La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha aprobado la 'Declaración de Febrero', un manifiesto en el que insta a los partidos favorables a la consulta soberanista a que incluyan, en sus respectivos programas para las elecciones europeas, varios puntos comunes que defiendan el "carácter irrenunciable" del referendo y que pidan el amparo del Parlamento Europeo si el Gobierno no permite su celebración.
La propuesta se ha producido apenas un día después de que el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, anunciara que el 'president' Mas convocará en los próximos días a ERC, ICV-EUiA y la CUP para proponerles incorporar un "denominador común" en defensa de la consulta en sus programas para los comicios.
La propuesta que la ANC defendía ha sido concretada este sábado en el pleno del Secretariado Nacional de la entidad celebrado en Manresa (Bages), donde la presidenta de la entidad, Carme Forcadell, y su vicepresidente, Jaume Marfany, han leído el documento con la posición de la organización para este año.
En la 'Declaración de Febrero' la ANC recuerda que, "recogiendo el clamor popular, ha estado trabajando para construir una candidatura unitaria y cívica" de cara a los comicios europeos, pero ha "lamentado profundamente que, en estos momentos decisivos, los partidos no hayan sido capaces" de llegar a un acuerdo.
Internacionalizar el proceso catalán
La entidad considera, en todo caso, que las europeas son una "oportunidad única para internacionalizar el actual proceso de Catalunya y para dar un nuevo paso en la construcción de una mayoría política y social sólida y estable". A pesar de que "una candidatura unitaria y cívica de amplio espectro sociopolítico habría sido la mejor fórmula, la ANC pide que "el programa de mínimos de las fuerzas políticas que se presentan en las diferentes candidaturas incluya la defensa explícita" de cuatro puntos.
En primer lugar, la Assemblea pide que asuman el "carácter irrenunciable de la consulta prevista para el 9 de noviembre para hacer efectivo el derecho a decidir del pueblo catalán, que incluye el pronunciamiento sobre la independencia de Catalunya".
La ANC también aboga por, "en el caso de que el Estado español intentara impedir la celebración de la consulta, pedir el amparo del Parlamento Europeo para garantizar su celebración" y por solicitar que "la constitución de Catalunya como Estado soberano comporte la obtención inmediata del mismo estatus político que cualquiera de los estados miembros".
Por último, la entidad asume "la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la democracia, el compromiso con el Estado del bienestar, la solidaridad entre los diferentes pueblos de Europa y la apuesta por el progreso económico, social y cultural".
Apoyo condicionado
La ANC deja claro que solo dará apoyo a las candidaturas que incluyan estos puntos programáticos y considera que "la unidad de acción entre las instituciones políticas catalanas, los partidos catalanistas y las entidades y organizaciones de la sociedad civil será imprescindible a partir de ahora".
La Assemblea advierte, por otro lado, de que "ante los ataques sistemáticos de los aparatos del Estado contra los derechos" de Catalunya, como el auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre la inmersión lingüística, la entidad "adoptará las acciones de insumisión, desobediencia y otras que sean necesarias".
El 'president' Mas ha reivindicado el derecho a realizar una consulta de autodeterminación en Catalunya en el artículo '¡Dejadnos votar!', publicado en seis diarios europeos a lo largo de este febrero. El artículo se ha publicado en 'De Standaard', de Bélgica; 'Capital', de Bulgaria; 'Jutarnji List', de Croacia; 'Politis', de Chipre; 'Postimees', de Estonia, y 'The Malta Independent', de Malta, según ha informado la Conselleria de Presidència en un comunicado.
En el artículo, Mas afirma que cualquier esfuerzo por silenciar la voluntad del pueblo catalán "fallará", y subraya que la relación entre Catalunya y España no es la que debería ser desde la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut.
El 'president' destaca el deseo de los catalanes de votar y que la consulta, prevista para el 9 de noviembre, es una oportunidad para Europa para hacer frente a los desafíos "pacíficamente, democráticamente, y con espíritu de libertad". Además, remarca que ningún verdadero demócrata puede ignorar la voluntad popular y añade que, hasta el momento, la respuesta del Gobierno ha sido "hostil".
Mas asegura también que la incertidumbre es perjudicial y "no sirve a los intereses de nadie" y advierte de que el referendo presenta muchos desafíos para Catalunya, España y la Unión Europea, pero que no se debe ignorar. El 'president' concluye asegurando que la consulta se realizará de manera abierta y pacífica y añade que nadie debe temer estas preguntas, excepto quienes quieren "que los deseos de las personas sean ignorados".
