El 3 de febrero de 1962, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, firmó la Orden Ejecutiva Presidencial No. 3447, a través de la cual se oficializó el bloqueo total al comercio con Cuba.

Los pretextos utilizados en el documento y que formaron parte del discurso de la élite de poder en Estados Unidos durante años, integraban la gran conjura donde era imprescindible presentar a la Isla agredida como la agresora. Su gran pecado: haber hecho una revolución verdadera en el hemisferio occidental, rompiendo con los requerimientos mínimos de «seguridad» establecidos por la nación del norte para América Latina y el Caribe, después de la Segunda Guerra Mundial.

La Orden Ejecutiva buscaba legitimar la criminal decisión bajo el manto de la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA celebrada en Uruguay, en la cual, bajo la presión ejercida por  Washington, se había alcanzado una Declaración Final que señalaba que los vínculos del Gobierno de Cuba con la ofensiva subversiva del comunismo chino-soviético, eran incompatibles con los principios y objetivos del Sistema Interamericano.

El documento justificaba, además, la acción con un argumento aun más risible, que Cuba representaba una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y a todo el hemisferio, y que era responsabilidad de Estados Unidos velar por esa seguridad.

Después de presentados los falsos argumentos, la Orden Ejecutiva proclamaba el «embargo» sobre el comercio entre Estados Unidos y Cuba, el cual debía hacerse efectivo a las 12:01 a.m. del 7 de febrero de 1962. A partir de esa hora, quedaba prohibida la importación a  Estados Unidos de todos los productos de origen cubano, además de todos los importados desde o a través de Cuba. El Secretario del Tesoro sería el encargado de dar cumplimiento a la orden.

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El hecho de que el bloqueo se haya oficializado en febrero de 1962 ha conllevado a lecturas erróneas y a no pocas tergiversaciones de la verdad histórica, al interpretarse el hecho como punto de partida de la guerra económica contra Cuba y una repuesta al estrechamiento de las relaciones de la Isla con Moscú, las nacionalizaciones de 1960 y el rumbo socialista de la Revolución. Lo cierto es que la Orden Ejecutiva fue el momento de maduración de todo un sistema de guerra económica que Estados Unidos venía desarrollando contra la Revolución Cubana y cuyas primeras acciones habían comenzado desde el propio enero de 1959, cuando fueron recibidos en Estados Unidos, junto a criminales y torturadores, los culpables del saqueo del tesoro nacional. Ni un solo centavo fue devuelto a Cuba. En ese momento, aun no se habían establecido las relaciones más cercanas con la URSS, las cuales se afianzaron durante la visita de Mikoyan a la Isla en febrero de 1960, no se había iniciado el proceso más amplio de las nacionalizaciones de las propiedades estadounidenses, que comienza el 6 de agosto de 1960, ni tampoco se había declarado el carácter socialista de la Revolución, lo cual sucedió el 16 de abril de 1961. La esencia del conflicto no era otra que hegemonía versus soberanía. Esencia que también había llevado a Washington con anterioridad a intervenir en Bolivia (1952) y en Guatemala (1954). Las revoluciones estaban sencillamente prohibidas en América Latina y el Caribe.

Mas, fue después de la firma de la Ley de Reforma Agraria que la guerra económica de  Estados Unidos contra la Mayor de las Antillas cobró mayor virulencia, incluyendo bombardeos, actos terroristas y sabotajes sobre industrias y campos cañeros. Sin embargo, el presidente estadounidense, Eisenhower, se mostraba inconforme e impaciente con los resultados. En enero de 1960, en una reunión donde la CIA presentó un plan de sabotajes a centrales azucareros cubanos, Eisenhower pidió al director de la agencia, Allen Dulles, que regresara con un programa más amplio de agresión económica. Días después expresaría —con total transparencia— la lógica de esa guerra económica y su objetivo fundamental, demostrando el carácter genocida de la misma: «Si ellos —el pueblo cubano— sienten hambre, botarán a Castro».

Enfoque que, el 6 de abril de 1960, ratificaría el secretario asistente de Estado, Lester D. Mallory: «La mayoría de los cubanos apoyan a Castro (…) no existe una oposición política efectiva (…) el único medio    previsible para enajenar el apoyo interno es a través del descontento y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas (…) Debe utilizarse prontamente cualquier medio para debilitar la vida económica de Cuba (…) negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno».

En marzo del propio año, junto al Programa de Acciones Encubiertas contra el régimen de Castro, el Presidente estadounidense había sancionado un Programa de Presiones Económicas contra Castro. Al parecer, según sugieren los documentos desclasificados en Estados Unidos, a partir de esa fecha se creó un grupo super-secreto presidido por el secretario del Tesoro, Robert Anderson       —uno de las figuras que mostró mayor hostilidad hacia la Revolución Cubana dentro de la administración Eisenhower— encargado de estudiar y poner en práctica las medidas de agresión económica contra la Isla.

