Barreda junto a Díaz de Mera

Llamemos a las cosas por su nombre. El negocio del aeropuerto de Ciudad Real y el de su anexo inmobiliario: El Reino de Don Quijote, ha despedido desde sus inicios un vapor irrespirable, ha inducido a vehementes sospechas.

El Gobierno de Barreda declaró el proyecto “de singular interés” y desde sus inicios vertió en él importantes cantidades de fondos públicos, sin contar con la participación suicida de CCM, a las órdenes de Hernández Moltó.

La declaración de singular interés tuvo la virtud de facilitar y acelerar las expropiaciones de los terrenos, que se pagaron a 54 céntimos el secano y a 1 € y 20 céntimos el regadío; y de justificar las citadas inversiones públicas en el busisness o, mejor dicho, en favor de sus principales beneficiarios: Domingo Díaz de Mera y su sombra societaria, los hermanos Barco Fernández, vinateros venidos a la crianza de hormigones; Antonio Miguel Méndez Pozo, como ya he señalado aquí, un ex presidiario plenamente reinsertado en la sociedad, sobre todo en la de Castilla-La Mancha; el ahora quebrado Ramón Sanahuja; y el inevitable Aurelio González Villarejo, que igual que construye casitas de poliespam ―esto es real, no irónico― en Carranque, asfalta pistas de aterrizaje en las tierras de la Orden de Calatrava.

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Todos estos son hombres de manifiesta amistad con José Bono y con José María Barreda y digo que estos fueron los principales beneficiarios porque la operación se diseñó de la siguiente manera: CCM, por sí o a través de CCM CORPORACIÓN, participó directamente en el proyecto con un 36,43% del capital pero, además, financió la inversión de sus otros socios en una cuantía que según el informe emitido por el Banco de España tras la intervención de la Caja, llegó a los 204 Millones de € una vez descontadas las pérdidas por los deterioros de los activos.

A cambio, Díaz de Mera y los demás garantizaron esos créditos, no con activos tangibles o intangibles de su propiedad, sino con las acciones de la misma cosa financiada por la caja acreedora, es decir, que recibieron billetes de banco de curso legal y, a cambio, entregaron unas estampitas rotuladas como «acciones al portador» que bien podían haber sido impresas en la librería-papelería de la esquina.

De paso, estos importantes empresarios, «constructores áulicos de Castilla-La Mancha», ya que dominaban el consejo de administración de CR AEROPUERTOS y ya que eran expertos constructores, devinieron en contratistas y proveedores de sí mismos en el aeropuerto, de modo que la inversión cuyo dinero partió de las arcas de CCM fue dirigida, con un flujo constante de facturas, hacia las otras empresas de esos mismos consejeros, contratadas, por supuesto, al margen de cualesquiera garantías administrativas puesto que el aeropuerto de Ciudad Real era un negocio privado y al Derecho privado había que estarse. Tal fue el caso, como luego veremos, de la mercantil MONTREAL PROYECTOS Y REALIZACIONES SA, controlada por Domingo Díaz de Mera a través de RUTESO APLICACIONES.

No es posible concebir que Barreda o los otros pudieran creer, por muy esponjados que estuvieran en Moët & Chandon ese día, que un aeropuerto en medio del páramo ciudadrealeño, donde ni las abubillas demuestran interés por aterrizar, fuera un negocio; y como no lo creían ―posiblemente inspirándose en el gángster Bugsy Siegel, el hampón visionario que con el hotel Flamingo dio origen a lo que hoy son Las Vegas― unieron el destino del aeropuerto a un complejo de tugurios de lujo donde organizar timbas internacionales, de zonas residenciales, de parques de atracciones y del obsesivo y patético campo de golf, emblema del esnobismo de la década ominosa de la corrupción inmobiliaria española; cosa a la que llamaron «El Reino de Don Quijote».