Andreu Mas-Colell, leyendo, esta semana en el pleno del Parlament.
sin prisa pero sin pausa, y con discreción, el Govern sigue avanzando en una de las cuestiones clave, si no la más relevante, cara a la creación de un eventual Estado catalán independiente: la Hacienda propia. Los expertos fichados por el Ejecutivo de Mas, junto a la actual estructura de funcionamiento de la secretaría de Hacienda de la Generalitat, adelantan en la definición del modelo de gestión informática para llevar a cabo la futura administración y recaudación de todos los impuestos que pagan ciudadanos y empresas en Catalunya. Y el Departament d'Economia presentará próximamente el desarrollo del acuerdo de colaboración que firmó con las cuatro diputaciones catalanas para intercambiar información fiscal.
Estos avances tienen que ver con un escenario plausible: no es previsible acuerdo alguno con la administracion tributaria española a la hora de emprender el camino de la soberanía fiscal catalana en el marco de la llamada transición nacional. Sin pacto, los expertos advierten de que habrá que poner en marcha una administración tributaria que -de acuerdo con las ratios de la UE de funcionarios tributarios según la población- debería contar con unos 7.000 funcionarios. El Estado dispone en la actualidad en Catalunya de unos 4.500 funcionarios, según estimaciones de la Generalitat. Pero en el caso de la futura hacienda catalana, se trataría de crear toda la estructura, incluida la dirección, y no una delegación autonómica más. Hoy por hoy, el Departament d'Economia dispone en este ámbito de 325 funcionarios, de los cuales solo 16 son inspectores. «Sería necesario que tuviéramos muchos más, y eso es parte de nuestros objetivos a medio plazo», admite el conseller Andreu Mas-Colell .
FICHAJES DEL ESTADO / El presupuesto de todo este despliegue de la estructura de Estado clave para el soberanismo representaría unos 750 millones de euros, según el Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), aunque la agencia catalana podría trabajar con un presupuesto de gasto de unos 400 millones.
Si el Estado no facilita el censo de contribuyentes catalanes, la Generalitat deberá acudir a otras bases de datos «y complementarlas con una campaña social dirigida a que sean los propios ciudadanos y empresas los que voluntariamente faciliten a la Generalitat una copia de las declaraciones que presenten» a la Agencia Tributaria española, admite el CATN en su informe sobre la materia. «La eficacia de esta medida dependerá naturalmente del grado de colaboración que [ciudadanos y empresas] estén dispuestos a prestar», señala el texto.
Para llevar a cabo la puesta en marcha de la Hacienda catalana, el Govern cuenta con expertos como Joan Iglesias, procedente de la administración tributaria estatal, y Jordi Boixareu, que trabajó en la delegación en Girona de la Agencia Tributaria. Su misión es casi titánica, porque en la actualidad la Generalitat solo gestiona el 6% de los impuestos que se recaudan en Catalunya.
Próximamente el Departament d'Economia dará un paso más: el despliegue del acuerdo firmado el pasado mes de septiembre entre la Generalitat y las cuatro diputaciones catalanas, bautizado como el «embrión» de la futura agencia tributaria. Ese pacto, basado en el intercambio de información, será desarrollado y concretado.
ERC APRIETA / Dentro del entramado de medidas concretas en el proceso de transición nacional, la puesta a punto de la hacienda propia ocupa un lugar destacado para ERC. Su líder, Oriol Junqueras, no se ha cansado de repetir, a cuenta del debate sobre los presupuestos, que no es Catalunya quien hoy determina la cuantía total de las cuentas públicas, sino el Estado. Cuando empezaron las negociaciones que condujeron a la aprobación de las cuentas del 2014, Junqueras hizo saber a CiU que estaba dispuesto a tragarse el sapo de unos presupuestos que mantuvieran los recortes dictados años atrás si eran los últimos «de la etapa autónomica». Recaudar y disponer del dinero es el quid de la cuestión.
Una cuestión para la cual los expertos consultados advierten que será necesaria una tarea larga y costosa y cuyo éxito dependerá del pilotaje político y de un apoyo social mayoritario a los pasos que se vayan dando.
Acto del Tricentenari en Lleida, celebrado el pasado 11 de enero.
