después de la indagatoria a Bottinelli: “Es la primera vez que un periodista es imputado por su participación en un delito de lesa humanidad a causa de actos que formaron parte del plan de exterminio; en este caso, un reportaje falso. Se abre así un nuevo andarivel en la búsqueda de los responsables civiles del terrorismo de Estado. Los medios de comunicación y muchos de los periodistas que dirigían las revistas de Editorial Atlántida y otros medios hegemónicos como La Nación, La Razón, Clarín y de distintas provincias, cumplieron el rol de activos agentes de operaciones psicológicas concertadas con los servicios de inteligencia de las tres fuerzas, la policía, los gendarmes y la prefectura”.

Jara de Cabezas fue forzada a conceder más de una nota falsa. El periódico uruguayo News World de la secta Moon le realizó una entrevista, presuntamente en Uruguay, publicada el 22 de agosto de 1979 y que Para Ti citó como antecedente de lo que significaba “un testimonio esclarecedor y tremendo que descubre los métodos de la subversión”. La mujer, ex secretaria de la Organización de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, lejos de convalidar la adulteración, se presentó ante la Justicia en 1984 y contó que su supuesta estadía en Montevideo había consistido en que la sacaron de la ESMA y le “hicieron fotografías en zonas de Buenos Aires, colocándose a mis espaldas carteles falsos que indicaban que estaba en Uruguay”.

En la querella contra los integrantes del directorio de Atlántida, se formula que “estaban en conocimiento de la preparación y elaboración del reportaje y de otras notas sobre lo que sucedía en la ESMA y otros centros clandestinos de detención”. Bottinelli no era una pieza menor en ese entramado. Con los años se alejó del grupo Vigil. Se desempeñó en el diario La Prensa y como corresponsal desde Buenos Aires de un diario de León, España.

Daniel Cabezas, también hijo de Thelma y hermano mayor de Gustavo, le dijo a Página/12: “Hace dos años esperábamos que este momento se concretara. Para toda la familia ha sido muy importante la continuidad de la causa, porque estaba muy frenada. La indagatoria al jefe de redacción de Para Ti para nosotros comprueba que la dictadura necesitó de colaboradores civiles como Bottinelli. Al margen de lo que pueda decir la Justicia, mi madre fue víctima de un operativo de prensa de la Editorial Atlántida, y su revista. Quiero decir sobre todo que ella no concedió un reportaje, jamás dio esa entrevista que publicaron en 1979”.

Llonto aspira a que el periodista “sea procesado, porque además ésta es una de las causas judiciales más antiguas que hay en la Argentina y Thelma merece que tanto esfuerzo de lucha por la verdad y la justicia se consagre lo más pronto posible con un juicio oral”. El juez Torres tiene ahora diez días hábiles para decidir la situación del ex editor de Para Ti.