CURIOSAMENTE LOS DOCUMENTALES HAN DESAPARECIDO COMO POR ENCANTO DEL SERVIDOR QUE LOS SUMINISTRABA ( YOUTUBE ) QUIZÁS
LA CENSURA , QUIZÁS LA PRETENSIÓN DE BORRAR DE LA HISTORIA UNOS HECHOS
DE LOS QUE SUS PROTAGONISTAS ACTIVOS Y ACTUALES SE AVERGüENZAN . AHÍ
DEJO LOS ANTIGUOS ENLACES , TESTIMONIO DE QUE EXISTIERON , PERO ALGUIEN
HA OBRADO PARA QUE DESAPAREZCAN MISTERIOSAMENTE . . .
" Se
puede engañar a todo un pueblo durante algún tiempo , se puede engañar
a una parte del pueblo siempre , pero no se puede engañar siempre a
todo el pueblo " .
( 1809 - 1865 )
ABRAHAM LINCOLN . 16º Presidante de los EEUU de America .
"Todo
ello quería llevarse a cabo, al menos por parte de los socialistas,
guardando algunas formas constitucionales; es decir, derribando al
gobierno de UCD mediante un voto de censura, para formar, a
continuación, un "gobierno fuerte" presidido por un general, o lo que Carrillo decía: "un gobierno de concentración" [...] La primera denuncia pública que Suárez hizo de esos proyectos, la pronunció ante los periodistas que le acompañaban en su viaje a Lima el mes de julio de 1980: "Conozco la iniciativa del PSOE de querer colocar en la presidencia del gobierno a un militar. ¡Es descabellado!"...
"Le
reiteré, finalmente, que en mi opinión la situación estaba muy mal; que
se habían encendido hacía tiempo las señales de alerta para la
democracia y que, no teniendo la mayoría absoluta en el Parlamento,
debía buscarse la coalición con el partido de la oposición. Me miró con
tristeza diciendo:
"Sí,
ya sé que todos quieren mi cabeza y ése es el mensaje que mandan hasta
los socialistas: un gobierno de coalición presidido por un militar: el
general Armada. No aceptaré ese tipo de presiones, aunque tenga que salir de la Moncloa en un ataúd", sentenció Suárez.
"El nacionalista vasco Marcos Vizcaya me llegaría a confesar meses después que, veinte días antes del 23-F, Alfonso Guerra
le llamó por teléfono para interrogarle sobre la disposición de su
partido a participar en un gabinete de concentración presidido por un
militar"
Alfonso Felipe González .
Guerra
Estas consultas de Guerra, así como algunos comentarios que Felipe Gonzálezhizo
en público [...], prueban que la participación en la conspiración
militar era una actividad que se desarrollaba desde las máximas alturas
del PSOE y por tanto desresponsabiliza en parte el papel que en ello
jugaron otros socialistas, como Múgica, Raventós o Ciurana. El diputado
comunista Jordi Solé Tura también tuvo relaciones con el general
Armada, y, al parecer, en el gobierno que éste "había de formar", el
representante del PCE-PSUC iba a asumir la cartera del Ministerio de
Trabajo".
"Fue en esta reunión que Armada se descubrió personalmente delante de Tejero como jefe de la operación.
Cortina le indicó al guardia civil que los socialistas no darían nada
de guerra, que aceptarían lo que les propusiera, que también veían la
necesidad de un golpe de timón. Se le explicó, al parecer, no demasiado
bien, que su operación en el Congreso se tendría que reconducir hacia
el objetivo político de Armada. Según la declaración que hizo en el
juicio, a Tejero en aquél momento le dieron a entender que el nuevo
gobierno sería sólo de militares, y que el verdadero jefe era el Rey,
que lo apoyaba totalmente. Armada, en concreto, le explicó:
"La
monarquía necesita robustecerse, por ello, Su Majestad me ha encargado
esta operación. Matizó, además, que la Corona y la Democracia
seguirían incólumes, aunque ya hay preparados varios decretos que
entrarán en vigor".
El teniente Coronel de la Gaurdia Civil
Antonio Tejero Molina , pistola en mano , toma el Congreso de los Diputados el 23-F de 1981 .
Antonio Tejero,
que tenía su confianza puesta en Miláns del Bosch, sabía que su misión
duraba "hasta que llegase una autoridad militar que pronunciase la
consigna: "Duque de Ahumada", preguntó a Armada "si el general Miláns
formaría parte del Gobierno. Armada le contestó que ni Miláns del Bosch
ni ningún militar estarían en el Gobierno y que solamente él que sería
el presidente. Tejero pidió explicaciones a Armada, quien le dijo que
en el gobierno estarían Felipe González, Múgica Herzog, Solé Turá y
otro representante de UCD. Desengañado, Tejero terminó el diálogo con
Armada y ordenó a dos guardias civiles que le condujesen a la salida y
que no entrara sin su permiso.
Comandante Ricardo
Pardo Zancada .
Sin embargo, el desenlace de la situación todavía no había dado todo de sí. A las dos de la mañana el comandante Ricardo Pardo Zancada
partió de la División Acorazada Brunete hacia las Cortes, al mando de
una columna de 113 efectivos en apoyo de Tejero, y nadie interceptó su
marcha entrando en el Congreso sin encontrar resistencia. Mas tarde
llegó el capitán de Navío Camilo Menéndez Tolosa con igual propósito y
tampoco tuvo dificultades para entrar.
Jaime Miláns del Bosch a las 2:30 del martes 24 —ocho horas después de que Tejero ocupara el Congreso-
y al manifestarle el propio Rey por teléfono y telex que no aceptaba la
formación de un Gabinete Militar, retiró los tanques de las calles de
Valencia, pero no levantaba el Bando militar. El Rey le había dicho: "Juro, que no abdicaré la Corona ni abandonaré España. Quien se subleve está dispuesto a provocar una guerra civil".
Miláns consultó a otros capitanes generales y entre las 04:00 y las 05:00 de la madrugada, comprendió que no le secundaban ya ni sus propios oficiales. A las 05:00 retiró el Bando y renunció a seguir.
Teniente General
Milans del Bosch .
A las 11:00 horas del martes 24 de febrero de 1981, el director general de la Guardia Civil comunica que el teniente Coronel Antonio Tejero
está dispuesto a entregarse bajo condiciones, pero que éstas sólo las
comunicará al general Armada. La Junta decide que el general Armada
entre de nuevo en el Palacio del Congreso para recibir las condiciones
del teniente coronel ocupante.
Teniente Coronel de la Guarda Civil Antonio Tejero
acompañado por otro militar .
El general Armada
informa al PREJUJEM de las condiciones que exige Tejero para deponer su
actitud. La Junta las considera aceptables y así lo manifiesta a S.M.
el Rey, que también las admite.
General Armada.
Se encargó de redactar las condiciones de Tejero el coronel de Infantería Eduardo Fuentes Gómez de Salazar, el cual en una hoja en blanco con el membrete de las Cortes, escribió:
"Condiciones "
-Salir la columna de la DAC los últimos y por la zona donde apuntan los vehículos (no S. Jerónimo).
-En columna motorizada y se entregará en El Pardo.
-No responsabilidades de teniente para abajo. Lo último Suboficial.
-Ningún fotógrafo. Itinerario despejado y dos motoristas conduciendo.
Tcol. Tejero
-Quiere que venga el Gral. Armada.