La idea debía funcionar porque el apoyo político de Barreda estaba garantizado y el financiero, a través de Hernández Moltó, también parecía inagotable, pero si Bugsy Siegel cayó asesinado por orden de Lucky Luciano, Caja Castilla-La Mancha fue llevada a la quiebra por Hernández Moltó y sus generosos préstamos, no sólo hacia los socios del aeropuerto o hacia los propios consejeros de la Caja, sino también, por ejemplo, hacia otro hampón más castizo, pero no menos ambicioso: Juan Antonio Roca Nicolás, titular junto con alguno más de sus socios «malayos» de créditos ―que se sepa― por cuantía no inferior a los 200.000.000 de €.

Los intentos de Barreda por resucitar al difunto han sido tan desvergonzados como patéticos, incluida la modificación in privos lata de la LOTAU, hecha para que los amigos en apuros ―en atención a la importancia de su proyecto para la región, por supuesto― pudieran fragmentar los suelos expropiados a 54 céntimos el metro cuadrado y venderlos a 600; o también, el último intento de proveer a CR AEROPUERTOS con un aval de 140.000.000 de €, retirado del orden del día en el mismo Pleno de las cortes regionales del 27 de mayo de este año, donde estaba prevista su aprobación.

Esa decisión de Barreda sorprendió a propios y ajenos, sobre todo a los ajenos al Auto que tres días después ha evacuado el Juez Amalio de Juan Casero declarando el concurso necesario de acreedores de la mercantil CR AEROPUERTOS.

Sin embargo, la postura del presidente de Castilla-La Mancha no podía ser otra. No albergo dudas de que el día del Pleno Barreda tenía ciencia del contenido del mencionado Auto. Haber comprometido 140.000.000 de € en favor de Díaz de Mera y sus socios horas antes de que el beneficiario de ese aval fuera declarado en quiebra, con el Estado y el sistema financiero español no menos quebrado y días después de que Rodríguez Zapatero hiciera saltar por los aires, con su decreto de medidas de reducción del déficit, el Preámbulo y medio Título Primero de la Constitución; hubiera sido algo peligroso incluso para unos maestros de la impostura política como son el discípulo de Bono y sus consejeros.

Pero con la declaración de quiebra llegamos al punto más truculento de toda la turbia historia de ese aeropuerto, en el que sólo opera una línea aérea y eso por que ha sido convencida para ello mediante una subvención pública.

Dossier de prensa sobre el aeropuerto de Ciudad Real

La primera demanda de concurso de acreedores fue presentada por José Angel González Tausz, en nombre y representación de la mercantil MONTREAL PROYECTOS Y REALIZACIONES SA. No obstante, como he dicho, esa empresa está controlada mayoritariamente por Domingo Díaz de Mera a través de RUTESO APLICACIONES ―51% del capital social, frente al 49 % que tenía González Tausz― de forma y manera que, en realidad, el concurso lo reclamaba Díaz de Mera acreedor, contra Díaz de Mera deudor, pero sólo aparentemente, porque para esas fechas, CCM estaba intervenida y sumando a su participación en el capital, los créditos incobrables comprometidos en el aeropuerto, el único propietario de ese fiasco, era CCM, es decir, el Banco de España, es decir, la res publica española o, para entendernos aún mejor, los presupuestos del Estado que se nutren con los impuestos de los ciudadanos que no pueden constituir SICAVs, las cuales tributan por el capital eludido en ellas al 1 % y no al 24, 28 o 53 % como los mortales comunes que sólo hacen declaración de IRPF.

A fechas de presentación de la demanda de concurso, el aeropuerto adeudaba a Montreal unos 17 millones de €. Si el concurso prosperaba, Díaz de Mera cargaba, en su condición de socio del aeropuerto, no con pérdidas, sino con lucro cesante, pero a cambio obligaba a CCM-Banco de España, propietaria de facto del engendro aeroportuario, a seguir volcando billetes de curso legal en las fauces de ese perro ―me refiero a la empresa, no al empresario― de vientre dos veces insaciable.