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En sus últimos seis meses en el cargo, Eisenhower se ocupó, además de empujar y buscar el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, de dar los pasos fundamentales en dirección al establecimiento de un total bloqueo económico contra Cuba: el golpe petrolero —cuando se redujo el suministro de petróleo a la Isla y luego las compañías estadounidenses ESSO y TEXACO, y la británica SHELL, instigadas por el Gobierno estadounidense, se negaron a refinar el petróleo proveniente de la Unión Soviética—, la reducción y luego eliminación de la cuota azucarera cubana y la prohibición de las exportaciones a Cuba, fueron medidas que se sucedieron una detrás de otra en ese        segundo semestre de 1960. Solo la última de las medidas ocurrió el 19 de octubre, después del inicio del proceso de nacionalización de las propiedades estadounidenses en 1960.

Por tanto, las nacionalizaciones —necesarias y totalmente legales de acuerdo con el Derecho Internacional—, aunque estaban comprendidas en el proceso revolucionario, fueron aceleradas como respuesta a las medidas de guerra económica emprendidas por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba. No obstante, Cuba una vez más mostró su disposición a compensar a los afectados, pero el Gobierno de Estados Unidos se negó a negociar el asunto. El proyecto de invasión a Cuba —que ocurriría meses después— se encontraba en una etapa avanzada, por lo que creyeron que no era necesario establecer negociaciones con un Gobierno que, supuestamente, en breve iba a ser derrocado.

Kennedy seguiría sumando eslabones en la guerra económica contra Cuba y llevaría la escalada del conflicto al máximo de expresión. De hecho, en el momento en que firmó la Orden Ejecutiva, estaba funcionando la Operación Mangosta, el plan de guerra encubierta más grande que  Estados Unidos ha llevado adelante contra país alguno. De 32 tareas de guerra encubierta, 13 se dirigían al área económica. En ese período —noviembre de 1961 a octubre de 1962— se registraron 716 acciones de sabotaje económico contra Cuba.

En 1963 quedó establecida la armazón fundamental del bloqueo contra Cuba, con rostros perversos añadidos como: el   terrorismo, el sabotaje, el  espionaje y la agresión biológica. La Ley Torricelli (1992) y la Ley Helms Burton (1996) vendrían a ser los eslabones más importantes que se le agregarían y que aun hoy, dan vida a ese entramado de leyes y prohibiciones con las que tuvo que lidiar el presidente Barack Obama, después de los anuncios del 17 de diciembre de 2014; aunque realmente en el terreno práctico se apartó bastante de su discurso, tomando en cuenta lo que podía haber hecho de acuerdo con sus prerrogativas presidenciales.

Lo que resulta inaudito es que aun ese bloqueo exista en pleno siglo XXI, como un puñal clavado en la garganta de los cubanos. Artículos de la Convención de derechos económicos, sociales y culturales, así como de la Convención de derechos civiles y políticos, son muy explícitos en cuanto a que uno de los derechos humanos fundamentales es el de la subsistencia de un pueblo, de ahí que mientras ese criminal bloqueo exista, hasta el último minuto continuará siendo la más grande y flagrante violación de los derechos humanos que se ha practicado contra el pueblo cubano durante 55 años ya.

Ahora bien, resulta pertinente hacerse la siguiente pregunta: el día en que ese bloqueo sea totalmente levantado —pues estamos conscientes de que más temprano que tarde sucederá—, ¿habrá terminado la guerra económica contra Cuba o esta aparecerá bajo otra modalidad en la que los instrumentos económicos serán empleados para reforzar la batalla ideológica y cultural entre capitalismo y socialismo en la que ya nos encontramos inmersos? Creo que vimos un importante avance de ese futuro durante la administración Obama, escenario ante el cual también debemos estar preparados, aunque somos conscientes de que la batalla más imperiosa de hoy es lograr la muerte definitiva del bloqueo.

A pesar de que muchas de las ideas y concepciones que la administración Obama manejó en su «nuevo enfoque» de política hacia Cuba, tienen una larga historia  en determinados círculos de poder de Estados Unidos, es hoy más visible que nunca la contradicción que se establece entre los que consideran que el bloqueo es funcional a la subversión, y aquellos que consideran que constituye un obstáculo para convertir los elementos del llamado Carril II de la Ley Torricelli en una gran autopista de influencias.

Termino con dos citas, pronunciadas en dos momentos diferentes, por dos figuras importantes de la clase política de Washington, que hablan por sí mismas.

A inicios de 1999, la entonces secretaria de Estado norteamericana durante la administración de William Clinton, Madeleine Albright, expresó: «Estamos utilizando armas inteligentes apuntadas al blanco que queremos. Deseamos ayudar a crear una economía de mercado independiente y tratar de que continúe expandiéndose y se llegue a separar por completo del Estado».

Dieciséis años después, Antony Blinken, subsecretario de Estado de Estados Unidos, durante una visita realizada a España en julio del 2015, señaló: «El embargo tenía buena intención. Reflejaba el hecho de que el Gobierno cubano en la época denegaba derechos básicos a sus ciudadanos y representaba una amenaza de seguridad con su alianza con la URSS. Pero no ha sido eficaz en lograr sus objetivos. Lo lógico es intentar algo diferente. Creemos que abrir la relación es la mejor manera de alcanzar los objetivos que tenían aquellos que apoyaban el embargo. Esto permitirá al pueblo cubano, a la clase media, tener más contacto con el mundo y con     EE. UU. Esto nos permitirá extender nuestros contactos en la sociedad cubana. Las medidas que estamos tomando reforzarán la clase media de Cuba. Este es el mejor instrumento para obtener lo que todos queremos: una Cuba libre, próspera y    democrática».