-Suboficiales y Guardias sin responsabilidad".
General Gabeiras . General Milans del Bosch .
Gabeiras giró la cabeza hacia el rey, entre sorprendido y alarmado, e hizo exclamar a Suárez:
¡No mire al rey, míreme a mi!
A las 14,30 , el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Gabeiras, telefoneó a Miláns del Bosch
y le ordenó que acudiera inmediatamente a Madrid. A las siete en punto
de la tarde, Miláns entró en el Ministerio de Defensa donde fue
detenido inmediatamente. Aquella misma tarde la Junta de Defensa,
reunida en La Zarzuela, con Adolfo Suárez todavía de presidente en funciones, ordenaba a Gabeiras que también arrestara a Armada.
Han
pasado 25 años de la asonada que sembró el terror en una sociedad que
vivió su noche más larga aferrada a los transistores. Un cuarto de
siglo en el que el sistema democrático español se ha consolidado
definitivamente y en el que intervenciones públicas como la del general
Mena sólo traen un vago recuerdo de una pesadilla pasada y la
constatación de que aquellos tiempos no volverán. El 23-F constituye un
icono de una etapa superada y, sobre todo, de una decisión firme y
mayoritaria de transitar por los terrenos de la democracia por parte de
un pueblo que, por millones, se echaba a la calle para defender sus
libertades en los días posteriores. Pero el golpe de Estado mantiene
aún muchas incógnitas a su alrededor. Para una mayoría está claro que
hubo muchos más implicados que no fueron juzgados. También se puede
constatar la generosidad con que la justicia trató a la mayoría de los
autores, muchos de los cuales continuaron su carrera en el Ejército
hasta su jubilación. El tema ha dado para muchos libros y muchas
especulaciones. En estos días asistiremos a numerosos actos
conmemorativos y a un cierto despertar de una memoria incómoda acerca
de unos hechos que hoy ya nos quedan muy lejanos.
Por Pedro Antonio Navarro
Pese
a que todo el mundo es consciente de que detrás del intento de golpe de
Estado de febrero de 1981 (o incluso los diversos "golpes") se
encontraba un número muy superior de implicados de los que, finalmente,
resultaron procesados y condenados solamente 33 personas que fueron
conducidas ante la justicia, de las que sólo una de ellas era un civil
(Juan García Carrés). Además, la primera condena efectuada por el
Consejo Supremo de Justicia Militar, el 4 de junio de 1982, fue
duramente criticada por toda la clase política, debido a la levedad de
la mayoría de las condenas impuestas, y provocó que el Gobierno (de
UCD) elevase un recurso en contra que consiguió un cierto
endurecimiento de las penas por parte del Tribunal Supremo.
La sentencia original quedaba de la siguiente manera:
Para Jaime Milans del Bosch, 30 años de reclusión militar por un delito consumado de rebelión militar.
Antonio Tejero Molina, 30 años de reclusión por un delito consumado de rebelión militar.
Alfonso Armada Comyn, seis años de reclusión por un delito de conspiración para la rebelión militar.
General de división Luis Torres Rojas, seis años de reclusión por un delito de conspiración para la rebelión militar.
Comandante Ricardo Pardo Zancada, seis años de prisión por un delito consumado de rebelión militar.
Coronel Diego Ibáñez Inglés, cinco años de prisión por un delito consumado de rebelión militar.
A tres años y seis meses de prisión por un delito consumado de rebelión militar fue condenado el capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar.
Tres años y un día fue la condena impuesta al coronel José Ignacio San Martín, al coronel de la Guardia Civil Miguel Manchado García y al capitán del mismo cuerpo, José Luis Abad Gutiérrez.
Por conspiración y auxilio a la rebelión, recibieron condenas de tres años de prisión el coronel Pedro Mas Oliver, el capitán de la Guardia Civil Vicente Gómez Iglesias y los capitanes de Infantería Carlos Álvarez Arenas y José Pascual Gálvez.
Dos años fue la pena impuesta a los capitanes de Infantería Javier Dusmet García y José Cid Fortea. Igual condena recaía sobre los capitanes de la Guardia Civil Francisco Acera Martín, Juan Pérez de Lastra, Carlos Lázaro Corthay y Enrique Bobis González.
El capitán de navío Camilo Menéndez Vives recibía un año de condena por auxilio a la rebelión, mientras que el único civil imputado, Juan García Carrés, era condenado a dos años por participación en la rebelión militar.
Fueron
absueltos el comandante José Luis Cortina Prieto, los capitanes Juan
Bautista González y Francisco Ignacio Román, y también los tenientes de
la Guardia Civil, Pedro Izquierdo Sánchez, César Álvarez Fernández,
José Niñez Ruano, Vicente Ramos Rueda, Jesús Alonso Hernáiz, Manuel
Boza Carranco, Santiago Vecino Núñez y Vicente Carricondo Sánchez, que
habían participado en el asalto al Congreso y se apreció la eximente de
"obediencia debida".
El
Gobierno recurría estas sentencias y conseguía un relativo
endurecimiento de las mismas unos meses más tarde, especialmente en el
caso de Alfonso Armada, a quien el Tribunal Supremo elevaba la pena
hasta los 30 años de prisión. Los condenados a seis y cinco años vieron
incrementada su condena hasta los diez.
Actualmente,
ninguno permanece cumpliendo sus penas. El último en abandonar un
establecimiento penitenciario fue el ex teniente coronel de la Guardia
Civil Antonio Tejero Molina. Salió definitivamente de prisión el 3 de
diciembre de 1996. Había pasado varios años en distintas prisiones
militares en Alcalá de Henares, en Figueres (Girona) y Coruña. En 1993,
una asociación de mujeres de militares solicitó su indulto y la Sala
Militar del Supremo resolvió la petición favorablemente, aunque el
Gobierno lo denegó. Sin embargo, recibía el tercer grado penitenciario,
por el que salía de prisión de ocho de la mañana a 12 de la noche y
disponía de 48 días de "vacaciones" al año. En 1994, durante uno de sus
permisos, recibió un multitudinario homenaje al que acudieron muchos de
sus "ex compañeros" en la asonada, así como importantes figuras de la
ultraderecha española. Tras tres años de régimen abierto, el juez
militar de vigilancia estableció cinco años y 57 días de redención de
pena por el trabajo, con lo que le permitió haber cumplido tres cuartas
partes de su condena y, automáticamente, la obtención del derecho de
excarcelación.
En
todo este tiempo nunca ha expresado arrepentimiento y ha continuado
manteniendo reuniones con líderes de la extrema derecha. Su último
"acto público" fue la publicación de una carta en un diario de Melilla
en la que se sumaba a la petición de un referéndum sobre el estatuto de
Autonomía de Cataluña que propugna el Partido Popular.
Jaime
Milans del Bosch fue puesto en libertad el 1 de julio de 1990, tras
haber cumplido sólo la tercera parte de su condena, debido a "razones
de edad". Falleció en Madrid en 1997. En la única entrevista que
concedió durante su estancia en prisión (a Fernando Vizcaíno Casas),
aseguraba que volvería a actuar del mismo modo en circunstancias
similares. Nunca solicitó el indulto porque decía no sentirse culpable
de ningún delito.
De
todos los condenados, ya fallecieron, además de Milans del Bosch, Luis
Torres Rojas, Diego Ibáñez Inglés, Pedro Mas Oliver, José Ignacio San
Martín y el civil Juan García Carrés.
