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29 de julio de 2014, 19:49Por Martin Hacthoun
Buenos Aires, 29 jul (PL) Un equipo económico de Argentina negocia en Nueva York un arreglo que conjure el conflicto que le impusieron un minúsculo grupo de bonistas norteamericanos, amparados por la justicia de ese país.
Los efectos y repercusiones de ese litigio que emana del lucro especulativo pueden tener negativas repercusiones no solo para Argentina, sino para el sistema financiero internacional particularmente en el pago de deudas reestructuradas por países que llegaron a acuerdos con sus acreedores.
Las pláticas se realizan contra reloj pues este 30 de julio se vence el plazo para que Argentina salde compromisos con varios acreedores para quienes ya depositó el dinero en bancos estadounidenses.
Pero por sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa, esos fondos están embargados y no podrán llegar a sus destinatarios, y con esa maniobra se persigue declarar a Argentina en cesación de pagos (default).
En la práctica, el gobierno argentino ya pagó, por eso analistas y hasta los representantes de los prestamistas afectados consideran que es un default impuesto, inducido o selectivo, provocado por Griesa y la justicia norteamericana.
Los fondos buitre tienen en sus manos la mayor parte de la deuda externa que no ingresó a ninguna de las reestructuraciones ofrecidas por el Gobierno en 2005 y 2010.
Representan algo menos del 7 por ciento del total de los que tenían títulos en default de 2001, mientras que el resto aceptó las condiciones argentinas de repago razonable, lo que permitió a los acreedores comenzar a cobrar y a la economía nacional crecer sin el yugo de la deuda.
Esas firmas de financistas, llamadas fondos buitre, realizan inversiones de altísimo riesgo y apuestan con paciencia y cabildeo, a cobrar en algún momento y así hacerse de ganancias extraordinarias.
Compraron del 2001 a 2003 bonos a terceros o a una Argentina hecha pedazos. En 2005, cuando el país logró cierta estabilidad, el Estado les ofreció canjear esos títulos y así reducir su deuda. El 93 por ciento aceptó.
En específico, los que rechazaron el canje y realizaron la demanda ante el juez Griesa representan tan solo el 0,8 por ciento de los acreedores y exigen el cobro de unos mil 330 millones de dólares con sentencia firme y pago al contado.
Ese monto representa el mil 610 por ciento del valor de los bonos que compraron a precio muy bajo, unos 50 millones de dólares, señaló a Prensa Latina el economista Oscar Natalich, director del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales.
Ese es el caso, por ejemplo, de la financista NML Capital, del magnate Paul Singer, principal litigante, que compró los bonos a terceros en 2008 y si logra cobrar acorde con el fallo de Griesa, por ejemplo, se embolsaría una multimillonaria ganancia de 800 millones de dólares, basada en mera especulación, explicó Natalich.
En 2003, Argentina acumulaba una inmensa deuda a todas luces en ese momento imposible de pagar. Ya en 2005, bajo la presidencia Néstor Kirchner, la economía del país fue ganando valores, y ese año el Gobierno propuso una reestructuración, seguida por otro canje en 2010 durante el primer mandato de Cristina Fernández.
El 93 por ciento de los tenedores de bono en default aceptó un pago acordado con un 70 por ciento menos de lo que debían ganar. De todos modos, el canje les resultó rentable por eso la mayoría lo tomó. El pequeño grupo de fondos buitre lo rechazó y buscó el amparo de la justicia norteamericana.
Ahora qué puede pasar en este litigio:
Si Argentina acata obedientemente el fallo de Griesa y paga lo que pide el 0,8 por ciento de los litigantes fondos buitre, podría ser una solución, empero eso le significaría desembolsar mil 330 millones de dólares. En términos económicos no es un gran número, pero el problema vendría después.
Natalich aclara que entonces el resto del 6,2 por ciento de los bonistas que esquivaron el canje pero no iniciaron reclamo legal pueden reclamar que se le salde el 100 por ciento más los intereses, lo cual equivale a 15 mil millones de dólares al contado, un contundente golpe a las reservas.
Peor aún, los acreedores que aceptaron la reestructuración con la quita del 70 por ciento (el 92,4 por ciento) pueden solicitar la aplicación de la denominada cláusula R.U.F.O. (Derechos sobre futuras ofertas) que los habilita a recibir igual tratamiento que el minúsculo 0,8 por ciento.
Eso equivaldría a 248 mil millones de dólares adicionales, salvo que no serían al contado sino continuando con los plazos establecidos. Esa cantidad se sumaría a la deuda actual de 198 mil millones; o sea, Argentina estaría pagando una eternidad.
Una segunda opción para Buenos Aires es no pagar a los fondos buitre, y entrar en un default selectivo o inducido. Esto asusta a los economistas liberales en el país quienes amenazan que esto restaría confianza de inversión y a la caída, por ende, del empleo.
Pero con esa excusa los neoliberalistas piden bajar los impuestos a las empresas extranjeras, advirtió al servicio Infonews el economista Emiliano López quien descartó esa baja de confianza ya que se conoce la capacidad de pago y de solvencia actual de la economía argentina, además de sus enormes recursos naturales, petróleo y gas en especial.
Si el país sólo deja de pagar los bonos con sede en Nueva York, podrá seguir saldando el resto de su deuda, afirma López, quien señaló que 160 países del mundo respaldan a Argentina en este conflicto.
Una tercera opción es convocar a una auditoria de la deuda y dejar en suspenso el pago, para tomarse un tiempo y discutir las lógicas del endeudamiento y cuestionar las partes tomadas en privado.
Eso -acota el especialista- no es una opción que se baraja, pero cualquier cosa puede suceder en este momento de alta tensión.
Son tres variantes que encara Argentina, y la opción que elija muy probablemente se conozca al final de miércoles o el jueves.
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