Había, además, otra ventaja. Ante la situación de emergencia, Barreda tenía la oportunidad, como así ha sucedido o habría sucedido si los acontecimientos no se hubieran precipitado, de justificar la entrega de otra subvención multimillonaria; 140.000.000 de €.

También pudiera ser que González Tausz, harto de los enjuagues que han rodeado la vida del aeropuerto y en previsión de que la CCM intervenida no fuera tan dócil como lo había sido Hernández Moltó, no quisiera esperar más por la parte de esos 17 millones que le correspondía; sin embargo hay indicios que hacen que me incline más por la posibilidad de que estemos ante un plan al que sólo los imponderables han hecho fracasar, suponiendo que haya fracasado, cosa que habrá que ver aún.

Cuando González Tausz presentó la demanda de concurso, los socios mayoritarios de Montreal reaccionaron airadamente y denunciaron al citado por coacciones y por realización arbitraria del propio derecho, pero tal denuncia no podía ni puede prosperar, porque interponer una demanda no es coaccionar a nadie, sino ejercer un derecho; y porque el tipo incluido en el artículo 455 del Código Penal, el de la realización arbitraria del propio derecho, exige que se actúe «fuera de las vías legales» y demandar en los Tribunales no está fuera de las vías legales; y que, además, se emplee «violencia, intimidación o fuerza en las cosas» y no me imagino al Sr. Tausz intimidándose a sí mismo con un cuchillo cebollero o con una Walter 99, para obligarse a ir al Juzgado.

Como Díaz de Mera, no solamente tiene un hermano letrado de reconocido prestigio en Marbella, sino que se gasta sus buenos cuartos en picapleitos de trajes de alpaca y despachos en la milla de oro de Madrid, esto lo sabía y, por tanto, también sabía que estaba tirando con salvas.

Es cierto que RUTESO APLICACIONES, la sociedad de Díaz de Mera que controlaba MONTREAL, quitó la presidencia a González Tausz, socio minoritario, y lo sacó del consejo sin contemplaciones, pero no es menos cierto que, ya sin las «coacciones» del destituido y, por tanto, completamente en manos de Díaz de Mera, MONTREAL no desistió de su demanda.

También es verdad que el hombre propone y Dios dispone y que, en este caso, Dios a través de una de las entidades financieras de su Iglesia, Cajasur, a la que el aeropuerto adeuda unos 18 millones de €, dispuso por su cuenta, y la Caja andaluza ―ahora también intervenida― se sumó a la demanda de concurso, liando la madeja considerablemente.

Es lo que tienen los planes, aún los minuciosos, que siempre están sujetos a imponderables, en este caso al de Cajasur y al de la indecisión de Barreda que le ha hecho perder un tiempo precioso en la tramitación de los 140.000.000 de € que pretendía poner a disposición de los socios del aeropuerto.

Por otro lado, para acabar de nublar el escenario, a pesar de que la letrada que representaba al aeropuerto, se dedicó el día de la vista a lanzar airados ataques contra Cajasur y Montreal, dicha defensa no se planteó nunca en términos económicos.

La joven letrada contratada por Díaz de Mera para actuar contra sí mismo, alegó el apoyo político brindado al aeropuerto, pero de forma absurda, según el Auto del Juez Amalio de Juan, pretendió hacer valer la solvencia de la empresa sin presentar «prueba documental de la contabilidad oficial… No aporta ―dice el Juez― los libros contables cuya llevanza se impone imperativamente para todo empresario viniendo además a admitir tácitamente que con anterioridad al inicio de su actividad en diciembre de 2008 sus resultados eran negativos con pérdidas que ascienden a la cifra de 2.737.990 € en 2005, 9.204.209 € en 2006 y 1.785.449 € en 2007».

En fin, que algo huele a podrido en Castilla-La Mancha con mucha más intensidad que en Dinamarca, pero en lo que a esta región concierne, está visto que la Fiscalía Anticorrupción sigue fiel al principio de intervención mínima del Derecho penal, aunque se me antoja que lo suyo más parece fidelidad al principio de intervención nula.