Los
altos mandos que participaron en la asonada continúan percibiendo la
pensión de jubilación máxima. Son los casos de Alfonso Armada, Antonio
Tejero y, antes de su fallecimiento, Jaime Milans y José Ignacio San
Martín. Otros mandos también perciben pensiones próximas al máximo, y
para ello, pese a haber sido expulsados del Ejército tras sus condenas,
se han computado los trienios hasta la actualidad. En esa situación
están Ricardo Pardo Zancada, Miguel Manchado García, José Luis Abad
Gutiérrez y Jesús Muñecas, que además fue el organizador del homenaje a
Tejero en la escuela de equitación que regentaba en Valdemoro (Madrid),
en 1994.
El
comandante José Luis Cortina se encontraba hasta fechas recientes en la
reserva, con una alta remuneración sin complemento de destino y en una
situación que la ley permite que sea compatible con la actividad
privada. Además, en muchos de estos casos, los protagonistas del 23-F
han conservado sus viviendas militares.
De
los tenientes de la Guardia Civil que participaron en el asalto al
Congreso y que fueron absueltos, han llegado al grado de teniente
coronel Jesús Alonso Hernáiz, César Álvarez Fernández y Pedro Izquierdo
Sánchez. En 2001, Vicente Carricondo era comandante. Vicente Ramos
Rueda, el teniente que zarandeó a Manuel Gutiérrez Mellado, se retiró
con el grado de comandante. Todos los citados participaron en el famoso
homenaje a Tejero en Valdemoro. Francisco Acera y Juan Pérez de la
Lastra pasaron a la reserva por razones de edad con el grado de
teniente coronel. Francisco Acera estuvo implicado en el escándalo del
Patronato de Casas de la Guardia Civil –finalmente disuelto por orden
gubernativa-, en el que algunos generales, coroneles y altos mandos del
cuerpo habían revendido por el triple de su valor los chalets
construidos por el citado organismo.
Carlos
Lázaro Corthay se retiró como coronel y es en la actualidad vocal de la
Junta Nacional de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.
En el VII Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, celebrado en
Madrid en octubre de 2005, fue secretario de la ponencia sobre
"Discriminación laboral por edad". Ha escrito artículos en la
publicación oficial de la Guardia civil, como el aparecido en su número
15, de 1996, titulado "Delitos contra el patrimonio y contra el orden
socioeconómico".
Manuel
Boza se retiraba con el grado de capitán, mientras que Enrique Bobis,
que en todo momento permaneció junto a Antonio Tejero en el Congreso de
los Diputados, a punto estuvo de agredir al entonces general Armada, a
quien consideraban "traidor", cuando éste entró en el edificio para
tratar de negociar una salida. En 1997, el Gobierno de José María Aznar
lo nombraba enlace entre la Guardia Civil y el Ministerio de Medio
Ambiente, lo que ocasionó varias preguntas parlamentarias por parte de
la oposición acerca de la idoneidad de su nombramiento.
Hace
pocas fechas, Ricardo Pardo Zancada publicaba una carta en el periódico
de Internet, Minuto Digital, en la que se solidarizaba con el
destituido general Mena. En su misiva comenta: "(...) en su día expresé
mi voto negativo a una Constitución de la que estaba ausente dios; que
consagraba los términos nación y nacionalidades para las que desde
hacía siglos eran regiones de España (...) Y aquí se produce la
paradoja. Ahora, no me queda más remedio que estar con una Constitución
que sigue sin gustarme, y ponerme tras las pancartas en su defensa.Y
lo hago sin que me duelan prendas, porque mi meta no es el
mantenimiento de poder alguno. Mi meta y mi fe es una España unida y en
paz".
Aunque
José Ignacio San Martín fallecía tras una dolorosa enfermedad en 2004,
su hijo, también José Ignacio San Martín, teniente coronel de
Infantería en la reserva, también ha saltado a los medios de
comunicación en defensa de Mena. Para él existen ciertos paralelismos
entre la situación que desencadenó el 23-F y los momentos actuales:
"Los temas que desencadenaron el golpe de Estado fueron el
independentismo autonómico y el terrorismo. Ahora mismo, el problema
etarra y el problema autonómico continúan ahí", aunque hacía hincapié
en que como militar en la reserva, seguía "sometido a disciplina".
En
1988 fueron indultados Alfonso Armada, Luis Torres Rojas, Miguel
Manchado y Vicente Gómez Iglesias, que habían expresado su
arrepentimiento, a diferencia de lo ocurrido con Tejero y Milans.
Manchado, que continúa siendo amigo de Tejero, se dedica a la pintura y
al cultivo de sus huertos de limones. Armada también se dedica al
negocio agrícola.
El
civil Juan García Carrés falleció de un infarto en 1986. Se había
casado con la viuda de un militar y había registrado las siglas 23-F
como marca comercial. Dejó escritas sus memorias y en su testamento
recalcaba que si moría, en ningún caso se trataría de un suicidio. Los
últimos tiempos había declarado en reiteradas ocasiones que se sentía
amenazado.
Curiosamente,
todos los condenados en el juicio del 23-F, cuyas penas no llevaron
aparejada la separación definitiva del servicio y la expulsión de las
Fuerzas Armadas, han sido galardonados con la Cruz de San Hermenegildo
al cumplirse 20 años de servicio en cada caso, lo que también comporta
un incremento en sus percepciones y en sus pensiones. Sin embargo, esta
distinción no se ha concedido a ninguno de los miembros de la extinta
Unión Militar Democrática.
UN GOLPE Y MUCHAS INCÓGNITAS
¿Hubo
un solo intento de golpe de Estado o estaban en marcha otras
conspiraciones paralelas? ¿Únicamente estuvieron implicadas 33 personas
en la operación que ha supuesto el mayor peligro para la democracia
española? ¿Era lógico que la condena a los implicados en la
inmediatamente anterior "Operación Galaxia" quedara en siete meses de
prisión? ¿De verdad estuvo implicado el CESID y los servicios secretos
norteamericanos? ¿Por qué el entonces secretario de Estado de EEUU,
Alexander Haig, manifestó durante el asalto al congreso que lo sucedido
era un "asunto interno" de España"? ¿Por qué durante los días previos
al 23 de febrero las tropas de las bases estadounidenses se encontraban
en estado de alerta? ¿Por qué dimitió el presidente Adolfo Suárez y
declaró: "No quiero que la democracia sea, una vez más, un paréntesis
en la historia de España"? ¿Por qué el considerado "hombre del
maletín", el capitán Sánchez Valiente, se marchó fuera del país y no
regresó hasta años más tarde y entonces fue juzgado por "abandono de
destino", y no como implicado en la asonada? ¿Por qué el rey Juan
Carlos no utilizó cualquier emisora de radio privada, que no estaban
ocupadas por las fuerzas militares, para emitir el mensaje que no hizo
público en televisión hasta pasadas la una de la madrugada?
Estas
y muchas otras interrogantes han quedado sin respuesta después de 25
años. Teorías existen muchas, y también muchos dedos que inculpan y
otros que exculpan. Lo cierto es que, pese a haber sido objeto de más
investigaciones que ninguna otra cuestión a lo largo de toda la
historia de este país, y de haberse publicado un número casi infinito
de libros y ensayos al respecto, nadie ha podido aportar datos o
pruebas que amplíen el conocimiento de lo sucedido.
