La Guardia Civil constata en un reciente atestado del caso ERE que el ex presidente andaluz Manuel Chaves conoce el fraude desde al menos 2004, cuando un grupo de mineros de Huelva denunció ante él por escrito que su Gobierno estaba pagando prejubilaciones a personas que no cumplían los requisitos para ello porque «no habían visto la mina ni por dentro ni por fuera». En vez de abrir una investigación, la Junta de Andalucía encubrió el escándalo prejubilando, también de forma fraudulenta, a los propios denunciantes.
El equipo de delitos económicos y tecnológicos de la unidad orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva asegura que «el conocimiento de las irregularidades no se puede delimitar únicamente a los participantes reseñados, dado que, como acreditan diversos escritos, llegaron noticias de las mismas a la Presidencia de la Junta de Andalucía, al Parlamento andaluz, a la Consejería de Empleo y por supuesto a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social».
La Guardia Civil advierte de que, «curiosamente, todos y cada uno de los individuos que reclamaban ser perceptores de rentas de prejubilación (pese a no reunir los requisitos) y transmitían su queja a las administraciones anteriormente reseñadas [entre ellas la Presidencia de la Junta] eran incluidos posteriormente en alguna de las pólizas» pagadas con fondos públicos. El atestado ha sido remitido a la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.
Chaves culpó al Gobierno del PP
- El ex presidente andaluz Manuel Chaves se defendió en su día acusando del fraude al Gobierno de José María Aznar en la legislatura 2000-2004, que cofinanció las prejubilaciones de la minería de Huelva.
- Cuando EL MUNDO destapó el caso de los 'mineros de Chaves', éste instó a «acudir a Zoido», alcalde de Sevilla, asegurando que fue él, en su etapa de delegado del Gobierno en Andalucía, quien «confeccionó la lista de trabajadores que se incluía en el ERE».
- La Guardia Civil desmonta también esta tesis, que Chaves no ha dudado en repetir días atrás en su comparecencia como imputado ante el Tribunal Supremo. Los agentes consideran que el papel del Gobierno central fue «escrupuloso» y que, en cambio, la Junta dio las ayudas «sin control alguno y arbitrariamente».
EL MUNDO destapó el asunto en noviembre de 2011, cuando obtuvo una documentación que demostraba que un grupo de mineros informó a Chaves de la existencia de intrusos en los ERE. Los mineros enviaron un fax a Chaves el 30 de diciembre de 2011 en el que, entre un largo número de irregularidades, le informaban de que había «compañeros que no han sido ni mineros y que están prejubilados».
El presidente tramitó la queja ocho días después, el 7 de enero de 2004, pero no como un posible caso de fraude sino como una denuncia de «discriminación».
Así se desprende de la carta que la jefa de la oficina del presidente, Priscila de Domingo, remitió a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en la que señalaba que, «por indicación del excelentísimo señor presidente le adjunto escrito (...) denunciando discriminación a la que han sido sometidos siete mineros. A los efectos oportunos». Esos efectos fueron las prejubilaciones de los denunciantes, que la Guardia Civil cree fraudulentas.
A este grupo se la ha denominado los 'mineros de Chaves' que, según los agentes del equipo de delitos económicos y tecnológicos de la Guardia Civil de Huelva, «pese a no cumplir los requisitos, son incluidos (...) en un suplemento en la póliza de Bolsa de Tharsis» tras quejarse ante el presidente.
Tras cursar Chaves la denuncia de los mineros como un caso de «discriminación», el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, lo remitió al delegado de su departamento en la provincia de Huelva, Manuel Alfonso Jiménez. Meses antes, en el verano de 2003, este político ya se había reunido con los mineros, negándoles que tuvieran derecho a prejubilarse. «Se cerró a todo» se lee en la documentación en poder de este periódico sobre aquella reunión.
De hecho, cuando en febrero de 2012 recibió de nuevo la petición de los mineros, esta vez tras interceder Chaves, el delegado provincial también se negó. Ese mismo día, cesó como delegado de la Consejería de Empleo en Huelva, siendo incluido en las listas del PSOE a las elecciones autonómicas celebradas el 11 de marzo de 2004.
En el escrito remitido a Chaves, los mineros se presentaban como «socialistas y ugetistas» y señalaban que con su denuncia «no queremos dañar a nadie, sólo queremos nuestros derechos igual que los demás». Prueba del descontrol que había con los ERE, aseguraban que quien se negó a prejubilarlos no fue la Junta sino un dirigente del sindicato UGT.
El atestado policial ha analizado exclusivamente al ERE de la Faja Pirítica de Huelva, un macroproceso de prejubilaciones que acabó costando a la Junta de Andalucía al menos 138,2 millones de euros. La Junta debía haber puesto 34 millones, lo mismo que aportó el Ministerio de Trabajo, que según la Guardia Civil cumplió escrupulosamente la ley, pero la inclusión de intrusos entre los prejubilados acabó disparando la parte autonómica. Cada vez que la Junta aprobaba un nuevo desembolso hacía constar que el Ministerio pagaría el 50% «a sabiendas de su falsedad».
Los agentes indican en el atestado que estas ilegalidades se cometían a instancias de los sindicatos «o bien a través de presiones políticas» elevando la responsabilidad por encima de los directores generales Javier Guerrero y Juan Márquez, a los que considera mera «correa de transmisión».
El papel de los sindicatos CCOO y UGT es determinante, a juicio de los agentes, que encuentran indicios de un presunto delito de malversación de fondos contra el actual secretario general de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero, y de su homólogo en UGT hasta 2013, Manuel Pastrana. CCOO de Andalucía negó ayer que existan irregularidades en los ERE atribuibles a la estructura del sindicato.
Además, la Guardia Civil observa indicios de prevaricación y malversación por parte del ex consejero de Empleo y hoy diputado en el Congreso, José Antonio Viera, por lo que es posible que el documento acabe siendo remitido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, competente en el caso de los aforados.
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/04/18/55321052ca4741ce788b456f.html
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