Con el año nuevo, los trabajadores de la Generalitat recibieron en la intranet (la red interna) de cada departamento un aviso novedoso. Se trataba de la orden o la recomendación, según las conselleries, de emplear el logotipo del Tricentenari de 1714, el final de la guerra de Sucesión con la derrota de los Austria, con quien luchaba, en la firma de su correo del trabajo. La Administración catalana ha producido una obra considerable al respecto, a tenor de los manuales que pueblan las intranets. Por ejemplo, Procediment per editar la signatura dels correus afegint el nou logo del Tricenterani. El título descarta todo misterio. El texto consta de 21 páginas repletas de gráficos. Aunque en realidad son tres procedimientos distintos para editar la firma en el Outlook del 2003, del 2007 o del 2010.
Podrían existir dudas sobre si se obliga o no a los trabajadores a usar esa firma. La verdad es que en algunos casos la voluntariedad es innegable. El Departament d'Agricultura, que dirige el democristiano Josep Maria Pelegrí, indica claramente que el logotipo es obligatorio en los materiales de difusión, pero «en lo que respecta a la firma de los correos electrónicos es optativa». Según fuentes de varios departamentos, no siempre es así. Entre otros casos, estas fuentes indican que existe obligación en Territori y Presidència. Justícia, Economia y Cultura incluyen un enlace con el manual, sin más. Y Governació recomienda.
En todo caso, el asunto parece haber generado algún debate. Eso indicaría un mensaje enviado por un subdirector de la Conselleria de Benestar Social i Família, a finales de enero en el que detalla lo que hay que hacer. En él se explica que el Departament de Presidència, «mediante el Pla d'identificació visual (PIV), ha creado una marca para la conmemoración del Tricentenari. Esta imagen debe incluirse, durante el 2014, en todas las actuaciones que se llevan a cabo así como en determinados materiales de difusión del departamento». El mensaje añade lo que sigue, como en otros casos: «La inclusión de la marca en el correo personal de los trabajadores es recomendada por el departamento pero es de carácter voluntario».
Hay más manuales, al margen del citado. Por lo menos otros dos. Uno lleva por título Indicacions per a la inclusió de la marca del Tricentenari com a element gràfic en els materials de difusió de cada conselleria. Uno por departamento.
CAMISAS Y BANDEROLAS / El tercero es el más largo y colorido. Se trata de una «normativa gráfica» que define cómo tiene que ser representado el logotipo del Tricentenari en todo tipo de soportes. Consta de 71 páginas y abarca elementos como los que siguen: papel de carta, camisetas deportivas y banderolas.
Presidència se ha esforzado a conciencia para asegurarse de que la conmemoración del 1714 queda registrada en los documentos. Otra cosa es que a todos los empleados les haga gracia contribuir a ello.
En un gesto tan inédito como significativo, una treintena de jueces y magistrados han firmado un manifiesto en el que se defiende que Catalunya es una nación y que, por lo tanto, tiene derecho a decidir su vinculación con el resto de España. En el texto, de dos páginas y media, se afirma (contrariamente a lo que argumenta el Gobierno central), que este derecho tiene cabida en la Constitución, interpretada desde «una perspectiva dinámica, viva y no sacramental».
Los firmantes del documento pertenecen a diferentes asociaciones de jueces y algunos no están adscritos a ninguna. Entre ellos, destacan los magistrados de la Audiencia de Barcelona Santi Vidal, Josep Niubó, Juli Solaz y Montserrat Comas d'Argemir. De los jueces de instrucción, los nombres más conocidos son el de Josep Maria Miquel Porres y Míriam de Rosa Palacio.
Para estos juristas, la cuestión clave es aceptar o no la realidad nacional de Catalunya y ello implica su «plena soberanía para decidir su futuro». Es una realidad, añaden, que está en la base de la Constitución así como en el Estatut del 79 y el del 2006. «Si el reconocimiento no fue más explícito en su momento», argumentan que fue por el modelo de transición de la dictadura a la democracia y el «peligro de involución o amenaza autoritaria, confirmado en el año 1981», en referencia al golpe de Estado del 23-F.
En el manifiesto, que será remitido tanto a los diferentes partidos como al Govern y al Parlament, se incluyen algunos artículos de la Constitución que amparan los derechos y libertades y se concluye que deben interpretarse según la Declaración Universal de Derechos Humanos. Uno de sus preceptos señala que «la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público». Y se recuerda que la sociedad catalana reclama la consulta «de forma mayoritaria».
És una molt bonica marxa ... digna d'una desfilada de l'exèrcit sobirà català al hissar i al arriar la gloriosa bandera. - Segur que en aquests moments aquest poble se sentirà el més orgullós del món.- Abraçada. -
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