Existe
incluso una teoría que aboga por que el golpe del 23 de febrero de 1981
no fracasó, sino que consiguió sus objetivos. A raíz de aquella
situación, la izquierda y las políticas de izquierda se debilitaron, la
conflictividad laboral descendió espectacularmente. Las organizaciones
sociales, que conservaban un notable poder político, tales como
asociaciones vecinales, sindicatos, o bien desaparecieron, o se
"domesticaron". La entrada en la OTAN se producía de forma fulminante y
el poder económico ya no estaba cuestionado, manteniéndolo, en líneas
generales, los mismos que lo ostentaban durante el régimen franquista.
Y la monarquía, una institución bastante debilitada por aquellos días,
salía enormemente reforzada como garante de los valores democráticos y
la estabilidad política.
Pero
esto tampoco ha podido ser demostrado. Lo único evidente es que todavía
hoy periodistas, historiadores y estudiosos del tema no se ponen de
acuerdo acerca de cuántas tramas confluían en aquel momento. La
posibilidad de que un intento de una especie de "Operación DeGaulle"
–que emularía la acontecida en Francia y que terminó con el general
francés presidiendo un Gobierno de concentración nacional- podría haber
estado patrocinada por el ex general Alfonso Armada, con él en el papel
del histórico dirigente galo, y que hubiera confluido con otra u otras
conspiraciones capitaneadas por personajes mucho "más duros" del
estamento militar muy enraizados en la herencia franquista.
También
resulta obvia la resistencia y la determinación de la población
española contra este intento de secuestrar el poder civil y retornar a
los tiempos oscuros de la dictadura. Millones de personas salían a las
calles por todo el territorio nacional para mostrar su repulsa ante la
asonada y su firme decisión de proseguir por el camino de un sistema
democrático equiparable al de nuestros vecinos europeos.
Las
ligeras sentencias con que los responsables fueron castigados – a
excepción de Tejero y Milans del Bosch- dejaban al descubierto que la
justicia militar de entonces asumía de mala gana el enjuiciamiento de
sus propios compañeros, y lo que era más evidente, que se hacía
necesario introducir cambios y reformas en el estamento militar y en su
organización para terminar con la sensación de que convivían dos
poderes en el Estado, el civil y el militar.
Las
reacciones a la sentencia no se hicieron esperar. El Gobierno presidido
por Leopoldo Calvo Sotelo decidía interponer inmediatamente un recurso
ante el Tribunal supremo –que, finalmente endureció algo las condenas,
en especial, la de Alfonso Armada-; los partidos de la oposición se
sumaban a las críticas y apoyaban al ejecutivo en su decisión de
recurrir. Hasta el ya ex presidente Adolfo Suárez acudía a la tribuna
pública y escribía un texto en el diario El País con el expresivo
título de "Yo disiento". En él argumentaba que las sentencias
producidas "no protegen de manera suficiente los derechos del pueblo
español (...) No se disuade a los que puedan participar en una rebelión
militar si se personalizan las penas en los promotores y se libra a
quienes las secundan y actúan fuera de la ley (...) No hay libertad
bajo el miedo, no hay derechos ciudadanos bajo el miedo, no se puede
gobernar bajo el miedo (...) es natural que la lectura de la sentencia
produzca desasosiego entre quienes padecimos la violencia golpista y
entre todos los demócratas del país y aún del mundo entero
(...) No
parece admisible que, por lo que respecta específicamente a los
tenientes de la Guardia Civil procesados, se haga jugar, de algún modo,
la eximente de obediencia debida (...) Es preciso dejar muy claro que
en España no existe un poder civil y un poder militar. El poder es sólo
civil".
Pese
a esta casi unanimidad de la clase política y de los ciudadanos, los
ruidos de sables nos acompañaron durante los siguientes años y se
cumplieron algunas de las premisas de los que defienden que el golpe,
realmente triunfó y consiguió su objetivo: dar un golpe de timón a la
situación política. Afortunadamente, los años y las medidas políticas
adoptadas por los diversos gobiernos en cuanto a las Fuerzas Armadas,
consiguieron poner sordina a ese sonido metálico que pesaba sobre la
conciencia colectiva y sembró un temor del que resultó difícil
recuperarse. El papel constitucional del Ejército resulta claro y son
pocos los vestigios del pasado que perviven en su seno. Su
profesionalización, su proyección internacional y la naturaleza
humanitaria de muchas de sus misiones contribuyen a reforzar este
papel. Su subordinación al poder civil democráticamente establecido es
más clara que nunca, por lo que declaraciones como la del destituido
general Mena ya no producen el temor de antaño y pueden ser
consideradas una desgraciada anécdota.
Los libros del golpe
El
intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 también tuvo
consecuencias en el ámbito editorial español. Una infinidad de títulos
que se ocupaban de la descripción de lo sucedido, de investigaciones
más o menos serias y documentadas al respecto, de la profundización en
alguno de sus aspectos o, simplemente, conteniendo hipótesis y
elucubraciones sobre la cuestión, han visto la luz a lo largo de estos
25 años. Desde el primero de ellos, editado sólo unas semanas después
de la intentona, "El golpe: Anatomía y claves del asalto al Congreso",
de Miguel Ángel Aguilar, Julio Busquets e Ignacio Puche, hasta el
último conocido, "El 23-F, la historia no contada. Caso Tejero 25 años
después", del periodista José Oneto, pasando por otros narrados en
primera persona por alguno de los condenados por su participación,
todos han buscado profundizar o "aprovecharse" de la curiosidad que aún
hoy despierta uno de los capítulos más negros y llenos de dudas de
nuestra historia reciente.
Alguno
de estos textos manifestaba una declarada simpatía por los golpistas.
Es el caso de "23-F. Crónica fiel de un golpe anunciado", escrito por
Juan Blanco y publicado por Fuerza Nueva. El que fuera subdirector del
diario ultraderechista "EL Alcázar" (perteneciente a la Hermandad de ex
combatientes y cuya edición del 24 de febrero de 1981 fue secuestrada
por orden gubernativa) arroja una tesis justificativa de la actuación
de los sublevados y deja en muy mal lugar al ex general Alfonso Armada.
"El
23-F sin máscaras", del polémico historiador Ricardo de la Cierva
menciona algunos hechos controvertidos, como la supuesta intención de
la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) de hacerse provisionalmente
con el poder tras la ocupación del Congreso por parte de las fuerzas de
Tejero.
En
el capítulo autobiográfico podemos encontrar "La pieza que falta", de
Ricardo Pardo Zancada, en el que continuamente deja entrever su "honor
herido" y critica la actitud del general Armada y también la del rey,
aunque también entra en muchos detalles concretos de la operación. En
la misma línea se encuentra "Apuntes de un condenado por el 23-F, de
José Ignacio San Martín (fallecido en 2004), en el que acusa de mentir
durante el juicio a la mayoría de los imputados y critica con firmeza
el procedimiento judicial al que denuncia por no contar con un "testigo
de cargo" que acusase concretamente a personas y estableciese quiénes,
dónde se reunieron y qué decidieron. Otro de los elementos destacables
de la publicación de San Martín es la sospecha difundida de que muchas
personas no imputadas ni juzgadas formaron parte de la conspiración. En
un capítulo de su libro escribe: "(...) y sólo nos queda la licuosa
seguridad de que fueron más de los 33 enjuiciados los que participaron
en la asonada, militares y civiles".
Para
concluir con este breve repaso a los textos narrados desde sus
protagonistas, cabe destacar el libro "Conversaciones con Alfonso
Armada, del catedrático de Historia Contemporánea José Manuel Cuenca
Toribio. Como su título indica, se trata de una larga charla con una de
las más importantes figuras de la asonada. El ex general y antiguo
preceptor del rey habla de una reunión mantenida con el monarca el 13
de febrero de 1981 durante una hora y media, en la que transmitió el
malestar que se detectaba en el Ejército y su sospecha de que podría
producirse algún "hecho grave". Armada trató de declarar en este
sentido durante el proceso contra los implicados, lo que le fue
impedido por el tribunal.
"El
golpe que nunca existió", escrito por un ex militar –éste de conocida
trayectoria democrática-, Amadeo Martínez Inglés, que, en sus capítulos
finales incluye dos conversaciones con el ex teniente general Jaime
Milans del Bosch y el testimonio del capellán Mariano del Cid, que se
encontraba en la prisión de Alcalá coincidiendo con Alfonso Armada. Según sus declaraciones, el ex general le
había contado que a mediados de 1980, el rey le había propuesto ser el
presidente de un Gobierno de concentración nacional para salvar la
situación crítica por la que atravesaba el país. Con posterioridad a la
publicación de este tomo, el propio Armada desmentía personalmente este
extremo.
En
"23-F: el golpe del CESID", Jesús Palacios establece la tesis de que
los servicios de inteligencia españoles se encontraban detrás de la
intentona y personalizando en Jesús Calderón –secretario general del
CESID en aquellos momentos- la responsabilidad de los hechos. También
se apunta a la responsabilidad del espionaje español en el golpe en el
libro "La conjura de los necios", de los periodistas Fernando Jáuregui,
Pilar Cernuda y Manuel Ángel Menéndez. En su obra se desvela la
existencia de un informe elaborado por el organismo de inteligencia –el
"Informe Jáudenes" (por el nombre de su autor)- en el que se
manifiestan sospechas sobre la implicación de diversos mandos del
CESID. Y se revelan detalles de las conversaciones de Alfonso Armada con Enrique Múgica y otros dirigentes socialistas del momento.
En
el último de los libros sobre un asunto que tanto negocio ha dado a las
editoriales, "el 23-F. La historia no contada. Caso Tejero 25 años
después", el periodista José Oneto argumenta que la
dimisión del ex presidente Adolfo Suárez, el 29 de enero de 1981, se
produjo porque éste ya conocía los planes del golpe y trataba de
frenarlo con esta maniobra. Pese a ello, Alfonso Armada decidía
entonces acelerar los plazos. Oneto, que ha mantenido
conversaciones con más de 150 personas para la obtención de su
información, sostiene también que los servicios secretos
norteamericanos y, más concretamente la CIA, conocían el desarrollo de
la trama con bastante fidelidad y se apunta a la implicación del
espionaje español. Según sus investigaciones, a finales de 1980 se
había creado en el seno del CESID una unidad especial para ayudar a
Tejero en los preparativos del golpe. Igualmente, como otras hipótesis
anteriores han mantenido, Oneto explica la existencia de varias tramas
paralelas y de "diversos golpes" preparados casi coincidentes en el
tiempo.
Sólo
son algunos ejemplos de la amplísima producción editorial que el primer
intento de golpe de Estado retransmitido por televisión ha dejado en
las librerías españolas. A continuación incluimos algunos títulos más,
los más representativos; sólo unos pocos de los muchísimos escritos a
cuenta de tan triste episodio:
—"El golpe: anatomía y claves del asalto al Congreso". Miguel Ángel Aguilar, Ignacio Puche y Julio Busquets. Ariel, 1981
—"23-F Ni Milans ni Tejero, el informe que se ocultó". Juan Alberto Perote. Editorial Foca, 2001.
—"17 horas y media: el golpe del 23-F". Javier Fernández. Editorial Taurus, 2000.
—"Con la venia... Yo investigué el 23-F". Pilar Urbano. Editorial Plaza & Janés. 1998.
—"Los cabos sueltos". Diego Carcedo. Editorial Temas de Hoy.
—"Hablan los militares". Miguel Platón. Editorial Planeta.
—"23-F, la verdad". Francisco Medina. Editorial Plaza & Janés.
—"¿Quién venció en febrero?". Pedro Casals. Editorial Plaza & Janés.
—"Pasiones de servidumbre". Antonio García Trevijano. Editorial Foca, 2001.
—"El enigma del elefante". Joaquín Prieto y José Luis Barbería. Editorial Aguilar.
JUAN CARLOS I . EL ÚLTIMO BORBÓN Las Mentiras de la Monarquía Española .
Amadeo Martínez Inglés . CORONEL DEL EJERCITO ESPAÑOL ESCRITOR E HISTORIADOR MILITAR http://es.wikipedia.org/wiki/Amadeo_Mart%C3%ADnez_Ingl%C3%A9s
1º.- Un intento de golpe de Estado,ya
que a estas alturas está fuera de toda duda que, en el otoño de 1980,
dio el visto bueno a sus militares cortesanos (los generales Armada y
Milans) para que planificaran, organizaran, coordinaran y ejecutaran
una ilegal e inconstitucional maniobra político-militar-institucional
(el ya comentado 23-F), de acuerdo con determinadas fuerzas políticas
del arco parlamentario, con el fin de cambiar el Gobierno legítimo de
la nación española y frenar con ello un golpe militar de la extrema
derecha castrense. Maniobra que después sería abandonada por él mismo y
sus compinches políticos ante la estrafalaria entrada del teniente
coronel Tejero en el Congreso de los Diputados, poniendo así en serio
peligro de guerra civil a este país.
Un día como el de hoy, pero del año 1981, a las 18:23 hs la violenta orden retumbó en el Congreso de los Diputados de España : “Todo el mundo al suelo ¡Al suelo!”. El que gritaba, pistola en mano, era el Teniente Coronel Antonio Tejero, un militar de ultraderecha con fama de conspirador, que a 5 años y 3 meses del final de la Dictadura de Franco (1936-1975), daba inicio a una intentona golpista poniendo en riesgo a la entonces joven Democracia española. Ese día, el Congreso votaba la investidura del nuevo Presidente Leopoldo Calvo Sotelo. La sesión se desarrollaba normalmente hasta que una ráfaga de ametralladora anunció el copamiento de la sala por parte de 200 sediciosos armados. Mientras que adentro del Congreso todo era caos, gritos y disparos, afuera la unidad más potente del Ejército, “La Acorazada”, ya estaba lista para tomar Madrid. Sin embargo, apenas comenzada la operación, los altos mandos ordenaron el regreso de los tanques, al enterarse de que el Rey Juan Carlos no apoyaba el Golpe. La enérgica intervención del monarca, fue decisiva para acabar con la asonada militar. En un mensaje a la Nación, ya de madrugada, el Rey, vestido con uniforme, en calidad de Jefe de las Fuerzas Armadas, advirtió que no toleraría ningún ataque al orden constitucional. En 1982, los golpistas fueron condenados a penas de entre un año y treinta años de prisión. Tejero, que junto con Milans del Bosch y Alfonso Armada había recibido el castigo máximo, sería el último en dejar la cárcel, en 1996.
El teniente coronel Tejero, pistola en mano se dirige desde la tribuna de oradores del hemiciclo a los diputados con el grito de "Todos al Suelo", eran las 18.25 h
Tejero se dirige a Landelino Lavilla, Presidente del Congreso
El general Gutiérrez Mellado, se enfrento a Tejero
quien le zarandeó, intentando derribarle al suelo.
El Presidente Suárez
permaneció impasible en su escaño
El General Aránburo Topete, Director General de la Guardia Civil, durante intento negociar con tejero
Fernando Laína, Director de la Seguridad del Estado, actuó de Presidente en funciones
Los Secretarios de Estado y Subsecretarios, se constituyeron en Gobierno Provisional
Los Tanques ocuparon la ciudad de Valencia, tras el Decreto de Estado de Excepción dictado por el General Milans del Bosch. Ninguna otra Región Militar le secundó
.
Mientras se sucedían las negociaciones al más alto nivel para forzar la rendición del Teniente Coronel Tejero y de sus hombres, los militares mantenían cercado el Congreso, en medio de un tenso compás de espera
El Rey, vestido de Capitán General, apareció ante las cámaras de tv, a la 1.14 de la madrugada, dando por fracasado el golpe,
Un número de la Guardia Civil sale por una de las ventanas del Congreso para entregarse
Los diputados liberados
Por fin, las negociaciones entre civiles y militares dieron su fruto y los diputados, después de permanecer 18 intensas horas secuestrados, comienzan a abandonar el Parlamento
El 25 de febrero.
Leopoldo Calvo Sotelo, es elegido Presidente de Gobierno.
Al día siguiente jura su cargo.
24 horas después de la intentona golpista, los españoles salieron a la calle para respaldar la democracia. En Madrid, un millón y medio de personas se manifestaron bajo el lema "Por la libertad, la democracia y la Constitución
AL EXCMO SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo siguiente:
Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, remití al presidente de esa Cámara en la legislatura anterior, señor Marín, un exhaustivo Informe (40 páginas) sobre los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (popularmente conocidos como la "intentona involucionista del 23-F") en el que, después de una larga investigación de más de veinte años, presentaba toda una serie de indicios racionales que apuntaban a que el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable de su planificación, coordinación, preparación y ejecución. En consecuencia le solicitaba la creación de una Comisión de Investigación, conforme a lo que establece el artículo 76.1 de la Carta Magna, que, a pesar del tiempo transcurrido y con los máximos poderes, estudiara, investigara y analizara tan deleznable episodio de la reciente historia de España y depurara las responsabilidades (políticas e históricas, preferentemente) en las que pudo incurrir el monarca español.
En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe sobre el 23-F al presidente del Congreso de los Diputados y visto que éste no parecía dispuesto a acusar recibo del mismo y, mucho menos, a estudiarlo o debatirlo en la Cámara que presidía (aunque me consta que dio traslado del escrito a los diferentes grupos parlamentarios) decidí enviar el prolijo documento al presidente del Senado, señor Rojo, al del Gobierno de la nación, señor Rodríguez Zapatero, y a cada uno de los presidentes de las más altas instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado…etc, etc. Ninguna de las autoridades a las que iba dirigido el, al parecer, "políticamente incorrecto" escrito (a excepción del presidente del Senado, quien acusó recibo a través de la Comisión de Peticiones de la Cámara) contestó al mismo.
Al no obtener ninguna respuesta, tanto del presidente Marín como de los presidentes de las más altas instituciones del Estado, año y medio después, con fecha 23 de febrero de 2007, presenté en el Congreso de los Diputados el mismo Informe solicitando de nuevo la creación de una Comisión que investigara el supuesto golpe de Estado del 23-F; visto, además, lo ocurrido en esa Cámara el día 23 de febrero del año anterior, fecha en que se cumplía el vigésimo quinto aniversario de tan desgraciado evento, al rechazar de plano algunos grupos parlamentarios la nota institucional que pretendía difundir el presidente y que, como venía siendo costumbre en los últimos años, señalaba al rey Juan Carlos como supremo y único "salvador de la democracia y las libertades del pueblo español" puestas en peligro por el golpista Tejero.
Como consecuencia de todo lo anterior y consciente de que el Congreso de los Diputados, con su señor presidente al frente, y el resto de autoridades a las que había dirigido el documento nunca se iban a molestar en acusar recibo del mismo (si sus señorías no quieren debatir tan espinoso asunto que lo haga la opinión pública, primero nacional y después internacional), he decidido publicar todas mis investigaciones sobre el rey Juan Carlos en forma de libro ("Juan Carlos I, el último Borbón". Styria. Febrero 2008), un extenso trabajo sobre la vida del monarca español en el que analizo, después de muchos años de estudio y dedicación, no sólo el ya comentado asunto del 23-F sino algunas de las numerosas y graves irregularidades políticas, militares, familiares, económicas… que ha protagonizado, primero en su juventud y después a lo largo de sus treinta y dos años de reinado. Muchas de estas irregularidades son, obviamente, presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia. Como los que relaciono a continuación
1º.- Un intento de golpe de Estado, ya que a estas alturas está fuera de toda duda que, en el otoño de 1980, dio el visto bueno a sus militares cortesanos (los generales Armada y Milans) para que planificaran, organizaran, coordinaran y ejecutaran una ilegal e inconstitucional maniobra político-militar-institucional (el ya comentado 23-F), de acuerdo con determinadas fuerzas políticas del arco parlamentario, con el fin de cambiar el Gobierno legítimo de la nación española y frenar con ello un golpe militar de la extrema derecha castrense. Maniobra que después sería abandonada por él mismo y sus compinches políticos ante la estrafalaria entrada del teniente coronel Tejero en el Congreso de los Diputados, poniendo así en serio peligro de guerra civil a este país.
2º.- La puesta en actividad, en 1983, de los batallones de la muerte o grupos de terroristas de Estado denominados GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) para hacer desaparecer (matar o secuestrar) miembros de ETA, saltándose a la torera todas las normas y leyes del Estado de derecho y usando las mismas tácticas y técnicas de los separatistas vascos. Grupos de asesinos a sueldo del Estado español que, con el conocimiento y la autorización del Jefe del Estado y comandante supremo de las FAS españolas, el rey Juan Carlos, serían organizados y dirigidos por los servicios secretos militares (CESID) nutriéndose de funcionarios militares y civiles españoles y mercenarios extranjeros.
3º.- Enriquecerse de una forma exagerada e ilegal hasta convertir a su familia en una de las más grandes fortunas de Europa y el mundo, recibiendo sospechosas donaciones y créditos personales desde el exterior y realizando substanciosos negocios aprovechándose de su omnímodo poder institucional y su inviolabilidad ante la ley. Lo que ha propiciado que en treinta años su fortuna se haya elevado, según prestigiosas publicaciones extranjeras (en España el mutismo en todo lo referente a la familia real es absoluto), a la importantísima suma de 1.790 millones de euros (300.000 millones de pesetas). Cifra ésta nunca desmentida por La Zarzuela.
4º.- Ejercer la corrupción continuada y generalizada, al recibir y aceptar como rey y jefe del Estado regalos y donaciones multimillonarias de empresarios y particulares (yates, coches, petrodólares para apoyar la reconquista de Kuwait…)
5º.- Desviar fondos reservados del Estado para pagar sus aventuras galantes y los chantajes de alguna de sus numerosas amantes, como el que tuvo que hacer frente a partir del año 1994 tras su larga relación amorosa de 15 años de duración con una bella vedette del espectáculo español. Que nos ha costado a los contribuyentes españoles más de 500 millones de pesetas, pagados con los fondos reservados del CESID, Presidencia del Gobierno y Ministerio del Interior.
6.- Un presunto asesinato(el simple homicidio ya fue aceptado en su día por él mismo y su familia) cometido en sus años mozos, ya que el 29 de marzo de 1956, con 18 años de edad y siendo un distinguido cadete de la Academia General Militar de Zaragoza, con seis meses de instrucción militar intensiva en su haber y otros seis de instrucción premilitar (experto por lo tanto en el uso y manejo de toda clase de armas portátiles del Ejército español) mató, estando sólo con él y en muy extrañas circunstancias que nunca han sido aclaradas, de un tiro en la cabeza procedente de su propia arma a su hermano Alfonso, de 14 años, el preferido de su padre, don Juan de Borbón. Quien, según muchos políticos del entorno de éste, iba a ser elegido por el conde de Barcelona para sucederle en sus derechos dinásticos a la corona de España ante el proceder de Juan Carlos que ya en esas fechas manifestaba una irregular y perruna obediencia a Franco con vistas a acceder al trono saltándose a su propio padre.
En relación con este turbio asunto (que ha permanecido cincuenta años en el más absoluto de los secretos), el citado trabajo de investigación desmonta una tras otra todas las hipótesis tejidas en su día por la propia familia de Juan Carlos y el dictador Franco para hacer creer a los españoles que todo fue un desgraciado accidente. Supuesto accidente que nunca fue investigado ni por la justicia portuguesa ni por la española, civil o militar, siendo el homicida en aquellas fechas un profesional de las Fuerzas Armadas españolas.
De todos estos presuntos delitos cometidos por el rey Juan Carlos I, que recoge el ya repetidas veces comentado trabajo de investigación, se presentan abundantes indicios de culpabilidad. De la mayoría de los cuales, por otra parte, han tenido constancia en los últimos años las elites mejor informadas de este país (políticos, periodistas, líderes sociales…) pero sin atreverse a denunciarlos y, mucho menos, a perseguirlos. El historiador militar que formula el presente escrito ha decidido ahora darles publicidad en forma de libro para conocimiento de todos los españoles. Libro que, por otra parte, pasados ya dos meses desde su publicación, no ha sido desmentido en ninguno de sus extremos ni por la propia Casa Real española ni por autoridad alguna. Hasta el momento también, tanto el Congreso como los demás poderes del Estado han "callado y otorgado".
En vista de ello, constituidas ya las nuevas Cortes Generales salidas de la voluntad popular expresada el 9 de marzo pasado y comenzado con ello una nueva legislatura, me dirijo a VE como presidente del Congreso de los Diputados para, en virtud de lo que contempla el ya citado artículo 77.1 de la Carta Magna española, exigir la creación de la ya repetidas veces solicitada Comisión parlamentaria que proceda de inmediato a estudiar e investigar las ya muy claras responsabilidades del monarca español en los hechos comentados con anterioridad y que resumo de nuevo:
1º.- La llamada durante años "intentona involucionista del 23-F" y que en realidad no fue tal sino una chapucera maniobra borbónica de altos vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes, para cambiar el Gobierno legítimo de la nación en provecho de la Corona.
2º.- La creación y organización de los autoproclamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), compuestos por determinados estamentos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército (de los que el monarca español tuvo conocimiento antes de que empezaran a actuar a través de documentos reservados del CESID) y que cometieron, con métodos expeditivos criminales, por lo menos veintiocho asesinatos de Estado y un secuestro.
3º.- El sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia (en treinta años ha pasado de la indigencia más absoluta a disponer de una de las mayores fortunas de Europa, según informaciones de toda solvencia que no han sido desmentidas por La Zarzuela).
4º.- La aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de particulares (yates, coches…) que lógicamente harían los interesados persiguiendo algo a cambio.
5º.- Los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Defensa e Interior para enfrentar el chantaje de determinada vedette del espectáculo español, que disponía de comprometedores vídeos sexuales con el rey Juan Carlos.
6º.- La desgraciada muerte del infante D. Alfonso de Borbón en "Villa Giralda" (residencia de los condes de Barcelona en Estoril) el 29 de marzo de 1956 y que al hilo de los análisis incluidos en el trabajo de referencia dejan bastante claro que el supuesto accidente pudo ser en realidad un fratricidio premeditado. Mis estudios como militar y como experto en armas dejan muy pocas dudas al respecto. Como tal hecho nunca fue investigado por la justicia (ni portuguesa ni española) exijo, como historiador y ciudadano español, que se abra un proceso clarificador sobre el mismo, exhumando si es preciso los restos del infante que reposan en el Monasterio de El Escorial e interesando del ministerio de Defensa la documentación que pueda obrar sobre aquel homicidio en los archivos de la Academia General Militar de Zaragoza, con el fin de que expertos judiciales y técnicos en balística y teoría del tiro puedan hacer sus evaluaciones y aclarar definitivamente el misterio que encierra aquél luctuoso suceso de la historia de España. Y dejando abierto el camino para que los jueces establezcan las responsabilidades penales a las que todavía debiera enfrentarse Juan Carlos de Borbón, ya que en aquella época no estaba cubierto constitucionalmente por ningún manto de inviolabilidad o irresponsabilidad y sólo era un profesional del Ejército español (cadete de la Academia General Militar de Zaragoza), sujeto por lo tanto a las leyes penales castrenses.
Responsabilidades que podrían ser de carácter penal pero, con toda seguridad, históricas y políticas pues si se demostrara la culpabilidad del actual rey de España, habría que reescribir con toda urgencia la historia de este país.
Hasta aquí, señor presidente del Congreso de los Diputados, los presuntos delitos cometidos por el actual rey de España, tanto en su ya largo reinado como en sus años juveniles de caballero cadete en la Academia General Militar. Que este modesto historiador militar y coronel del Ejército no está dispuesto a que queden ocultos entre las bambalinas de la historia y sin su correspondiente condena, sea esta penal, moral o histórica. Por ello le reitero una vez más la solicitud de que todos estos hechos sean estudiados, investigados y analizados en profundidad, y cuanto antes, por una Comisión parlamentaria (auxiliada por los correspondientes expertos), ya que sin duda debe ser ese foro parlamentario, como suprema expresión de la soberanía popular, el que promueva inicialmente las acciones pertinentes, de tipo judicial o político, que permitan aclarar tan graves e importantes cuestiones. Que afectan al país en general y, sobre todo, a su historia pues no deja de ser un auténtico sarcasmo y una burla al pueblo español que ya figure en los libros de historia de este país como máximo salvador de la democracia y de las libertades de sus ciudadanos aquél que fue el primero en ponerlas en peligro autorizando el golpe de Estado del que, según la angelical teoría oficial, nos salvó a todos.
Ante esta Comisión debería comparecer el propio rey Juan Carlos (ya se pidió su presencia ante el Tribunal Militar de Campamento en el año 1982 para que contestara a las acusaciones de golpismo vertidas en su contra por algunos acusados y testigos en el golpe del 23-F) pues una cosa es que su persona sea, a día de hoy, constitucionalmente inviolable y no sujeta a responsabilidad y otra muy distinta el que no pueda y deba comparecer ante los legítimos representantes del pueblo para dar a conocer su versión sobre unos hechos gravísimos de la reciente historia de España en los que él ejerció el papel de protagonista absoluto.
Y por último, señor presidente del Congreso de los Diputados, si tanto esa Cámara como los demás poderes del Estado optan, una vez más, por tomarse mis denuncias contra el rey Juan Carlos I a título de inventario, es decir, como si estuvieran formuladas contra el históricamente preclaro e insigne Alfonso X el Sabio en lugar de a menor gloria del, a todas luces, menos docto y ejemplar personaje que en estos momentos ocupa la Jefatura del Estado español a título de rey por deseo testicular del dictador Franco, este historiador militar (que le recuerdo, por si lo ha olvidado, fue encarcelado y separado abruptamente de su carrera por un ministro de Defensa de su partido, en 1990, por reivindicar, con conocimiento de causa, un Ejército profesional para España; aspiración que consiguió en 1996) se verá obligado moralmente a pedir amparo internacional en la instancia judicial o mediática que estime oportuna y conveniente, incluido si fuera preciso el Tribunal Penal Internacional. Porque no deja de ser un contrasentido y un esperpento jurídico que la Audiencia Nacional española, a través de su "juez estrella" Baltasar Garzón, se dedique a perseguir jefes de Estado extranjeros, presuntos genocidas, terroristas y responsables de crímenes de lesa humanidad, y no haya llamado siquiera a declarar al máximo responsable de los asesinatos de los GAL (crímenes de Estado que no prescriben ni deben contemplar en su enjuiciamiento inviolabilidad alguna): el rey Juan Carlos I. Quien recibió precisa y abundante información reservada del CESID en su momento (la famosa Acta Fundacional y otros documentos) sobre la preparación y pronta puesta en ejecución de la llamada "guerra sucia" contra ETA. Y no hizo nada por evitarla.
Y espero, señor presidente, que no tome estas mis últimas palabras como una amenaza (jamás me permitiría semejante libertad contra el máximo representante del pueblo soberano y tercera autoridad del Estado) sino como una respetuosa advertencia de un ciudadano español que ha dedicado toda su vida a la defensa de este país, que sólo ha recibido a cambio represiones y sinsabores y que, desde luego, como le enseñaron hace ya muchos años en una Academia Militar, no va a cejar en la lucha por sus ideales y convicciones.
"España no puede tener ni un minuto más en la Jefatura del Estado a un hombre de pésima catadura moral, homicida confeso (que no ha pagado todavía por su delito), presunto asesino y también, en grado de presunción por el momento, golpista, malversador de fondos públicos y terrorista de Estado ".
Le adjunto, señor presidente del Congreso, copia del Informe remitido en septiembre de 2005 y febrero de 2007 a su predecesor en el cargo.
Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 4 de abril de 2008
El escritor y periodista Francisco Medina da a conocer en un libro "políticamente incorrecto" la verdad en torno al 23-F.
TENIENTE CORONEL TEJERO MOLINA . Pistola en mano en le Congreso de los Diputados .
"Tejero fue el que inició el Golpe y el que, al mismo tiempo, imposibilitó que tuviera validez". FRANCISCO MEDINA
FRANCISCO MEDINA
Francisco Medina nació en Madrid en 1956 y es periodista, escritor y corresponsal en España de la cadena de televisión norteamericana ABC. Entre sus obras, destacan 'Las sombras del poder', 'Infierno en Tierra Santa', 'Memoria oculta del Ejército' y 'Espía en el País Vasco'.
El escritor y periodista Francisco Medina (Madrid, 1956) presentó hoy en la capital hispalense '23-F, la verdad' (Plaza y Janés), una obra "políticamente incorrecta" en la que el autor profundiza "en lo que verdaderamente ocurrió el 23 de febrero de 1981" y desvela aspecto tales como la implicación del Rey en el intento de Golpe de Estado de Tejero o la 'Operación Armada'.
GENERAL ARMADA Tras describir la situación previa al golpe y aspectos tales como el ambiente dentro del ejército y el movimiento político y militar de acoso al presidente Suárez, Francisco Medina intenta responder a una serie de preguntas sobre el intento de Golpe de Estado del 23-F, todo ello con el objetivo de dar a conocer la verdad acerca de todo lo que rodeó a este día.
En una entrevista concedida a Europa Press, Francisco Medina explicó que, tras escribir 'Memoria oculta del ejército' "me di cuenta de que faltaban muchas cosas que contar sobre lo sucedido el 23-F, por lo que me dispuse a profundizar no sólo en el aspecto militar, sino también en las tramas civiles que se estaban produciendo en aquella época en España".
En este sentido, indicó que "tras haber transcurrido 25 años desde el 23-F, creí que había llegado el momento de contar la verdad en torno a este día y responder a preguntas que todo el mundo se hace pero que hasta ahora no habían sido contestadas", y añadió que "mi libro es políticamente incorrecto porque implica, no en el 'tejerazo pero sí en las tramas que hacen posible el 23-F, a gente a la que hasta este momento no se había implicado". "El libro desvela todas las grandes incógnitas que nos quedaban por conocer", subrayó.
En esta línea, Medina señaló que explicar el 23-F "es complicado, porque es el resultado de una suma de tramas políticas y militares, como la 'Operación Armada', gestada por Alfonso Armada y por una serie de personajes como Antonio Cortina que tenía como objetivo acabar con Adolfo Suárez pero no con el sistema democrático", y agregó que esto último "sí es lo que deseaba y quería Tejero".
EL COMANDANTE CORTINA DEL CSID
Según aseveró, Armada y Cortina "estaban muy preocupados por la situación militar, por lo que al final diseñaron una operación que buscaba la salida del Gobierno de Suárez, al que no consideraban apto para presidir el Gobierno" y agregó que "pensaron que la única manera de acabar con Suárez era crear un Gobierno de concentración que estuviera presidido por un militar, cargo para que se eligió a Alfonso Armada".
JUAN CARLOS IREY Así, Medina aseguró que el Rey "conocía esta operación y la apoyaba" aunque advirtió de que "cuando se produjo la toma del Congreso, hubo una dura conversación entre Armada y el Rey, pues este le dijo que habían hablado de instaurar un Gobierno de concentración pero en ningún caso de un Golpe de Estado".
TENIENTE CORONEL TEJERO Con respecto a la figura de Tejero, Medina aseveró, en declaraciones a Europa Press, que "fue el que inició el Golpe y el que, al mismo tiempo, imposibilitó que tuviera validez, porque quería un golpe duro y no un golpe blando, que era lo que buscaba Armada".
"El 23-F la democracia estuvo en peligro, --prosiguió-- pero finalmente todo salió bien porque contribuyó a que todo cambiara", y apuntó que "ese día fue una medicina que sirvió para dejar claro qué es lo que no había que hacer de ahí en adelante".
Por último, el autor aseguró que el 24 de febrero de 1981 "fue un día se señalamientos, en el que se produjo una especie de pacto de silencio que tenía como fin implicar en el Golpe a cuanta menos gente mejor y que se ha roto con la publicación de este libro". "El Rey dio orden de que sólo se juzgara a los inevitables, que fue lo que finalmente se hizo", concluyó.
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